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El Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc vive por estos días un nuevo desafío por cuenta de los retrasos en la implementación normativa de lo pactado, la incertidumbre de la ruta de reintegración de los excombatientes y las polémicas que ha suscitado la posible inclusión de narcotraficantes en las listas que presentó la guerrilla como integrantes de su organización. Pero detrás de la consolidación y verificación de quienes tendrán beneficios por haber firmado el Acuerdo de Paz ha habido un trabajo técnico y detallado por parte de delegados del Gobierno y las Farc que riñe con la tesis de que en este punto pueda “haber colados”. Esto pese a que el Acuerdo ha sido visto con atracción por delincuentes de todos los pelambres.
Cuando el Gobierno y las Farc estaban en La Habana (Cuba) discutiendo cómo sería el tránsito a la legalidad de esta guerrilla, lo primero que se discutió fue cómo no repetir los errores del pasado. En especial los cometidos durante la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (en los años 2003 y 2006), donde al comienzo del proceso se dijo que eran entre 8.000 y 9.000 combatientes y terminaron desmovilizándose unos 32.000, con toda suerte de narcotraficantes puros como Francisco Gabriel Zuluaga, alias Gordolindo o Miguel Ángel Mejía Múnera, conocido como el Mellizo.
Por eso la primera pregunta que se hicieron desde el Gobierno fue: ¿cuántos hombres de las Farc había en los registros del Estado?, teniendo en cuenta que la Fuerza Pública tenía un conteo del “enemigo” registrado en órdenes de batalla. “Las Farc han tenido una gran disposición para ajustar los listados. Y ese ha sido un proceso complejo. Nos han dicho que han matado a muchos comandantes, que la organización era una en 2002 y otra hoy. Para ellos no era tan fácil saber cuáles y cuántos eran hoy parte de la organización por la naturaleza de la guerra. Lo que sí sabíamos es que ese proceso empezó desde La Habana”, explicó Mónica Cifuentes, gerente jurídica del proceso de paz adscrita a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La construcción de las listas preliminares de las Farc empezó con propiedad cuando los combatientes llegaron a las zonas veredales donde dejaron las armas. “Hay que tener claro que las listas que empezaron a entregar las Farc se recibieron bajo dos principios, uno de buena fe y otro sobre el derecho que teníamos de hacer una serie de verificaciones”, precisa Cifuentes.
Pero esas verificaciones se hacían sobre la base de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no tenía ni la información ni la capacidad de saber si las personas presentadas en las listas eran realmente integrantes de esa organización clandestina. Para curarse en salud, y ante las lecciones del pasado, conformaron un comité interinstitucional, que lo llamaron internamente el comité de listados y que regularon bajo el Decreto 1174 de 2017.
Este documento hace un llamado a todas las instituciones del Estado que pueden tener información sobre las Farc para hacer esa verificación: el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el jefe de Inteligencia Conjunta, el jefe de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, el jefe de Inteligencia de la Armada, el jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el director de Inteligencia de la Policía (Dipol), la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y, para algunos efectos de identificación, la Registraduría General de la Nación.
En ese sentido, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al no ser una entidad judicial ni de inteligencia, cumplió un papel de secretaría técnica, pidiendo información sobre las personas que aparecían en esas listas y recibiendo y objetando su pertenencia cuando existían anotaciones de estas instituciones.
Si las personas que integraban el comité no hacían ninguna observación sobre las personas o reportaban que sí eran de las Farc, la Oficina del Alto Comisionado procedía a acreditarlos. Eso significaba dos cosas: para los guerrilleros que estaban en las “zonas veredales de normalización” y ya tenían el registro de dejación de armas y el acta de compromiso de que no se alzarían en armas otra vez contra el Estado y comparecerían al Sistema Integral de Justicia, Verdad y no Repetición se les abría la baraja de beneficios colectivos: la amnistía, la posibilidad de someterse a la JEP y ser parte de la ruta de reintegración.
Para los guerrilleros presos, la acreditación significaba que tenían que surtir su solicitud de amnistía ante un juez ordinario para salir de la cárcel y aquellos que tenían delitos distintos al de rebelión debían salir con libertad condicional mientras se presentaban a la Justicia Especial de Paz.
Tanto legalismo fue duramente criticado en su momento por parte de las Farc y organizaciones internacionales que no entendían, y no entienden, cómo meses después de expedidos una ley y un decreto de amnistía por el Acuerdo de Paz alcanzado muchos de los miembros reconocidos así por las Farc seguían presos.
“Curiosamente esto ha sido una muestra de seriedad del proceso, porque hemos desmovilizado a las Farc sobre la base de la identificación plena de cada uno de sus integrantes. Contrario a cómo sucedió con los paramilitares, porque hoy en día seguimos aclarando nombres de los listados de personas que fueron desmovilizadas en ese momento”, defiende Cifuentes. En ese entonces, el tema fue mucho menos complejo y, por lo tanto, informal. Los comandantes de las Auc entregaban sus listados y abajo del documento aparecía una nota del Alto Comisionado para la Paz diciendo acepto el listado entregado de conformidad con el Decreto 3360 y su firma. Nada más.
A 14 de septiembre de 2017, el alto comisionado para la Paz ha acreditado 11.348. De esos, 8.281 estaban en las zonas o eran “externos”, es decir, milicianos. De esos hay 52 extranjeros y 3.015 que estaban privados de la libertad. Por acreditar faltan al menos 750 personas que estaban en los listados de las Farc. Sobre ellos hay dos categorías: quienes tienen problemas de identificación y la Registraduría está constatando su plena identidad, porque muchos de ellos no tenían ni registro de nacimiento o tenían varias cédulas (350). Y los demás (287), que están en proceso de “observación”, porque existe alguna duda de que pertenezcan a las Farc.
“De los casos que se han estudiado y se tienen observaciones, las Farc han excluido cerca de 160 nombres, el resto sigue en estudio”, reconoce Cifuentes. Es de esa lista que en los últimos días se han conocido algunos nombres que han suscitado críticas en medios de comunicación. Los llamados “narcos puros o colados”, como 25 extraditables y cerca de 12 más que serían parte de otras organizaciones ilegales.
“Aquí no se están buscando quiénes tienen proceso de extradición para no acreditarlos, aquí se está buscando a quienes no son miembros de las Farc y tienen procesos de extradición, que es muy distinto, porque el Acuerdo es claro: los miembros de las Farc que formen parte del Acuerdo y tengan delitos de competencia de la JEP no serán extraditados y será en este escenario que se resolverá su situación jurídica”, comenta Cifuentes, y detalla que todos los miembros del Secretariado de las Farc están certificados y ya firmaron su acta de sometimiento a la JEP por los delitos que no son amnistiables como el narcotráfico.
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“Nosotros no les podemos dar la categoría de colados, porque realmente no se han certificado por la Oficina del Alto Comisionado de Paz”, señala Cifuentes. Sin embargo, hay casos que son complejos, como el de Alexánder Romero Sepúlveda, jefe de una red de sicarios en Bogotá, que salió de la cárcel con libertad condicionada como “gestor de paz” de las Farc y al conocerse la noticia fue expulsado de la lista por las Farc. Hoy está prófugo de la justicia. Como él hay otro caso sobre el que se retiró la certificación porque se allegó información posterior de los miembros del comité que generaban dudas.
Después de este caso, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se reunió con las Farc y ellos excluyeron de la lista de “gestores de paz” 26 nombres. “Sobre esos nombres no existía ningún registro del comité que nos hiciera dudar en principio que eran miembros de las Farc”, argumenta Cifuentes. Ahora, sobre el caso del narcotraficante Segundo Villota, detrás de quien había un plan para pasarlo como amnistiable de las Farc y por quien la Fiscalía le imputó cargos al agente de la Sijín Manuel Antonio Riascos, señalado de ser parte de la red de funcionarios y abogados que montaron evidencia falsa para pasarlo como guerrillero, Cifuentes reconoce que estaba en un listado de las Farc y que ante estas informaciones no será certificado.
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“Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia de que se estén vendiendo cupos en los listados de las Farc”, sostiene. Por lo pronto, mientras se aclara el tema, es claro que la clandestinidad y la guerra de más de 50 años han imposibilitado una construcción y verificación infalibles. De lo que no hablan mucho los opositores del Acuerdo es que las Farc, en esa tarea, también han depurado sus listas, incluso antes de que caigan señalamientos.