Reformar elección del fiscal y limitar extradiciones recomienda el Informe Final
La Comisión de la Verdad propone que en los casos de personas solicitadas en extradición por graves violaciones de derechos humanos o infracciones al DIH se privilegie su investigación en Colombia, siempre y cuando hagan contribuciones que garanticen el derecho de las víctimas.
Reformar la elección del fiscal general y limitar la extradición para priorizar las investigaciones en Colombia son dos de las recomendaciones claves que la Comisión de la Verdad le entrega al país este martes en la presentación de su Informe Final. El Espectador tuvo acceso al último borrador del capítulo de recomendaciones en materia de administración de la justicia, y si bien el documento oficial tendrá algunas modificaciones, la Comisión de la Verdad se mantiene en un punto central de este apartado: superar la impunidad judicial en los casos de violación a los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), e ir más allá de lo penal para fortalecer los procesos de justicia local.
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En el documento, la entidad que dirige el padre Francisco de Roux es tajante en que la justicia ha enfrentado obstáculos, como la violencia proveniente de actores ilegales, pero también la efectuada por el propio Estado y los entramados de corrupción. Si bien el Acuerdo de Paz creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para enfrentar las violaciones a los derechos humanos y los quebrantos al DIH, esta “solo tiene competencia por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, y se enfrenta al obstáculo de carecer de facultades para investigar y sancionar a actores no combatientes (terceros civiles) que no se sometan a su jurisdicción de manera voluntaria”, recalca la institución. En ese sentido, manifiesta en el borrador que la investigación de agentes no combatientes en el conflicto armado se ha encontrado obstaculizada por la inadecuada investigación en la justicia ordinaria, entre otras cosas.
Por ello, las siguientes recomendaciones en materia de justicia “buscan mejorar la administración de justicia como garantía para las víctimas y como contribución al esclarecimiento y desmantelamiento de los fenómenos criminales”. Este apartado devela cuatro grandes propuestas para luchar contra las violaciones de derechos humanos y para esclarecer los entramados de criminalidad, y estas a su vez se expresan en recomendaciones específicas que fortalecen la Rama Judicial pero que, indiscutiblemente, deben pasar por el Congreso de la República para hacerse realidad.
Independencia y transparencia de la Fiscalía:
Para este punto, el Informe Final expone una necesidad urgente de mediano plazo: reformar el mecanismo de elección del fiscal general, para garantizar su independencia “sobre la base de los criterios de mérito y reconocimiento de la trayectoria profesional, igualdad de género, publicidad y transparencia”. Aunque es uno de los pocos puntos en los que la Comisión de la Verdad no profundiza en cómo hacerlo, es una recomendación dirigida primordialmente al Congreso de la República, pues es allí donde se podría cambiar la fórmula con la que hoy se elige al fiscal (el Presidente presenta una terna de candidatos para que la Corte Suprema de Justicia elija a uno).
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Se trata de una determinación atravesada por múltiples intereses que, como se ha dicho anteriormente, afectan la transparencia del proceso. De hecho, lo que ha pasado en los últimos gobiernos es que el cargo queda en manos de personas cercanas al presidente de la República, como es el caso actual con el fiscal Francisco Barbosa como uno de los amigos más cercanos del presidente Iván Duque, y como pasó también en el gobierno anterior cuando la Fiscalía estuvo en cabeza de Néstor Humberto Martínez, una de las cartas políticas del expresidente Juan Manuel Santos.
Si bien la Comisión de la Verdad no menciona los anteriores ejemplos, sí es clara en que debe existir una comisión independiente que evalúe los riesgos de la cooptación de funcionarios y del funcionamiento de la corrupción al interior de la Fiscalía. Esto para que, a partir de sus hallazgos, la comisión a crear “proponga reformas sobre el fortalecimiento de la carrera, la vinculación, desvinculación y remoción de funcionarios, y sobre controles a la intervención de agentes de inteligencia militar y policial en la realización de actos de investigación”. Este punto se desarrolla más adelante, en el tema número tres.
En ese sentido, también le recomienda al Congreso que, en un mediano plazo, adopte medidas para garantizar que sean debidamente investigados los aforados constitucionales que participaron o se vieron beneficiados (presuntamente) de violaciones de derechos humanos o infracciones del DIH, bajo condiciones que “garanticen la independencia, imparcialidad, debido proceso, e intereses y garantías fundamentales de las víctimas”, se lee en el papel.
Asimismo, la Comisión de la Verdad propone que, como Estado, Colombia reconozca que existen dificultades para investigar los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública. Por esto, propone (en sus recomendaciones sobre seguridad) “que la Fiscalía General asuma la investigación de todos los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Militares y que sean juzgados por la jurisdicción ordinaria, a excepción de los típicamente militares”. Es decir, aconseja limitar la jurisdicción militar, pues dice que esta solo debería tramitar los delitos que ocurren únicamente en contextos militares, como por ejemplo, cuando un uniformado mata un compañero en un ejercicio de tiro.
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Ajustes a las metodologías de investigación de dichas entidades:
Esta recomendación de la Comisión de la Verdad nace de la necesidad de identificar las prácticas y patrones y así perseguir a responsables no combatientes, es decir, civiles y otros agentes estatales. Esto para que las entidades judiciales no se enfoquen en investigar casos aislados, sino más bien “esclarecer el fenómeno criminal y contribuir a su desmantelamiento”.
“La falta de investigación de la participación de este tipo de actores impide esclarecer los entramados de criminalidad que causan y se benefician de las violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH y la corrupción. Adicionalmente, para poder investigar dicho tipo de criminalidad se requiere contar con órganos independientes que implementen metodologías de investigación dirigidas a develar la sistematicidad y los patrones criminales”, argumenta la Comisión.
Así las cosas, propone a la Fiscalía y al Consejo Superior de Política Criminal “garantizar la priorización de la investigación contra los terceros civiles y agentes del Estado, a través de la centralización, organización y análisis de la información producida en investigaciones activas y no activas, incluidas las compulsas de copias de Justicia y Paz, para fortalecer el trabajo interno de sus unidades y garantizar canales de comunicación efectivos con la JEP para lo que pueda ser de su competencia”.
Crear una comisión independiente que apoye a la Fiscalía:
El Informe Final propone la creación y puesta en marcha de una Comisión de Investigación Mixta (nacional e internacional), de carácter transitorio e independiente. El órgano deberá apoyar el trabajo de la Fiscalía, “particularmente el de la Unidad Especial de Investigación, creada por el Acuerdo de Paz para enfrentar la criminalidad organizada y responsable de la violencia contra líderes sociales y excombatientes”.
Los y las comisionadas consideran que la Comisión de Investigación Mixta tendrá la tarea principal de esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico, de la criminalidad organizada y las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH derivadas de estas prácticas ilegales, y de la corrupción a mediana y gran escala.
“El componente internacional fortalecería la independencia de su labor, a la vez que sería una muestra de la corresponsabilidad internacional en la superación de la violencia que se genera por modalidades transnacionales de criminalidad organizada asociada a economías ilegales”, señala el Informe Final.
Eso sí, el documento detalla que este organismo deberá, como mínimo, desarrollar un diagnóstico integral sobre los riesgos institucionales en materia de corrupción al interior de la Fiscalía y proponer caminos para mitigar y superar dichos riesgos. Pero no solo eso. También debe proponer medidas para que la Fiscalía se convierta en un ente mucho más estricto con sus procesos internos de contratación: “Fortalecer los cargos de carrera y los concursos de mérito y mejorar los criterios de ingreso y permanencia de los funcionarios”. Finalmente, sobre la creación del mecanismo de apoyo a la Fiscalía, aconseja “garantizar mayores controles a los agentes de inteligencia militar y policial para que no determinen o participen indebidamente en actos de las investigaciones, como las interceptaciones de comunicaciones y el uso de agentes en cubierto, entre otros”.
Limitar a la extradición para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas:
Este es uno de los cambios claves que propone la Comisión de la Verdad en su Informe Final para fortalecer la administración de justicia. La entidad recomienda que ante las solicitudes de extradición de personas procesadas por su responsabilidad o participación en crímenes que violen los derechos humanos, quebranten el DIH, o actos de corrupción a gran escala, se privilegie la investigación en Colombia. “El propósito es garantizar que la persona procesada contribuya a satisfacer los derechos de las víctimas y a aportar verdad sobre la criminalidad organizada ante la justicia doméstica”, advierte el documento.
Limitar la extradición es una recomendación también de mediano plazo y está dirigida al Congreso, al Gobierno (que estará encabezado los próximos cuatro años por Gustavo Petro), a la Rama Judicial y a la Fiscalía. La idea es que estas entidades y corporaciones trabajen mancomunadamente para realizar los ajustes normativos que prioricen la investigación de dichos casos en Colombia, siempre y cuando las contribuciones de los responsables sean serias, efectivas y estén encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas para cumplir con la no repetición de la guerra. Para ello, la Comisión de la Verdad indica que estos ajustes normativos deben:
- Acordar el traslado de la reserva de la información relevante para Colombia de los acuerdos a los que hayan llegado las personas extraditadas.
- Evaluar las posibilidades para que, en escenarios de negociación o sometimiento colectivo a la justicia de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, se pueda negar la extradición.
- Establecer condiciones de reclusión, procesales o cualquier otra, que permita minimizar los riesgos de fuga y de captura de funcionarios mientras el procesado aporte verdad o satisface los derechos de las víctimas y se resuelve la solicitud de extradición.
Ante todo, el Informe Final de la Verdad encuentra que promover el acceso a la justicia es un propósito mucho más amplio que únicamente luchar contra la impunidad y la corrupción. Por ello, este apartado sobre la administración de la justicia en un país en transición hacia la paz, también incluye recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia más allá de lo penal. La Comisión de la Verdad entonces plantea que se adecue la oferta de mecanismos de justicia formal y comunitaria, de mejorar la articulación de las justicias propias y la ordinaria, y de poner en marcha la jurisdicción agraria, como dicta el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc.
Reformar la elección del fiscal general y limitar la extradición para priorizar las investigaciones en Colombia son dos de las recomendaciones claves que la Comisión de la Verdad le entrega al país este martes en la presentación de su Informe Final. El Espectador tuvo acceso al último borrador del capítulo de recomendaciones en materia de administración de la justicia, y si bien el documento oficial tendrá algunas modificaciones, la Comisión de la Verdad se mantiene en un punto central de este apartado: superar la impunidad judicial en los casos de violación a los derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH), e ir más allá de lo penal para fortalecer los procesos de justicia local.
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En el documento, la entidad que dirige el padre Francisco de Roux es tajante en que la justicia ha enfrentado obstáculos, como la violencia proveniente de actores ilegales, pero también la efectuada por el propio Estado y los entramados de corrupción. Si bien el Acuerdo de Paz creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para enfrentar las violaciones a los derechos humanos y los quebrantos al DIH, esta “solo tiene competencia por hechos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, y se enfrenta al obstáculo de carecer de facultades para investigar y sancionar a actores no combatientes (terceros civiles) que no se sometan a su jurisdicción de manera voluntaria”, recalca la institución. En ese sentido, manifiesta en el borrador que la investigación de agentes no combatientes en el conflicto armado se ha encontrado obstaculizada por la inadecuada investigación en la justicia ordinaria, entre otras cosas.
Por ello, las siguientes recomendaciones en materia de justicia “buscan mejorar la administración de justicia como garantía para las víctimas y como contribución al esclarecimiento y desmantelamiento de los fenómenos criminales”. Este apartado devela cuatro grandes propuestas para luchar contra las violaciones de derechos humanos y para esclarecer los entramados de criminalidad, y estas a su vez se expresan en recomendaciones específicas que fortalecen la Rama Judicial pero que, indiscutiblemente, deben pasar por el Congreso de la República para hacerse realidad.
Independencia y transparencia de la Fiscalía:
Para este punto, el Informe Final expone una necesidad urgente de mediano plazo: reformar el mecanismo de elección del fiscal general, para garantizar su independencia “sobre la base de los criterios de mérito y reconocimiento de la trayectoria profesional, igualdad de género, publicidad y transparencia”. Aunque es uno de los pocos puntos en los que la Comisión de la Verdad no profundiza en cómo hacerlo, es una recomendación dirigida primordialmente al Congreso de la República, pues es allí donde se podría cambiar la fórmula con la que hoy se elige al fiscal (el Presidente presenta una terna de candidatos para que la Corte Suprema de Justicia elija a uno).
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Se trata de una determinación atravesada por múltiples intereses que, como se ha dicho anteriormente, afectan la transparencia del proceso. De hecho, lo que ha pasado en los últimos gobiernos es que el cargo queda en manos de personas cercanas al presidente de la República, como es el caso actual con el fiscal Francisco Barbosa como uno de los amigos más cercanos del presidente Iván Duque, y como pasó también en el gobierno anterior cuando la Fiscalía estuvo en cabeza de Néstor Humberto Martínez, una de las cartas políticas del expresidente Juan Manuel Santos.
Si bien la Comisión de la Verdad no menciona los anteriores ejemplos, sí es clara en que debe existir una comisión independiente que evalúe los riesgos de la cooptación de funcionarios y del funcionamiento de la corrupción al interior de la Fiscalía. Esto para que, a partir de sus hallazgos, la comisión a crear “proponga reformas sobre el fortalecimiento de la carrera, la vinculación, desvinculación y remoción de funcionarios, y sobre controles a la intervención de agentes de inteligencia militar y policial en la realización de actos de investigación”. Este punto se desarrolla más adelante, en el tema número tres.
En ese sentido, también le recomienda al Congreso que, en un mediano plazo, adopte medidas para garantizar que sean debidamente investigados los aforados constitucionales que participaron o se vieron beneficiados (presuntamente) de violaciones de derechos humanos o infracciones del DIH, bajo condiciones que “garanticen la independencia, imparcialidad, debido proceso, e intereses y garantías fundamentales de las víctimas”, se lee en el papel.
Asimismo, la Comisión de la Verdad propone que, como Estado, Colombia reconozca que existen dificultades para investigar los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública. Por esto, propone (en sus recomendaciones sobre seguridad) “que la Fiscalía General asuma la investigación de todos los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Militares y que sean juzgados por la jurisdicción ordinaria, a excepción de los típicamente militares”. Es decir, aconseja limitar la jurisdicción militar, pues dice que esta solo debería tramitar los delitos que ocurren únicamente en contextos militares, como por ejemplo, cuando un uniformado mata un compañero en un ejercicio de tiro.
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Ajustes a las metodologías de investigación de dichas entidades:
Esta recomendación de la Comisión de la Verdad nace de la necesidad de identificar las prácticas y patrones y así perseguir a responsables no combatientes, es decir, civiles y otros agentes estatales. Esto para que las entidades judiciales no se enfoquen en investigar casos aislados, sino más bien “esclarecer el fenómeno criminal y contribuir a su desmantelamiento”.
“La falta de investigación de la participación de este tipo de actores impide esclarecer los entramados de criminalidad que causan y se benefician de las violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH y la corrupción. Adicionalmente, para poder investigar dicho tipo de criminalidad se requiere contar con órganos independientes que implementen metodologías de investigación dirigidas a develar la sistematicidad y los patrones criminales”, argumenta la Comisión.
Así las cosas, propone a la Fiscalía y al Consejo Superior de Política Criminal “garantizar la priorización de la investigación contra los terceros civiles y agentes del Estado, a través de la centralización, organización y análisis de la información producida en investigaciones activas y no activas, incluidas las compulsas de copias de Justicia y Paz, para fortalecer el trabajo interno de sus unidades y garantizar canales de comunicación efectivos con la JEP para lo que pueda ser de su competencia”.
Crear una comisión independiente que apoye a la Fiscalía:
El Informe Final propone la creación y puesta en marcha de una Comisión de Investigación Mixta (nacional e internacional), de carácter transitorio e independiente. El órgano deberá apoyar el trabajo de la Fiscalía, “particularmente el de la Unidad Especial de Investigación, creada por el Acuerdo de Paz para enfrentar la criminalidad organizada y responsable de la violencia contra líderes sociales y excombatientes”.
Los y las comisionadas consideran que la Comisión de Investigación Mixta tendrá la tarea principal de esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico, de la criminalidad organizada y las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH derivadas de estas prácticas ilegales, y de la corrupción a mediana y gran escala.
“El componente internacional fortalecería la independencia de su labor, a la vez que sería una muestra de la corresponsabilidad internacional en la superación de la violencia que se genera por modalidades transnacionales de criminalidad organizada asociada a economías ilegales”, señala el Informe Final.
Eso sí, el documento detalla que este organismo deberá, como mínimo, desarrollar un diagnóstico integral sobre los riesgos institucionales en materia de corrupción al interior de la Fiscalía y proponer caminos para mitigar y superar dichos riesgos. Pero no solo eso. También debe proponer medidas para que la Fiscalía se convierta en un ente mucho más estricto con sus procesos internos de contratación: “Fortalecer los cargos de carrera y los concursos de mérito y mejorar los criterios de ingreso y permanencia de los funcionarios”. Finalmente, sobre la creación del mecanismo de apoyo a la Fiscalía, aconseja “garantizar mayores controles a los agentes de inteligencia militar y policial para que no determinen o participen indebidamente en actos de las investigaciones, como las interceptaciones de comunicaciones y el uso de agentes en cubierto, entre otros”.
Limitar a la extradición para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas:
Este es uno de los cambios claves que propone la Comisión de la Verdad en su Informe Final para fortalecer la administración de justicia. La entidad recomienda que ante las solicitudes de extradición de personas procesadas por su responsabilidad o participación en crímenes que violen los derechos humanos, quebranten el DIH, o actos de corrupción a gran escala, se privilegie la investigación en Colombia. “El propósito es garantizar que la persona procesada contribuya a satisfacer los derechos de las víctimas y a aportar verdad sobre la criminalidad organizada ante la justicia doméstica”, advierte el documento.
Limitar la extradición es una recomendación también de mediano plazo y está dirigida al Congreso, al Gobierno (que estará encabezado los próximos cuatro años por Gustavo Petro), a la Rama Judicial y a la Fiscalía. La idea es que estas entidades y corporaciones trabajen mancomunadamente para realizar los ajustes normativos que prioricen la investigación de dichos casos en Colombia, siempre y cuando las contribuciones de los responsables sean serias, efectivas y estén encaminadas a garantizar los derechos de las víctimas para cumplir con la no repetición de la guerra. Para ello, la Comisión de la Verdad indica que estos ajustes normativos deben:
- Acordar el traslado de la reserva de la información relevante para Colombia de los acuerdos a los que hayan llegado las personas extraditadas.
- Evaluar las posibilidades para que, en escenarios de negociación o sometimiento colectivo a la justicia de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, se pueda negar la extradición.
- Establecer condiciones de reclusión, procesales o cualquier otra, que permita minimizar los riesgos de fuga y de captura de funcionarios mientras el procesado aporte verdad o satisface los derechos de las víctimas y se resuelve la solicitud de extradición.
Ante todo, el Informe Final de la Verdad encuentra que promover el acceso a la justicia es un propósito mucho más amplio que únicamente luchar contra la impunidad y la corrupción. Por ello, este apartado sobre la administración de la justicia en un país en transición hacia la paz, también incluye recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia más allá de lo penal. La Comisión de la Verdad entonces plantea que se adecue la oferta de mecanismos de justicia formal y comunitaria, de mejorar la articulación de las justicias propias y la ordinaria, y de poner en marcha la jurisdicción agraria, como dicta el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc.