Mauricio Katz fue el secretario general de la Comisión de la Verdad desde el nacimiento de ese organismo, tras la firma del Acuerdo Final de 2016, hasta su disolución el 28 de agosto de 2022. Fue el encargado de que la entidad funcionara, fue su representante legal y tenía a su cargo la ordenación del gasto y el manejo operativo y ejecutivo. Ahora es el jefe liquidador de ese organismo que tuvo vida por algo más de tres años. Por decreto presidencial debe liquidar todas las operaciones de la Comisión en un plazo de seis meses que vence este 28 de febrero de 2023.
En trámites burocráticos, de esos seis meses solo ha podido trabajar cuatro, con una planta de 50 colaboradores. Ya ha pagado unas 380 obligaciones entre contratos y liquidación de prestaciones sociales (cerca del 95%) y va a poner en venta 142 computadores portátiles, algunas cámaras y grabadoras para devolverle al Estado 1.826 millones de pesos (la Comisión no adquirió bienes muebles ni inmuebles).
Pero hay algo que lo trasnocha. A menos de dos semanas de que termine el plazo que le da el decreto para liquidar la entidad aun faltan varias tareas para garantizar que el fondo documental de la Comisión, organismo que recibió casi 15 mil testimonios de víctimas dentro y fuera del país, de actores del conflicto y hasta de los cinco expresidentes que están vivos y 1.236 informes de organizaciones sociales, quede a buen recaudo. En esta entrevista, Katz explica por qué necesita seis meses para garantizar que ese archivo se preserve para Colombia y para el mundo.
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¿Qué es el fondo documental de la Comisión?
Es tal vez el primer archivo de derechos humanos en Colombia que tiene una dimensión tan grande por la cantidad de documentos que reúne, por el cuidado que se tuvo en la recolección de esos testimonios, por la forma como se clasificaron. Para cada testimonio tenemos el audio, la transcripción, una versión escrita y tenemos unas claves cortas y largas para que en un futuro investigadores puedan acceder a esa cantidad de testimonios.
¿De cuántos testimonios estamos hablando?
La Comisión recibió 14.971 testimonios de 28.580 personas. Algunos de esos fueron colectivos como en el caso de los pueblos étnicos, las comunidades indígenas, las comunidades afro, raizales y palenqueras y las comunidades romm. Recibimos 1.236 informes elaborados por organizaciones sociales, universidades, centros de investigación, que estamos digitalizando. Tenemos un proyecto transmedia al que se puede acceder por la página web. Lo estamos terminando, pero en términos generales son 58.390 archivos de imagen, 16.576 vídeos y 2.929 audios, entre otros. El 90% de esos archivos están colgados ya y fueron entregados mediante una licencia a perpetuidad al Instituto Kroc de la universidad de Notredame, para que se pueda disponer en cualquier parte del mundo de una página web permanente. Esa página web ha tenido más de tres millones de consultas desde que se presentó el informe final. Es una apuesta porque Colombia se convierta en un referente mundial sobre la justicia transicional.
Este archivo va a ser declarado Bien de Interés Público, ya está acordado con el Ministerio de Cultura, ahora Ministerio de las Artes y las Culturas. Tenemos un archivo de derechos humanos que puede entregarse al mundo para su consulta. Esta es la primera Comisión de la Verdad en el mundo que puede entregar una vez finalizado su mandato un archivo organizado, procesado, clasificado, porque en hasta ahora las comisiones de la verdad terminaban su tarea y luego había que reconstruir su archivo para rescatar los testimonios. En el caso colombiano, lo tenemos completamente al día y puede ser entregado de manera inmediata.
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¿Ese archivo tiene la copia espejo o de seguridad?
Esa copia refugio va a cumplir con los estándares internacionales y los protocolos de Naciones Unidas de lucha contra la impunidad en la dimensión del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición. Debe mantener la integridad de la información para que pueda ser usada de manera permanente y que no se afecte por la obsolescencia tecnológica. Estamos tramitando un tratado internacional con la Confederación Suiza -el gobierno de Suiza- que aceptó recibir la copia refugio, pero la recibe con la anuencia del gobierno colombiano.
¿Qué significa tener esa copia refugio en Suiza?
Esperamos a finales de marzo tener este tratado para que podamos entregar una copia refugio de todo el archivo de manera que se garantice a las víctimas que un tercer país va a tener una copia integral y no va a ser afectada por decisiones políticas de gobiernos que quieran, por ejemplo, destruir esos archivos. Este sería el primer archivo de Derechos Humanos completamente digitalizado. Estoy en capacidad de garantizar, a condición de una extensión en el mandato, que entregaremos una copia absolutamente digitalizada.
En Colombia, ¿quién se quedará con el archivo original?
La decisión del Pleno de la Comisión fue entregarle la titularidad del fondo a la Jurisdicción Especial para la Paz, en una apuesta porque pueda constituirse un archivo del proceso de justicia transicional y de construcción de paz en Colombia. La JEP debe garantizar que cuando las entidades vayan a acabarse entreguen sus documentos y tendremos un archivo completo. Colombia es hoy y será una referencia obligada para los procesos de justicia transicional en el mundo por mucho tiempo. El Archivo General de la Nación será quien tenga la responsabilidad de administrar y custodiar, con la tutela de la JEP, el archivo
¿Por qué necesita una extensión de su mandato?
Hemos solicitado al Gobierno Nacional la extensión por seis meses más. Es urgente extenderlo porque vence el 28 de febrero. Tenemos, en físico, 19.626, expedientes, esto equivale a 838.544 folios, ya están 100% organizados y en la tarea de digitalización voy en el 77%. En general, el archivo nuestro, tiene un 80% digital un 20% en papel. Si nos dan la extensión lo entregaremos digitalizado en un 100%. Eso sí, advierto que el papel no se puede romper porque es un archivo de derechos humanos. Hemos tenido peleas, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa, que consideraba que debíamos devolverle o romper los archivos de inteligencia que después de tanta insistencia nos entregaron, pero los protocolos de derechos humanos dicen que no se pueden devolver ni se pueden destruir. Tienen que conservarse, aunque se mantiene la reserva. Ese es el compromiso, no solamente con esos archivos, sino con los testimonios.
Nosotros tenemos 33.568 expedientes que equivalen a 578.000 archivos ya digitalizados. Son aproximadamente 49,72 terabites. Te pongo un símil: un computador personal puede albergar un terabite; el fondo documental nuestro ocuparía 50 computadores completamente llenos de información. De esos hemos procesado, organizado y digitalizado alrededor de 24 computadores. Por eso, desde diciembre hicimos una solicitud al señor Presidente de la República, que ratificamos en enero para tener seis meses más y poder entregar todo el archivo digitalizado.
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¿Qué pasa si no le extienden su mandato?
Pues que entregaríamos documentos sin organizar ni digitalizar. Es como si entregara un backup. Eso significa que el Estado colombiano tendría que empezar de cero y habremos perdido tiempo y la oportunidad de entregar un archivo íntegro y seguro que pueda ser consultado lo más rápido posible para garantizar el derecho a la verdad y el derecho a construir conocimiento sobre la paz.
¿Por qué le dieron tan poco tiempo, si la tarea era tan demandante?
Nosotros preparamos el borrador de decreto cuando todavía existía la Comisión y ahí solicitamos un año, pero entiendo que la Función Pública y el Ministerio de Hacienda quisieron ser estrictos porque en Colombia se sabe cuándo comienzan las liquidaciones comienzan, pero no se sabe cuándo terminan. Hoy mi llamado es angustioso porque si no dan los seis meses no podremos cumplir una misión importante y es que la Comisión de la Verdad entregue su archivo en las mejores condiciones como parte del legado que le deja al país
¿Qué pasará el 28 de febrero si no hay prórroga?
Yo debo apagar los computadores ocho días antes para entregarlos. Pero tendría que grabar las copias de estos 878 mil archivos en discos duros y memorias usb; eso se demora ocho días y eso si dejo los computadores funcionando 24 horas. Es urgente expedir el decreto ya.