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La historia de Marino López resuena todavía en la memoria del Bajo Atrato, convertida en una leyenda de la que se repiten sus versiones, variando circunstancias y detalles. Marino era un campesino de Bijao, una pequeña aldea en el río Cacarica, al norte del Chocó, que fue ejecutado por los paramilitares a comienzos de 1997 durante las maniobras de la Operación Génesis, una ofensiva conjunta del Ejército y las Autodefensas para expulsar a las FARC de la región.
Según la versión más aceptada, los paramilitares decapitaron a Marino y jugaron fútbol con su cabeza delante de los vecinos aterrorizados. Este crimen fue reconocido por el comandante paramilitar Freddy Rendón Herrera, “El Alemán”, quien aceptó que sus hombres decapitaron a López, pero negó que hubieran jugado con su cabeza. Por este hecho atroz fue juzgado el general del Ejército Rito Alejo del Río, quien comandó la Operación Génesis.
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Este es apenas uno sólo de los miles de hechos victimizantes que ocurrieron en el Urabá y la región del Darién, recogidos por la Comisión de la Verdad en un anexo de su informe final que pretende esclarecer las dinámicas y consecuencias del desplazamiento forzoso en la región, asolada por la guerra desde que las guerrillas se implantaron en medio de fuertes conflictos agrarios con bananeros y terratenientes en la década de 1960.
Allí coincidieron el surgimiento de los primeros sindicatos bananeros con la fallida reforma agraria mientras los grupos guerrilleros de las FARC y el EPL se hacían fuertes entre la población.
Aquello derivó en una situación de violencia incontrolada en los años 80, cuando la respuesta de los hacendados fue apoyar grupos de autodefensas afiliados a la familia Castaño, con fuertes vínculos con el narcotráfico.
“Los principales responsables eran Los Mochacabezas o Tangueros, un grupo de autodefensas al mando de Fidel Castaño Gil alias ‘Rambo’, narcotraficante y miembro del Cartel de Medellín. Los Tangueros, conocidos así porque tenían su base paramilitar en la finca Las Tangas, en Córdoba, habían recibido entrenamiento militar en la región del Magdalena Medio”, estableció la Comisión, que hace un recuento del auge de las masacres, cometidas tanto por las guerrillas como los nacientes grupos paramilitares, como estrategia de guerra común que buscaba golpear las bases sociales de los grupos rivales.
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Según la Comisión, este grupo, que sería el germen de las Autodefensas Unidas de Colombia, contó con un fuerte apoyo institucional “en contraprestación por apoyar al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, en el operativo que dio muerte a Escobar”, pues los hermanos Castaño estaban enfrentados con este narco. Por ello “los gobiernos nacionales de turno se hicieron los de la vista gorda frente a expansión del paramilitarismo en el Urabá y el Darién”. La Brigada XVII del Ejército, donde Rito Alejo del Río estuvo a la cabeza, es según la Comisión una de las principales impulsoras y aliadas del paramilitarismo.
Los empresarios y terratenientes del Urabá jugaron también un rol fundamental financiando y respaldado estos grupos de autodefensa, como contó a la Comisión el finquero Mario Zuluaga, quien ayudó a que los paramilitares asesinaran a varios obreros que trabajaban en su finca: “Fueron decisiones que no se debieron haber tomado, ahí sabíamos que iba a morir mucha gente inocente como sucedió con la masacre de Punta Coquitos”.
En 1988 se registraron 12 masacres en el Urabá y la cifra se duplicó para 1990 con 21. En 1995 ese número ascendió a 38 masacres cometidas ese año. Aunque la narrativa suele atribuir esos crímenes a los paramilitares, la Comisión asegura que las FARC fueron tan responsables como aquellos de muchas de estas masacres. En ese mismo lapso se registraron 12.753 desplazamientos forzados que configuraron una dinámica de éxodo que aún no se detiene en la región.
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Con datos del Registro Único de Víctimas la Comisión evidenció que desde 1986 los desplazamientos fueron constantes y nunca se detuvieron, pero “disparó de forma ostensible en los primeros seis años, con un primer repunte en 1994 y un máximo pico en 1996. Este periodo coincide con la creación de la Brigada XVII del Ejército, el funcionamiento de las Convivir y los operativos paramilitares en la región. En 1999 el desplazamiento volvió a aumentar por la expansión paramilitar y en 2007, por la disputa entre la banda criminal Águilas Negras o Urabeños” con las FARC.
Según la Comisión, la cifra total de desplazados por el conflicto armado en el Darién y el Urabá podría superar las 662 mil personas víctimas, aunque se presume que hay un subregistro.
La cifra es aterradora: 285.804 víctimas expulsadas con violencia del Urabá y el Darién, con un pico entre 1996 y 1997 que coincide con la Operación Génesis, citada al comienzo. Según datos de la Unidad de Víctimas, los mayores responsables de los desplazamientos fueron las guerrillas, concretamente las FARC, mientras que a los paramilitares se les atribuyen la mayoría de despojos y robos de tierras.
Se consolida el despojo
La ofensiva militar del Ejército y las Autodefensas contra las guerrillas tuvo, según la Comisión, un segundo propósito: apoderarse masivamente de las ricas y fértiles tierras de la región. El documento aporta multitud de evidencias de cómo Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Diego Murillo (‘Don Berna’) y funcionarios públicos como Benito Osorio desde el Fondo Ganadero de Córdoba fraguaron desde los ochenta un modelo de dominio territorial en el que la violencia iba siempre acompañada de los negocios.
Según la Comisión, entre los noventa y el nuevo milenio ocurrió “un periodo de operativos combinados y masacres en las que participaron miembros del Ejército y paramilitares de la Casa Castaño, provocando el abandono masivo de tierras y la materialización del despojo”.
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“Con el pulso ganado a las FARC, la Casa Castaño comenzó a sofisticar la estrategia de despojo”, aseguró la Comisión, que además establece un caso puntual en 1995 como el primer experimento de un modelo que luego se replicaría en toda la región y otras partes del país: los desplazamientos y posteriores despojos de Las Tulapas, en donde “desplazaron a comunidades enteras para quedarse con sus tierras”.
Más de 4.300 hectáreas entre San Pedro, Necoclí y Turbo, en donde antes había 58 veredas, terminaron convertidas en una gran propiedad ganadera, después de que la gente fuera expulsada por medio de masacres e intimidaciones de su territorio.
Para legalizar los predios robados “participaron servidores públicos, empresarios e inversionistas”, que contaron con apoyos de dependencias oficiales encargadas de la titulación de las tierras. En ese sentido, la Comisión habla de dos despojos, el material, que sacó por medio de la violencia a los pobladores de más de 160 mil hectáreas, y el jurídico, que legalizó los predios a favor de empresarios amigos y aliados de las Autodefensas.
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Muchas de estas tierras terminaron acaparadas por un puñado de empresarios y terratenientes que además impulsaron grandes proyectos agroindustriales como la palma de aceite, tal y como lo hemos contado antes en Colombia+20.
¿Y la responsabilidad de los políticos?
La gran tragedia humanitaria que supusieron los desplazamientos masivos del Urabá y el Darién en los noventa tuvo, además, azuzadores desde el gobierno regional, concretamente desde la Gobernación de Antioquia, liderada en aquellos años por quien luego llegaría a ser dos veces presidente de la república: Álvaro Uribe Vélez.
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El testimonio ante la Comisión del coronel en retiro Alfonso Velásquez Romero da cuenta del rol que jugó Uribe durante la célebre Operación Génesis, y en general en medio de la emergencia del paramilitarismo en el Urabá:
A raíz de la masacre de Bajo del Oso llegó Uribe desencajado [...] Uribe hablaba de Convivir, y le decíamos con Álvarez [brigadier general Víctor Álvarez Vargas, antecesor de Rito Alejo Del Río] y con Cuartas [Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó 1995-1997] que eso era echarle más leña al fogón. Álvarez salió [de la Comandancia de la Brigada] en diciembre del 95 y luego en el 96 es que nos trasladan. Por eso las Convivir comienzan después del 96, eso estaba pensado, porque Uribe decía que eso ayudaría a la inteligencia militar para que las tropas actuaran oportunamente”, declaró el coronel.
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Según la Comisión “el pacto paramilitar tuvo su máxima expresión entre el 24 y el 27 de febrero de 1997″ cuando “la Brigada XVII del Ejército en cabeza del general Del Río ejecutó la Operación Génesis, la misma que el grupo paramilitar de alias ‘El Alemán’ nombró como Bijao-Cacarica, para atacar por aire y tierra a la población, bajo el pretexto de combatir la insurgencia en las cuencas de los ríos Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, en Riosucio, Chocó”.
La Operación Génesis coincide con los mayores desplazamientos masivos de la historia reciente del país, cuando decenas de miles de afrocolombianos, indígenas y campesinos que huían de los bombardeos terminaron viviendo en coliseos de Quibdó, Turbo, Chigorodó y Apartadó, dejando sus tierras abandonadas. Apenas unos meses después, en abril de 1997, los Castaño encabezarían la fundación de las Autodefensas Unidas de Colombia, en una reunión que se llevó a cabo justamente en Tulapas, un terreno despojado dos años antes.
Según la Comisión, la cifra total de desplazados por el conflicto armado en el Darién y el Urabá podría superar las 662 mil personas víctimas, aunque se presume que hay un subregistro.
La desmovilización de los paramilitares entre 2004 y 2006 no logró que la gente retornara y, lo que es peor, no garantizó la restitución de sus tierras a la mayoría de los campesinos despojados. Estos litigios persisten en más de doscientas mil hectáreas entre el Urabá y el Darién en territorios que han sido declarados como propiedad de comunidades negras en Pedeguita y Mancilla, Jiguamiandó, Curvaradó, La Larga y Tumaradó, donde no obstante la declaración de títulos colectivos a favor de las comunidades, aún se encuentran ocupados por ganaderos y empresarios que alegan haber comprado los predios de buena fue en los años del conflicto.
Según el documento, “la restitución está frenada no solo por la persistencia del conflicto, sino por las presiones que ejercen las élites económicas que se beneficiaron del despojo”, en un territorio donde aún ejercen su control grupos herederos del paramilitarismo como las Agc, también llamadas Clan del Golfo.
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Una víctima de desplazamiento que aportó su versión a la Comisión resumió así aquel drama con su testimonio:
“¿Qué hay ahí hoy?, hay grandes extensiones de tierra sembradas con plantaciones de madera, como la que tiene el Fondo Ganadero, teca y caucho y yo no sé qué otra cosa en la región donde nosotros vivíamos, y el campesino que vive alrededor de esas plantaciones es pobre y paupérrimo, o se ha ido a trabajar a las plantaciones de banano en el Urabá, que también se montaron sobre tierra que se le quitaron a los campesinos”, dijo esta persona. Y añadió: “Los campesinos terminaron siendo empleados de la tierra que ellos poseían y los dueños de esa tierra ni siquiera viven allí, viven en Bogotá, viven en Medellín o viven en otras ciudades de Colombia cuando no en el exterior, y el campesino que abrió la tierra prácticamente es el peón”.