Accionar del ELN pondría en riesgo labores forenses de la JEP

Al cierre de la misma semana en que la embajada de Cuba en Colombia alertó sobre un posible ataque militar del ELN en territorio colombiano, este domingo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también advirtió sobre el impacto que el accionar de esa guerrilla podría tener en el país y las consecuencias que ello tendría para las labores de esa jurisdicción.

A través de un comunicado, la JEP entregó los hallazgos del segundo Monitoreo de Riesgos de Seguridad que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) realiza en lo que va de 2021. Según ese reporte, sólo entre el 25 de enero y el 7 de febrero se presentaron 17 hechos violentos en 15 municipios priorizados por la jurisdicción en donde actualmente avanzan las labores de exhumaciones y diligencias forenses. Dos excombatientes y siete líderes sociales fueron asesinados en ese lapso.

De acuerdo con el informe, hay un recrudecimiento del conflicto armado en las zonas a las que ha llegado la guerrilla de ELN y sería ese grupo insurgente el factor de mayor riesgo de ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos, por encima de grupos como las Autodefensas Gaitanistas. (Lea también: Cese del fuego del ELN impactaría en nueve departamentos del país)

“Hay una expansión del ELN en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Serranía del Perijá y la Sabana Araucana fueron algunos de los primeros puntos geográficos que está guerrilla ocupó y no el Estado, tras la dejación de armas de las Farc-EP”, se lee en el documento.

El monitoreo de la UIA habla de 10 municipios con una alta confrontación armada de ELN con otros grupos al margen de la ley y con la fuerza pública; 22 municipios que fueron retaguardias históricas de esa guerrilla y donde hoy intenta recuperar el control; 10 municipios que son nuevas zonas de incursión y otros 26 con presencia de subestructuras urbanas de esa guerrilla. Serían 228 los municipios que tienen una presencia estable del ELN y con un relativo control territorial de esa guerrilla.

Como casos específicos de municipios en los que el ELN intenta recuperar el control que tuvo históricamente, el informe habla de Hato Corozal, la Salina y Paz de Ariporo, en Casanare, municipios en los que esa guerrilla perdió el control a finales de la década de 1990 y principios de 2000; estrategia que también estarían ejecutando en Barrancabermeja, Mistrató, Socotá y Toledo.

Pero tal vez la denuncia más grave que incluye el reporte es que las acciones militares del ELN estarían afectando directamente las actuaciones de ese tribunal, en desmedro de los derechos de las víctimas. En el suroccidente del país, por ejemplo, desde 2019 el ELN sostiene una disputa por el cañón del Micay, justo una zona en la que según la JEP varios comparecientes han manifestado el interés de esclarecer los lugares donde enterraron clandestinamente cuerpos de víctimas del conflicto. (Le puede interesar: Presidente Duque levanta la mesa de diálogos de paz con el Eln)

Antioquia también es ejemplo de ello. Entre Dabeiba y Frontino, en territorio del resguardo embera Amparradó, 300 familias se vieron confinadas por los enfrentamientos entre el ELN y las AGC. Precisamente en Dabeiba, la JEP ha reportado ya 71 hallazgos forenses que han llevado a identificar cinco personas asesinados bajo la modalidad de falsos positivos. “De persistir la tendencia de recrudecimiento de la violencia en la zona, la continuación de este tipo de acciones judiciales podría verse restringido por problemas de seguridad”, advierte la UIA.

Esta alerta de la JEP llega luego de una semana de revuelo político en el país tras el anuncio del Gobierno Nacional de información recibida de manos del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, de un posible ataque militar del ELN en el territorio. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Exteriores de la isla le reclamó días después al gobierno colombiano por el manejo que le dio a esa información de carácter sensible. Además, según ese país, la dirigencia de esa guerrilla que hoy permanece en Cuba no tendría nada que ver con la acción militar que supuestamente desarrollarían sus tropas en Colombia.

Al cierre de la misma semana en que la embajada de Cuba en Colombia alertó sobre un posible ataque militar del ELN en territorio colombiano, este domingo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también advirtió sobre el impacto que el accionar de esa guerrilla podría tener en el país y las consecuencias que ello tendría para las labores de esa jurisdicción.

A través de un comunicado, la JEP entregó los hallazgos del segundo Monitoreo de Riesgos de Seguridad que la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) realiza en lo que va de 2021. Según ese reporte, sólo entre el 25 de enero y el 7 de febrero se presentaron 17 hechos violentos en 15 municipios priorizados por la jurisdicción en donde actualmente avanzan las labores de exhumaciones y diligencias forenses. Dos excombatientes y siete líderes sociales fueron asesinados en ese lapso.

De acuerdo con el informe, hay un recrudecimiento del conflicto armado en las zonas a las que ha llegado la guerrilla de ELN y sería ese grupo insurgente el factor de mayor riesgo de ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos, por encima de grupos como las Autodefensas Gaitanistas. (Lea también: Cese del fuego del ELN impactaría en nueve departamentos del país)

“Hay una expansión del ELN en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Serranía del Perijá y la Sabana Araucana fueron algunos de los primeros puntos geográficos que está guerrilla ocupó y no el Estado, tras la dejación de armas de las Farc-EP”, se lee en el documento.

El monitoreo de la UIA habla de 10 municipios con una alta confrontación armada de ELN con otros grupos al margen de la ley y con la fuerza pública; 22 municipios que fueron retaguardias históricas de esa guerrilla y donde hoy intenta recuperar el control; 10 municipios que son nuevas zonas de incursión y otros 26 con presencia de subestructuras urbanas de esa guerrilla. Serían 228 los municipios que tienen una presencia estable del ELN y con un relativo control territorial de esa guerrilla.

Como casos específicos de municipios en los que el ELN intenta recuperar el control que tuvo históricamente, el informe habla de Hato Corozal, la Salina y Paz de Ariporo, en Casanare, municipios en los que esa guerrilla perdió el control a finales de la década de 1990 y principios de 2000; estrategia que también estarían ejecutando en Barrancabermeja, Mistrató, Socotá y Toledo.

Pero tal vez la denuncia más grave que incluye el reporte es que las acciones militares del ELN estarían afectando directamente las actuaciones de ese tribunal, en desmedro de los derechos de las víctimas. En el suroccidente del país, por ejemplo, desde 2019 el ELN sostiene una disputa por el cañón del Micay, justo una zona en la que según la JEP varios comparecientes han manifestado el interés de esclarecer los lugares donde enterraron clandestinamente cuerpos de víctimas del conflicto. (Le puede interesar: Presidente Duque levanta la mesa de diálogos de paz con el Eln)

Antioquia también es ejemplo de ello. Entre Dabeiba y Frontino, en territorio del resguardo embera Amparradó, 300 familias se vieron confinadas por los enfrentamientos entre el ELN y las AGC. Precisamente en Dabeiba, la JEP ha reportado ya 71 hallazgos forenses que han llevado a identificar cinco personas asesinados bajo la modalidad de falsos positivos. “De persistir la tendencia de recrudecimiento de la violencia en la zona, la continuación de este tipo de acciones judiciales podría verse restringido por problemas de seguridad”, advierte la UIA.

Esta alerta de la JEP llega luego de una semana de revuelo político en el país tras el anuncio del Gobierno Nacional de información recibida de manos del embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, de un posible ataque militar del ELN en el territorio. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Exteriores de la isla le reclamó días después al gobierno colombiano por el manejo que le dio a esa información de carácter sensible. Además, según ese país, la dirigencia de esa guerrilla que hoy permanece en Cuba no tendría nada que ver con la acción militar que supuestamente desarrollarían sus tropas en Colombia.