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“El Bajo Cauca antioqueño funciona como el centro de operación y es la zona con mayor confrontación violenta en el corredor geográfico [entre el Urabá, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar]. Allí se ha establecido un escenario de patrones violentos que han reconfigurado el territorio y se ha dado un nuevo proceso de reciclaje de la guerra”.
Con esta descripción comienza un anexo del informe final de la Comisión de la Verdad que analizó el reciclaje de la guerra en el Bajo Cauca y el sur de Córdoba a partir de un fenómeno puntual que ahora ha logrado su máxima expresión: el copamiento territorial y la expansión de las AGC, también llamadas Clan del Golfo, hacia aquella región, desplazando a las guerrillas e incluso a otros grupos ilegales como Los Rastrojos y Los Caparros, estos últimos una disidencia de las propias AGC.
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Con los desmanes, hostigamientos y ataques que la Fuerza Pública ha sufrido en las últimas semanas en esa región del país, a partir de un paro minero que el Gobierno asegura fue infiltrado e instigado por las AGC, ha quedado esclarecida una premisa que la propia Comisión de la Verdad ya señalaba en su anexo: “La consolidación de las AGC en el Bajo Cauca antioqueño ha incrementado los problemas históricos que esta región ha arrastrado a lo largo de su historia: marginalidad social, afectación de métodos productivos tradicionales, como la minería artesanal y a pequeña y mediana escala, limitaciones a los derechos ciudadanos, impactos negativos en la producción, desplazamientos forzados y la imposibilidad de gobernar buena parte del territorio”.
La Comisión encontró que las AGC se mueven en la región con “difusas líneas de operación entre lo ilegal y legal”, e incluso asegura que este grupo armado ha penetrado tanto la sociedad de la región que sus acciones “se concentran en la regulación de actividades comerciales y económicas en la región apoyadas por un entramado de actores: políticos locales, empresarios, narcotraficantes y agentes de Estado que sacan provecho de las actividades criminales”.
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Entre otro tipo de instancias civiles, la Comisión encontró que las AGC han llegado a influir en las Juntas de Acción Comunal y también en organizaciones campesinas de la zona que han sido promovidas por ellos mismos, en lo que el anexo denomina una “estrategia de aniquilación del enemigo que comporta graves riesgos para la población civil, por cuanto el repertorio de violencia de dichos actores se ha dirigido de forma directa en contra de los/as habitantes del municipio que consideran colaboradores/as de su contraparte, en un flagrante desconocimiento del principio de distinción. En este marco, los actos violentos adquieren una connotación de alta sevicia, como el cercenamiento de miembros, el empalamiento de cabezas, el degollamiento o la prohibición de levantar los cadáveres”.
¿Cómo llegaron las Agc hasta este punto?
El rastreo de los hechos narrados por la Comisión de la Verdad se remonta a 2006, cuando varios jefes paramilitares y mafiosos buscaron una retaguardia en medio del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), su propósito era garantizar que quedara una estructura armada que les permitiera seguir en el negocio del narcotráfico. De acuerdo con la Comisión, entre ellos estuvieron Vicente Castaño, Dairo Antonio Úsuga “Otoniel”, “Giovany”, Daniel Rendón Herrera “Don Mario” y Carlos Mario Jiménez “Macaco”.
Un mayor del Ejército que tuvo relación muy cercana con las Autodefensas describió bien este fenómeno en entrevista con la Comisión de la Verdad: “vamos a dejar un pedazo afuera que siga con el negocio, mientras que nosotros estamos ocho años y volvemos a retomar, y ustedes cambian, yo salgo y usted entra”.
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Pero fue don Mario quien, después de refugiarse en el Urabá tras no acogerse al proceso de paz con los paramilitares, junto a los Úsuga y con el apoyo del empresario y ganadero antioqueño Jesús Alberto Osorio Mejía, comenzó a dar forma a la primera estructura de lo que luego se llamaría indistintamente como Los Urabeños, el Clan Úsuga, Clan del Golfo o AGC.
El testimonio ante la Comisión de uno de los hombres que estuvo en la génesis de ese grupo neoparamilitar -o grupo “posdesmovilización”, como prefiere llamarlo la CEV- ayudó a esclarecer que empresarios y mandos militares del Urabá colaboraron activamente en la formación de las nacientes AGC, con la mediación del ganadero Osorio Mejía: “Yo llegué, como le digo, con los militares, primero con don Alberto, después ganaderos, después bananeros, después comerciantes, después la parte política, me reuní con todos los alcaldes, los alcaldes también me apoyaban económicamente”.
Jesús Alberto Osorio Mejía fue investigado y condenado por sus vínculos con los paramilitares, que venían de vieja data, pues fue uno de los integrantes de una célebre Convivir: la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada Papagayo, que como quedó probado en sentencias de Justicia y Paz no era más que un brazo legal de los paramilitares, con sede aledaña a las instalaciones de la Brigada XVII del Ejército, en Carepa, Antioquia.
El ganadero Osorio Mejía terminó asesinado en una carretera de Córdoba, donde hallaron su cuerpo junto a una camioneta de alta gama con evidentes señales de ejecución, en septiembre de 2014.
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Las alertas no escuchadas
El documento revela pruebas de que entidades multilaterales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de las Organización de Estados Americanos (MAPP OEA) alertaron en su momento durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez sobre el rearme de estas estructuras paramilitares tras la desmovilización del 2006.
No fueron los únicos. En un informe al Departamento de Estado de los Estados Unidos al que tuvo acceso la Comisión de la Verdad puede leerse que “las recientes unidades formadas y los reductos restantes pueden ser descritos como un continuo entre un Estado disperso, atomizado, y un interés en monopolizar las actividades ilegales”, describiendo lo que muchas organizaciones de Derechos Humanos denunciaron en su momento.
Lo que siguió luego fue la expansión en 2010 de las AGC, ya en con los Úsuga a la cabeza de la organización, siguiendo el eje geográfico que va desde el Urabá hacia el Nudo del Paramillo, el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, una disputa en la que tuvieron que expulsar a las guerrillas pero también a otros grupos mafiosos como Los Paisas y Los Rastrojos, con quienes lograron pactos criminales en 2011 y 2015 (después de cometer 7 masacres) para que finalmente les cedieran el territorio, a cambio de retirar los efectivos de las AGC que se habían expandido a regiones controladas por Los Rastrojos como el andén Pacífico.
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La consolidación del poder territorial de las AGC en el Bajo Cauca puede medirse, según la Comisión, siguiendo la actividad criminal. En 2018, por ejemplo, aumentaron los homicidios en Cáceres y Caucasia hasta en un 150%, mientras que en Tarazá, donde se llevó a cabo la disputa más feroz con Los Caparros, se incrementaron un 300%.
La Comisión documentó más de mil homicidios entre 2017 y 2020, cuando finalmente las AGC se hacen con el dominio absoluto de la región, la gran mayoría cometidos contra civiles por medio de sicarios. También hay registros de 13 masacres y 50.483 desplazados en la zona durante este breve periodo.
El oro más que la coca
Contradiciendo la creencia extendida entre los analistas de que las economías de la cocaína son las que “alimentan” el conflicto armado en el país, la Comisión de la Verdad encontró que en el Bajo Cauca los grupos armados persiguen sobre todo rentas ilegales asociadas a la minería, tanto legal como ilegal.
En un polígono de apenas 20.000 hectáreas la Policía había registrado hasta 106 minas ilegales, mientras que una investigadora experta que habló con la Comisión describió la zona como “la más grande” en producción de oro, asegurando que de allí salía el 40% del oro del país. Los cultivos de coca, por su parte, han tenido fluctuaciones drásticas y su máximo pico ocurrió en 2017, cuando se registraron algo más de 21 mil hectáreas sembradas en el Bajo Cauca, aunque la Comisión asegura que no son la principal rente de los grupos ilegales allí.
“Estas estructuras armadas ilegales operan como grupos de seguridad privada y tienen, en algunos casos, el objetivo de «desocupar» ciertos territorios que son prioritarios para la puesta en marcha de proyectos extractivos mineros o de desarrollo económico”, asegura la Comisión de la Verdad refiriéndose a los frentes de las AGC que operan en la región: “también diseñaron en el año 2020 la promoción de asociaciones campesinas para la implementación de proyectos productivos como estrategia de relacionamiento político con las comunidades”.
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Incluso la Comisión sostiene que las AGC operan como “grupos de seguridad privada de algunos empresarios dedicados a la minería legal e ilegal” en el Bajo Cauca, hallazgos que parecen confirmarse a la luz de los hechos de las últimas semanas.
