La propuesta de incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que desató una discusión álgida en el Congreso de la República, resultó hundida tras pasar por la conciliación de los ponentes del Senado y la Cámara de Representantes.
A pesar de la decisión del Legislativo, es claro que las recomendaciones de la Comisión no debían quedar necesariamente en el PND, sin desconocer que aparecer en el documento aseguraba recursos y blindaje para su implementación.
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“Lamentamos la decisión de la Comisión de Conciliación del Congreso de excluir el artículo 8 del PND, cuya filosofía era la de activar una voluntad de acción de las instituciones del Gobierno Nacional, en el marco de sus actuales competencias institucionales y legales, así como de su implementación progresiva según su viabilidad y capacidades, para afrontar las problemáticas de la sociedad colombiana que han causado y que siguen generando un universo de milones de víctimas”, expresó en un comunicado el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Lo que pretendía el Gobierno Petro era que en su PND -la hoja de ruta de su administración- se aprobara el artículo 8, que indicaba lo siguiente: “Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva,según su viabilidad, competencias y capacidades”.
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Aunque para varios observadores se trataba apenas de que las entidades se tomaran en serio la puesta en marcha de las sugerencias, otros criticaron que se buscaba volver obligatorio su cumplimiento. Entre las 67 propuestas de la Comisión hay temas sensibles como cambiar la forma de elección del Fiscal General, privilegiar el juzgamiento en tribunales nacionales sobre la extradición o pasar la Policía al Ministerio del Interior.
Cuando el artículo llegó a discusión en el Senado, la decisión mayoritaria fue hundirlo. Horas después, fue aprobado por la Cámara de Representantes con una modificación que bajó la tensión entre los congresistas: que las recomendaciones se acogerían “de conformidad con las disposiciones y limitaciones establecidas en la Constitución Política y las leyes vigentes”.
Con el voto de una corporación a favor y el de otra en contra, la discusión se revivió. El exjefe negociador de paz y hoy senador Humberto de la Calle le quitó su respaldo al artículo argumentando que varias recomendaciones “son desarrollos posteriores al Acuerdo y deberían tramitarse por leyes o decretos e incluso discutirse de manera abierta”, por lo que “no pueden ser vinculantes”.
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A través de Twitter, el profesor Rodrigo Uprimny le respondió a De la Calle que, con la modificación hecha en Cámara, las entidades no tendrían obligación de acoger e implementar las recomendaciones. “Podría rechazarla si juzga que no es viable o desconoce limitaciones normativas. Su obligación era pues analizarla en serio para ver su viabilidad material y jurídica... Sin imponer su cumplimiento, obliga a tomarlas en serio. La autoridad que no quiera cumplirlas debería justificar por qué no lo hace. Ese debate democrático es sano”, dijo.
Al llamado de Uprimny se sumaron varias organizaciones de víctimas y derechos humanos, e incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“En su Informe Anual 2022, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos insta al Estado a incorporar en las políticas públicas existentes y futuras las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Instamos al Congreso a considerar esta recomendación”, indicó ONU Derechos Humanos.
Sin embargo, tras pasar la conciliación de ambas corporaciones en la madrugada de este viernes, el artículo 8 quedó sin vida.
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Se hundió el artículo del PND, pero no las recomendaciones
Aunque las sugerencias de la Comisión de la Verdad no quedaron en el Plan de Desarrollo, esto no significa que las entidades del Estado no puedan trabajar para cumplirlas. De hecho, 11 de las 67 sugerencias ya están siendo implementadas por el Gobierno Petro.
Además, 40 de estas propuestas están incluidas en el Acuerdo de Paz, que el presidente se comprometió a cumplir, y hay algunas de largo plazo que van más allá del actual cuatrienio.
Se trata de una parte central de los tres años y medio de trabajo de la Comisión, que no solo pretendía esclarecer los principales hechos que ha dejado el paso de la guerra en el país, sino formular recomendaciones para la no repetición del conflicto.
En su informe final, la entidad incluyó un apartado de sugerencias dirigidas a la sociedad civil, al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a otros sectores. En total, son nueve subcapítulos de recomendaciones, que siguen cobrando vigencia bajo la ola de violencia que aún se vive en el país y, sobre todo, de cara a la política de Paz Total que pretende ponerle fin a la guerra.