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Raúl Carvajal duró 13 años buscando verdad y justicia para su hijo. Con su camión estacionado en inmediaciones de la Plaza de Bolívar de Bogotá logró que todo el país escuchara su historia. Solo y sin temor desafió a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y no le tembló el pulso para ir detrás de expedientes y pruebas en archivos militares. Y hasta el día de su muerte, en junio de 2021, no dejó de preguntarse: “¿Quién dio la orden de matar a mi hijo?”.
La familia Carvajal Londoño dejó de tener rastros de su hijo -el soldado Raúl Antonio Carvajal- en octubre de 2006. Sabían que el joven formaba parte de pelotones contraguerrilla en el Ejército a lo largo de la subregión del Catatumbo y que las dinámicas de la guerra lo tenían hastiado. A don Raúl, su padre, le dijeron que en un combate con las FARC habían asesinado al muchacho en el municipio de El Tarra. La poca documentación e información en detalle de ese supuesto enfrentamiento armado hizo que él dudara de esa versión.
En 2008, con pruebas en mano, don Raúl denunció que su hijo no había caído en combate el 8 de octubre de 2006. “Ese enfrentamiento nunca existió. A Raúl Antonio lo mató el mismo Ejército Nacional. Él fue mandado a asesinar porque no quiso matar a dos jóvenes en Norte de Santander para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate”, dijo entre lágrimas ese año.
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Esa historia marcó un precedente. Fue la primera vez en la que se denunció a nivel nacional que un miembro de las Fuerzas Armadas había sido asesinado por sus mismos compañeros al desobedecer la orden de realizar ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’).
Don Raúl abrió el camino para que en diferentes tribunales, especialmente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ahondaran los intereses de indagar qué otros casos similares a este habrían sucedido y cómo esa práctica de ‘falsos positivos’ durante la guerra tenía más aristas de las que se pensaba.
Años después, el país conoció casos que de alguna forma se asimilaban a lo que sucedió con Raúl Carvajal Londoño. Uno de ellos llamó la atención, no solo por involucrar a tantos soldados en un mismo hecho, sino porque su castigo fue “matarlos en vida” como dijo uno de los implicados.
En 2008, 19 soldados de la fuerza Atila 1, pelotón contraguerrilla del Batallón Cartagena en La Guajira, se negaron a asesinar a una persona desarmada en el norte del país.
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Este caso, que reposa en folios de estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiene su origen el 22 de abril de 2008. Ese día, el Batallón Cartagena (también conocido en filas militares y en documentos que tiene la JEP dentro del macrocao 03 como el Batallón de Infantería No.6) adelantó en el país la Operación ‘Macedonia’, para dar con miembros del ELN que tenían secuestrados al periodista Mario Puello y dos trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia.
El objetivo militar no se dio. Contrario a sus expectativas, aquel día solo encontraron a una combatiente menor de edad de esa guerrilla, que tenía sangrados visibles, por lo que luego se dictaminó como una secuela de una práctica de aborto forzado.
La orden de la comandancia del pelotón fue asesinarla. Uno de estos 19 militares que no quisieron acatar la orden comentó bajo anonimato en la justicia ordinaria en 2012 que “por no asesinar a esa persona nos dijeron que actuamos con cobardía, sin ánimos de combatir y que éramos una vergüenza para ese uniforme”.
Un mes y medio después, desde el Batallón Cartagena le emitieron una carta al coronel Iván Darío Pineda, antiguo comandante de la X Brigada del Ejército, para autorizar la baja de filas de esos soldados. La solicitud fue aprobada y estas personas fueron separadas de esa institución. Allí comenzó un calvario que los “mató en vida”, como expusieron para el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV).
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“Cayeron en el olvido, el Ejército los alejó de cualquier oportunidad que se ganaron con años de trabajo y servicio. Unos acabaron sumidos en drogas, con intentos de suicidio. Otros, con el rebusque como única opción. Los soldados del Atila 1 por no hacer un ‘falso positivo’ acabaron, en unos casos, como cargadores de bultos, mototaxistas o desempleados”, cuenta uno de los relatos.
Este contexto no lo obvió la CEV en sus páginas. Si bien dentro del volumen “Hasta la guerra tiene límites” guardan sigilo con algunos detalles por cuestiones de seguridad, no dejan de mencionar que estas consecuencias por no acatar órdenes de ejecuciones extrajudiciales fueron algo sistemático y para nada aislado.
Allí, en el Informe Final, se documentó que en el marco de situaciones como el de los soldados del Atila 1 hay relatos en donde se “develaron casos de ejecuciones extrajudiciales en modalidad de combates fraudulentos contra militares que se negaron a cumplir con órdenes de sus superiores”.
Al igual que el caso de don Raúl, los soldados del Atila 1 sentaron un precedente en todo ese abanico aterrador de los ‘falsos positivos’ en Colombia.
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De hecho, por las mismas investigaciones de la CEV, el país supo que estas prácticas también salpicaron otras instancias del Estado. Las decisiones de la justicia penal militar para acatar o desestimar peticiones de bajas a soldados -como las de este caso- generaron, entre otras cosas, que jueces y funcionarios allí fueran relegados, humillados o removidos sin razones justificadas de fondo.
“Algunos jueces penales militares se negaron a participar en los encubrimientos y no faltó el funcionario que se vio forzado a salir al exilio”, se lee en el documento de Hallazgos y Recomendaciones de la CEV.
Sus versiones en la JEP
El magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, confirmó que el próximo 1º de septiembre serán citados ante la justicia transicional los señores Wilson Parejo, Jeider Ospino, Wilmar Yucuma y Maruén Gómez, cuatro de los 19 soldados del Atila 1.
Esta rendición de declaratoria, que se llevará a cabo en Bogotá, tendrá como fin -entre varias aristas- escuchar de primera mano cómo operaba el Batallón Cartagena durante los años 2002 a 2008 durante sus campañas contraguerrilla, principalmente en La Guajira contra el Bloque Norte de las extintas FARC.
Se espera que los hombres de ese pelotón relaten sus condiciones socioeconómicas y sociojurídicas que han vivido desde su separación de las filas del Ejército y que se haga una evaluación de lo que ha implicado la llegada de su caso al Sistema Interamericano.
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Estas personas llevan casi 15 años recorriendo estrados, oficinas y despachos de abogados para que los escuchen. Para mostrar lo que ellos siempre han querido develar sin temor a ser juzgados nuevamente: que las Fuerzas Militares cometieron una grave injusticia en su contra y que mancharon su reputación por no cometer un crimen de lesa humanidad.
Los exsoldados del Atila 1 posiblemente acabaron su vida militar, aunque siguen pidiendo su reintegración a las filas. Su vida como seres humanos que eligieron el honor por encima de la sangre por resultados engañosos sigue y por eso no claman justicia. Ahora más que nunca esperan que la JEP los escuche y que en la CIDH se llegue a honrar su buen nombre y vocación.