Al menos 1.500 víctimas del conflicto armado pertenecieron a la Fuerza Aérea Colombiana

En 1990, el capitán de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) Raúl Castañeda participó en una de las operaciones más grandes que hubo contra las Farc, conocida como Casa Verde. Con bombardeos y tropas del Ejército, el presidente César Gaviria pidió a sus militares atacar la sede de operaciones de los miembros del estado mayor de la extinta guerrilla.

Castañeda fue uno de los pilotos que manejaron los aviones fantasmas que bombardearon este punto estratégico de las Farc, ubicado en la zona rural de Uribe, en el departamento del Meta. También fue uno de los oficiales de la FAC que salieron ilesos de la operación. 

Sin embargo, unos meses después, en mayo 1991, sin ninguna amenaza que lo previniera, fue desparecido, después de salir de la casa de sus suegros para encontrarse con su esposa, Lilian Florián Cortés. “Iba de Bogotá para la base donde estábamos esperándolo. Lo esperé toda la noche, pero no llegó”, cuenta. Del capitán no se supo nada hasta 15 días después, cuando llamaron a su casa para informar que había un cuerpo en una fosa común en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, que podía ser él.

(Lea también: Al menos 7.000 militares han sido víctimas de artefactos explosivos en Colombia)

Según el dictamen de medicina forense, el capitán había sido torturado antes de ser asesinado con una docena de disparos. Días después de encontrarlo, los altos mandos de las fuerzas militares les pidieron a los oficiales que habían participado en Casa Verde tener cuidado y aseguraron que la muerte de Castañeda era producto de una retaliación de las Farc, aunque nunca hubo una investigación exhaustiva del caso. 

Esta es tan solo una de las historias relatadas en “Vuelo a la Eternidad”, el informe que hoy la FAC, la Fundación Visión Desarrollo Social (Funvides) y víctimas del conflicto armado, como Lilian Florián Cortés, le entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de “visibilizar, dignificar y reparar a las 1.597 personas que según el Registro Único de Víctimas, pertenecen a esta fuerza”, según el general Eliot Benavides.

De esta cifra, dijo Benavides, 1.330 eran soldados; 108, suboficiales; 94 pertenecieron al grupo de funcionarios administrativos; 43 eran oficiales, y 12, alumnos. Todos ellos, junto con sus familiares, son mencionados en el documento entregado a la Sala de Reconocimiento de la JEP.

En el documento que se le entregó a la JEP se reúnen los principales hechos victimizantes de los militares de la FAC, como desaparición forzada, amenazas, desplazamiento forzado y homicidio. Todos ellos fueron clasificados por territorios y unidades militares. Además, se narran los casos particulares y colectivos más recordados por esta fuerza, como los ataques a las escuelas de formación.

Antonio Ochoa Peralta, director jurídico de Funvides, explica que gran parte de la información ya estaba recopilada por la FAC. Sin embargo, también tuvieron en cuenta informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y leyes, como la 1448 de víctimas, para entregarles a los magistrados un contexto del conflicto armado desde su visión.

Para Ochoa, es muy importante que, a pesar de que se entrega una base de datos, la JEP tenga en cuenta a otras víctimas que no pudieron, por tiempo o por criterios, ser registradas ante otras entidades. “Hoy hay víctimas con sus derechos insatisfechos. Y no sólo porque no hayan sido tenidos en cuenta por la ley, sino también porque en un comienzo las normas tuvieron restricciones con los militares, por eso es tan importante presentar estos casos a la JEP”.

Lea también: La lucha de los militares para ser reconocidos como víctimas

Juan Carlos Méndez, director de memoria histórica de la FAC, resaltó la importancia de esclarecer los hechos para las fuerzas militares y sus familias, además de reconocer los derechos de las victimas en el conflicto armado. Méndez agregó que en un principio sólo estaban reconocidas 67 víctimas, pero con este nuevo proceso de recolección de información se han sumado 2.000 más, de las cuales 493 aún no han sido reconocidas por el Estado.

Como representante de las víctimas, Florián invitó a quienes han sufrido el conflicto armado “a perdonar, a reconciliarse y a que, movidas por un espíritu de resiliencia, puedan cumplir sus sueños y aspiraciones”. Además, agradeció a la JEP esta oportunidad de ser escuchada y de poder acceder a sus derechos, como la verdad y la reparación, que hasta el momento han sido negadas.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, recordó que hay una deuda histórica con los más afectados por la guerra y que este tipo de acciones, como la integra de informes, son un gran paso para afianzar el compromiso y el reto que tiene el componente de justicia de acabar con la impunidad.

“Hoy las víctimas son nuestras principales maestras para la reconstrucción del tejido social. Esa añorada reconciliación no se puede consolidar si no avanzamos en esa verdad que usted, doña Lilian Ibeth, reclama”, agregó Linares.

(Lea también: JEP escuchó a los militares sobre el uso de armas no convencionales por parte de las Farc)

Esta no es la primera vez que las Fuerzas Militares hacen entrega de informes. El Ejército Nacional fue el primero en dar el paso cuando les entregó a los magistrados de la JEP una recopilación de las victimizaciones de sus uniformados durante 50 años de conflicto. Asimismo, le entregaron un documento sobre de los artefactos explosivos improvisados, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y utilizados por los grupos armados ilegales, como las minas antipersonales, que atentaron contra más de 7.000 militares.

En 1990, el capitán de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) Raúl Castañeda participó en una de las operaciones más grandes que hubo contra las Farc, conocida como Casa Verde. Con bombardeos y tropas del Ejército, el presidente César Gaviria pidió a sus militares atacar la sede de operaciones de los miembros del estado mayor de la extinta guerrilla.

Castañeda fue uno de los pilotos que manejaron los aviones fantasmas que bombardearon este punto estratégico de las Farc, ubicado en la zona rural de Uribe, en el departamento del Meta. También fue uno de los oficiales de la FAC que salieron ilesos de la operación. 

Sin embargo, unos meses después, en mayo 1991, sin ninguna amenaza que lo previniera, fue desparecido, después de salir de la casa de sus suegros para encontrarse con su esposa, Lilian Florián Cortés. “Iba de Bogotá para la base donde estábamos esperándolo. Lo esperé toda la noche, pero no llegó”, cuenta. Del capitán no se supo nada hasta 15 días después, cuando llamaron a su casa para informar que había un cuerpo en una fosa común en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, que podía ser él.

(Lea también: Al menos 7.000 militares han sido víctimas de artefactos explosivos en Colombia)

Según el dictamen de medicina forense, el capitán había sido torturado antes de ser asesinado con una docena de disparos. Días después de encontrarlo, los altos mandos de las fuerzas militares les pidieron a los oficiales que habían participado en Casa Verde tener cuidado y aseguraron que la muerte de Castañeda era producto de una retaliación de las Farc, aunque nunca hubo una investigación exhaustiva del caso. 

Esta es tan solo una de las historias relatadas en “Vuelo a la Eternidad”, el informe que hoy la FAC, la Fundación Visión Desarrollo Social (Funvides) y víctimas del conflicto armado, como Lilian Florián Cortés, le entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de “visibilizar, dignificar y reparar a las 1.597 personas que según el Registro Único de Víctimas, pertenecen a esta fuerza”, según el general Eliot Benavides.

De esta cifra, dijo Benavides, 1.330 eran soldados; 108, suboficiales; 94 pertenecieron al grupo de funcionarios administrativos; 43 eran oficiales, y 12, alumnos. Todos ellos, junto con sus familiares, son mencionados en el documento entregado a la Sala de Reconocimiento de la JEP.

En el documento que se le entregó a la JEP se reúnen los principales hechos victimizantes de los militares de la FAC, como desaparición forzada, amenazas, desplazamiento forzado y homicidio. Todos ellos fueron clasificados por territorios y unidades militares. Además, se narran los casos particulares y colectivos más recordados por esta fuerza, como los ataques a las escuelas de formación.

Antonio Ochoa Peralta, director jurídico de Funvides, explica que gran parte de la información ya estaba recopilada por la FAC. Sin embargo, también tuvieron en cuenta informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y leyes, como la 1448 de víctimas, para entregarles a los magistrados un contexto del conflicto armado desde su visión.

Para Ochoa, es muy importante que, a pesar de que se entrega una base de datos, la JEP tenga en cuenta a otras víctimas que no pudieron, por tiempo o por criterios, ser registradas ante otras entidades. “Hoy hay víctimas con sus derechos insatisfechos. Y no sólo porque no hayan sido tenidos en cuenta por la ley, sino también porque en un comienzo las normas tuvieron restricciones con los militares, por eso es tan importante presentar estos casos a la JEP”.

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Juan Carlos Méndez, director de memoria histórica de la FAC, resaltó la importancia de esclarecer los hechos para las fuerzas militares y sus familias, además de reconocer los derechos de las victimas en el conflicto armado. Méndez agregó que en un principio sólo estaban reconocidas 67 víctimas, pero con este nuevo proceso de recolección de información se han sumado 2.000 más, de las cuales 493 aún no han sido reconocidas por el Estado.

Como representante de las víctimas, Florián invitó a quienes han sufrido el conflicto armado “a perdonar, a reconciliarse y a que, movidas por un espíritu de resiliencia, puedan cumplir sus sueños y aspiraciones”. Además, agradeció a la JEP esta oportunidad de ser escuchada y de poder acceder a sus derechos, como la verdad y la reparación, que hasta el momento han sido negadas.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, recordó que hay una deuda histórica con los más afectados por la guerra y que este tipo de acciones, como la integra de informes, son un gran paso para afianzar el compromiso y el reto que tiene el componente de justicia de acabar con la impunidad.

“Hoy las víctimas son nuestras principales maestras para la reconstrucción del tejido social. Esa añorada reconciliación no se puede consolidar si no avanzamos en esa verdad que usted, doña Lilian Ibeth, reclama”, agregó Linares.

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Esta no es la primera vez que las Fuerzas Militares hacen entrega de informes. El Ejército Nacional fue el primero en dar el paso cuando les entregó a los magistrados de la JEP una recopilación de las victimizaciones de sus uniformados durante 50 años de conflicto. Asimismo, le entregaron un documento sobre de los artefactos explosivos improvisados, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y utilizados por los grupos armados ilegales, como las minas antipersonales, que atentaron contra más de 7.000 militares.