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Una serie de interceptaciones telefónicas y la captura de un campero cargado de uniformes de los paramilitares permitieron al Cuerpo Técnico de Investigaciones llegar en mayo de 1998 a un discreto local de la carrera 55 con 45A en Medellín, conocido como el parqueadero Padilla, a pocas calles de la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia.
Aquel sería el comienzo de un caso que fue liderado al principio por Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa, y Gregorio Oviedo, quien tuvo que exiliarse. Ellos desnudarían el entramado financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandadas por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, en plena expansión por Antioquia, Córdoba y los Llanos Orientales. En el lugar se llevaba la contabilidad y las finanzas del grupo por lo menos desde 1995, además se coordinaban envíos de dinero y pertrechos a la mayoría de frentes paramilitares.
En el sitio fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, Lucas, cerebro financiero de las autodefensas. Se hallaron 70 disquetes y libros contables que permitían “desentrañar las redes de apoyo económico de la organización paramilitar que venía en proceso de expansión a sangre y fuego en varias regiones del país”, de acuerdo con un anexo de la Comisión de la Verdad elaborado por el periodista Juan Diego Restrepo, quien reconstruyó la historia del expediente que suma más de 400 mil folios.
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Lucas negó las acusaciones y se fugó pocos meses después de la cárcel de Bellavista en Medellín con ayuda de un fiscal. Se desmovilizó luego de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el proceso de Justicia y Paz, pero dejó de comparecer ante los tribunales. Fue recapturado recién en abril del año pasado y, como lo reveló en exclusiva El Espectador esta semana, durante la indagatoria aceptó que sí manejaba la contabilidad de las autodefensas subordinado a Carlos y Vicente Castaño, lo que había negado dos décadas atrás. Varios de los funcionarios que participaron en la investigación fueron asesinados u obligados a exiliarse.
Desde el allanamiento era evidente que la justicia tenía todos los elementos para esclarecer cómo se impulsó y financió el fenómeno paramilitar. Un funcionario del CTI citado en el documento de la Comisión resumió así el contexto: “Casi toda la sociedad antioqueña estaba permeada por el paramilitarismo, que iba de la mano con el narcotráfico […] el paramilitarismo trabajaba a discreción en todo el departamento; no tenía ningún tipo de resistencia ni de las Fuerzas Armadas ni de la Fiscalía, absolutamente, ni de la clase política. Era impresionante, era como si fuera una sociedad que pasivamente aceptaba el fenómeno”.
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Tras acceder al expediente y analizar miles de folios desordenados en una veintena de cajas, la Comisión de la Verdad determinó que 423 personas naturales y 58 jurídicas fueron mencionadas en la investigación porque consignaron dinero, prestaron sus cuentas, realizaron giros o entregaron cheques a las autodefensas.
En total se relacionan 518 cuentas bancarias de 40 entidades financieras desde donde se habrían girado y recibido dineros que acabaron en las arcas de las Accu, una contabilidad que además se entrecruza con operaciones de lavado de activos para la llamada Oficina de Envigado. Posteriormente la información permitió judicializar a Sor Teresa Gómez, pariente de los hermanos Castaño y cabeza de Funpazcor, una fundación que servía de soporte legal a las Autodefensas en Córdoba.
Sin embargo, “a los titulares de las cuentas bancarias no se les vinculó a la investigación penal como sindicados ni se les decretó medida de aseguramiento”, asegura el documento: “Pasados 23 años del allanamiento, no se ha podido desentrañar el sistema que manejó Soto Toro, Lucas, para administrar la gran cantidad de recursos económicos para financiar varias estructuras ligadas a las Accu”.
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Los registros de la contabilidad encontrados demuestran que se efectuaron alrededor de 30 mil transacciones bancarias entre comienzos de 1995 y abril de 1998. Solo en 1997, esa contabilidad sumó más de $1.000 millones recaudados, que se movían a través de casas de cambio y además ayudaban a lavar dólares de los narcos en un complejo entramado que las autoridades nunca esclarecieron.
El anexo detalló cómo reconocidas empresas de Antioquia, Córdoba y Caldas resultaron implicadas, sin que se les investigara ni juzgara. Entre otras, el informe de la Comisión de la Verdad menciona a Coltejer, Vehicaldas, Caldas Motor, Comfenalco, Distribuidora Toyota y Leonisa. También a más de 400 personas naturales, entre las que se encuentran reconocidos narcotraficantes o personas vinculadas a la mafia, además de ganaderos y empresarios famosos de Antioquia. El listado completo está disponible en las páginas web de la Comisión de la Verdad y El Espectador.
Este es el listado completo de presuntos financiadores de las ACCU que fue publicado por la Comisión de la Verdad:
Debe anotarse que no existen sentencias judiciales contra las personas y empresas mencionadas en el caso, aunque el expediente contiene registros de los pagos que hicieron a las autodefensas. Según el informe de la Comisión, esto es “muestra flagrante del alto nivel de impunidad que ha rodeado la participación de terceros civiles en la financiación de grupos paramilitares en el país”.
Múltiples tropiezos y traslados entre oficinas de Medellín y Bogotá acabaron por empantanar la investigación. Según la Comisión de la Verdad, se perdieron varias de las pruebas, como los disquetes con la contabilidad, y el balance final es que tres factores obraron para que el caso jamás prosperara: una parálisis institucional, una instrumentalización de la investigación judicial y omisiones estratégicas cuyo propósito fue “asegurar, mediante prácticas procesales y administrativas, que este proceso no terminara en identificar plenamente a quienes venían colaborando y financiando a las Accu, y se profirieran acusaciones y sanciones penales en su contra”.
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Conforme al documento, aquello ocurrió porque “para finales de la década del noventa e inicios de la de 2000 había una actitud de la Fiscalía General de la Nación y de sectores de la Procuraduría General de la Nación proclives a favorecer el funcionamiento de las estructuras paramilitares sin mayores alteraciones”.
¿Se trató de extorsiones o financiación voluntaria?
De acuerdo con este documento de la Comisión de la Verdad, el jefe paramilitar Carlos Castaño había declarado en entrevistas que muchos de los aportes que recibieron las ACCU fueron colaboraciones voluntarias.
“Buena parte de los recursos requeridos para el sostenimiento de las ACCU en su proceso de expansión provinieron de por lo menos dos fuentes: aportes voluntarios de los aliados de la causa contrainsurgente y las cuotas por seguridad cobradas a los narcotraficantes”, asegura el anexo, lo que implicaría que “no se estaría frente a un delito de financiamiento de grupos armados ilegales, sino de complicidad. Esa línea de investigación no fue desarrollada en su momento y tampoco años después por los operadores judiciales cuando este caso llegó a los tribunales de Justicia y Paz”.
El documento va más allá: estos civiles no sólo fueron financiadores sino que “convalidaron y, en muchos casos, promovieron esa solución armada ilegal porque se beneficiaban de ella en múltiples sentidos”.
