Esto dice el primer informe de seguimiento a recomendaciones de Comisión de la Verdad
Tras un año de la presentación del informe de la entidad, el Comité de Seguimiento a la implementación de las recomendaciones entregó su primer balance. Le contamos los puntos claves.
Este miércoles el Comité de Seguimiento, una instancia que debe seguir la implementación de las recomendaciones consignadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), dio a conocer su primer informe con un balance de cumplimiento a medias.
El documento llega 1 año y un mes después de que la Comisión entregara su Informe Final, tal como estaba estipulado en el Acuerdo de Paz, para dar a conocer al país la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las causas de hechos victimizantes ocurridos durante 50 años de guerra en Colombia.
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El informe se centra especialmente en los artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado en la legislatura pasada, que tienen relación con las recomendaciones, la agenda legislativa que también va en ese sentido y otras acciones llevadas a cabo en los últimos tres meses.
La presentación empezó a las 8:30 de la mañana en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá, con presencia de seis de los siete miembros del Comité: Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres; Angelika Rettberg, investigadora de la Universidad de los Andes y exnegociadora con el ELN; Julia Eva Cogollo, lideresa afro del Caribe; Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo; Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), y Dorys Ardila, docente exiliada y vocera de derechos humanos en el exterior. Armando Wouriyu Valbuena, líder indígena guajiro y presidente del Comité no estuvo presente por compromisos en Chocó.
“Las recomendaciones son obligatorias desde el punto de vista moral y ético para el país. Otras más lo son de manera jurídica. El país debe acogerlas. Estamos intentando actuar como defensoría de las recomendaciones y no solo como una medidor de los resultados”, explicó Romero en el evento.
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A la presentación del informe también asistió el expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Luz Janeth Forero; el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Raúl Vidal; la excomisionada de la verdad y actual directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón; representantes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; entre otras personalidades.
¿Qué temas aborda el informe?
Lo primero que se aborda es el hundimiento en mayo pasado del denominado “artículo 8″ del PND con el que se buscaba que las entidades del Gobierno acogieran “progresivamente” las recomendaciones del Informe Final. El artículo desató una discusión álgida en el Congreso de la República, pero en la conciliación entre Senado y Cámara resultó hundida tras pasar por la conciliación de los ponentes.
Aunque para varios observadores se trataba apenas de que las entidades se tomaran en serio la puesta en marcha de las sugerencias, otros criticaron que se buscaba volver obligatorio su cumplimiento.
“Se sugirió que este artículo integraría automáticamente todas las recomendaciones de la CEV al ordenamiento legal y constitucional, pero tanto la propuesta del Comité de Seguimiento como la del Gobierno Nacional fueron cuidadosas al precisar que la adopción de las recomendaciones se efectuaría dentro del marco de competencia de cada institución y bajo criterios de viabilidad, capacidad y progresividad”, dice el informe.
Entre las 67 propuestas de la Comisión hay temas sensibles como cambiar la forma de elección del fiscal general, privilegiar el juzgamiento en tribunales nacionales sobre la extradición o pasar la Policía al Ministerio del Interior.
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En su momento, el Comité de Seguimiento rechazó la exclusión de ese artículo, pero reconoció el esfuerzo del Gobierno porque se diera blindaje al proceso. L
Lo mismo hace en este informe y dice que “reconocer la voluntad del gobierno para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad” y afirma que “la ausencia del artículo 8 en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no ha mermado este compromiso”.
¿Qué recomendaciones quedaron en el Plan de Desarrollo?
El informe del Comité también destaca la inclusión de varias recomendaciones que dividieron en siete subtemas. En construcción de paz, se afirma que se puso especial énfasis en las garantías a la seguridad de los excombatientes de las FARC que firmaron el Acuerdo de La Habana, el fortalecimiento del rol del Consejo Nacional de Paz y dar prioridad al diálogo para poner fin a la confrontación armada, una tarea que el Gobierno de Gustavo Petro ha tratado de adelantar a través de su política de Paz Total.
También está el subtema de víctimas, donde destacan el establecimiento de una política de memoria y el fomento de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También sobre el narcotráfico, existen recomendaciones incluidas en el PND sobre el tránsito hacia una regulación legal con enfoque de derechos humanos y salud pública.
Además, se pone de presente la nueva visión sobre seguridad, también con enfoque en DD. HH, especialmente en las zonas rurales y de frontera. En el apartado de población LGBTIQ+ se destaca el diseño e implementación de un mecanismo para, entre otras cosas, atender y prevenir violencias contra personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas. En el subtema de Paz Territorial, hay avances en la estrategia para quitar el monopolio y la concentración de la tierra y un plan de choque para avanzar en la restitución, entre otros
“Dichas recomendaciones se deberán materializar a través de políticas en el marco de este Plan, e incluir sus indicadores en las herramientas técnicas necesarias para monitorear de manera rigurosa su implementación”, dice el Comité.
Las recomendaciones parcialmente incluidas
Según el informe del Comité, hay recomendaciones que sí llegaron a estar en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que o bien requieren de un incremento presupuestal o “no se mencionan explícitamente los recursos necesarios para su ejecución”.
Entre ellas están: el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos, el reconocimiento del sujeto campesino y de las de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). También los programas de rehabilitación e indemnización de víctimas miembros de la fuerza pública y la recomendación 22, que desarrolla temas sobre la estigmatización por parte de los servidores públicos.
“Hacemos un llamado de atención para que se asignen los recursos necesarios a todas las recomendaciones de la CEV vinculadas con esta transformación, siempre considerando la viabilidad fiscal, para asegurar su total cumplimiento”.
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Hay otras recomendaciones que, teniendo presupuesto, no se ha concebido el instrumento para ejecutarla como la puesta en marcha de un sistema de información con datos sobre las órdenes de las sentencias de restitución y la del Catastro Multipropósito.
Lo que no quedó en el PND
“Se encontró que, en el texto final, conciliado entre el Senado y la Cámara de Representantes, se incorporaron 14 recomendaciones, lo que representa un 20.89 % del total. Así, quedaron por fuera del PND 53 recomendaciones, es decir el 79.10 % del total”, dice el informe.
El documento afirma que no se identificaron dentro del PND recomendaciones vinculadas a temas de “impunidad, acceso a la justicia, transformaciones culturales y narcotráfico”. Por ejemplo, dice que no se incluyó cambios en la forma de la elección del fiscal, la creación del Ministerio para la Paz y la Reconciliación. Sobre este punto, el Comité da como recomendación que: “Si la creación de esta entidad estatal no es posible, el Ministerio de la Igualdad podría asumir funciones relacionadas con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”.
También hace énfasis en la actualización de la Ley de Víctimas, la reforma política -cuyo proyecto se retiró de la pasada legislatura-, leyes que mejoren el acceso a la justicia.
Así mismo, se habla de cómo reglamentar el control y comercio de armas y de la educación para una cultura de paz a partir de una estrategia pedagógica, que incluya contribuciones a la cultura de paz desde los medios de comunicación y comunidades de fe.
“En cuanto al poder judicial su compromiso con la implementación de las recomendaciones no es clara, ya que los avances en materia de justicia han sido liderados principalmente por 9 el Ministerio correspondiente. Este ministerio ha propuesto programas de formación para los operadores de justicia y ha promovido mecanismos de acceso a la justicia con un enfoque diferencial”, se afirma.
El informe también da cuenta de cuáles son los sectores gubernamentales que más tienen bajo su tutela la implementación de las recomendaciones del Informe Final.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) encabeza la lista con 35 recomendaciones, seguido por el sector del Interior con 31 y Defensa con 29. Los sectores con menos agrupaciones de recomendaciones son Salud y Comercio y Estadística con una sola agrupación de recomendaciones cada uno.
Además, se disgrega por los partidos políticos que más han radicado proyectos de ley relacionados con la implementación de las recomendaciones. En su orden, y con base en la legislatura pasada, el Pacto Histórico está a la cabeza con 27 proyectos, seguido del Partido Liberal con 21, Alianza Verdad con 20, Comunes (partido de los excombatientes de las FARC y que nació tras la firma del Acuerdo de Paz) con 17 y el Partido de la U con 13.
Además: Las pugnas de María Gaitán en el Centro Nacional de Memoria Histórica
La mayoría de los proyectos han versado sobre recomendaciones para una transformación del régimen político y de participación, paz territorial, construcción de paz, narcotráfico, seguridad, lucha contra la impunidad, víctimas y la difusión del Informe Final.
Justamente sobre el estado de los proyectos en el Legislativo, el informe muestra los cambios en las votaciones de la Ley de Paz Total, la jurisdicción agraria, el cannabis de uso adulto, las reformas laboral, a la salud, a las pensiones y al código electoral, la creación del Ministerio de la Igualdad y la ley de sometimiento a la justicia.
Como algunos de esos proyectos no fueron aprobados o fueron archivados o retirados, el Comité afirma que aunque cuando hay voluntad para la implementación, el Gobierno no ha logrado victorias en el Congreso.
“Se puede observar un desfase entre la implementación legislativa de las recomendaciones y las expectativas iniciales sobre la relevancia que este gobierno les otorgaría. A pesar de contar con una variedad de proyectos de ley que integran las recomendaciones de la Comisión, es claro que la agenda legislativa en torno a estos temas está en un punto muerto, con un número significativo de proyectos que no han progresado más allá de la fase de radicación o primer debate.”
Finalmente, el Comité insta no solo al Gobierno, organizaciones y entidades territoriales, sino a la población a generar espacios para la difusión y apropiación del Informe Final.
“Se busca fomentar el conocimiento, el debate público, la apropiación social e institucional, y el desarrollo de planes de acción basados en agenda propuesta, con el fin de consolidar la paz, establecer una base sólida de no repetición de lo ocurrido y situar a los derechos humanos como el pilar fundamental del nuevo país”, indica.
Este miércoles el Comité de Seguimiento, una instancia que debe seguir la implementación de las recomendaciones consignadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (CEV), dio a conocer su primer informe con un balance de cumplimiento a medias.
El documento llega 1 año y un mes después de que la Comisión entregara su Informe Final, tal como estaba estipulado en el Acuerdo de Paz, para dar a conocer al país la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las causas de hechos victimizantes ocurridos durante 50 años de guerra en Colombia.
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El informe se centra especialmente en los artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado en la legislatura pasada, que tienen relación con las recomendaciones, la agenda legislativa que también va en ese sentido y otras acciones llevadas a cabo en los últimos tres meses.
La presentación empezó a las 8:30 de la mañana en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá, con presencia de seis de los siete miembros del Comité: Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres; Angelika Rettberg, investigadora de la Universidad de los Andes y exnegociadora con el ELN; Julia Eva Cogollo, lideresa afro del Caribe; Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo; Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), y Dorys Ardila, docente exiliada y vocera de derechos humanos en el exterior. Armando Wouriyu Valbuena, líder indígena guajiro y presidente del Comité no estuvo presente por compromisos en Chocó.
“Las recomendaciones son obligatorias desde el punto de vista moral y ético para el país. Otras más lo son de manera jurídica. El país debe acogerlas. Estamos intentando actuar como defensoría de las recomendaciones y no solo como una medidor de los resultados”, explicó Romero en el evento.
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A la presentación del informe también asistió el expresidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, Luz Janeth Forero; el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Raúl Vidal; la excomisionada de la verdad y actual directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón; representantes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia; entre otras personalidades.
¿Qué temas aborda el informe?
Lo primero que se aborda es el hundimiento en mayo pasado del denominado “artículo 8″ del PND con el que se buscaba que las entidades del Gobierno acogieran “progresivamente” las recomendaciones del Informe Final. El artículo desató una discusión álgida en el Congreso de la República, pero en la conciliación entre Senado y Cámara resultó hundida tras pasar por la conciliación de los ponentes.
Aunque para varios observadores se trataba apenas de que las entidades se tomaran en serio la puesta en marcha de las sugerencias, otros criticaron que se buscaba volver obligatorio su cumplimiento.
“Se sugirió que este artículo integraría automáticamente todas las recomendaciones de la CEV al ordenamiento legal y constitucional, pero tanto la propuesta del Comité de Seguimiento como la del Gobierno Nacional fueron cuidadosas al precisar que la adopción de las recomendaciones se efectuaría dentro del marco de competencia de cada institución y bajo criterios de viabilidad, capacidad y progresividad”, dice el informe.
Entre las 67 propuestas de la Comisión hay temas sensibles como cambiar la forma de elección del fiscal general, privilegiar el juzgamiento en tribunales nacionales sobre la extradición o pasar la Policía al Ministerio del Interior.
Puede interesarle: Doce revelaciones sobre el conflicto armado que hizo la Comision de la Verdad
En su momento, el Comité de Seguimiento rechazó la exclusión de ese artículo, pero reconoció el esfuerzo del Gobierno porque se diera blindaje al proceso. L
Lo mismo hace en este informe y dice que “reconocer la voluntad del gobierno para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad” y afirma que “la ausencia del artículo 8 en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no ha mermado este compromiso”.
¿Qué recomendaciones quedaron en el Plan de Desarrollo?
El informe del Comité también destaca la inclusión de varias recomendaciones que dividieron en siete subtemas. En construcción de paz, se afirma que se puso especial énfasis en las garantías a la seguridad de los excombatientes de las FARC que firmaron el Acuerdo de La Habana, el fortalecimiento del rol del Consejo Nacional de Paz y dar prioridad al diálogo para poner fin a la confrontación armada, una tarea que el Gobierno de Gustavo Petro ha tratado de adelantar a través de su política de Paz Total.
También está el subtema de víctimas, donde destacan el establecimiento de una política de memoria y el fomento de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. También sobre el narcotráfico, existen recomendaciones incluidas en el PND sobre el tránsito hacia una regulación legal con enfoque de derechos humanos y salud pública.
Además, se pone de presente la nueva visión sobre seguridad, también con enfoque en DD. HH, especialmente en las zonas rurales y de frontera. En el apartado de población LGBTIQ+ se destaca el diseño e implementación de un mecanismo para, entre otras cosas, atender y prevenir violencias contra personas con identidades de género u orientaciones sexuales diversas. En el subtema de Paz Territorial, hay avances en la estrategia para quitar el monopolio y la concentración de la tierra y un plan de choque para avanzar en la restitución, entre otros
“Dichas recomendaciones se deberán materializar a través de políticas en el marco de este Plan, e incluir sus indicadores en las herramientas técnicas necesarias para monitorear de manera rigurosa su implementación”, dice el Comité.
Las recomendaciones parcialmente incluidas
Según el informe del Comité, hay recomendaciones que sí llegaron a estar en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que o bien requieren de un incremento presupuestal o “no se mencionan explícitamente los recursos necesarios para su ejecución”.
Entre ellas están: el programa integral de garantías para mujeres lideresas y defensoras de Derechos Humanos, el reconocimiento del sujeto campesino y de las de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). También los programas de rehabilitación e indemnización de víctimas miembros de la fuerza pública y la recomendación 22, que desarrolla temas sobre la estigmatización por parte de los servidores públicos.
“Hacemos un llamado de atención para que se asignen los recursos necesarios a todas las recomendaciones de la CEV vinculadas con esta transformación, siempre considerando la viabilidad fiscal, para asegurar su total cumplimiento”.
Lea: Así será la jornada educativa para no olvidar el legado de la Comisión de la Verdad
Hay otras recomendaciones que, teniendo presupuesto, no se ha concebido el instrumento para ejecutarla como la puesta en marcha de un sistema de información con datos sobre las órdenes de las sentencias de restitución y la del Catastro Multipropósito.
Lo que no quedó en el PND
“Se encontró que, en el texto final, conciliado entre el Senado y la Cámara de Representantes, se incorporaron 14 recomendaciones, lo que representa un 20.89 % del total. Así, quedaron por fuera del PND 53 recomendaciones, es decir el 79.10 % del total”, dice el informe.
El documento afirma que no se identificaron dentro del PND recomendaciones vinculadas a temas de “impunidad, acceso a la justicia, transformaciones culturales y narcotráfico”. Por ejemplo, dice que no se incluyó cambios en la forma de la elección del fiscal, la creación del Ministerio para la Paz y la Reconciliación. Sobre este punto, el Comité da como recomendación que: “Si la creación de esta entidad estatal no es posible, el Ministerio de la Igualdad podría asumir funciones relacionadas con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”.
También hace énfasis en la actualización de la Ley de Víctimas, la reforma política -cuyo proyecto se retiró de la pasada legislatura-, leyes que mejoren el acceso a la justicia.
Así mismo, se habla de cómo reglamentar el control y comercio de armas y de la educación para una cultura de paz a partir de una estrategia pedagógica, que incluya contribuciones a la cultura de paz desde los medios de comunicación y comunidades de fe.
“En cuanto al poder judicial su compromiso con la implementación de las recomendaciones no es clara, ya que los avances en materia de justicia han sido liderados principalmente por 9 el Ministerio correspondiente. Este ministerio ha propuesto programas de formación para los operadores de justicia y ha promovido mecanismos de acceso a la justicia con un enfoque diferencial”, se afirma.
El informe también da cuenta de cuáles son los sectores gubernamentales que más tienen bajo su tutela la implementación de las recomendaciones del Informe Final.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) encabeza la lista con 35 recomendaciones, seguido por el sector del Interior con 31 y Defensa con 29. Los sectores con menos agrupaciones de recomendaciones son Salud y Comercio y Estadística con una sola agrupación de recomendaciones cada uno.
Además, se disgrega por los partidos políticos que más han radicado proyectos de ley relacionados con la implementación de las recomendaciones. En su orden, y con base en la legislatura pasada, el Pacto Histórico está a la cabeza con 27 proyectos, seguido del Partido Liberal con 21, Alianza Verdad con 20, Comunes (partido de los excombatientes de las FARC y que nació tras la firma del Acuerdo de Paz) con 17 y el Partido de la U con 13.
Además: Las pugnas de María Gaitán en el Centro Nacional de Memoria Histórica
La mayoría de los proyectos han versado sobre recomendaciones para una transformación del régimen político y de participación, paz territorial, construcción de paz, narcotráfico, seguridad, lucha contra la impunidad, víctimas y la difusión del Informe Final.
Justamente sobre el estado de los proyectos en el Legislativo, el informe muestra los cambios en las votaciones de la Ley de Paz Total, la jurisdicción agraria, el cannabis de uso adulto, las reformas laboral, a la salud, a las pensiones y al código electoral, la creación del Ministerio de la Igualdad y la ley de sometimiento a la justicia.
Como algunos de esos proyectos no fueron aprobados o fueron archivados o retirados, el Comité afirma que aunque cuando hay voluntad para la implementación, el Gobierno no ha logrado victorias en el Congreso.
“Se puede observar un desfase entre la implementación legislativa de las recomendaciones y las expectativas iniciales sobre la relevancia que este gobierno les otorgaría. A pesar de contar con una variedad de proyectos de ley que integran las recomendaciones de la Comisión, es claro que la agenda legislativa en torno a estos temas está en un punto muerto, con un número significativo de proyectos que no han progresado más allá de la fase de radicación o primer debate.”
Finalmente, el Comité insta no solo al Gobierno, organizaciones y entidades territoriales, sino a la población a generar espacios para la difusión y apropiación del Informe Final.
“Se busca fomentar el conocimiento, el debate público, la apropiación social e institucional, y el desarrollo de planes de acción basados en agenda propuesta, con el fin de consolidar la paz, establecer una base sólida de no repetición de lo ocurrido y situar a los derechos humanos como el pilar fundamental del nuevo país”, indica.