Farc, paramilitares y Estado: sus responsabilidades, según Comisión de la Verdad

Miles de desplazados que huyen de los bombardeos han ingresado a Colombia en canoas, a través de pasos informales del río Arauca. / AP (Imagen de referencia)

Foto: Fernando Vergara

En el conflicto armado han muerto al menos 450.666 personas, 121.768 fueron desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados, así como 16.238 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados. Las cifras las presente Hasta la guerra tiene límites, el volumen sobre violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Pero el texto concluye con una advertencia: “Tantas víctimas, producto de tantas violaciones perpetradas por tantos grupos armados y con tantos intereses, incluso con tan altas tasas de impunidad, no logran ocultar las responsabilidades”.

(Lea también: Sí, el Informe Final de la Comisión de la Verdad debe llegar a los colegios)

En ese sentido, en buena parte de las 982 páginas de este volumen, la Comisión de la Verdad atribuye responsabilidades concretas a los actores de la guerra en Colombia: el Estado —incluida la Fuerza Pública—, las guerrillas, los paramilitares y los terceros, es decir civiles, como empresarios y políticos, que se beneficiaron del conflicto. Además, también documenta graves hechos de grupos armados posdemovilización como las Autodefensas Gaitanistas, —llamadas Agc por las autoridades—, las disidencias de las Farc o la guerrilla del Eln. Estas son algunas de las conclusiones del Informe.

¿Qué responsabilidades tuvieron las guerrillas?

En su aparte sobre las responsabilidades de las guerrillas, el volumen se centra en analizar directivas, actitudes y decisiones de las guerrillas que violaron derechos humanos y representaron infracciones al DIH. Aunque habla de varios grupos insurgentes, pone el foco sobre los deleznables métodos de las Farc: “Pescas milagrosas’ —los retenes ilegales que impusieron en carreteras para secuestrar a civiles con fines extorsivos—, secuestros masivos, tomas guerrilleras, amenazas, homicidios a funcionarios públicos, pueblos y comunidades étnicas confinadas y uso de minas antipersona”.

(Lea también: Lo que ocurrió en las regiones durante más de 60 años de guerra)

Así, la Comisión de la Verdad les atribuyó a las guerrillas tres responsabilidades en la guerra. En primer lugar, dice el Informe, tomaron “decisiones de orden estratégico que llevaron a un crecimiento y expansión de su violencia en el territorio nacional. (…) Todas las guerrillas consideraron en algún momento que se estaban dando las condiciones necesarias para desatar un proceso revolucionario en Colombia y fue esta argumentación la que terminó justificando y encubriendo las infracciones al DIH, cada vez más graves”. Y ponen como ejemplo, la decisión de las Farc, en 1997, de secuestrar a policías y militares, y posteriormente a civiles. Una política de muerte.

En segundo lugar, la Comisión concluyó que las guerrillas fomentaron “prácticas y formas de pensamiento entre sus miembros que supeditaron su relacionamiento con la población civil al cumplimiento de resultados en el campo militar”. Es decir, los grupos insurgentes convirtieron a cientos de comunidades, y a sus escuelas, canchas y espacios de encuentro, en territorios de guerra. Y, finalmente, “a pesar de la masividad y sistematicidad de su violencia, no tomaron decisiones o implementaron políticas que frenaran y previnieran de manera efectiva la comisión de graves infracciones al DIH”.

(Le puede interesar: La desaparición forzada según la Comisión de la Verdad)

¿Qué rol tuvieron empresarios y políticos en la guerra?

“No todos los civiles tuvieron un rol pasivo en el conflicto armado”, concluyó la Comisión de la Verdad. Y añade: “Algunos de ellos, sobre todo algunos pertenecientes a ciertos sectores empresariales y políticos, patrocinaron, cooperaron e instigaron violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH”. El volumen Hasta la guerra tiene límites pone algunos ejemplos: los pagos de la bananera estadounidense Chiquita Brands a grupos paramilitares, los señalamientos de exmiembros de las Autodefensas contra directivos de Ecopetrol, entre otros hechos que la justicia aún no esclarece.

El Informe lo dice sin tapujos: “Algunas organizaciones, élites políticas y empresas se lucraron de la guerra; en algunos casos no solo fueron cómplices, sino también promotores de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH”. Además, la Comisión de la Verdad reprochó una práctica legal que se ha popularizado en los últimos años: la firma de convenios de seguridad entre empresas mineras y el Ejército, la Policía o la Fiscalía para que se brinde seguridad o se investiguen más prontamente las agresiones en su contra.

(Le puede interesar: Alejandro Valencia, el comisionado que habló con “los malos”)

Así reza: “La Comisión considera que la suscripción de convenios resulta problemática porque la seguridad pública se hace más eficiente para quien la paga que para la sociedad en general (…). También, porque estos convenios ponen en duda el amparo que representa el principio de distinción de los terceros civiles, al comprometerse de manera directa con la financiación de una de las partes del conflicto, lo cual eleva el riesgo de las empresas, su infraestructura y personal. Además, en esta práctica, la capacidad institucional de la fuerza pública se termina por usar para defender a las empresas frente a los conflictos laborales o sociales, lo que vulnera la libertad sindical”.

Las responsabilidades del Estado en el conflicto

El aparte más largo de responsabilidades de este volumen del Informe Final es el que trata sobre el Estado, al que, la Comisión de la Verdad reprocha, “tanto por su participación directa en la ejecución de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH como por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones”. Un ejemplo claro de lo primero es la práctica masiva y sistemática de asesinar civiles y presentarlos como bajas en combate, que recibió el nombre de falsos positivos. Una muestra de lo segundo es la alta tasa de impunidad.

“La impunidad ha permitido la persistencia de violaciones de derechos humanos, así como de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, concluyó la Comisión. Y echó al agua directamente a la entidad encargada de esto: “La Fiscalía General de la Nación ha sido omisiva en la investigación y acusación de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH de los que se han beneficiado grupos armados, algunas empresas nacionales, multinacionales, actores políticos y terceros”. De hecho, un aparte del volumen cuestiona con nombre propio a un fiscal general: Luis Camilo Osorio. Según varios testimonios, su administración estuvo cooptada por el paramilitarismo.

Pero otras formas de justicia también han tenido obstáculos. “La Ley de víctimas y restitución de tierras ha avanzado tímidamente debido a las presiones políticas y económicas, así como a la persistencia de la violencia que se ha visto favorecida por la demora del Estado en formalizar y reconocer los derechos territoriales de las comunidades campesinas y étnicas”, encontró la Comisión. Si bien el Informe reconoce algunos avances judiciales, también reprocha que comparecientes y sus familiares que han intentado contarle al país la verdad de la guerra, aún reciban amenazas.

Y, finalmente, el Informe se refiere a la relación del Estado con el paramilitarismo: “Se dijo antes y lo repetimos de nuevo: el Estado colombiano promovió el origen, la consolidación y la expansión de los grupos paramilitares y, por ende, es responsable de las violaciones de derechos humanos e infracciones del DIH cometidas por dichos grupos”. La Comisión de la Verdad concluyó que la connivencia de algunos miembros de las Fuerzas Militares con estos grupos explica la amplia expansión del dominio paramilitar.

(Lea también: La versión del conflicto del mayor Ospina, comisionado de la Verdad que renunció)

El rol de los paramilitares

Las atrocidades cometidas por grupos paramilitares, en especial por las Autodefensas, están más que documentas, pero la Comisión se refirió en concreto a tres formas en las que sus acciones violaron los derechos humanos, infringieron el DIH y azuzaron la guerra. Primero, “el paramilitarismo empleó formas de violencia cada vez más crueles y de forma más masiva, no solo para combatir a las guerrillas, sino también para controlar el narcotráfico en beneficio propio y de muchos miembros de la fuerza pública, incluyendo los altos mandos”.

El negocio del narcotráfico y la influencia de sus dineros en la política y la guerra forjó una alianza entre algunos militares y paramilitares que, según el Informe, “explica en buena parte la persistencia del conflicto armado”. Es decir, para la Comisión de la Verdad, ocurrió algo que llaman “captura del Estado”, lo que implica, que, en algunos casos, el Estado se volvió botín de guerra y se usó el erario para “financiar la adquisición de armamento, dotación militar y remuneración de los grupos armados”. Ahora bien, esto lo hicieron tanto paramilitares, como guerrillas en algunas regiones como Arauca.

Por último, el Informe les endilga responsabilidades a grupos armados como el Clan de Golfo y las disidencias de las Farc. A su juicio, “las armas, el dinero y la experticia en la guerra se han convertido en el combustible de este ciclo de violencia cada vez más degradado y con puntos de inflexión y no retorno”. Sin embargo, el volumen cierra con la frase que ha querido imprimirle la Comisión de la Verdad a su legado “hay futuro si hay verdad” y envía un mensaje de que sí se puede superar la barbarie, pero es clara en que los responsables del conflicto deben reconocer su rol y aportar verdad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.