Así será la justicia para agentes de Estado
No habrá responsabilidad del mando en razón del rango o ámbito de la jurisdicción, ni tendrán que responder con sus patrimonios personales por sus delitos. Podrá darse sustitución de la pena por una sanción acorde a las establecidas en la JEP.
Política
Una de las líneas rojas de los negociadores de Gobierno en los diálogos con las Farc fue que ni la doctrina militar ni los asuntos relativos a los miembros de la Fuerza Pública serían materia de negociación en La Habana. Eso implicó que todo el sistema de juzgamiento de los agentes de Estado se construyera desde los batallones y estaciones de Policía. De esta manera, el pasado lunes, al tiempo que se debatía la ley de amnistía para guerrilleros, el Gobierno radicó una reforma constitucional con los principios para el juzgamiento de los uniformados que hayan cometido delitos en el marco del conflicto.
La decisión tiene profundas implicaciones. Por ejemplo, que la reforma constitucional radicada ante la Secretaría de Cámara no podrá tramitarse mediante el procedimiento especial legislativo, o fast track (cuatro debates), sino que tendrá un trámite ordinario (ocho debates) que, a juzgar por las intervenciones del lunes en el Congreso, será un difícil pulso político.
Esta dificultad se ha debido en parte a la presión que han puesto organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la ONG estadounidense Human Rights Watch, que ha insistido en la necesidad de juzgar adecuadamente a los altos mandos involucrados en casos de falsos positivos. Ayer, su director, José Miguel Vivanco, dio a conocer un informe en el que señala la existencia de nuevas pruebas contra el general (r) Mario Montoya, a quien acusa de ser responsable de la comisión de esta grave infracción al DIH mientras fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.
La iniciativa presentada ante el Congreso es la otra cara de la moneda del juzgamiento y esclarecimiento de los delitos cometidos por miembros de la guerrilla y, de igual manera, sus dos principios rectores son el esclarecimiento de la verdad y la reparación de los derechos de las víctimas. Sin embargo, estos dos aspectos no serán de fácil aplicación, pues la sociedad no dimensiona los alcances que pueda tener la verdad de los delitos cometidos por militares y policías. Así como también estarán bajo la lupa de los organismos internacionales.
Una de las líneas rojas de los negociadores de Gobierno en los diálogos con las Farc fue que ni la doctrina militar ni los asuntos relativos a los miembros de la Fuerza Pública serían materia de negociación en La Habana. Eso implicó que todo el sistema de juzgamiento de los agentes de Estado se construyera desde los batallones y estaciones de Policía. De esta manera, el pasado lunes, al tiempo que se debatía la ley de amnistía para guerrilleros, el Gobierno radicó una reforma constitucional con los principios para el juzgamiento de los uniformados que hayan cometido delitos en el marco del conflicto.
La decisión tiene profundas implicaciones. Por ejemplo, que la reforma constitucional radicada ante la Secretaría de Cámara no podrá tramitarse mediante el procedimiento especial legislativo, o fast track (cuatro debates), sino que tendrá un trámite ordinario (ocho debates) que, a juzgar por las intervenciones del lunes en el Congreso, será un difícil pulso político.
Esta dificultad se ha debido en parte a la presión que han puesto organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la ONG estadounidense Human Rights Watch, que ha insistido en la necesidad de juzgar adecuadamente a los altos mandos involucrados en casos de falsos positivos. Ayer, su director, José Miguel Vivanco, dio a conocer un informe en el que señala la existencia de nuevas pruebas contra el general (r) Mario Montoya, a quien acusa de ser responsable de la comisión de esta grave infracción al DIH mientras fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008.
La iniciativa presentada ante el Congreso es la otra cara de la moneda del juzgamiento y esclarecimiento de los delitos cometidos por miembros de la guerrilla y, de igual manera, sus dos principios rectores son el esclarecimiento de la verdad y la reparación de los derechos de las víctimas. Sin embargo, estos dos aspectos no serán de fácil aplicación, pues la sociedad no dimensiona los alcances que pueda tener la verdad de los delitos cometidos por militares y policías. Así como también estarán bajo la lupa de los organismos internacionales.