En un comunicado público difundido hoy 3 de mayo el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad rechazó la decisión del Senado de la República que dejó por fuera el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo que incluía dichas recomendaciones como una directriz para las instituciones del país.
“El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad exhorta al Congreso de la República a aprobar el artículo 8 en el Plan Nacional de Desarrollo como un paso importante para honrar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz y en las implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, se lee en el comunicado.
El pronunciamiento asegura que estas recomendaciones “apuntan a la protección de la vida como valor fundamental, a consolidar la paz como eje articulador de la acción del Estado, a superar las formas de victimización y discriminación que han producido un universo cercano a los 10 millones de víctimas, a superar la impunidad, cualificar el sistema democrático y a construir la paz territorial”.
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También puntualizan que dichas recomendaciones son imprescindibles para garantizar la no repetición del conflicto armado.
Entre tanto, la Mesa por la Verdad, una confluencia de organizaciones aliadas al legado de la Comisión de la Verdad, emitió un comunicado en el que rechazan la decisión del Senado y llamaron públicamente a “la plenaria de la Cámara de Representantes de la República y, posteriormente, a ambas cámaras en conciliación, a aprobar el artículo 8 y garantizar que las voces de miles organizaciones, víctimas, expertas, expertos, líderes y lideresas que participaron en el proceso de construcción de las recomendaciones sean respetadas”.
El documento que ya ha sido firmado por más de 300 organizaciones y por lo menos 900 personas, indica que el Informe final de la Comisión es un bien público y sus recomendaciones surgen de “un análisis profundo sobre lo ocurrido durante años de violencia de más de 1.000 informes entregados por sociedad civil, cerca de 30.000 personas entrevistadas y una escucha sobre lo que es necesario para la no repetición”.
Y resaltan que no todas las recomendaciones están dirigidas al Gobierno ni al Estado y hay varias que recaen sobre la sociedad en general, teniendo en cuenta la afectación generalizada del conflicto armado. Insisten en que el artículo propuesto en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo “no es una imposición a las entidades del orden nacional sobre las cuales recaen las recomendaciones del informe final, sino un acogimiento de estas de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades”.
La polémica se desató además en redes sociales porque el senador Humberto de la Calle declaró durante la plenaria que la Comisión de la Verdad “no tendría efectos judiciales”, lo que es cierto, pero luego agregó que “no haría recomendaciones”.
Varios ex comisionados de la verdad que participaron de la elaboración del Informe Final, como Alejandra Miller, le recordaron en redes sociales al senador De la Calle que el decreto 588 de 2017 con el que se creó la Comisión ordenaba explícitamente que esta entidad debía plantear una serie de recomendaciones con miras a que no se repitieran los factores que dieron origen al conflicto armado “incluyendo garantías de no repetición”, según se lee textualmente en el decreto.
Las organizaciones sociales también señalaron que, según las normas vigentes, la Comisión de la Verdad debía elaborar un informe que incluyera recomendaciones para la no repetición. Dicho decreto también regula la creación de un Comité de Seguimiento a dichas recomendaciones. “Por consiguiente, no es cierto que la Comisión no tenía competencia para realizar recomendaciones para la no repetición”.
Y hacen hincapié en que “el informe de la Comisión demuestra que, por omisión o acción, la estructura y la funcionalidad del Estado fue funcional a la violencia y por consiguiente debe modificarse en lo que corresponda”.
Algunas de las recomendaciones formuladas por la Comisión causaron revuelo entre ciertos sectores políticos porque proponen, por ejemplo, que se modifique la forma de elección del Fiscal General de la Nación o que se separe a la Policía del Ministerio de Defensa.
Marta Ruiz, también ex comisionada de la verdad, declaró que es muy importante que la Cámara apruebe el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, pues según su criterio “no rompe el ordenamiento jurídico, no obliga a implementar todas las recomendaciones sino de manera progresiva las que corresponden al Gobierno Nacional. Ese fue el compromiso del presidente Gustavo Petro en su posesión”.
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No obstante, el artículo 8 del Plan Nacional de Desarrollo que recoge las recomendaciones de la Comisión de la Verdad aún no está descartado, pues la Cámara de Representantes puede votarlo a favor en su plenaria y así tendría que ir a una conciliación con el Senado en un siguiente debate.
Ruiz agregó que es “muy importante que los amigos del legado de la Comisión, los aliados, cooperantes, las organizaciones de víctimas, le escriban urgentemente hoy a la Cámara de Representantes para que se apruebe este artículo”. Además agregó que dichas recomendaciones fueron construidas con las víctimas y están en armonía con todas las pretensiones de cambio del Gobierno: “refuerzan el Acuerdo de Paz y las garantías de derechos, es muy importante que muchas voces defiendan ese artículo para que quede con vida [en el Congreso]”.
Cabe recordar que fue Gustavo Petro, como presidente electo, quien recibió las recomendaciones de la Comisión que se entregaron al país el pasado 28 de junio. Incluso, en su discurso de posesión el mandatario afirmó: “Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad”.