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“El 18 de octubre de 1998, en el corregimiento de Machuca, en Segovia, Antioquia, un atentado del Eln a un tramo del Oleoducto Central de Colombia generó una explosión que produjo 84 muertos. El impacto directo lo recibió una comunidad olvidada y en graves condiciones de pobreza en la actualidad”. Este es uno de los relatos con los que el Informe Final de la Comisión de la Verdad ilustra dos de sus hallazgos sobre los grupos insurgentes: que violaron, cada vez de manera más aguda, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que el conflicto armado no fue una solución a los problemas estructurales con los que justificaron su creación, en lugar de ello, los acrecentó.
Así lo determina en el capítulo de “Síntesis, hallazgos y recomendaciones”, el primero de los diez tomos en ser entregado y que detalla, entre otras, las conclusiones de la Comisión sobre la creación y actuación de los paramilitares, el rol del narcotráfico y y la impunidad como un factor de persistencia del conflicto armado. Sobre las guerrillas, el informe aborda, entre otros, dos de los temas que han generado mayor controversia en los intentos de salidas negociadas al conflicto: las violaciones al DIH y su relación con el narcotráfico.
Conozca aquí: Los 11 hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto en Colombia
Tortura, toma de rehenes y otras violaciones al DIH
En la búsqueda de sus objetivos militares, las guerrillas consideraron enemigos no solo a las Fuerzas Militares y miembros del Estado, sino también civiles que pertenecían a sectores económicos y políticos dominantes: los llamados “enemigos de clase”. Sin embargo, el Informe Final señala que ese concepto de “enemigo” se amplió cada vez más a quien se opusiera y desencadenó acciones cada vez más indiscriminadas.
Toma de rehenes, asesinatos selectivos, tortura, desplazamientos masivos, uso de armas no convencionales como cilindros bomba y minas antipersona, ataques a infraestructura o instalaciones militares en medio de comunidades y reclutamiento forzado de menores fueron algunas de las estrategias de las guerrillas que, dice el Informe, “convirtieron los territorios y las comunidades en escenarios de violencia donde no había ningún respeto por la población civil”.
En el caso del secuestro, la Comisión reafirmó que los mayores responsables fueron las Farc con 40 % de los casos traducidos en 20.223 víctimas, seguido de grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el Eln con 19 % (9.538). Algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado. Este hecho fue utilizado por los grupos insurgentes como método de financiación y presión al Gobierno para liberar a guerrilleros detenidos. Pero generó repudio en la sociedad colombiana y el mayor deterioro de su legitimidad debido a las imágenes ampliamente difundidas por los medios de comunicación en las que se evidenciaba lo que las víctimas le describieron a la Comisión como “una muerte en vida, una muerte suspendida en el tiempo”.
En encuentros de reconocimiento ante las victimas, miembros de las Farc admitieron que “no debieron usar el secuestro como arma para lograr un fin político”. Para la Comisión, los malos tratos y torturas a los que fueron sometidos los secuestrados hacen que este constituya un crimen de guerra.
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El uso de animales como portadores de explosivos, los carros bomba en lugares de paso y viviendas y los ataques con cilindros bomba contra instalaciones en medio de pueblos son otras de las “acciones indiscriminadas”, que la CEV menciona como formas de mayor afectación a civiles, pese a que inicialmente estuviesen destinadas a la fuerza pública. Entre ellas también se encuentra el uso de minas antipersona. " De 12.170 víctimas de minas de las que existe registro, 20 % resultaron muertas y 80 % heridas. Y del conjunto de las víctimas, 60 % fueron militares y un 40 % civiles”, señala el informe.
El apartado también arroja algunas cifras sobre el reclutamiento forzado de menores, que fue utilizado como una forma de fortalecimiento militar mediante “el estímulo, utilización o seducción” de menores de 18 años para formar parte de la guerra, y sobre quienes “ejercían coacción y control interno cuando se querían salir del grupo”
.Entre 1990 y 2017, se registraron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes en Colombia, “aunque las estimaciones teniendo en cuenta el potencial subregistro son mayores”, señala. Los departamentos más afectados fueron Meta, Antioquia, Guaviare, Caquetá y Cauca. Y el periodo en que más se dieron fue entre el 2000, el último de los Diálogos de El Caguán, con 1320 víctimas, el 2002 (1.305 víctimas) y 2003 (1.253 víctimas) cuando el conflicto entró en una nueva etapa de la confrontación.
Este apartado explica también cómo el concepto de enemigo llegó incluso hasta el interior de las guerrilla para justificar el asesinato de desertores, considerados traidores, y las purgas contra supuestos infiltrados del Ejército. Un caso que ilustra estas tensiones es el del Frente Ricardo Franco, disidente de las Farc, que asesinó a 164 combatientes en tres meses: de noviembre de 1985 a enero de 1986. “Los testimonios señalan que las víctimas fueron torturadas, asesinadas con armas cortopunzantes y, en muchas ocasiones, enterradas vivas”, relata el informe.
Pero también reconoce que los miembros de las guerrillas, sus familias y personas señaladas como sospechosas fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Muchos de ellos “fueron objeto ejecuciones extrajudiciales fuera de combate, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, regularmente en el marco de detenciones, bien fueran estas legales o ilegales”.
Lea aquí el capítulo completo de Síntesis, Hallazgos y Recomendaciones
Relación de las guerrillas con el narcotráfico
La posición de los grupos insurgentes frente al narcotráfico fue inicialmente de rechazo, pero desde mediados de los 80 se empezaron a involucrar cada vez más en todas las etapas de su cadena productiva.
Las Farc, por ejemplo, se oponían a la siembra de marihuana y coca por parte de los colonos del sur del país, pero al notar su crecimiento, en la Séptima Conferencia, optaron por cobrar impuesto a los compradores de pasta base y a finales de los 90 e inicios de los 2000 llegaron a controlar el mercado en sus zonas de dominio: regulaban precios e intermediaban con los carteles para su salida. Según investigaciones recapituladas por la Comisión, “el narcotráfico representaba cerca del 41 % de los ingresos de la organización guerrillera para este periodo, que a su vez coincide con el pico de secuestros”, formas de financiación que le permitieron crecer en efectivos, armamento e infraestructura militar.
El involucramiento e las Farc con el narcotráfico “no permite concluir que esta guerrilla se transformó en un cartel o que perdiera definitivamente sus objetivos políticos”.
Pese a ello, la Comisión de la Verdad asegura que el involucramiento e las Farc con el narcotráfico “no permite concluir que esta guerrilla se transformó en un cartel o que perdiera definitivamente sus objetivos políticos”. Tampoco se pueden desdeñar los impactos que tuvo esa economía en su organización, como el no acatamiento de orientaciones por parte de mandos medios, deserciones con dinero y disposición de algunos frentes al servicio de narcotraficantes.
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El informe también explica que el Eln mantuvo una posición moralista y prohibicionista durante los 80 e inicios de los 90. Pero a finales de los 90, por la presión de las comunidades en Cauca ante la ausencia de alternativas económicas, y hacia 2006 en Chocó y sur de Bolívar empezaron a cobrar impuesto por gramaje y a relacionarse de manera tangencial. Después del 2008 terminaron involucrados en el cultivo de coca y las etapas de transformación, principalmente en Catatumbo y Nariño. La única excepción fue Arauca, en donde se mantuvo la posición prohibicionista radical, por lo que no hay cultivos de coca, y en donde el Frente de Guerra Oriental cobra el paso de la droga hacia Venezuela.
El Eln, además, tuvo un mayor vinculo con otras economías ilegales. Dese los años 80 se involucró con la minería, tanto en su regulación como en la explotación, introduciendo maquinaria pesada. Esto le acarreó diferencias con mineros tradicionales y artesanales, y aumentó las fricciones con la comunidad, que luego facilitaron la expansión paramilitar, por ejemplo en Bajo Cauca y el río San Juan, en Chocó.
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Para ambas guerrillas, el involucramiento en las economías ilegales generó un quiebre con la población civil “en las que anteriormente fue central lo que los grupos guerrilleros denominaron el trabajo político”, explica la Comisión. Además, fue un factor decisivo a la hora de plantear negociaciones de paz: en el caso del Acuerdo de La Habana, considerar el narcotráfico un delito conexo permitió avanzar en negociaciones.
Otros hallazgos sobre las guerrillas
El apartado sobre Insurgencias, que realiza una cronología del nacimiento de las guerrillas en Colombia y una radiografía de sus estrategias militares, sus formas de financiación y sus entramados con los movimientos sociales y los partidos político plantea cinco hallazgos más. Primero, que las guerrillas buscaron salidas negociadas al conflicto: unas exitosas, como las del M-19, Epl y Quintín Lame, que resultaron en la Asamblea Nacional Constituyente; y otras frustradas, como los del Eln y las Farc en los años 80, que influyeron en el aumento de la confrontación armada.
Además, que los grupos insurgentes construyeron lazos con la población civil basados principalmente en la coacción de las armas y el autoritarismo. “Esto fue posible por la no presencia integral del Estado y por la marginalidad en la vida económica y política a la que fueron sometidos”, según el Informe. En tercer lugar, determinó que estos grupos trataron de incidir en la vida política mediante su relación con la izquierda legal, pero esto mismo dificultó mantener proyectos civiles autónomos y fue utilizado para estigmatizarla, como el caso de la Unión Patriótica, “partido al que se acusó de supuesta identidad con la guerrilla mientras se llevaba a cabo su exterminio”.
Además, concluyó que las guerrillas fueron actores centrales en la disputa del poder local y regional: “en algunos momentos impusieron su poder armado y en otros atacaron directamente a representantes políticos, afectando, por ende, la precaria democracia colombiana”, asegura el Informe. Y finalmente, la guerra no fue una solución a los problemas estructurales que los grupos insurgentes pretendían combatir mediante la lucha armada; por el contrario, estos “se acrecentaron con el conflicto armado interno”.