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Mi abuelo Alberto Alzate Tobón cursaba sus últimas clases de derecho en la Universidad Nacional cuando participó, junto con miles de estudiantes, en la gran manifestación del 9 de junio de 1954 por el centro de Bogotá. Protestaban por el asesinato del estudiante caldense Uriel Gutiérrez, víctima de las balas de la Policía en una escaramuza ocurrida un día antes en inmediaciones de la Nacional.
Sus recuerdos frescos sobre aquella jornada fueron la anécdota viva entre nuestra familia de uno de los episodios cruciales en la historia del país, que marcó el principio de la oposición a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.
El Batallón Colombia regresaba de la Guerra de Corea “sediento de sangre”, así lo contaba mi abuelo Alberto, que pudo esquivar los tiros arrojándose al pavimento cuando un pelotón abrió fuego a quemarropa contra la movilización en el cruce de la calle 13 con carrera séptima, matando a nueve estudiantes e hiriendo a otras 39 personas.
Una fotografía de El Espectador se convirtió en el testimonio icónico de aquella masacre. La imagen muestra los soldados levantando sus fusiles contra la muchedumbre que tropieza, cae y retrocede en medio del estupor y la furia.
Este suceso quedaría también atado a la historia de la televisión colombiana. Apenas cuatro días después del crimen, el 13 de junio, durante la inauguración de la televisión, Rojas Pinilla entregó la palabra al general Gustavo Berrío, ministro de Guerra, para que diera el parte oficial de los hechos.
Con ese hecho comienza un anexo de 88 páginas del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que retoma aquel episodio considerado la base de “una enemistad entre sectores universitarios y la Fuerza Pública que se ha desenvuelto de manera violenta hasta tiempos presentes”, lo que en otras palabras significa la incursión del conflicto dentro de las universidades: “Las heridas abiertas durante estos años y su desatención, sin duda, han sido un factor que ha permitido la reproducción de ciclos de violencia en los entornos universitarios”.
Contexto: 60 años de una tragedia estudiantil.
Medio siglo más tarde muchos continuábamos marchando cada 8 y 9 de junio con los rostros de las víctimas de nuestra generación en las pancartas: Jhonny Silva, Nicolás Neira, Óscar Salas, Julián Hurtado, Katherine Soto..., algunos asesinados por miembros de la Fuerza Pública.
El anexo “Universidades y conflicto armado en Colombia” recopila datos de informes aportados por las mismas universidades, bases de información, publicaciones en prensa y fuentes abiertas, así como un gran número de entrevistas con protagonistas directos y víctimas, para confirmar algo que el movimiento estudiantil ha sostenido de manera reiterada: “La respuesta violenta al auge de movilización social implicó escenarios de militarización de los campus y recurrentes declaratorias de Estados de sitio que favorecieron prácticas como las detenciones masivas, torturas y asesinatos”, según se lee en el texto.
Los registros contabilizan, de acuerdo con la Comisión de la Verdad, al menos 588 universitarios asesinados entre 1962 y 2011: “Todos los años en Colombia se registran casos de asesinatos o desapariciones forzadas de estudiantes”, asegura el documento, con una única excepción en 1968.
Varios años registran picos de aquella violencia. El primero es 1978, el año con más número de protestas y huelgas estudiantiles en el país, luego en 1982 durante el temido Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay, y después, entre 1984 y 1988, siendo este último año el que tuvo la mayor cifra con 45 estudiantes asesinados. También hay otros picos de violencia coyuntural: 1994, que coincide con la expansión paramilitar, y 2002 y 2006, que corresponden a la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe.
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Según la investigación, fueron asesinados en promedio “12,2 estudiantes cada año, uno cada mes (…) los 10 departamentos más afectados fueron: Antioquia (150), Cundinamarca (95), Santander (72), Valle del Cauca (57), Atlántico (31), Córdoba (23), Norte de Santander (19), Meta (15), Tolima (14) y Cesar (13)”.
Pero la Comisión de la Verdad va más allá y reparte las culpas: “Entre los responsables identificados, los agentes estatales concentran la mayor parte, con 36,6 % de las responsabilidades, seguidos por el paramilitarismo, con un 27,2%, y las guerrillas son identificadas como responsables de cinco crímenes, un 0,8 %”.
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La desproporción en la autoría de los homicidios, donde la gran mayoría son atribuidos a agentes estatales o paraestatales, demuestra que hubo una política sistemática de persecución y estigmatización al movimiento estudiantil, y aquel fue uno de “los impactos más hondos y duraderos” del conflicto armado en el país, según la Comisión.
Ejemplos de esta persecución constante son los más de 11.000 casos judiciales por rebelión y terrorismo que se abrieron tan solo entre 2000 y 2018, todos “en contra de jóvenes en edad escolar, entre los 15 y 25 años. De estos, el 33,6 %, más de 4.000 casos, no llegaron a investigación; el 8,1 %, unos 853 casos, tuvieron juicio, y poco más del 4 % fueron encontrados culpables”, explica el Informe.
Los universitarios y la fundación de las guerrillas
Las universidades también cumplieron un rol importante en la fundación de las primeras guerrillas. Líderes del movimiento estudiantil acabaron en la década del 60 ocupando posiciones importantes en los nacientes grupos subversivos.
Un caso especial es el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), organización liderada en 1959 por el joven Antonio Larrota, que según la Comisión fue “la primera organización de izquierda que en su momento discutió la posibilidad de conquistar transformaciones sociales por medio de la lucha armada”, aun antes de las Farc y el Eln, consideradas las primeras guerrillas de izquierda del país. Larrota murió asesinado por Aguililla, un bandolero liberal del Cauca, a donde había viajado para fundar un núcleo guerrillero.
Otro caso es el de la “Brigada Pro-Liberación José Antonio Galán”, compuesta por 12 activistas estudiantiles que viajaron a Cuba a finales de 1962 para recibir entrenamiento político y militar, lo que luego derivaría en una de las causas del origen del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Líderes de la Universidad Industrial de Santander acabarían cooptados por esa organización.
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Desde entonces las guerrillas mantuvieron una fuerte presencia, principalmente en las universidades públicas del país, incluso con estructuras urbanas armadas que operaron dentro de los centros educativos, lo que generó, según el anexo, una “coexistencia entre organizaciones y actividades legales e ilegales dentro de los entornos universitarios”, en medio de “una realidad mucho más grande de activistas, organizaciones gremiales y políticas sin ninguna interacción con las organizaciones guerrilleras, (que) fue utilizada para estigmatizar al activismo estudiantil”.
Según la Comisión “la confrontación entre fuerza pública y estudiantes fue cada vez más violenta […] al interior de las universidades estudiantes militantes de organizaciones armadas participaran de la confrontación, en algunos casos enfrentándose con armas de fuego a los uniformados. En estos casos, además de la violencia guerrillera en medio de la acción colectiva de los estudiantes, la respuesta de la Fuerza Pública fue reiteradamente indiscriminada y desproporcionada, generando graves afectaciones en estudiantes que participaban desarmados en las movilizaciones”.
Pervive el recuerdo de arremetidas brutales, como el desalojo a sangre y fuego de las residencias universitarias en la Universidad Nacional o los juicios militares contra líderes estudiantiles de la Universidad de Antioquia. Por eso la Comisión es tajante al afirmar que “sin duda el descenso del activismo universitario y su capacidad de lucha entre 1977 y 2007 está asociado con la detención, tortura, asesinato y desaparición de líderes y activistas en todo el país”.
Breve historia de las “papas bomba”
Un hallazgo interesante de la investigación tiene que ver con un capítulo poco conocido y documentado de la implicación de activistas estudiantiles y de izquierda en la guerra nicaragüense a finales de los setenta.
La Comisión recopiló varios testimonios de jóvenes colombianos que militaban en diferentes grupos y viajaron a Nicaragua en 1978 para unirse a las guerrillas sandinistas que luchaban contra la dictadura de Anastasio Somoza, según el documento, al menos 1.500 personas se inscribieron como voluntarios en brigadas internacionales para apoyar la revolución en Centroamérica, entre ellos había centenares de estudiantes, aunque no está confirmado que todos hubieran participado en la guerra.
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Lo cierto es que quiénes retornaron de Centroamérica en los ochenta conocían nuevas técnicas para fabricar explosivos artesanales como las “papas bomba”, que se volvieron un elemento recurrente en las marchas y protestas estudiantiles desde entonces. “Antes de los años ochenta no hay registros del uso de explosivos artesanales como las conocidas «papas bomba» en los tropeles universitarios. En Nicaragua, en cambio, fueron elementos de uso común en la insurrección promovida por los sandinistas”, asegura la Comisión, que además agrega cómo “desde la segunda mitad de los años ochenta [un alto número estudiantes] resultaron víctimas de accidentes que involucraron explosivos artesanales”.
La persecución paramilitar
Un último apartado del Informe explica cómo la violencia oficial contra el movimiento estudiantil mutó hacia una estrategia paramilitar en los años noventa, que también abarcó agresiones a profesores y a los sindicatos universitarios.
“Toda esta violencia se hizo más intensa en contextos de estigmatización contra el sindicalismo a nivel nacional”, sostiene la Comisión, “agravados por acusaciones tendenciosas de miembros del gobierno de Álvaro Uribe”.
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El documento recopila datos de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, según los cuales hubo 66 asesinatos de profesores entre 1987 y 2011, un promedio de más de dos por año.
También reseña los casos puntuales de la Universidad de Córdoba, donde 17 estudiantes fueron asesinados y toda la estructura administrativa acabó cooptada por las autodefensas de Salvatore Mancuso, así como el de la Universidad de Nariño, en donde los paramilitares comandados por Aníbal Gómez, exsuboficial del Ejército, ejecutaron entre 2000 y 2002 a los activistas Adriana Benítez, Jairo Moncayo, Marcos Salazar y Tito Hernández, siguiendo órdenes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS): “No pertenecían a ningún grupo, no estaban uniformados, no los vimos uniformados. Simplemente los señalaron”, contó el propio exsuboficial Gómez en un evento de la Comisión de la Verdad reconociendo su responsabilidad.
“Las universidades son y han sido permanentes escenarios de luchas y resistencias por la ampliación de derechos, la paz y la democracia en nuestro país”, concluye la Comisión de la Verdad, un baluarte de la democracia y la libertad que hace eco de los versos del estudiante paisa Chucho Peña, desaparecido por militares en Bucaramanga en 1986: “Yo seguiré hablando en las plazas y los parques / gritando en mi canto lo que pienso y lo que creo”.
Lea aquí el anexo:
