Acusados del atentado en Andino niegan querer entrar a la JEP

“No tenemos ninguna intención de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No podemos hablar de verdad frente a unos hechos que desconocemos”, dice enfáticamente Juan Camilo Pulido, quien es señalado por la Fiscalía de estar vinculado al atentado del centro comercial Andino, en Bogotá, y de ser integrante del Eln.

Su nombre apareció como firmante de una carta en la cual supuestamente un grupo de 302 reclusos, denominado Comité de Presos por la Verdad de Colombia, le pedía a la JEP evaluar sus posibilidades de acogerse a dicho tribunal. Pulido, Cristian Santiago Sandoval y Andrés Mauricio Bohórquez, señalados también de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), le hicieron llegar a Colombia 2020 una misiva en la cual rechazan que sus nombres hayan aparecido como firmantes de una petición que, afirman, nunca conocieron.

Según Pulido, Sandoval y Bohórquez, ellos aceptaron ser incluidos en una lista que consignaría los nombres de quienes quisieran asistir a una reunión con el exministro Álvaro Leyva. En una circular que rondó, a finales del 2018, por los patios de la cárcel La Picota se puede leer “Propósito: Brindar información más clara sobre lo que es la JEP y cómo podemos aprovechar esta justicia transicional para el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación” (ver facsímil).

La intención que tenían los tres era acercarse a Leyva, quien impulsa el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, para que conociera sus casos, pudiera servir como garante de su proceso judicial e hiciera eco de las denuncias que han hecho desde la cárcel. “En ningún momento se nos informó que estas (las firmas), adjuntadas a la carta, estarían enmarcadas en la solicitud del posible acogimiento al tribunal de transición”, dice la carta que le dirigieron a este medio tras la publicación del artículo “Desde narcos hasta acusados de la bomba en Andino piden pista en la JEP” (ver facsímil).

Durante todo el proceso judicial los tres han intentado demostrar que no hacen parte de ningún grupo armado. “Estamos comprometidos en defender nuestra inocencia en el juicio que actualmente va a paso de tortuga”, aclararon. Por eso recibieron con preocupación la noticia de que sus nombres aparecen en una lista en la que había una casilla que consignaba la organización que integraban. Junto a sus nombres se lee “MRP”. Al preguntarle a Pulido por qué firmaron como integrantes de ese grupo, aseguró que quien puso eso en la hoja fue uno de los presos que elaboraron las listas.

Dicen que no tendrían nada que aportar a los hechos que rodearon el atentado en el Andino. “Nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad en lo sucedido, situación que nos inhabilita a la hora de exponer lo sucedido o, lo mismo, a contribuir con la verdad. No podemos decir algo que vaya más allá de lo que hacíamos por esos días o que nunca frecuentamos el centro comercial”, puntualizaron.

Quienes se autodenominan voceros del Comité de Presos por la Verdad de Colombia aseguraron que prefieren no pronunciarse sobre este reclamo.

Por su parte, el exministro Álvaro Leyva afirmó que desconoce si quienes aparecieron como firmantes de la misiva conocían previamente el documento. “No le sé decir cómo se procedió porque no pertenezco al Comité”, precisó. Dijo que la recolección de las firmas fue adelantada por algunos de los internos de La Picota.

Al preguntarle a Leyva si adelantó alguna reunión con los presos para explicar cómo funciona la JEP, respondió que no había podido ir, pero pidió que se hicieran unas listas con los interesados en asistir para cumplir con las disposiciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El exministro defendió la iniciativa: “Lo fundamental es que se sigan fortaleciendo la JEP y la Comisión de la Verdad”. También defendió el derecho de las personas que aparecieron como firmantes de manifestar sus reclamos. “No creo que la mayoría de los firmantes estén rechazando la carta, pero quienes lo hagan están en su pleno derecho”.

Pulido aclara que tanto él como sus compañeros no tienen nada contra la JEP ni contra quienes hacen parte del Comité. Les interesa que se sepa públicamente que no tienen la intención de acogerse a la justicia transicional porque, para sus casos, creen que es “improcedente, inútil e innecesario”, como lo señala la carta. Lo dicen porque están empeñados en demostrar su inocencia en los tribunales de justicia ordinaria.

Juan Camilo Pulido, Cristian Santiago Sandoval y Andrés Mauricio Bohórquez ingresaron a la cárcel el 24 de junio de 2017, señalados por la Fiscalía de participar en el atentado del centro comercial Andino y de ser integrantes del MRP. En los hechos murieron tres mujeres y ocho personas quedaron heridas. El 24 de agosto del 2018 el juez 10 de control de garantías ordenó su libertad debido a que el ente acusador no pidió a tiempo la prórroga de la medida de aseguramiento. Sin embargo, el 26 del mismo mes, al salir de la Modelo, los esperaba un operativo policial en el cual los volvieron a capturar y los llevaron a La Picota. Esta vez los acusaron de rebelión y de hacer parte del Eln. Por eso se encuentran presos, aunque no ha sido dictada una sentencia en su contra.

El proceso por el atentado en el Andino prosigue. Habrá audiencias preparatorias los días 5 y 6 de marzo. En cuanto al delito de rebelión, el juez le devolvió a la Fiscalía el escrito de acusación, por lo que el ente investigador tendrá que ajustarlo. La lectura del documento con los ajustes está programada para el 19 de marzo.

“No tenemos ninguna intención de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No podemos hablar de verdad frente a unos hechos que desconocemos”, dice enfáticamente Juan Camilo Pulido, quien es señalado por la Fiscalía de estar vinculado al atentado del centro comercial Andino, en Bogotá, y de ser integrante del Eln.

Su nombre apareció como firmante de una carta en la cual supuestamente un grupo de 302 reclusos, denominado Comité de Presos por la Verdad de Colombia, le pedía a la JEP evaluar sus posibilidades de acogerse a dicho tribunal. Pulido, Cristian Santiago Sandoval y Andrés Mauricio Bohórquez, señalados también de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), le hicieron llegar a Colombia 2020 una misiva en la cual rechazan que sus nombres hayan aparecido como firmantes de una petición que, afirman, nunca conocieron.

Según Pulido, Sandoval y Bohórquez, ellos aceptaron ser incluidos en una lista que consignaría los nombres de quienes quisieran asistir a una reunión con el exministro Álvaro Leyva. En una circular que rondó, a finales del 2018, por los patios de la cárcel La Picota se puede leer “Propósito: Brindar información más clara sobre lo que es la JEP y cómo podemos aprovechar esta justicia transicional para el reconocimiento de la verdad, justicia y reparación” (ver facsímil).

La intención que tenían los tres era acercarse a Leyva, quien impulsa el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, para que conociera sus casos, pudiera servir como garante de su proceso judicial e hiciera eco de las denuncias que han hecho desde la cárcel. “En ningún momento se nos informó que estas (las firmas), adjuntadas a la carta, estarían enmarcadas en la solicitud del posible acogimiento al tribunal de transición”, dice la carta que le dirigieron a este medio tras la publicación del artículo “Desde narcos hasta acusados de la bomba en Andino piden pista en la JEP” (ver facsímil).

Durante todo el proceso judicial los tres han intentado demostrar que no hacen parte de ningún grupo armado. “Estamos comprometidos en defender nuestra inocencia en el juicio que actualmente va a paso de tortuga”, aclararon. Por eso recibieron con preocupación la noticia de que sus nombres aparecen en una lista en la que había una casilla que consignaba la organización que integraban. Junto a sus nombres se lee “MRP”. Al preguntarle a Pulido por qué firmaron como integrantes de ese grupo, aseguró que quien puso eso en la hoja fue uno de los presos que elaboraron las listas.

Dicen que no tendrían nada que aportar a los hechos que rodearon el atentado en el Andino. “Nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad en lo sucedido, situación que nos inhabilita a la hora de exponer lo sucedido o, lo mismo, a contribuir con la verdad. No podemos decir algo que vaya más allá de lo que hacíamos por esos días o que nunca frecuentamos el centro comercial”, puntualizaron.

Quienes se autodenominan voceros del Comité de Presos por la Verdad de Colombia aseguraron que prefieren no pronunciarse sobre este reclamo.

Por su parte, el exministro Álvaro Leyva afirmó que desconoce si quienes aparecieron como firmantes de la misiva conocían previamente el documento. “No le sé decir cómo se procedió porque no pertenezco al Comité”, precisó. Dijo que la recolección de las firmas fue adelantada por algunos de los internos de La Picota.

Al preguntarle a Leyva si adelantó alguna reunión con los presos para explicar cómo funciona la JEP, respondió que no había podido ir, pero pidió que se hicieran unas listas con los interesados en asistir para cumplir con las disposiciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El exministro defendió la iniciativa: “Lo fundamental es que se sigan fortaleciendo la JEP y la Comisión de la Verdad”. También defendió el derecho de las personas que aparecieron como firmantes de manifestar sus reclamos. “No creo que la mayoría de los firmantes estén rechazando la carta, pero quienes lo hagan están en su pleno derecho”.

Pulido aclara que tanto él como sus compañeros no tienen nada contra la JEP ni contra quienes hacen parte del Comité. Les interesa que se sepa públicamente que no tienen la intención de acogerse a la justicia transicional porque, para sus casos, creen que es “improcedente, inútil e innecesario”, como lo señala la carta. Lo dicen porque están empeñados en demostrar su inocencia en los tribunales de justicia ordinaria.

Juan Camilo Pulido, Cristian Santiago Sandoval y Andrés Mauricio Bohórquez ingresaron a la cárcel el 24 de junio de 2017, señalados por la Fiscalía de participar en el atentado del centro comercial Andino y de ser integrantes del MRP. En los hechos murieron tres mujeres y ocho personas quedaron heridas. El 24 de agosto del 2018 el juez 10 de control de garantías ordenó su libertad debido a que el ente acusador no pidió a tiempo la prórroga de la medida de aseguramiento. Sin embargo, el 26 del mismo mes, al salir de la Modelo, los esperaba un operativo policial en el cual los volvieron a capturar y los llevaron a La Picota. Esta vez los acusaron de rebelión y de hacer parte del Eln. Por eso se encuentran presos, aunque no ha sido dictada una sentencia en su contra.

El proceso por el atentado en el Andino prosigue. Habrá audiencias preparatorias los días 5 y 6 de marzo. En cuanto al delito de rebelión, el juez le devolvió a la Fiscalía el escrito de acusación, por lo que el ente investigador tendrá que ajustarlo. La lectura del documento con los ajustes está programada para el 19 de marzo.