Los guardianes de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad

“Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la verdad”, dijo el presidente Gustavo Petro en su primer discurso, tras posesionarse el pasado 7 de agosto desde la plaza de Bolívar. Apenas un día después de esas palabras, el 8 de agosto, se posesionó oficialmente también el equipo que estará dedicado a garantizar que esa promesa del presidente se cumpla: el Comité de Seguimiento nombrado por la Comisión de la Verdad para monitorear que se cumplan las recomendaciones que dejó esa entidad en su Informe Final.

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El mandato lo reciben siete personas, con orígenes diversos pero todas vinculadas estrechamente a la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la implementación del Acuerdo Final de La Habana. Lo integran Marina Gallego, fundadora y coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres, con más de dos décadas de trabajo en la construcción de paz desde la perspectiva de las mujeres; Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo y con amplia trayectoria en el movimiento LGBT; Armando Valbuena, líder indígena wayúu, exdirector de la ONIC y miembro de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos para el Acuerdo de Paz; Dorys Ardila, docente investigadora exiliada en España desde 2003 quien se ha desempeñado como vocera de los colombianos en el exterior en el Consejo Nacional de Paz; Marco Romero, quien por 30 años ha trabajado por los derechos de la población desplazada y es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); Julia Cogollo, lideresa afro del Caribe con más de una década de trabajo con víctimas del conflicto y violencia sexual; y Angelika Rettberg, experta en temas de resolución de conflictos, académica y docente en la Universidad de los Andes.

“Sé que en esto ustedes ponen el corazón y la vida. Tenemos plena confianza que lo van a hacer con determinación y grandeza, la grandeza que siempre han demostrado en sus distintos caminos y ejecutorias por el bien de los colombianos y colombianas; y esperamos que tengan la fortaleza para estar durante siete años en esta tarea”, fueron las palabras con las que el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, presentó a los siete miembros del comité ante el país.

El comité tendrá vida por los siguientes siete años y, como lo han decidido ya internamente, cada año se rotarán la presidencia. Su labor fundamental consiste en contarle al país cómo avanza el cumplimiento de las recomendaciones y, en principio, lo hará a través de informes semestrales de avance. Para cumplir su tarea, tendrá garantizados recursos del Presupuesto General de la Nación que serán administrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque el comité tendrá total independencia de esa justicia.

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Para los miembros del comité, las palabras del presidente Petro en su posesión son un mensaje contundente del compromiso que el nuevo Gobierno ha asumido con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y evidencian el escenario en el que entran a operar. Mientras la comisión tuvo que sortear sus tres años de existencia en medio de un Gobierno adverso, sabotajes y ataques políticos, el comité y las recomendaciones se enfrentan al “mejor escenario posible”.

“Vamos a tener de interlocutor a un Gobierno que no solamente ha asumido un compromiso público con las recomendaciones, sino que ministerios como el de Educación y el de Agricultura ya han manifestado que incorporarán las recomendaciones a su agenda ministerial; tenemos también una sociedad civil – desde la Mesa de la Verdad, las plataformas de mujeres y las plataformas de DD.HH. – comprometida con hacer incidencia para estas recomendaciones; y una comunidad internacional que ha dicho que va a acompañar el seguimiento y el monitoreo. Es todo un Estado, una sociedad civil y una comunidad internacional dispuestas”, recoge Wilson Castañeda.

Eso lo reafirma Marco Romero, para quien precisamente lograr esa voluntad política es siempre el cuello de botella tras las comisiones de la verdad. “Casi todas las comisiones de la verdad hacen recomendaciones claves para enfrentar problemas sistémicos de las sociedades y la gran discusión es cómo configurar una voluntad política. Que el presidente diga que las va a cumplir “a rajatabla” es un avance muy importante”.

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Dorys Ardila, sin embargo, resalta que, si bien hay un escenario político favorable, “no quiere decir que toda la sociedad colombiana esté pensando como lo estamos sintiendo nosotros y nosotras. No podemos olvidar que hay un porcentaje de la sociedad que todavía está en clave de polarización, de negacionismo, de no aceptación; el reto fundamental es cómo vamos a conversar, a tender puentes, a dialogar con esa parte de la sociedad que no esté pensando como nosotras”.

El equipo hoy tiene una primera tarea: consolidar su metodología propia, rigurosa y con solidez técnica que tenga credibilidad en la opinión pública, con base en la cual emitirán sus informes semestrales de cumplimiento. Aún no existe, pero tienen como antecedente las metodologías aplicadas por el Instituto Kroc o la Alta Instancia de Mujer y Género a la implementación del Acuerdo de Paz.

A través de ese dispositivo metodológico, deberán evaluar el avance de las recomendaciones contenidas principalmente en el capítulo que lleva precisamente ese nombre y que apunta a nueve sectores de la sociedad: construcción de paz, víctimas, régimen político, narcotráfico, impunidad, seguridad, paz territorial, cultura para la paz y educación. En total, la Comisión de la Verdad recogió 10.091 recomendaciones de la sociedad y de entidades del Estado que hoy existen en una base de datos y que quedaron agrupadas en ese documento con alrededor de 90 recomendaciones.

Paralelo a ello, han definido que hacia finales de este año, cuando se estén conmemorando los seis años de la firma de la paz, emitirán su primer informe, en el que precisamente expondrán la metodología diseñada y en el que le harán seguimiento a tres aspectos del nuevo Gobierno: cómo en su plan de choque de los primeros 100 días se integraron las recomendaciones de la comisión, cómo avanza su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo (que se presentará en marzo) y cómo han avanzado las acciones particulares de los ministerios en relación con esas recomendaciones.

Las recomendaciones, como lo explicó durante su mandato la Comisión de la Verdad, no son de obligatorio cumplimiento. Como tampoco es vinculante la labor de los miembros del Comité de Seguimiento, que de hecho siguen siendo sociedad civil y no pasan a ser funcionarios públicos, pues su trabajo es ad honorem. Sin embargo, para Julia Cogollo, la fuerza de este equipo se derivará de que logren consolidar su trabajo con las víctimas y sus organizaciones. “Los dientes los tenemos que construir. Y tenemos que hacerlo es con los procesos organizativos, con las organizaciones, con el territorio, que legitimen nuestro trabajo y nos contribuyan a la exigibilidad de la información sobre la implementación de las recomendaciones. Ahí está el poder de este comité”.

“Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la verdad”, dijo el presidente Gustavo Petro en su primer discurso, tras posesionarse el pasado 7 de agosto desde la plaza de Bolívar. Apenas un día después de esas palabras, el 8 de agosto, se posesionó oficialmente también el equipo que estará dedicado a garantizar que esa promesa del presidente se cumpla: el Comité de Seguimiento nombrado por la Comisión de la Verdad para monitorear que se cumplan las recomendaciones que dejó esa entidad en su Informe Final.

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El mandato lo reciben siete personas, con orígenes diversos pero todas vinculadas estrechamente a la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la implementación del Acuerdo Final de La Habana. Lo integran Marina Gallego, fundadora y coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres, con más de dos décadas de trabajo en la construcción de paz desde la perspectiva de las mujeres; Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo y con amplia trayectoria en el movimiento LGBT; Armando Valbuena, líder indígena wayúu, exdirector de la ONIC y miembro de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos para el Acuerdo de Paz; Dorys Ardila, docente investigadora exiliada en España desde 2003 quien se ha desempeñado como vocera de los colombianos en el exterior en el Consejo Nacional de Paz; Marco Romero, quien por 30 años ha trabajado por los derechos de la población desplazada y es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); Julia Cogollo, lideresa afro del Caribe con más de una década de trabajo con víctimas del conflicto y violencia sexual; y Angelika Rettberg, experta en temas de resolución de conflictos, académica y docente en la Universidad de los Andes.

“Sé que en esto ustedes ponen el corazón y la vida. Tenemos plena confianza que lo van a hacer con determinación y grandeza, la grandeza que siempre han demostrado en sus distintos caminos y ejecutorias por el bien de los colombianos y colombianas; y esperamos que tengan la fortaleza para estar durante siete años en esta tarea”, fueron las palabras con las que el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, presentó a los siete miembros del comité ante el país.

El comité tendrá vida por los siguientes siete años y, como lo han decidido ya internamente, cada año se rotarán la presidencia. Su labor fundamental consiste en contarle al país cómo avanza el cumplimiento de las recomendaciones y, en principio, lo hará a través de informes semestrales de avance. Para cumplir su tarea, tendrá garantizados recursos del Presupuesto General de la Nación que serán administrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque el comité tendrá total independencia de esa justicia.

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Para los miembros del comité, las palabras del presidente Petro en su posesión son un mensaje contundente del compromiso que el nuevo Gobierno ha asumido con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y evidencian el escenario en el que entran a operar. Mientras la comisión tuvo que sortear sus tres años de existencia en medio de un Gobierno adverso, sabotajes y ataques políticos, el comité y las recomendaciones se enfrentan al “mejor escenario posible”.

“Vamos a tener de interlocutor a un Gobierno que no solamente ha asumido un compromiso público con las recomendaciones, sino que ministerios como el de Educación y el de Agricultura ya han manifestado que incorporarán las recomendaciones a su agenda ministerial; tenemos también una sociedad civil – desde la Mesa de la Verdad, las plataformas de mujeres y las plataformas de DD.HH. – comprometida con hacer incidencia para estas recomendaciones; y una comunidad internacional que ha dicho que va a acompañar el seguimiento y el monitoreo. Es todo un Estado, una sociedad civil y una comunidad internacional dispuestas”, recoge Wilson Castañeda.

Eso lo reafirma Marco Romero, para quien precisamente lograr esa voluntad política es siempre el cuello de botella tras las comisiones de la verdad. “Casi todas las comisiones de la verdad hacen recomendaciones claves para enfrentar problemas sistémicos de las sociedades y la gran discusión es cómo configurar una voluntad política. Que el presidente diga que las va a cumplir “a rajatabla” es un avance muy importante”.

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Dorys Ardila, sin embargo, resalta que, si bien hay un escenario político favorable, “no quiere decir que toda la sociedad colombiana esté pensando como lo estamos sintiendo nosotros y nosotras. No podemos olvidar que hay un porcentaje de la sociedad que todavía está en clave de polarización, de negacionismo, de no aceptación; el reto fundamental es cómo vamos a conversar, a tender puentes, a dialogar con esa parte de la sociedad que no esté pensando como nosotras”.

El equipo hoy tiene una primera tarea: consolidar su metodología propia, rigurosa y con solidez técnica que tenga credibilidad en la opinión pública, con base en la cual emitirán sus informes semestrales de cumplimiento. Aún no existe, pero tienen como antecedente las metodologías aplicadas por el Instituto Kroc o la Alta Instancia de Mujer y Género a la implementación del Acuerdo de Paz.

A través de ese dispositivo metodológico, deberán evaluar el avance de las recomendaciones contenidas principalmente en el capítulo que lleva precisamente ese nombre y que apunta a nueve sectores de la sociedad: construcción de paz, víctimas, régimen político, narcotráfico, impunidad, seguridad, paz territorial, cultura para la paz y educación. En total, la Comisión de la Verdad recogió 10.091 recomendaciones de la sociedad y de entidades del Estado que hoy existen en una base de datos y que quedaron agrupadas en ese documento con alrededor de 90 recomendaciones.

Paralelo a ello, han definido que hacia finales de este año, cuando se estén conmemorando los seis años de la firma de la paz, emitirán su primer informe, en el que precisamente expondrán la metodología diseñada y en el que le harán seguimiento a tres aspectos del nuevo Gobierno: cómo en su plan de choque de los primeros 100 días se integraron las recomendaciones de la comisión, cómo avanza su incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo (que se presentará en marzo) y cómo han avanzado las acciones particulares de los ministerios en relación con esas recomendaciones.

Las recomendaciones, como lo explicó durante su mandato la Comisión de la Verdad, no son de obligatorio cumplimiento. Como tampoco es vinculante la labor de los miembros del Comité de Seguimiento, que de hecho siguen siendo sociedad civil y no pasan a ser funcionarios públicos, pues su trabajo es ad honorem. Sin embargo, para Julia Cogollo, la fuerza de este equipo se derivará de que logren consolidar su trabajo con las víctimas y sus organizaciones. “Los dientes los tenemos que construir. Y tenemos que hacerlo es con los procesos organizativos, con las organizaciones, con el territorio, que legitimen nuestro trabajo y nos contribuyan a la exigibilidad de la información sobre la implementación de las recomendaciones. Ahí está el poder de este comité”.