El conflicto armado dejó 450.666 muertos entre 1986 y 2016, concluyó la Comisión de la Verdad en el Informe Final que entregó este martes al país. A su vez, más de 8 millones de personas sufrieron desplazamiento forzado en el mismo periodo. Cruzar un centenar de bases de datos con los relatos de miles de víctimas de todo el país, les permitió concluir a los 11 comisionados: “Las principales víctimas del conflicto armado en Colombia son civiles del común”. No combatientes.
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En el capítulo de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la Comisión incluyó un análisis que hizo de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG, por su sigla en inglés): cruzaron 112 bases de datos de distintas entidades para estimar cuántas víctimas dejó la guerra en términos de homicidios, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento y desplazamiento forzado. Asimismo, bajo qué patrones se cometieron estos crímenes en la guerra.
Además, la Comisión estudió los patrones de atentados, torturas, detenciones arbitrarias, violencias sexuales, trabajos forzosos, extorsiones, ataques indiscriminados, ataques a bienes protegidos, confinamientos y despojos. Estos son algunos de sus hallazgos.
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Homicidios
Además de concluir que 450.664 personas han perdido la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018, la Comisión de la Verdad situó el periodo entre 1995 y 2004, como el más álgido del conflicto, pues en esos años hubo aproximadamente la mitad de las víctimas (45 %). En estas cuentas están incluidas las víctimas de masacres y asesinatos selectivos, dos formas de homicidio que se masificaron durante el conflicto.
“Si bien algunas masacres ocurrieron antes, su extensión en el tiempo y en la geografía del país se dio con la agudización del conflicto armado desde mediados de los años noventa hasta los primeros años del siglo XXI. Fue parte de una estrategia de terror en paralelo con la época de mayor expansión y confrontación territorial de los grupos armados, y especialmente del paramilitarismo”, concluyó, por ejemplo la Comisión de la Verdad.
Asimismo, el Informe Final da cuenta de las víctimas de atentados contra la vida, que, “son en realidad un asesinato fallido o no consumado, muchas personas quedaron heridas e incluso algunas resultaron ilesas, pero con una fuerte y larga afectación posterior”. La Comisión aseguró, también, que “la eliminación de quienes han sido considerados como «enemigos» fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia” y citó el exterminio del partido político Unión Patriótico como ejemplo.
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Desaparición forzada
El Informe Final concluyó: “La práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años setenta y ochenta con la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada136. En los años noventa, los grupos paramilitares usaron esta práctica, y en la década de 2000 de forma a veces masiva. A partir de 1995 inicia un crecimiento sostenido hasta llegar a su nivel más alto en 2002, para luego descender hasta 2006 y tener un nuevo aumento en 2007″.
Además, la Comisión de la Verdad explicó los efectos que tuvo esta macabra práctica en las familias de los desaparecidos. “La configuración de los impactos de la desaparición forzada se comprende mejor por esta conexión con otras violaciones de derechos humanos. Los familiares de la persona desaparecida no solo enfrentan la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos – ¿dónde están? – sino también sobre el estado en el que se encuentran o cuáles habrán sido sus sufrimientos”, reza el informe.
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Violaciones a la libertad
La Comisión documentó tres tipos de violaciones del derecho a la libertad. Por un lado, las detenciones arbitrarias, “llevadas a cabo por agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal, por sospecha de que saben algo, o con el fin de desestructurar organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes, u obstaculizar procesos sociales”. Según concluye el Informe Final, estas fueron usuales durante el conflicto y, “no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma de enemigo interno”.
En segundo lugar, el Informe Final habla de los secuestros y extorsiones. Además de las 50.770 víctimas de secuestro que dejó el conflicto, la Comisión explicó las graves implicaciones de esta práctica, de la que fue primordialmente responsable la exguerrilla de las Farc. “La mercantilización y deshumanización de la víctima por parte de los responsables la convierten en objeto de cambio, su vida se cambia por dinero o peticiones y si el objetivo no se logra, la víctima es asesinada. El pago del rescate no garantiza la vida de las personas secuestradas”, dice el informe.
Tortura
“La tortura se explica no solo como forma de obtener información o confesión, sino como modalidades de castigo, de represalia o venganza y hasta formas de discriminación”, advierte la Comisión de la Verdad. En Colombia, según el Informe Final, se dio esta práctica en cuatro situaciones: en detenciones llevadas a cabo por la Fuerza Pública, muchas veces en estados de excepción; en masacres y ataques a la población civil que pretendían aleccionar a comunidades; en ejecuciones extrajudiciales y durante secuestros cometidos por las Farc, donde los secuestrados fueron sometidos a humillaciones, aislamiento, encadenamiento, entre otras.
La Comisión, a su vez, encontró tres periodos críticos de este crimen: “1) de 1978 a 1982, cuando estuvo vigente el Estatuto de Seguridad155; 2) de 1985 a 1989, en medio de las rupturas de los diálogos y procesos de paz, el escalamiento de la confrontación militar y el auge de la llamada «guerra sucia», especialmente contra la UP y otros grupos y 3) desde mediados de la década de 1990 hasta 2005, con el proceso de expansión y consolidación territorial de los grupos paramilitares en varias regiones del país y la extensión del secuestro”.
Además, la Comisión concluyó: “Las violencias sexuales han sido cometidas por los distintos actores del conflicto armado, en diferente medida y patrones de victimización. Este tipo de actos se cometieron casi en su totalidad por hombres. Sobre todo, se dirigen contra las mujeres en tres tipos de situaciones: los contextos de indefensión como capturas o detenciones; en el escenario de control territorial en las comunidades; o en el contexto de operativos y masacres”.
El Informe Final también se refirió a las amenazas como una forma de violación de derechos humanos. Según explica el documento, “las amenazas son, por lo general, la primera de una serie de violaciones; ellas se encadenan con el desplazamiento forzado, el exilio, el confinamiento, los atentados y homicidios, extorsiones, trabajos forzados, violencias sexuales y la tortura. Algunos de sus objetivos son la imposición de una relación de dominación sobre determinados sectores poblacionales, mantener el control territorial por medio del terror, fracturar organizaciones, frenar procesos y acallar denuncias”.
Reclutamiento de niños y niñas
La Comisión fue enfática: “El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el DIH. Esta práctica común y generalizada se ha dado desde hace décadas y persiste en la actualidad. También se presentó al interior de la fuerza pública en una época (tuvo personas menores de 18 años incorporadas al menos hasta 1996, cuando era legal) con registros de informes, denuncias y testimonios sobre acciones cívico-militares o de infiltración e inteligencia, en las que involucran en actividades militares a niños y niñas”.
A los menores de edad que fueron arrastrados a la guerra les impusieron actividades que podían ir desde participar directamente en el combate, hasta tareas de logística o guardia de secuestrados. “Además de la estrategia de reclutamiento de estos grupos, la falta de oportunidades y la desprotección social han sido parte del contexto favorecedor de la permanencia del reclutamiento en la actualidad”, dice el Informe.
Trabajo forzado
En la investigación de la Comisión de la Verdad salieron a flote cuatro tipos de trabajos forzados: “1) trabajos dirigidos al mantenimiento o servicio de los actores armados y/o al cuidado de sus propiedades o propiedades de terceros; 2) tareas para la existencia, el sostenimiento y beneficio de los actores armados; 3) construcción y mantenimiento de infraestructuras como caminos o carreteras; y 4) acciones propias del personal sanitario”. Según explica el documento, tuvo un mayor impacto en los campesinos y afectó de manera especial a mujeres y niñas y comunidades étnicas.
Ataques indiscriminados y a bienes protegidos
El Informe Final explica que, “especialmente las guerrillas emplearon artefactos explosivos para atacar objetivos militares, pero también para atentar directamente contra personas y bienes civiles”. Asimismo, que “la destrucción de centros poblados en medio de estrategias de arrasamiento son la forma más violenta de esas prácticas; fueron llevadas a cabo principalmente por los paramilitares y las guerrillas. Los ataques involucran otras violaciones o infracciones, como las masacres o las desapariciones forzadas”.
Desplazamiento, confinamiento y despojo
La Comisión de la Verdad ratificó que el crimen que ha tenido más víctimas es el desplazamiento. “Huir se convirtió en una fórmula denigrante de salvar la vida perdiendo cosas y valores y, a veces, quedarse inmóvil por la fuerza representó también una coerción a la libertad, uno de los derechos más preciados del ser humano”, reza el informe final. A su vez, limitar el movimiento de la población civil en medio de confrontaciones u otro tipo de eventos del conflicto también fue una práctica generalizada, sobre todo entre 1997 y 2005.
“Fue durante esos años en que las FARC-EP concentraron parte de su fuerza armada en la zona de distensión, durante los diálogos de paz entre el Gobierno y dicha guerrilla en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y la disputa de los territorios sobre los que habían ejercido influencia los grupos paramilitares posteriormente. De igual forma, en ese lapso se consolidaron y expandieron las AUC hasta 2005; la fuerza pública se modernizó tecnológica y operacionalmente por la puesta en marcha del Plan Colombia”, dice el Informe Final.
Finalmente, el Informe Final se refirió al despojo. “La tierra, territorios y recursos naturales son un botín de guerra para entramados compuestos por diversos actores armados legales e ilegales. Estos han expulsado a las comunidades rurales de sus territorios, mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales para facilitar el proceso de acumulación de tierra en pocas manos, agravando la desigualdad y la problemática agraria”, concluyó la Comisión de la Verdad, que además cuestionó que no existen bases de datos consolidadas sobre este tema y tampoco está tipificado como un delito.
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