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Colombia+20 conoció uno de los borradores del capítulo de Síntesis, Hallazgos y Recomendaciones del Informe Final que entrega hoy la Comisión de la Verdad al país, tras tres años de funcionamiento e investigación.
Este documento contiene nueve subcapítulos -divididos por ejes temáticos- sobre los que la Comisión consideró necesario hacer recomendaciones que exhortan a la sociedad civil, al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a otros sectores para superar el conflicto armado y, sobre todo, para que no se repita.
Según la Comisión, de las más de 10 mil propuestas que recibió la entidad en espacios de diálogos públicos y privados, la mayor parte de las demandas de las víctimas están enfocadas en la reparación integral, la transformación de los territorios, el acceso a tierras y la importancia de tener cambios en el régimen político del país.
Además de pedir la implementación integral del Acuerdo de Paz, el borrador incluye la propuesta de la creación de un Ministerio para la Paz y Reconciliación, resalta la importancia de sentar diálogos con la guerrilla del Eln y del desmantelamiento del paramilitarismo -también planteado en el Acuerdo de La Habana-.
Menciona la importancia de los reconocimientos de responsabilidades de delitos cometidos por el extinto DAS, torturas, los consejos verbales de guerra, entre otros. En el documento se sugiere que sea el Museo de la Memoria de Colombia, como institución independiente, quienes le den continuidad a las labores que realiza el Centro Nacional de Memoria Histórica y a gran parte del legado de la Comisión de la Verdad.
Conozca la subsección: Informe Final de la Comisión de la Verdad
Ministerio de la paz y consolidación de la cultura de paz
Las recomendaciones para la construcción de paz suponen que esta sea pensada en positivo. Por tanto, el Informe Final enfatiza en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, destinando presupuestos y cumpliendo con un cronograma para acelerar la implementación que tenga en cuenta, sobre todo, la reparación de las víctimas.
El Informe también propone crear un Ministerio de la Paz y la Reconciliación que se articule con otras carteras para la difusión de estas recomendaciones y la consolidación de una cultura de paz. También, desescalar la violencia en los territorios por medio de acuerdos humanitarios en las regiones y acelerar el diálogo con actores armados, así como reactivar las relaciones con Venezuela.
El Informe Final también propone seis recomendaciones para consolidar una cultura en paz en medio de la sociedad colombiana, desgastada por décadas de conflicto armado. Lo que se propone es que se creen campañas y diálogos locales orientados al fortalecimiento de la paz en cabeza del Ministerio de la paz y la reconciliación. También se recomienda fortalecer el acceso a educación en zonas rurales y que los currículos escolares contribuyan a la consolidación de esa cultura de paz. A los medios de comunicación, la Iglesia y otras comunidades de fe se les pide hacer parte de un diálogo nacional y usar su influencia y medios de difusión para fortalecer el lenguaje de la paz y no de la guerra.
Lea más sobre estas recomendaciones: Ministerio de la Paz: recomendación del Informe Final para la construcción de paz
Por un sistema de defensa y seguridad para la paz
Una de las conclusiones de la Comisión en materia de seguridad y defensa es que el país debe concebir de forma distinta a las instituciones militares y policiales, en aras de garantizar una transición a la paz. Por eso, algunas de las recomendaciones sobre este asunto son: eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar, separar la Policía del Ministerio de Defensa y ubicarla en otra cartera para garantizar su carácter civil, además de realizar ajustes normativos para que la actividad de inteligencia cuente con controles civiles e independientes a los del Gobierno y las Fuerzas Militares.
Otra de sus sugerencias es eliminar los convenios entre Fuerzas Militares y empresas privadas en zonas rurales del país y reconocer a las guardias comunitarias como mecanismos de cuidado de las comunidades. Mencionan también la importancia de reformar el sistema de ascensos de militares y policías, para que quienes tengan denuncias creíbles en su contra por violación a los derechos humanos tengan controles más rigurosos en el proceso y hablan sobre la importancia de liderar una reforma integral al sistema de defensa, que incluya una transformación en la doctrina militar.
La Comisión también sugiere que se realicen reestructuraciones que permitan que las actividades de inteligencia “cuenten con controles civiles e independientes del Gobierno y las Fuerzas Armadas a todas sus labores, particularmente, de las actividades más intrusivas como el derecho a la intimidad, los perfilamientos y el monitoreo al espectro electromagnético”.
Lea más sobre estas recomendaciones: Transformar la doctrina militar y otras recomendaciones del Informe Final
Una política de la memoria
Al Estado y al Congreso, la Comisión les recomienda, junto con autoridades locales, academia y otros sectores de la sociedad civil, concertar una política de memoria para la no repetición. Su corazón será el Museo de Memoria de Colombia, que deberá crearse como una institución independiente, para lo cual la selección de su director/a no deberá depender exclusivamente del Gobierno. El Museo asumirá funciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, que debería suprimirse, y parte de las labores que venía desarrollando la propia Comisión de la Verdad.
Para garantizar la reparación integral a las víctimas, deberán hacerse ajustes normativos e institucionales a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) de cara a garantizar más recursos que, según plantea la Comisión, podrían venir de una reforma tributaria que incluya un impuesto transitorio, y de un reajuste en la distribución actual del presupuesto de la Nación.
Una de las herencias más importantes que deja la Comisión de la Verdad son los reconocimientos extrajudiciales de responsabilidad y de la dignidad de las víctimas. Durante sus años de mandato, logró que responsables de diferentes orillas, como paramilitares, guerrilleros y agentes de Estado, se pararan frente a sus víctimas, reconocieran su responsabilidad y pidieran perdón públicamente. Esto, al margen de lo que ha pasado también en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tiene lógicas judiciales.
Lea más sobre estas recomendaciones: Política de Memoria y otras recomendaciones del Informe para reparar a víctimas
Por una democracia incluyente
La Comisión enfatiza en la necesidad de que los esfuerzos se concentren en acabar la violencia aplicada a los actores políticos, pues la violación de derechos humanos en este sentido impide que Colombia como nación multicultural, tenga una democracia sólida y plural. Las recomendaciones buscan continuar con los caminos que la Constitución de 1991 abrió y los que luego propuso el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
El Informe Final propone consolidar de una vez por todas un Pacto Político Nacional para sacar las armas de la política y rechazar las expresiones violentas. Si bien esto se ha propuesto antes, la Comisión amplía la mirada: aconseja que además de partidos políticos, participen también organizaciones sociales, líderes locales y regionales y Consejos de Paz. El Informe insiste en la urgencia de una reforma política que tenga en cuenta las propuestas de la Misión Especial Electoral. Pide que la reforma responda la pregunta: ¿cómo construir un régimen pluralista, deliberativo y democrático?
Lea más sobre estas recomendaciones: Reforma política y respaldo del Estado a la protesta pacífica, recomienda la CEV
Para superar la impunidad
El Informe Final resalta que si bien el país cuenta con una robusta rama judicial, no ha logrado una judicialización efectiva de los crímenes, entre otras cosas por insuficiencias en los diseños institucionales “que le restan independencia e imparcialidad a las entidades encargadas de este proceso, y por la violencia misma que han sufrido. Por esto, los y las comisionadas recomiendan que el Congreso dé la talla y modifique el proceso de elección del Fiscal General de la Nación y para que los aforados que “participaron o se beneficiaron presuntamente de violaciones de derechos humanos sean debidamente investigados”. No obstante, la Comisión de la Verdad no profundiza en estas dos recomendaciones, pues no expone cómo hacer estas reformas. La responsabilidad queda en manos de los congresistas.
En ese sentido, también le recomienda al Congreso que, en un mediano plazo, adopte medidas para garantizar que sean debidamente investigados los aforados constitucionales que participaron o se vieron beneficiados (presuntamente) de violaciones de derechos humanos o infracciones del DIH, bajo condiciones que “garanticen la independencia, imparcialidad, debido proceso, e intereses y garantías fundamentales de las víctimas”, se lee en el papel.
Lea más sobre estas recomendaciones: Reformar elección del fiscal y limitar extradiciones recomienda el Informe Final
Superar el prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico
Según la Comisión de la Verdad, Colombia debería liderar y promover un debate internacional que modifique el régimen global basado en la prohibición de las drogas, hacia un régimen regulatorio. Ello, a través de la incidencia de organizaciones civiles nacionales e internacionales, con representantes de pueblos étnicos y campesinos, universidades y expertos. La Comisión recomienda al Estado darle un giro a la manera en que enfrenta el problema de los cultivos de coca, no asumirlos como un problema de seguridad nacional, sino de derechos humanos y desarrollo. En concreto, recomienda eliminar la erradicación por parte del Ejército Nacional y renunciar definitivamente a la aspersión con glifosato.
Como también se había pactado en el Acuerdo de Paz, debe implementarse una política frente al consumo basada exclusivamente en los enfoques de salud pública, derechos humanos y reducción del daño. Ello implicaría cesar la persecución policial y la criminalización del consumidor. Para ello, es necesario modificar el artículo 49 de la Constitución Política – que prohíbe el porte y consumo de sustancias sicotrópicas o estupefacientes – y el Código de Policía.
Lea más sobre estas recomendaciones: Acabar con el prohibicionismo: recomendaciones del Informe Final para narcotráfico
Transformación del campo colombiano
El Informe Final sintetiza los pedidos de las comunidades rurales, donde se libró el conflicto armado y que han sido históricamente vulnerables, en 15 recomendaciones dirigidas principalmente a órganos del Estado: gobierno, Congreso, y entes de control.
Varias de ellas recogen elementos que hacen parte de la Reforma Rural Integral, el punto 1 del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, adecuando algunos de ellos al contexto actual del campo, tras cinco años de la firma, y añadiendo otros que no se contemplan a profundidad, según el trabajo investigativo de la CEV.
En ese sentido, el Informe Final recomienda que se distribuyan 3 millones de hectáreas entre campesinos que estén en la frontera agraria, cuya definición es otra de las recomendaciones del Informe, y que se regule la legislación sobre la acumulación indebida de baldíos.
En este punto también se le pide al gobierno agilizar las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina y que este proceso esté priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Territoriales. De la misma manera, se recomienda priorizar las solicitudes de saneamiento, demarcación y titulación de tierras de pueblos indígenas, priorizando aquellas que estén en peligro de extinción física y cultural.
La Comisión recomienda también que se revise la Ley de Restitución de Tierras, que expira en 2031, porque, según el documento borrador, ha habido un incremento en el rechazo a solicitudes de restitución en los últimos 5 años. Se recomienda que se revisen solicitudes que ya han sido rechazadas, y que se establezcan cronogramas claros y priorizados para las nuevas solicitudes, o las que están pendientes.
Lea más sobre estas recomendaciones: Revertir concentración de tierras y recomendaciones rurales en eI Informe Final