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La Asociación de Campesinos de la Zona Alta de San Pablo (Asocazul) fue escuchada en una audiencia de observación de la Justicia Especial para la Paz el pasado 10 de marzo, con miras a evaluar si su caso es aceptado en esa jurisdicción.
Como habíamos contado antes en Colombia+20, la historia de Asocazul es emblemática en relación con la política de drogas en el país. Esta asociación de campesinos en el sur de Bolívar implementó con recursos propios un proyecto de cacao como alternativa legal para que sus miembros no se vieran obligados a sembrar coca.
Sin embargo, las aspersiones aéreas con glifosato que la Policía Antinarcóticos realizó en la región entre 2001 y 2015 destruyeron sus cultivos legales, afectaron severamente la salud y la economía de las familias campesinas, en algunos casos provocaron incluso desplazamientos forzados y abandono de las tierras. Los campesinos fueron “fumigados”, como ellos mismos dicen, a pesar de que ninguno era cultivador de coca.
Por el caso de Asocazul cursa una demanda contra el Estado colombiano que aún espera su fallo en el Consejo de Estado y ahora los campesinos solicitaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz ser admitidos como víctimas de la Fuerza Pública en el marco del conflicto, lo que en palabras de su vocero Andrés Mejía Cruz significaría “tener un escenario donde vamos a ser escuchados y por primera vez mostraremos que somos víctimas del conflicto, la política de aspersiones no tuvo la capacidad, ni la disposición, de excluir a la población civil que no tenía cultivos de uso ilícito“.
Desde la perspectiva de Asocazul hubo “afectación a los derechos humanos, a los derechos económicos, y también a la tierra y el medio ambiente” concluye Mejía. Esta audiencia ocurrió una semana después de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aceptara el desestimiento de la Policía en el proceso para reanudar las aspersiones aéreas.
Conversamos con Luis Felipe Cruz, investigador de la línea de drogas de la organización Dejusticia, para analizar las implicaciones de este caso y el futuro de la política de drogas después del pronunciamiento de la Corte Constitucional que restringe la aspersión aérea con glifosato.
¿Qué implicaciones tiene para la política de drogas que un caso de afectación por glifosato pueda entrar a la JEP?
Hay dos caras, la de la institucionalidad y la de las comunidades. Es muy grave para la institucionalidad que la política de drogas llegue a ser cuestionada en el escenario de la JEP. Nosotros presentamos un informe a la Comisión de la Verdad sobre afectaciones al campesinado en el Caquetá donde decimos que en ciertas zonas del país las fumigaciones fueron un crimen de guerra y eso tiene implicaciones jurídicas muy importantes para el Estado. Que la JEP escuche a esas víctimas es un mensaje simbólico muy fuerte contra una política que las organizaciones siempre han considerado como equivocada.
Pero del lado de las comunidades este es un precedente muy importante, le pone apuro a la acción de grupo que presentó Asocazul ante el Consejo de Estado, podría motivar al Consejo de Estado a emitir pronto una sentencia. Pero hay un debate planteado: ¿qué tipo de personas podrían ser víctimas de la política antidrogas? En el caso del glifosato eso es muy claro, así que, si la JEP abre ese espacio muchas víctimas de ese y otros casos de fumigaciones comenzarían a ser tratadas como víctimas del conflicto armado, eso da unas garantías en términos de verdad, justicia y reparación que pueden ser interesantes. Estamos discutiendo en qué sentido se daría eso.
Miremos el contexto colombiano, donde el glifosato se ha usado en el marco de operativos militares, ¿podría catalogarse como un arma de guerra?
No en todos los contextos. Para mí el glifosato en el contexto general es un crimen de lesa humanidad: un ataque generalizado contra la población, en contextos más precisos puede catalogarse de crimen de guerra. Para hablar de guerra tendríamos que ir al Derecho Internacional Humanitario y no es claro que las fumigaciones cumplan todos esos estándares que exige el DIH. Un caso podría ser Caquetá, donde el escenario de la guerra fue lo más convencional posible, con dominio territorial por parte de las Farc y guerra de movimientos, allí las Farc no eran una guerrilla sino un ejército. El Plan Colombia se enfocó en la región Andina y Amazónica con el propósito de minar el poder económico de las Farc a través de golpear los cultivos de coca. En ese caso uno si pudiera decirse que el glifosato fue un ataque contra bienes civiles en el marco del conflicto armado. A nivel nacional el tema es más complejo, habría que mirar de quién eran las plantaciones de coca, cómo se vendía y a quién, quién controlaba la zona. Los cultivos de coca se consideran bienes civiles, según el DIH.
¿Así sean ilegales?
Si, porque estamos hablando de las reglas de la guerra y en la guerra sólo se puede atacar a los combatientes o a los objetivos militares legítimos, como un campamento de las Farc, por ejemplo, pero un bien civil, aunque sea ilegal según la legislación colombiana, no puede ser un blanco legítimo. Por eso yo sostengo que en ciertas zonas se puede hablar incluso de un crimen de guerra, son métodos de guerra ilegítimos.
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Colombia firmó una convención que prohíbe el uso de armas químicas, ¿por qué no se aplica para el glifosato?
El Derecho Internacional Humanitario prohíbe ciertas cosas basado en la distinción entre civiles y combatientes, pero da un amplio espectro de acción para las acciones militares. Claro, hay que hacer el argumento de cómo fue un arma química y se utilizó durante la guerra, pero lo debe avalar un juez, ese debate se tiene que judicializar. Por eso es importante que la JEP tome el caso, porque abre el escenario para que múltiples organizaciones digan que fue un crimen de guerra en relación con el conflicto armado.
¿Cambia el panorama después que la Corte restringiera aún más la posibilidad de las aspersiones aéreas?
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) acaba de emitir una resolución en la que aprobó el desestimiento por parte de la Policía de todo el trámite de licenciamiento ambiental, es decir, la Policía básicamente retiró la solicitud, todo el proceso que intentaban hacer desde 2019 para revivir las aspersiones aéreas ya no será posible, ni siquiera va a haber la consulta previa porque la misma Policía desistió del proceso.
¿Eso significa que el proceso se cayó?
Si, ya no hay posibilidad. La Policía, para cumplir la sentencia de la Corte le solicitó a la ANLA desistir y la ANLA aceptó diciendo que el trámite debe volver a iniciar desde ceros. Ese es el estado actual del plan de manejo ambiental. A futuro lo que vamos a ver es un fortalecimiento de la erradicación terrestre, con glifosato o erradicación manual, porque la Policía ya había gastado $8.000 millones en glifosato y lo van a usar. El gobierno gastó mucha plata intentando volver a las aspersiones, nada más el convenio con la Universidad de Córdoba para el concepto previo sobre las afectaciones a la salud costó $1.000 millones, es muy grave porque son $1.000 millones que no sirvieron para nada. No sabemos cuánto le costó a la ANLA tramitar todo esto, ni cuánto le costó a la Policía el Plan de Manejo Ambiental, que tenía más de tres mil páginas, en últimas la sensación que queda es que el gobierno se gastó una cantidad de plata en una cosa inútil y muy chambona jurídicamente, que la Corte terminó tumbando con razones de peso.
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¿Podemos esperar algo de las políticas de legalización y regularización de las drogas que se impulsan ya en otros países?
Yo creo que el país está en una difícil situación porque a nivel internacional le van a pedir que reduzca los cultivos de coca, que lo haga con estrategias como la sustitución o la venta de servicios ambientales, pero esos resultados se los van a seguir exigiendo a Colombia para que reduzca la producción de cocaína. Y eso es preocupante porque realmente el gobierno no tiene una apuesta clara para enfrentar los cultivos ilícitos, ojalá el próximo gobierno la tenga. Estamos en un momento de mucho sinsabor con el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), ya es un costoso fracaso, un fracaso monumental, todo el mundo está bravo con el PNIS, el gobierno no lo quiere implementar, la gente lo abandonó y las organizaciones que lo defendieron no saben si dejarlo morir o hacer algo. Siento que se va a fortalecer la erradicación forzada, sobre eso hay pendiente otro pronunciamiento de la Corte que, cómo sea que salga, va a ser difícil de digerir para el gobierno. Colombia necesita una política de atención a la cantidad de coca que se está produciendo, pero yo no sería optimista frente al contexto internacional de la regulación, ni siquiera en Colombia, a pesar de que haya debate y proyectos de ley. El sesgo que tiene el Estado contra estos territorios terminará excluyéndolos de la regulación: se seguirá produciendo coca para exportarla, así exista un mercado legal interno. Juan Manuel Santos tenía un buen diagnóstico: de nada nos sirve regular si el mundo no regula. La pregunta es qué va a pasar con todas las familias que no puedan entrar en la regulación legal ¿se van a quedar en la coca?, ¿se van a ir a la tala de madera?, ¿a la caza de animales?, ¿a la minería ilegal de oro?
Ese fue siempre la tesis de Alfredo Molano: la coca es una válvula de escape al problema de los campesinos sin tierras en Colombia…
Tal cual. Hay cierto consenso sobre eso, el problema nunca ha sido la coca, sino los factores de exclusión rural: el problema de la tierra, de las vías, de la tenencia, de la titulación… Ahí está todo ese debate. Ahora hay un cambio en la narrativa de la guerra contra las drogas y estamos virando hacia la guerra contra la deforestación: en esa narrativa el campesino queda como el que contamina y viene la mano dura, pero de nuevo, no se resuelve el problema del desarrollo rural.
