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Esta semana Colombia empezó a conocer el Informe final de la Comisión de la Verdad (CEV). El pasado martes 28 de junio se llevó a cabo la ceremonia de entrega, pero apenas de uno de los diez capítulos que contendrá dicho informe. El documento, que fue entregado de manos del presidente de la Comisión, padre Francisco de Roux, al presidente electo Gustavo Petro, fue el de “Síntesis, hallazgos y recomendaciones”, que recoge en gran medida el trabajo de poco más de tres años de mandato de esa entidad.
Justamente ese martes, Colombia+20 reveló las siete recomendaciones para que la guerra cese, pero sobre todo para que no se repita, entre las que se destacaban crear un Ministerio de la Paz, regular los ascensos de militares, acabar con el prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico y concertar una política de memoria.
Sin embargo, ese capítulo también contiene una serie de hallazgos divididos en once grandes temáticas que incluyen la actuación de las insurgencias, el entramado paramilitar que copó todos los ámbitos de la sociedad, la violencia política, el papel del narcotráfico, las violaciones de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, la impunidad como un factor de persistencia del conflicto e, incluso, su relación con la cultura, entre otras.
“Estos once documentos se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno. Desde la herida de las víctimas que nos tocan a todos como país, pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura”, dice el documento de la CEV.
Cada uno de ellos será ampliado en los otros volúmenes que entregará la Comisión el próximo mes. A continuación, puede ver un compilado de esos hallazgos.
Colombia herida
De los casos recogidos por la Comisión, el 42 % relatan las historias de personas que fueron víctimas varias veces y por distintos hechos durante su vida.
Según la Comisión de la Verdad, tres pasos claves para el esclarecimiento de la verdad y la creación de condiciones para la convivencia y la no repetición fueron reconocer a las víctimas del conflicto, validar socialmente su sufrimiento y la aceptación de las responsabilidades por parte de quienes participaron en el conflicto. De los casos recogidos por la Comisión, el 42 % relatan las historias de personas que fueron víctimas varias veces y por distintos hechos durante su vida. La entidad tuvo más de 50 encuentros con comunidades indígenas, afros, exiliados, campesinos y familiares de personas dadas por desaparecidas, donde buscaron contarle al país cómo la guerra ha impactado la salud y cotidianidad y cuál es el camino para sanar esas heridas.
Por una democracia sin violencia
El conflicto fue principalmente “una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado”.
De acuerdo con los hallazgos del Informe final, el conflicto fue principalmente “una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado”. En ese orden, la política sirvió como un articulador y potenciador de la violencia, que se convirtió en un recurso de sectores tanto de derecha como izquierda para “suprimir a los competidores”.
El documento indica que el afán por el poder político causó que se justificaran acciones violentas, aun si estas iban en detrimento del orden democrático, con tal de hacerle frente al “enemigo”. Tanto así, dice el capítulo, que algunas entidades no tuvieron problema en cometer “todo tipo de violaciones de los derechos humanos e incurrido en actos de corrupción tolerados”. El informe resalta que la democracia colombiana se ha mantenido firme, pese a todo.
Violaciones a los DD. HH. y al DIH
Por primera vez, hay una cifra de cuántas personas perdieron la vida en el conflicto armado. Al cruzar 112 bases de datos, la CEV, la JEP y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones de Derechos Humanos (HRDAG por sus siglas en inglés) pudieron estimar que entre 1986 y 2016 murieron 450.666 personas. La gran mayoría (80 %) eran civiles.
También se estima que el 45 % de estas personas murieron a manos de paramilitares e incluye otros delitos como el secuestro, del que fueron principalmente responsables las Farc, que cobró 50.770 víctimas. Asimismo, el Informe ofrece cifras sobre la dimensión de la desaparición forzada y el desplazamiento forzado, dos crímenes que se acentuaron profundamente en el departamento de Antioquia, con 28.029 y 1′480.596 víctimas, respectivamente.
Insurgencias
La guerra no fue una solución a los problemas estructurales que los grupos insurgentes pretendían combatir mediante la lucha armada; por el contrario, estos “se acrecentaron con el conflicto armado interno”. Así lo determina este apartado, que realiza una cronología del nacimiento de las guerrillas en Colombia y una radiografía de sus estrategias militares, sus formas de financiación y sus entramados con los movimientos sociales y los partidos políticos.
El capítulo plantea, entre otros hallazgos, que los grupos insurgentes ejecutaron graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y que estas se hicieron más agudas con la prolongación del conflicto. También, que las guerrillas buscaron salidas negociadas al conflicto: unas exitosas, como las del M-19, Epl y Quintín Lame, que resultaron en la Asamblea Nacional Constituyente; y otras frustradas, como los del Eln y las Farc en los años 80, que influyeron en el aumento de la confrontación armada. Además, la Comisión determinó que estos grupos trataron de incidir en la vida política mediante su relación con la izquierda legal, pero esto mismo dificultó mantener proyectos civiles autónomos y fue utilizado para estigmatizarla, como el caso de la Unión Patriótica, “partido al que se acusó de supuesta identidad con la guerrilla mientras se llevaba a cabo su exterminio”.
Los entramados del paramilitarismo
La Comisión incluye testimonios que explican que las Auc fueron las autoras materiales del genocidio de la Unión Patriótica, pero que la orden vino directamente de organismos del Estado.
La Comisión determinó que hubo varias modalidades de alianza con la Fuerza Pública para omitir su deber y cometer delitos, como las ejecuciones extrajudiciales. También asegura que el DAS entregó información sobre quienes estaban siendo investigados para que fueran asesinadas. La Comisión incluye testimonios que explican que las Auc fueron las autoras materiales del genocidio de la Unión Patriótica, pero que la orden vino directamente de organismos del Estado.
Además, dedica un espacio a la parapolítica y la relación de los gremios empresariales con el crecimiento de las Autodefensas. La Comisión asegura que el paramilitarismo no fue un simple actor armado, sino “un entramado de intereses y alianzas que logró la imposición de controles territoriales armados por medio del terror y la violencia”.
Conozca aquí los hallazgos sobre cómo “El paramilitarismo fue un actor que permeó a todos los sectores de la sociedad” y por qué “Los actores económicos fueron fundamentales en el paramilitarismo”.
Narcotráfico como protagonista del conflicto armado
“La primera articulación del narcotráfico, antes que con la violencia del conflicto armado, fue con el régimen político”.
La Comisión de la Verdad lo afirma así: “La primera articulación del narcotráfico, antes que con la violencia del conflicto armado, fue con el régimen político. Y no a través de funcionarios y candidatos que se corrompieron, sino ‘imbricado’, es decir, el narcotráfico y la política superpuestos como las tejas en un tejado”. Según sus hallazgos, es evidente que el sistema político y electoral ha promovido “el clientelismo y una creciente corrupción electoral, y ha incentivado la tolerancia frente a la circulación de recursos de dudosa transparencia como base del ejercicio político”.
Por otro lado, la CEV plantea que el narcotráfico se extendió por el campo colombiano, porque con la expansión de los cultivos de coca se reemplazó la reforma agraria que nunca llegó. Además, habla del doble rasero entre las élites sobre el tema del narcotráfico: “Las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico con la “guerra contra las drogas”, focalizándose en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras mantienen relaciones con los traficantes de cocaína.
Conozca aquí El doble discurso de élites con el narcotráfico, según la Comisión de la Verdad
Modelo de seguridad
Involucrar a la Policía en el conflicto armado ha llevado a que en la institución se arraigue la mentalidad de que se combate a un “enemigo interno”, lo que choca con otras labores de las que sí debería encargarse la Policía: la protección de los colombianos. Así lo concluyó la Comisión al estudiar los distintos modelos de seguridad que ha adoptado Colombia, en los que de manera recurrente el Estado ha acudido a las armas para lograr la seguridad, aun cuando esa política ha fracasado.
Para la Comisión, la militarización del Estado ha llevado a políticas que deberían reevaluarse, como la del servicio militar obligatorio. Esa doctrina del “enemigo interno” también guio las labores de los estamentos de inteligencia. “Las agencias de inteligencia infiltraron en diferentes épocas a grupos guerrilleros, pero también a partidos y movimientos políticos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales, cívicas y culturales”, dice el Informe Final.
Lea aquí: La explicación de por qué el modelo de seguridad fracasó en Colombia.
La impunidad como factor de persistencia
“En términos de verdad, debe quedar claro que durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005) se dio la cooptación de la Fiscalía por parte del paramilitarismo”, reza el Informe Final. Ello confirma lo que en ese entonces denunciaban organizaciones: que cooptar órganos de la Rama Judicial era una vía por la que actores armados lograron que graves violaciones de DD. HH. quedaran impunes. Otro camino fue la persecución de los funcionarios judiciales que se atrevieron a investigar. También la militarización de la justicia, que se oficializó con las medidas del Estatuto de Seguridad en la era Turbay, que cercenó las garantías e institucionalizó la tortura.
Encuentre aquí por qué la impunidad fue combustible de la guerra.
“Según los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad, las extradiciones fueron llevadas a cabo por motivos políticos, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas”.
Otra más fue la extradición. La Comisión la define así: “Es una figura jurídica que ha permitido a EE. UU. incidir en todos los gobiernos desde 1979 hasta la fecha”. Para ilustrar su conclusión toman el ejemplo del envío a Norteamérica en 2008 de los jefes paramilitares que, como Salvatore Mancuso y “Jorge 40″, habían entregado las armas justo un año después de que la Corte Suprema comenzara a investigar la parapolítica. “Según los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad, las extradiciones fueron llevadas a cabo por motivos políticos, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas”.
Hacia la paz territorial
El conflicto de tierras no es la única causa compleja del conflicto armado en Colombia, y eso lo reitera el capítulo “Hacia una paz territorial” a lo largo de sus páginas. Sin embargo, el informe le atribuye al modelo de acumulación por desposesión una serie de incapacidades estatales que dieron pie para que se pasara por encima de poblaciones rurales. Los pueblos étnicos y campesinos fueron blanco constante de las decisiones nefastas que permitieron la monopolización en la tierra, para privarles de oportunidades de desarrollo individual o colectivo. La marginación del campo dejó como lección la urgencia de ejecutar procesos de ordenamiento territorial.
Estos son los hallazgos sobre cómo saldar las deudas con el campo para ponerle fin a la guerra.
La relación de cultura y conflicto armado
Los hallazgos en materia de cultura y conflicto develaron que la desigualdad originó una idea del otro visto como enemigo. Por eso, dice el documento, en Colombia aún no existe un “nosotros”.
La exclusión social justificó la violencia y su persistencia se debió en gran parte a imaginarios que reforzaron la desconfianza en el Estado y la cultura de la ilegalidad. Debido a la creencia de que en Colombia existen “ciudadanos de primera y de segunda”, los abusos de las fuerzas armadas legales e ilegales se representaron en actos racistas, machistas y patriarcales. El informe también develó las consecuencias culturales para las víctimas directas y para el grueso del país: desarraigo, pérdida de costumbres y tradiciones de comunidades, especialmente las indígenas, debido a “pacificaciones” (obligarlos a cambiar costumbres espirituales), despojos y masacres.
Lea también: La influencia extranjera en la historia del conflicto armado colombiano
Reconocimiento de responsabilidades
Este capítulo resalta el ejercicio de escucha hacia las víctimas en Colombia y las que están en el exilio, algo inédito en una Comisión de la Verdad en el mundo.
Entre los hallazgos se explica que los espacios de reconocimiento con los responsables de los hechos violentos, algunos realizados en las condiciones más adversas, fueron vitales para generar una conversación nacional, superar los sesgos y partir de un examen crítico sobre la crueldad de la guerra. Además, permitió humanizar al contrario y romper la narrativa entre “buenos y malos”.
El informe señala que fueron un inicio para unir la justicia punitiva y la restaurativa, con la mira puesta en las necesidades de las víctimas, reconocer que los hechos sí ocurrieron y prevenir su repetición. Todo ello con el objetivo de “reconstruir la confianza” de una nación rota.
Lea aquí los hallazgos sobre ¿Cómo superar la narrativa de los buenos y los malos en la guerra?