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Uno de los hechos más polémicos relacionado con la Comisión de la Verdad (CEV) tuvo que ver con la renuncia a su cargo del comisionado Carlos Guillermo Ospina, mayor retirado del Ejército que había sido escogido para integrar la CEV desde sus comienzos y además representaba la única voz entre los comisionados proveniente del entorno de las Fuerzas Armadas.
No obstante, antes de su renuncia, el mayor Ospina entregó un informe a la Comisión de la Verdad compilado en un volumen de 662 páginas con anexos bajo el título “Las heridas de las Farc: Graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de las FARC-EP en el marco del Conflicto Armado No Internacional Colombiano”. Los capítulos fueron escritos por investigadores que firman cada uno de los apartados y la mayoría provienen también del entorno de la Fuerza Pública, pues son militares retirados o académicos vinculados con la Policía y las Fuerzas Armadas.
En este documento se hace un estudio minucioso de la organización guerrillera apelando a múltiples fuentes que incluyen bases de datos, libros académicos e históricos, estudios anteriores, información oficial y publicaciones de la propia organización guerrillera, también acuden a entrevistas de víctimas, militares y excombatientes realizadas por la misma Comisión de la Verdad, material con el cual el mayor Ospina hizo una amplia radiografía de ese grupo armado y su trayectoria durante el conflicto colombiano.
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Entre otros, hay apartes sobre la relación de las Farc con diferentes movimientos políticos, un extenso esbozo histórico y además numerosos datos sobre crímenes cometidos por esa guerrilla, un análisis del reclutamiento forzado y un capítulo sobre violencia sexual en el marco del conflicto.
Un insumo evidente en varios de los apartados del informe es la información de inteligencia relativa a las Farc, que sirve para soportar muchas de las afirmaciones del informe, como los vínculos de esta guerrilla con movimientos y partidos legales o su infiltración en diversas esferas de la sociedad. Paradójicamente, la información de inteligencia le fue negada en varias oportunidades a la Comisión de la Verdad cuando era relativa a otros aspectos del conflicto, como los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas.
Un primer elemento interesante del informe es que busca sustentar la tesis de que las Farc fueron un actor sumamente violento dentro del conflicto y para ello se utiliza un acervo estadístico y documental que viene de diversas fuentes, aunque existen subregistros y falencias en los datos que no permiten un panorama más completo. En tal sentido el informe afirma que “los datos numéricos son relativamente poderosos para evidenciar los impactos que el conflicto y, especialmente, las Farc-Ep dejaron en la sociedad”, pero aclara que “se debe precisar que gran parte de las cifras y datos sobre las Farc-Ep aún está dispersa en fuentes que divergen entre sí y se obstaculiza el debido registro riguroso y eficaz”. Según el texto, unas 35 fuentes documentales sirvieron para soportar el informe.
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El documento asegura con datos de la Fiscalía que 61.300 delitos son atribuidos a las Farc y que en categorías como el ataque a poblaciones y cascos urbanos esa guerrilla es responsables del 64% de tomas guerrilleras, seguida por el Eln con 19%. No obstante, en casos de homicidio, los paramilitares duplican a las Farc. Los Bloques Occidental, Oriental y Noroccidental fueron los principales responsables de crímenes ocurridos en el marco del conflicto, según el documento.
De acuerdo con el informe “la violencia desproporcionada fue un medio utilizado por las Farc-Ep a lo largo del conflicto armado para lograr la toma del poder. Durante este camino la organización pasó por complejos procesos de estructuración y crecimiento que dejaron graves secuelas en la sociedad en materia económica, de derechos y medio ambiente”. Este enfoque merece una atención especial, pues buena parte de la argumentación se centra en demostrar los estragos económicos que le causó el conflicto armado al país.
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Daños a la economía
Por ejemplo, en cuanto a ataques a la infraestructura, se señala dos blancos predilectos: los oleoductos (491 casos) y la infraestructura eléctrica (658 casos), el tercer blanco de ataques que sigue es considerablemente inferior: la infraestructura vial con 88 casos, lo que indicaría una política de esa organización para afectar a multinacionales y sectores estratégicos.
Pero el análisis va más allá. Con cifras del Gobierno Nacional se asegura que durante el mayor pico de la confrontación entre el Estado y esa guerrilla el 11.7% del gasto público estuvo dedicado a la guerra y la situación de conflicto generó una pérdida del 3.4% del Producto Interno Bruto. A continuación el documento se hace una pregunta que han lanzado también quienes propugnaron por una salida política a la confrontación: “cómo hubiese sido la distribución del gasto público y el gasto militar bajo un escenario sin conflicto armado”, pero esta argumentación no contempla los factores estructurales que causaron el surgimiento de las guerrillas, culpándolas del atraso y la miseria rural: “las afectaciones en cuanto a pobreza han sido mayores en el campo colombiano y, como consecuencia, el conflicto ha frenado el desarrollo rural y el bienestar de sus habitantes”.
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Además se hace un compendio de ataques a bienes civiles, pérdida de inversión extranjera y en general, el lastre económico que significó el conflicto armado. La mayoría de los ataques a bienes civiles ocurrieron en Antioquia, Cauca y Putumayo, los principales blancos fueron las viviendas y los medios de transporte, algo que trae a la memoria las escenas de aquellos años de confrontación con pueblos destruidos por pipetas bombas y buses o camiones quemados en las carreteras.
Presión armada para incidir en la política
Otro apartado del informe se dedica a analizar la llamada estrategia de la combinación de todas las formas de lucha aplicada por esa guerrilla, según el documento, para constreñir políticos locales e incidir en las regiones donde operaban. Por ejemplo, los alcaldes y concejales representaron el 82% de los secuestros a figuras públicas por motivaciones políticas, lo que revelería un alto impacto territorial principalmente en municipios, y un menor impacto nacional a figuras más relevantes como congresistas o gobernadores.
En este punto el informe cae en afirmación discutibles y poco rigurosas, que han sido desvirtuadas por gran evidencia, e incluso por sentencias judiciales, al sostener que las Farc fueron las responsables del genocidio del Partido Unión Patriótica. Interpretando datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) sin un mayor contexto, el informe asegura que fueron las Farc las que acabaron con la Unión Patriótica en una “acción fratricida”.
A final concluye que “el fortalecimiento del Estado, de sus Fuerzas Militares, que entró en una necesaria reestructuración, fueron cambiando las condiciones de amenaza en el territorio, tomando la ofensiva y buscando cerrar y contener cualquier intención estratégica de unas Farc-Ep que venían en un considerable repunte militar”.
La “infiltración” en los movimientos de izquierda
Un apartado completo está dedicado a analizar la penetración de las Farc en movimientos políticos y grupos de izquierda desde su propia fundación, vinculada con el Partido Comunista Colombiano. Apoyándose en reportes de inteligencia y en los hallazgos de los computadores incautados a los jefes guerrilleros, el documento concluye que las Farc financiaron y apoyaron grupos como el Movimiento Marcha Patriótica o incidieron en organizaciones estudiantiles y protestas indígenas y campesinas.
“No es desconocido que en muchas de las protestas pacíficas que, sectores como el obrero y campesino, han desarrollado en busca de soluciones a su problemática ha habido una clara injerencia de grupos como las Farc-Ep”, asegura el documento, aunque no revela pruebas precisas de esta afirmación, pero concluye que dicha “acción que atenta gravemente contra el derecho a la protesta porque la empujaba a acciones violentas, dejando expuestos a los manifestantes, recibiendo la respuesta de las autoridades”. Esta conclusión es por lo menos discutible, pues atribuye a las Farc la responsabilidad que le cabe al Estado en las graves violaciones de Derechos Humanos contra la protesta social.
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En el informe puede leerse textualmente: “es una realidad de a puño que ciertos grupos de agitación y anarquía han querido permear las acciones de protesta, provocando la respuesta –muchas veces desproporcionada— de las autoridades, deslegitimándolas y poniéndolas en tela de juicio frente al mundo, dejando víctimas en todos los casos”.
“La producción de la Comisión se hace en equipo”
En una rueda de prensa con reporteros de El Espectador el comisionado Saúl Franco aseguró que la producción de la Comisión de la Verdad no es individual y se hace en equipo, incluso el volumen del comisionado Carlos Ospina, según Franco “fue escrito por un equipo nuestro”. También agregó que “nosotros nos mantuvimos abiertos a leer esos documentos, tanto antes de que él se retirara como después, y hemos tratado de sacar lo mejor, porque hay algunos aspectos positivos”.
Franco asegura que varios de los hallazgos del mayor Ospina sobre reclutamiento forzado, por ejemplo, fueron incluidos en el Informe Final. Aunque el documento del ex comisionado Carlos Guillermo Ospina no fue avalado y respaldado por la Comisión, ni hará parte de las publicaciones oficiales, varios de sus hallazgos sí fueron tenidos en cuenta para el Informe Final.
Según Franco todos los aportes eran válidos “pero sujetos a la discusión”, pues los escritos que se hicieron durante el mandato “no son productos de ningún comisionado, son productos de la Comisión”.