Un grupo de siete personas que conforman el Comité de Seguimiento es el encargado de monitorear el cumplimiento de las recomendaciones entregadas por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). En un periodo de siete años, que inició en agosto del 2022, este equipo entregará informes sobre los avances legislativos para la implementación de las recomendaciones.
La CEV agrupó las 67 recomendaciones en nueve subcapítulos, las cuales fueron construidas tras la sistematización de 14.971 testimonios de más de 30 mil personas que la entidad escuchó de diferentes sectores de la sociedad dentro y fuera del país.
Les contamos cuáles son los avances identificados en cada uno de estos capítulos que se han realizado desde el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso de la República el artículo que establecía la competencia de las instituciones del Estado para su cumplimiento.
Democracia
La Comisión recomendó profundizar en la democracia y garantizar el ejercicio de la política libre de violencia, en especial para líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes y opositores políticos.
Sin embargo, la expansión y el control territorial de varios grupos armados ilegales han perpetuado la violencia contra los liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos. Según registros de Indepaz, en lo corrido del 2023 han asesinado a 78 líderes sociales y 17 firmantes de paz.
Víctimas y memoria
Las recomendaciones sobre este tema apuntan a preservar y asegurar su memoria, continuar el reconocimiento de responsabilidades que inició la Comisión y garantizar su reparación e indemnización.
Estas acciones se desarrollarían en espacios como el Museo Nacional de la Memoria, que por ahora está bajo la administración del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Esa entidad aún no ha incluido las conclusiones del Informe final de la Comisión en dicho museo. Además, las recomendaciones del Informe final especifican que el legado de la CEV también debe estar accesible en una exposición permanente en ese museo, que sigue en construcción, en medio de denuncias de fallas en su estructura.
La Comisión también recomendó hacer modificaciones a la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras). El próximo 20 de julio se radicará el proyecto con el que se busca “mejor atención a las víctimas, acceso más efectivo y una actualización de la ley que fue hecha antes del Acuerdo de Paz”, según el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Lea también: “No podemos conformarnos con una paz chiquita”, Francisco de Roux
Territorios rurales
La Comisión recomendó garantizar su gobernanza, revertir la exclusión de la que han sido objeto, reconocer sus aportes a la sociedad colombiana, proponer una política social para esas comunidades y prevenir el despojo del que muchas personas en la ruralidad han sido víctimas.
El pasado 13 de junio el Congreso aprobó la modificación del artículo 64 de la Constitución para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Ese mismo día, el Senado aprobó el acto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, cuyo objetivo es garantizar el acceso efectivo a la justicia en zonas rurales y proteger al campesinado, víctimas del conflicto y grupos étnicos.
Cultura de paz
La Comisión propuso que el Estado cree una estrategia para promover la cultura de paz con campañas, encuentros y fortaleciendo prácticas culturales afectadas por el conflicto armado. Plantea que se facilite el acceso a la educación, en particular en zonas rurales. Se recomienda capacitar redes docentes y que los manuales de convivencia y currículos escolares contribuyan a la consolidación de esa cultura de paz. Hay acciones como la campaña La escuela abraza la verdad, pero no es obligatorio adoptar esta recomendación en los instituciones educativas.
Defensa
La Comisión recomendó liderar una reforma al sector defensa en Colombia, ponerles controles estrictos a las actividades de inteligencia, vigilar los ascensos de militares y policías denunciados por violaciones a derechos humanos y eliminar el servicio militar obligatorio. Esta última reforma fue hundida por el Congreso el año pasado.
En contexto: Las pugnas de María Gaitán en el Centro Nacional de Memoria Histórica
Narcotráfico
La Comisión recomendó que el Estado colombiano debe liderar un debate internacional que cambie el paradigma de lucha hacia la regulación, eliminar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y renunciar definitivamente al uso del glifosato para combatirlos.
En su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro mostró una postura crítica sobre cómo se ha llevado la guerra contra las drogas, que solo ha generado más violencia y deforestación en regiones como la Amazonia. “Les propongo acabar con la irracional guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”, fueron sus palabras. Ese cambio de política sigue pendiente de materializarse.
Impunidad
Una de las recomendaciones es que en los casos de personas solicitadas en extradición por graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH se privilegie su investigación en Colombia, siempre y cuando hagan contribuciones que garanticen el derecho de las víctimas.
Construcción de paz
La Comisión recomendó impulsar la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, crear incentivos para la negociación con el ELN y materializar la política pública para desmantelar a los grupos herederos del paramilitarismo.
Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda, se adelantan acercamientos y diálogos con siete grupos armados ilegales, incluyendo bandas criminales urbanas, disidencias de las antiguas FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Con el ELN se está avanzando en los protocolos para un cese al fuego bilateral de 180 días e iniciar, en agosto, la cuarta fase del proceso de diálogo.
Lea: Así será la jornada educativa para no olvidar el legado de la Comisión de la Verdad
Legado de la Comisión
Las recomendaciones están dirigidas a gestores culturales, medios de comunicación y otros agentes con influencia sobre la sociedad para que se apropien, den a conocer, difundan y les den continuidad a los procesos asociados al trabajo de la Comisión de la Verdad que quedan como el legado para Colombia.
Cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil, academia, instituciones nacionales y cooperación internacional conforman la red de aliados de la Comisión de la Verdad. Desde allí, han realizado diversos esfuerzos basados en pedagogía y reflexión de los hallazgos y recomendaciones del Informe final.