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El decreto que creó la Comisión de la Verdad fue contundente: “En cumplimiento de su mandato, la comisión podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna”. Y agregó explícitamente que todas las entidades del Estado prestarían su colaboración a la comisión para el cumplimiento de sus objetivos y le brindarían toda la información que tuvieran a su disposición para ello.
Sin embargo, ahora que la entidad ha concluido su periodo de existencia, dos documentos anexos a su Informe Final – que han pasado desapercibidos hasta el momento – contienen en detalle las trabas, demoras y dilaciones que diferentes entidades del Estado interpusieron para negarse a suministrar información requerida para esclarecer el curso del conflicto armado en el país.
En uno de los documentos, titulado “Experiencia de la Comisión para acceder a información pública”, la entidad puntualizó el número de solicitudes de información que envió a diferentes entidades del Estado a partir de 2019. Las alertas empezaron durante el año siguiente (2020), en el que la Comisión envió 253 peticiones, de las cuales 40 obtuvieron una respuesta parcial y otras 24 fueron negadas o no fueron respondidas. Ante las “negativas y silencios por parte de varias instituciones del Estado”, la comisión acudió por primera vez ante la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz para que garantizara que las entidades entregaran la información que se les estaba solicitando.
No fue así. Para el cierre del primer trimestre de 2021, dice el documento, alrededor de 105 solicitudes de información no habían sido atendidas de manera completa por diferentes entidades, pese a que para esa fecha ya la comisión había denunciado lo que estaba pasando en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevada a cabo en diciembre de 2020. Frente a ello, la comisión optó por acudir ante la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y “exponer las preocupaciones sobre las principales entidades públicas que se habían negado a entregar información a la Comisión”. Como resultado de varias reuniones, esa agencia emitió una circular externa en abril de 2021 en la que reiteró a las entidades estatales la obligación de entregar todo tipo de información que requiriera la comisión.
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Paralelamente, la comisión acudió una segunda vez a la Procuraduría delegada para la paz, pero ya con Margarita Cabello como procuradora general. La comisión fue remitida a la Procuraduría delegada para Asuntos Constitucionales, pero, según denuncia en el anexo, “el resultado de la actuación administrativa adelantada por esa Procuraduría fue no reconocer en casos específicos las facultades especiales otorgadas a la comisión para el acceso a la información y decidió, mediante el auto 268 del 6 de septiembre de 2021, archivar las actuaciones iniciadas en contra de dos entidades de la rama ejecutiva a las que se había solicitado información”.
Entre las entidades que la comisión expone con nombre propio que interpusieron oposición ilegal de reserva está, por ejemplo, Migración Colombia. Esa entidad “se opuso en más de dos ocasiones a la solicitud presentada y alegó la reserva de la información para negar la entrega de sus bases de datos”. Aunque ya en 2022 hubo un acercamiento entre la comisión, esa entidad y la Procuraduría, las bases de datos que le fueron requeridas nunca fueron entregadas.
Caso similar ocurrió con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que negó la información alegando que era imposible entregar información de inteligencia y contrainteligencia. Tuvieron que presentarse varios oficios de la comisión a la Superintendencia Financiera y a la Procuraduría, y una conciliación entre el director de la UIAF y el presidente de la comisión, para que la entidad finalmente allegara la información en febrero de 2021, pese a que la solicitud se le había hecho en 2019. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Justicia, entidad a la que la comisión le radicó una solicitud de información en enero de 2020 y envió respuesta solo hasta mayo de 2021.
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Según el documento, otra barrera para acceder a los archivos fue el inadecuado manejo de estos que tienen distintas entidades. Ese fue el caso de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes o de la misma Presidencia, que respondió, por ejemplo, que las actas de los Consejos de ministros no están digitalizadas. En las respuestas a las solicitudes de información de la comisión también se presentó baja disponibilidad y traslado por competencia entre diferentes entidades estatales. Ello ocurrió con el Ministerio de Hacienda y con la Consejería presidencial para la Estabilización, que “a pesar de tratarse de información misional de la consejería, en lugar de entregar la información consolidada, esta entidad distribuyó la consulta entre diversas instituciones para que dieran respuesta, lo que afectó la obtención oportuna de la información requerida”.
Adicionalmente ocurrieron múltiples casos en que las entidades incumplieron los tiempos legales de repuesta. Por ejemplo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz recibió una solicitud en octubre de 2020 y respondió seis meses después, en abril de 2021; o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que respondió a la solicitud de la comisión siete meses después de haberla recibido.
Sector Defensa, un caso aparte
La comisión le dedicó un anexo específico al “Relacionamiento de la comisión con la Fuerza Pública” en el que quedó documentado lo engorroso, paquidérmico y dilatorio que resultó acceder a la información de las Fuerzas Armadas. Sólo en la construcción y definición del convenio y del protocolo entre la comisión y el Ministerio de Defensa a través de los cuales se tramitarían las solicitudes de información hacia ese sector se tardaron más de un año y medio, entre julio de 2018, cuando empezaron las conversaciones, y febrero de 2020, cuando se firmó el protocolo. “Cada punto de vista y propuesta enviada por los representantes del ministerio debía contar previamente con la revisión de los asesores jurídicos de cada una de las Fuerzas”.
Uno de los asuntos más críticos de la discusión, dice el documento, fue la exigencia del ministerio y de las Fuerzas de requerir que los comisionados y funcionarios de la comisión que recibirían la información del convenio se realizaran los estudios de credibilidad y confiabilidad que determina la ley para estos asuntos de inteligencia y contrainteligencia. “Esta exigencia se convirtió en un inamovible”, se lee en el anexo. “La comisión terminó ajustando sus procedimientos y disposición del recurso humano en función de este criterio”, añade.
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La demora en la suscripción tanto del convenio como del protocolo terminó “incidiendo en el calendario previsto para realizar las primeras solicitudes de información, así como en la programación interna de la comisión para desarrollar los procesos de investigación”. En total, la comisión envió 61 solicitudes de información al sector Defensa a través de ese convenio.
“Se observó que, para las temáticas relativas a victimización y manejo de recursos de inteligencia, además de presentarse tiempos de respuesta más amplios que para las demás temáticas, en su mayoría, la respuesta inicial era la inexistencia de los documentos por destrucción o no conservación de los mismos”.
El documento también denuncia casos en los que quienes estaban a cargo de generar y custodiar archivos relacionados con masacres, victimizaciones a población civil, recursos de inteligencia o expedientes de la Justicia Penal Militar “manifestaron la imposibilidad de facilitar el acceso argumentando que, posiblemente, los archivos requeridos no existen”. En particular, la comisión habla de la Justicia Penal Militar, cuya Dirección Ejecutiva argumentó en varias ocasiones que desconocía el volumen, tipo y naturaleza de los casos sometidos a su jurisdicción entre 1958 y 2016. “La Dirección aclaró que fue imposible levantar estadísticas históricas de la Justicia Penal Militar por cuanto los expedientes estaban “refundidos” en los cantones militares o en mal estado”, se lee.
Crear un Archivo General de la Paz
Como resultado de su trabajo investigativo, la comisión consolidó un archivo de derechos humanos que contempla 201 colecciones de archivo de 65 entidades públicas y organizaciones privadas; 557 bases de datos de alrededor de 144 organizaciones públicas y privadas; y 1.648 informes y casos aportados voluntariamente, especialmente, por organizaciones privadas y personas naturales.
En este anexo, la comisión plantea que exhortará al Sistema Integral para la Paz en su conjunto (con la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas) a “consolidar todo su acervo documental en un gran Archivo General de la Paz”, que reunirá el archivo de las tres entidades del sistema al finalizar sus respectivos mandatos. “El espíritu de este Archivo General de la Paz debe ser, en primer lugar, garantizar la persistencia de la memoria en la sociedad, fundamentado en la autonomía e independencia de esta figura, para evitar que la memoria histórica este sujeta a riesgos de pérdida, destrucción, negacionismo, revisionismo, o mal uso, así como a los constantes cambios de la administración de lo público”.
