Alcaldía de Medellín debe entregar informe reservado sobre desaparecidos en la Comuna 13

Una audiencia inusual y llena de símbolos. En las sillas de la primera fila no había nadie sentado pero tampoco se podía decir que estaban vacías. Custodiándolas estaban las siluetas que dieron cuerpo al recuerdo de los familiares desaparecidos en el conflicto armado que se libró en la Comuna 13 de Medellín y los nombres de quienes los buscaron hasta el último día de su existencia. 

Este miéricoles, el auditorio Fernando Vélez Barrientos del Palacio de Justicia de la Alpujarra, en Medellín, fue el escenario de la primera jornada de una histórica diligencia. Por primera vez la Jurisdicción Especial de Paz realizó una audiencia pública centrada y motivada en las peticiones de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. En este caso, organizaciones que han seguido y acompañado el drama de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín, en medio del conflicto armado.

Fue un acto solemne, pero al mismo tiempo judicial que buscó recaudar información suficiente para saber cuál es el contexto de este fenómeno y qué han hecho las entidades para esclarecer lo ocurrido.

Todo con el fin de evaluar si se deben dictar medidas de protección de los sitios en los que por décadas los familiares de las víctimas de desaparición forzada y otros actores, como desmovilizados de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las AUC que operó allí, han señalado como espacios donde podrían estar restos o cuerpos de los desaparecidos.

Se calcula, según la Fiscalía, que la mayoría habrían sido llevados después de las operaciones militares Mariscal (mayo de 2002) y Orión (octubre de 2002 y diciembre de ese mismo año). Orión, que inició el 16 de octubre de 2002, es considerada la acción armada urbana más grande que ha habido en Colombia en el marco del conflicto. En estas operaciones participaron cerca de 1.500 uniformados y se utilizaron ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores. En desarrollo de esta operación la Fuerza Pública realizó más de 150 allanamientos y capturó a más de 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Luego de esto, la comunidad denunció asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados, desapariciones y accionar conjunto con el paramilitarismo, que también ha denunciado la Fiscalía.

(Lea también: “Rogaría por medidas cautelares en La Escombrera”: magistrado de Justicia y Paz)

En la audiencia, las víctimas y sus representantes pudieron preguntar e intervenir, hablar de sus esposos, hijos y hermanos desaparecidos y pudieron enumerar las afectaciones a su vida que les ha generado la incertidumbre de su paradero. Su búsqueda fue reconocida y dignificada por los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP que presidieron el espacio.  Por ejemplo, el magistrado Salazar expresó:

"Estamos aquí para vencer a los victimarios y decirles que su acto fue inmoral, que su crimen no tiene justificación, excusa o causa noble alguna que lo ampare. Estamos aquí para elevar , repetir y recordar los nombres de quienes han querido ser borrados de la humanidad, de nuestros días, de nuestras mentes. Por ello esta Audiencia es una forma de acompañar la perseverante batalla que contra el olvido ustedes familiares han guiado. Por ello durante la Audiciencia repetiremos los nombres de quienes no están, veremos sus rostros, recordaremos sus anhelos y sus sueños La Jurisdicción especial para la Paz es una realidad ética, jurídica y política".

Una diferencia grande con relación a las decenas de audiencias que han tenido las víctimas en la justicia ordinaria y por eso exaltaron y valoraron este compromiso en cada intervención que hicieron. 

Fue precisamente una de esas intervenciones en las que María Victoria Fallon Morales, abogada del Grupo Interdisciplinario GIDH, dio a conocer la existencia de un documento revelador.

Se trata de un contrato de 2010 que realizó la entonces entidad Metroseguridad y la Universidad de Antioquia y que la Alcaldía nunca ha querido hacer público. El documento, según Fallon, señala que en la Comuna 13 hay un universo de 176 víctimas de desaparición forzada. Así como identifica un croquis con dos lugares de enterramiento de cadáveres de posibles desaparecidos y la posible ubicación de la casa de torturas de los paramilitares.  

Informe sobre desaparición en la Comuna 13

El informe es el resultado de un contrato de consultoría cuyo objeto era describir el espacio geográfico del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín en los últimos 20 años; identificar corredores de movilidad entre comunas generados durante el conflicto armado; describir la Comuna 13 y sus relaciones en términos políticos, económicos, y organizacionales y analizar los efectos de esa confrontación armada.

(Podría interesarle: Los testimonios de la Operación Orión están en manos de la JEP)

La investigación fue realizada por el Grupo de Investigaciones Biosociales del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH) de la Universidad de Antioquia y fue entregado a la Alcaldía en diciembre de 2010. El documento se tituló: Investigación Preliminar de la Desaparición Forzada en la Comuna 13 de Medellín pero no se dio a conocer y se ha manejado en estricta reserva.

Fallon cuenta cómo tuvo una copia de la investigación por una filtración, ya que le negaron el acceso al informe en la Alcaldía. Consultada por este diario la abogada precisó: “La Universidad de Antioquia hizo un trabajo muy juicioso frente al tema, se hicieron muchas entrevistas de desmovilizados y familiares de víctimas que tenían esa información. Este informe concluye de manera muy tajante que hubo responsabilidad del Estado y de agentes del Estado en la desaparición forzada de personas de la Comuna 13. Yo creo que esa fue la razón principal para ocultar este informe por tantos años”, señaló.

Por esta razón, el magistrado Gustavo Salazar, quien presidía la audiencia de la JEP, ordenó a la Alcaldía que en un plazo de tres días entregue a la Jurisdicción Especial de Paz este informe para contrastarlo con el que le entregó Fallon.

Para las víctimas y sus representantes, la solicitud de medidas cautelares en la Jurisdicción Especial de Paz de los lugares donde pueden estar sus familiares desaparecidos, como las escombreras de la Comuna 13, representa una nueva esperanza en medio de la indiferencia y la negligencia que han tenido las entidades del Estado en todos estos años porque, como bien relató Fallon “han vivido por más de 17 años con la angustia y la zozobra que produce saber, que cada volqueta de escombros que sube loma arriba deja metros más abajo a sus seres queridos”.

Este jueves continúa esta diligencia y se escucharán nuevas intervenciones de representantes de entidades que responderán las preguntas de los magistrados. Así como se espera aclarar la petición de la Fiscalía de ampliar uno de los polígonos establecidos donde según ellos sí podrían existir cuerpos de desaparecidos en La Escombrera. Nancy Posada, fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia Transicional, señaló también durante su intervención que tiene conocimiento del interés de varios desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara que no se acogieron a Justicia y Paz o fueron excluidos que están dispuestos como actores materiales de varias de estas desapariciones forzadas a someterse a la JEP y contribuir con información que permita nuevas exhumaciones.

*Enviada especial a Medellín.

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Una audiencia inusual y llena de símbolos. En las sillas de la primera fila no había nadie sentado pero tampoco se podía decir que estaban vacías. Custodiándolas estaban las siluetas que dieron cuerpo al recuerdo de los familiares desaparecidos en el conflicto armado que se libró en la Comuna 13 de Medellín y los nombres de quienes los buscaron hasta el último día de su existencia. 

Este miéricoles, el auditorio Fernando Vélez Barrientos del Palacio de Justicia de la Alpujarra, en Medellín, fue el escenario de la primera jornada de una histórica diligencia. Por primera vez la Jurisdicción Especial de Paz realizó una audiencia pública centrada y motivada en las peticiones de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. En este caso, organizaciones que han seguido y acompañado el drama de las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín, en medio del conflicto armado.

Fue un acto solemne, pero al mismo tiempo judicial que buscó recaudar información suficiente para saber cuál es el contexto de este fenómeno y qué han hecho las entidades para esclarecer lo ocurrido.

Todo con el fin de evaluar si se deben dictar medidas de protección de los sitios en los que por décadas los familiares de las víctimas de desaparición forzada y otros actores, como desmovilizados de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las AUC que operó allí, han señalado como espacios donde podrían estar restos o cuerpos de los desaparecidos.

Se calcula, según la Fiscalía, que la mayoría habrían sido llevados después de las operaciones militares Mariscal (mayo de 2002) y Orión (octubre de 2002 y diciembre de ese mismo año). Orión, que inició el 16 de octubre de 2002, es considerada la acción armada urbana más grande que ha habido en Colombia en el marco del conflicto. En estas operaciones participaron cerca de 1.500 uniformados y se utilizaron ametralladoras M60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores. En desarrollo de esta operación la Fuerza Pública realizó más de 150 allanamientos y capturó a más de 355 personas, de las cuales 82 terminaron sindicadas. Luego de esto, la comunidad denunció asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados, desapariciones y accionar conjunto con el paramilitarismo, que también ha denunciado la Fiscalía.

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En la audiencia, las víctimas y sus representantes pudieron preguntar e intervenir, hablar de sus esposos, hijos y hermanos desaparecidos y pudieron enumerar las afectaciones a su vida que les ha generado la incertidumbre de su paradero. Su búsqueda fue reconocida y dignificada por los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP que presidieron el espacio.  Por ejemplo, el magistrado Salazar expresó:

"Estamos aquí para vencer a los victimarios y decirles que su acto fue inmoral, que su crimen no tiene justificación, excusa o causa noble alguna que lo ampare. Estamos aquí para elevar , repetir y recordar los nombres de quienes han querido ser borrados de la humanidad, de nuestros días, de nuestras mentes. Por ello esta Audiencia es una forma de acompañar la perseverante batalla que contra el olvido ustedes familiares han guiado. Por ello durante la Audiciencia repetiremos los nombres de quienes no están, veremos sus rostros, recordaremos sus anhelos y sus sueños La Jurisdicción especial para la Paz es una realidad ética, jurídica y política".

Una diferencia grande con relación a las decenas de audiencias que han tenido las víctimas en la justicia ordinaria y por eso exaltaron y valoraron este compromiso en cada intervención que hicieron. 

Fue precisamente una de esas intervenciones en las que María Victoria Fallon Morales, abogada del Grupo Interdisciplinario GIDH, dio a conocer la existencia de un documento revelador.

Se trata de un contrato de 2010 que realizó la entonces entidad Metroseguridad y la Universidad de Antioquia y que la Alcaldía nunca ha querido hacer público. El documento, según Fallon, señala que en la Comuna 13 hay un universo de 176 víctimas de desaparición forzada. Así como identifica un croquis con dos lugares de enterramiento de cadáveres de posibles desaparecidos y la posible ubicación de la casa de torturas de los paramilitares.  

Informe sobre desaparición en la Comuna 13

El informe es el resultado de un contrato de consultoría cuyo objeto era describir el espacio geográfico del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín en los últimos 20 años; identificar corredores de movilidad entre comunas generados durante el conflicto armado; describir la Comuna 13 y sus relaciones en términos políticos, económicos, y organizacionales y analizar los efectos de esa confrontación armada.

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La investigación fue realizada por el Grupo de Investigaciones Biosociales del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas (CISH) de la Universidad de Antioquia y fue entregado a la Alcaldía en diciembre de 2010. El documento se tituló: Investigación Preliminar de la Desaparición Forzada en la Comuna 13 de Medellín pero no se dio a conocer y se ha manejado en estricta reserva.

Fallon cuenta cómo tuvo una copia de la investigación por una filtración, ya que le negaron el acceso al informe en la Alcaldía. Consultada por este diario la abogada precisó: “La Universidad de Antioquia hizo un trabajo muy juicioso frente al tema, se hicieron muchas entrevistas de desmovilizados y familiares de víctimas que tenían esa información. Este informe concluye de manera muy tajante que hubo responsabilidad del Estado y de agentes del Estado en la desaparición forzada de personas de la Comuna 13. Yo creo que esa fue la razón principal para ocultar este informe por tantos años”, señaló.

Por esta razón, el magistrado Gustavo Salazar, quien presidía la audiencia de la JEP, ordenó a la Alcaldía que en un plazo de tres días entregue a la Jurisdicción Especial de Paz este informe para contrastarlo con el que le entregó Fallon.

Para las víctimas y sus representantes, la solicitud de medidas cautelares en la Jurisdicción Especial de Paz de los lugares donde pueden estar sus familiares desaparecidos, como las escombreras de la Comuna 13, representa una nueva esperanza en medio de la indiferencia y la negligencia que han tenido las entidades del Estado en todos estos años porque, como bien relató Fallon “han vivido por más de 17 años con la angustia y la zozobra que produce saber, que cada volqueta de escombros que sube loma arriba deja metros más abajo a sus seres queridos”.

Este jueves continúa esta diligencia y se escucharán nuevas intervenciones de representantes de entidades que responderán las preguntas de los magistrados. Así como se espera aclarar la petición de la Fiscalía de ampliar uno de los polígonos establecidos donde según ellos sí podrían existir cuerpos de desaparecidos en La Escombrera. Nancy Posada, fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia Transicional, señaló también durante su intervención que tiene conocimiento del interés de varios desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara que no se acogieron a Justicia y Paz o fueron excluidos que están dispuestos como actores materiales de varias de estas desapariciones forzadas a someterse a la JEP y contribuir con información que permita nuevas exhumaciones.

*Enviada especial a Medellín.

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