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Si la modificación a la Constitución política que radicó el pasado miércoles 17 de agosto la ministra de Agricultura, Cecilia López, es aprobada en el Congreso, el artículo 64 ahora dirá: “El campesinado es sujeto de especial protección. El Estado velará en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos, incluidos aquellos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”. Además, esa declaración, que Colombia se abstuvo de votar en la Asamblea General en diciembre de 2018, pasará a integrar el bloque de constitucionalidad.
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La modificación al texto es pequeña, pero el reconocimiento es enorme. Apunta a corregir una deuda que quedó pendiente desde la promulgación de esa Constitución. Ana Jimena Bautista, coordinadora de la línea Tierras y Campesinado en Dejusticia, lo explica así: “Lo que pasó en la Constitución del 91 es que hubo un reconocimiento asimétrico frente al campesinado: se reconocieron de manera muy importante los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en menor medida de los pueblos afrocolombianos, pero al sujeto campesino no se le reconocieron en estricto sentido”.
Este paso en el reconocimiento a los campesinos del país llega al tiempo con una de las conclusiones más contundentes de la Comisión de la Verdad en su Informe final: la principal víctima de la guerra en Colombia fue el campesinado. En un documento de 200 páginas, como parte del volumen territorial del Informe, la Comisión se dedicó de lleno a esclarecer cómo el conflicto armado afectó a los 12’929.835 campesinos que hay en el país (el 28,4 % de la población), según los cálculos de la entidad.
Las cifras evidencian la dimensión del problema: de los 10’606.125 hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas, 4’827.550 afectaron a campesinos. Eso quiere decir que al menos el 45,5 % de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra afectaron al campesinado. “Los territorios campesinos fueron los escenarios de la guerra y las comunidades campesinas fueron las víctimas generalizadas de la confrontación”.
El asedio y la represión a la ANUC
Entre los hechos documentados en el informe, mención aparte se lleva el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), creada en 1970 y consolidada como el referente organizativo del campesinado en su lucha por la tierra. A través de esa asociación se impulsaron las recuperaciones de tierra apalancadas sobre la ley de reforma agraria que se había expedido en 1961, de tal forma que, entre 1971 y 1978, se llevaron a cabo 984 de esas recuperaciones en 24 departamentos.
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Pero, dice la comisión, “la ANUC pasó rápidamente de ser una dinamizadora de la reforma agraria a ser objeto de la estigmatización y el asedio de todos los bandos combatientes”. De hecho, la publicación afirma que, si bien la ley de reforma agraria del 61 alertó a los grandes propietarios, “fue la creación de la ANUC lo que generó la mayor oposición de organizaciones gremiales de la talla de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC). Esta oposición se concretó en hechos como el denunciado por la ANUC en octubre de 1970, según el cual se estaba desarrollando una campaña contra la organización campesina, promovida en un principio por Fedegán y a la cual se sumó posteriormente la SAC”.
Los testimonios recogidos por la Comisión dieron cuenta de la persecución y represión que sufrieron quienes se afiliaron a esa asociación: “La problemática fue esa: nosotros teníamos un carné; entonces, cuando mataban a un campesino y era de la ANUC le ponían guerrillero, lo uniformaban y le ponían el carné de la ANUC. Eso sucedió en todo el país, por eso era tan peligroso ser uno directivo o estar en la ANUC”, dijo uno de los labriegos en Córdoba.
Pero los ataques vinieron de todos los actores: el Estado, los paramilitares y las guerrillas. El caso del corregimiento de Pichilín, en Morroa (Sucre) lo ilustra bien. Ese poblado se construyó a partir de una toma de tierras que hizo la ANUC en 1971 y luego lograron que les titularan la tierra. Dos décadas después, llegó el frente 35 de las Farc y arremetió contra la población para consolidar su control. A la insurgencia se les enfrentaron la Armada y los paramilitares de la zona, en una confrontación que resquebrajó el territorio hasta la masacre paramilitar del 4 de diciembre de 1996, que dejó once muertos. Toda la población tuvo que salir de la tierra que habían recuperado como movimiento campesino.
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El despojo de tierras y la contrarreforma agraria
De los 8’748.957 desplazados que ocasionó el conflicto armado, más de cinco millones fueron desplazados entre 1995 y 2010, cuando el país vio por televisión a miles de campesinos que salían de las veredas a bordo de canoas, chalupas, lanchas, chivas, buses o camiones con sus escasos enseres a cuestas. Según la entidad, los desplazamientos obedecieron a múltiples razones: fumigaciones aéreas con glifosato, operaciones militares contrainsurgentes, masacres paramilitares, tomas a poblaciones por las insurgencias y, en general, por el recrudecimiento de la guerra. Pero hay una en particular que resalta del informe: el interés voraz sobre la tierra por parte de actores tanto ilegales como legales.
“Las pruebas demuestran que a medida que se iba desplazando a la población, y poco después del desplazamiento, iba cambiando el uso del suelo de estas tierras, expandiéndose el área dedicada a pastos, palma, cultivos forestales maderables, otras actividades agroindustriales, minería y petróleo”, se lee en la publicación.
Cruzando los mapas de los municipios en los que se concentró el desplazamiento forzado entre 2001 y 2004 con aquellos en los que se expandió la palma entre 2001 y 2013, la Comisión encontró que hay una correspondencia en regiones como el Urabá, el Magdalena Medio, el Meta, los Montes de María y el Catatumbo. “En municipios como El Carmen de Bolívar, San Jacinto y María La Baja (en Montes de María), o en Tibú (Catatumbo) se vio un notable crecimiento de la agroindustria de la palma de aceite en territorios altamente afectados por el desplazamiento forzado”.
Pero, además, el despojo ejecutado durante este período terminó por consolidar una contrarreforma agraria, dice la Comisión, porque revirtió los avances que había alcanzado la reforma agraria durante las décadas de 1960 y 1970: muchas de las hectáreas despojadas habían sido parcelaciones adjudicadas a campesinos sin tierra por el Incora. Según datos recopilados en la publicación, en Sucre, por ejemplo, se titularon más de 50.000 hectáreas en virtud de la reforma agraria del 61 y se despojaron más de 56.000; en Bolívar se adjudicaron 153.000 y se despojaron 136.000.
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Un caso emblemático que ilustra el fenómeno fue la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar. Parte de las tierras baldías que la integran fueron adjudicadas a campesinos durante los 60 y pagadas a la familia Marulanda, que las había adquirido una década antes. Sin embargo, se generó un conflicto entre quienes decían ser dueños de la finca y los campesinos que decían que eran baldíos, en el que estos últimos terminaron desplazados por los paramilitares de la región. Cuando intentaron retornar, en 2008, encontraron sus antiguas tierras sembradas de palma de aceite y habían sido vendidas a una compañía del empresario Germán Efromovich, quien siempre ha dicho que compró de buena fe.
Según la Comisión, la contrarreforma agraria dejó en el campo colombiano más de 34 millones de hectáreas dedicadas a ganadería extensiva, cuando únicamente 14 millones tenían esa vocación; más de cinco millones de hectáreas destinadas a proyectos agroindustriales y forestales, cuando cuatro tenían esa vocación; y, en cambio, apenas cinco millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, cuando hasta 24 millones tendrían esa vocación.
Las afectaciones de la seguridad democrática
Según la Comisión, tres de los componentes estratégicos de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe afectaron especialmente a los campesinos del país. Primero, las operaciones militares desplegadas para expulsar a la guerrilla de las regiones en las que se había consolidado, o aquellas consideradas como sus zonas de retaguardia, tuvieron consecuencias desproporcionadas en la vida de los campesinos de esas regiones. “Las acciones contrainsurgentes incluyeron un alto grado de estigmatización, sobre todo contra las organizaciones campesinas ubicadas en zonas de frontera agrícola o en regiones donde la guerrilla en algún momento tuvo influencia”, se lee en el documento. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Operación Libertad Uno, desplegada en junio de 2003 para romper el cerco de la insurgencia a Bogotá, que tuvo impacto en varias zonas de Cundinamarca.
El segundo componente de esa política que tuvo fuertes repercusiones en el campesinado fue la intensificación del programa de soldados campesinos y la ampliación de las redes de informantes. Según recogió la entidad, en 2003 se contempló reclutar a 15.000 habitantes de las zonas rurales que debían prestar su servicio militar en las zonas de las cuales eran oriundos. “Esto generó un señalamiento a dichos jóvenes y sus familias por parte de las guerrillas, que los expuso a amenazas, desplazamiento y otras violencias letales”.
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Pero sin duda uno de los componentes de la seguridad democrática que con mayor crudeza afectó a los campesinos fueron las capturas masivas y arbitrarias a lo largo y ancho del territorio nacional. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, entre el 1° de junio de 2002 y el 1° de julio de 2003 fueron detenidas arbitrariamente 4.362 personas. Según el informe, estas detenciones se registraron en particular en los Montes de María, la provincia del Tequendama (en Cundinamarca), Tolima, Huila y Arauca.
Con base en toda la documentación que hizo la Comisión sobre las victimizaciones al campesinado durante el conflicto armado, la entidad, entre otras cosas, recomendó adoptar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos. “El Estado colombiano debe reparar la decisión de abstenerse de participar en la votación de este instrumento, adoptándola explícitamente como instrumento orientador de su política pública”. El proyecto de acto legislativo que quedó radicado en el Congreso el 17 de agosto se convierte en el primer paso en este sentido.
