Avances y retos de la justicia transicional
Participación de las víctimas, articulación entre las tres entidades y el procesamiento de la información son algunos de los desafíos que tienen la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos.
Beatriz Valdés Correa - @beatrijelena
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva diez meses funcionando, la Comisión de la Verdad comenzará su mandato de tres años el próximo 29 de noviembre y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas apenas tuvo presupuesto en septiembre. Sin embargo, ya todas tienen las normas jurídicas que las rigen, el dinero para su funcionamiento y están terminando de conformar sus equipos. ¿Cuál es el balance del Sistema de justicia transicional dos años después del Acuerdo de paz que lo crea? ¿Cómo han participado las víctimas? ¿Cuáles son los retos que tienen estas entidades? Sobre esto conversan hoy integrantes de estas instituciones en el evento: “Justicia transicional: balance a dos años de la firma del acuerdo final”, que se realiza en el Museo Nacional, organizado por Colombia2020 y su capítulo Justicia para la Paz.
A la fecha, a pesar de que apenas están comenzando, ya hay avances y retos enormes. Estos son algunos de ellos:
El próximo 29 de noviembre empieza a funcionar, después de seis meses de alistamiento desde la posesión de los comisionados y comisionadas. En este tiempo han conformado su equipo nacional y están en la tarea de consolidar los grupos territoriales, que trabajarán en las “casas de la Verdad”, en distintas regiones. También se han reunido con víctimas en sus territorios e incluso fuera del país. El balance general es bueno, pero tiene al menos tres desafíos:
1. Optimizar el tiempo y priorizar. Los cuatro expertos: Juan Carlos Ospina, coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, María Camila Moreno, directora del ICTJ, Hobeth Martínez y Alejandro Jiménez, investigadores de Dejusticia, concuerdan en que es una tarea descomunal para sus tres años de operación. Para eso debe haber criterios de priorización.
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2. Lineamientos y protocolos específicos. La Comisión publicó un documento, abierto a recomendaciones, que contiene parámetros generales. María Camila Moreno,directora del ICTJ, espera que, internamente, haya formatos y protocolos precisos para, por ejemplo, recibir testimonios.
3. Organizar la información de acuerdo a las regiones. Hobeth Martínez, abogado experto en justicia transicional de Dejusticia, piensa que la forma actual “está muy centrada en temas de victimización y esto debe ser flexible de acuerdo a lo que más afectó a cada región. Por ejemplo, si el narcotráfico marcó a un departamento y ocasionó otras victimizaciones”.
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El primer avance es que está creada y funcionando. Cuenta con el piso jurídico necesario para su funcionamiento: está creada constitucionalmente, tiene ley estatutaria (que está en manos de la Corte Constitucional y debe sancionar el Presidente Iván Duque) y ley de procedimiento. Además, la JEP ya abrió cinco casos, 11.468 personas se han sometido a ella y ha recibido alrededor de 140 informes de instituciones estatales, organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. Sin embargo, hay tareas ineludibles:
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1. Resolver las dudas sobre la participación de las víctimas, recomienda Juan Carlos Ospina, coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas.
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2. La comunicación con las víctimas. “Se debe explicar de manera clara, no solamente qué es la JEP, sino cuáles son los diferentes pasos”, dice María Camila Moreno, del Ictj. Juan Carlos Ospina apoya este reto, pues identifica que esto fue lo que sucedió en la audiencia de sometimiento del general Mario Montoya, que no hubo claridad sobre los alcances de lo que se iba a hacer y cómo.
3. El procesamiento de la información. Para analizar, contrastar informes con versiones voluntarias y versiones de las víctimas debe haber un sistema para procesar la información y debe estar basado en herramientas tecnológicas. “Los delitos que está recibiendo la JEP tienen un alto grado de masividad y organización. No se trata de quién mató a quién, sino de políticas generales de una organización o de un grupo o contra un grupo de personas y quiénes fueron los responsables”, dicen los abogados e investigadores de Dejusticia Hobeth.
Después de varios meses de luchar por la expedición de los decretos que le daban vida a la Unidad, por la aprobación de su estructura y finalmente por la asignación del presupuesto, esta entidad está funcionando. Ya se ha reunido con familiares de víctimas y organizaciones de desaparición forzada y está trabajando en los lineamientos de la búsqueda, pero este problema no aparece en la agenda nacional con la magnitud que le corresponde. Estos son los tres retos.
1. Fortalecer los canales de comunicación. “Debe explicar cuál ha sido su plan de acción, cómo se proyecta, por qué así y no de otra manera”, dice Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas. Los demás investigadores están de acuerdo en que debe hacer visible su trabajo.
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2. No perder de vista la experiencia de las víctimas. “Han sido conscientes de que no pueden diseñar sus protocolos sin tener en cuenta la experiencia de los familiares y las organizaciones”, dice María Camila Moreno, directora del ICTJ.
3. Transparencia y rendición de cuentas. “Esto le permite blindarse frente a las dificultades que pueda tener, pero también logra que la ciudadanía pueda ver realmente la utilidad e importancia de la Unidad”, dice Ospina.
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A la fecha, a pesar de que apenas están comenzando, ya hay avances y retos enormes. Estos son algunos de ellos:
El próximo 29 de noviembre empieza a funcionar, después de seis meses de alistamiento desde la posesión de los comisionados y comisionadas. En este tiempo han conformado su equipo nacional y están en la tarea de consolidar los grupos territoriales, que trabajarán en las “casas de la Verdad”, en distintas regiones. También se han reunido con víctimas en sus territorios e incluso fuera del país. El balance general es bueno, pero tiene al menos tres desafíos:
1. Optimizar el tiempo y priorizar. Los cuatro expertos: Juan Carlos Ospina, coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas, María Camila Moreno, directora del ICTJ, Hobeth Martínez y Alejandro Jiménez, investigadores de Dejusticia, concuerdan en que es una tarea descomunal para sus tres años de operación. Para eso debe haber criterios de priorización.
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2. Lineamientos y protocolos específicos. La Comisión publicó un documento, abierto a recomendaciones, que contiene parámetros generales. María Camila Moreno,directora del ICTJ, espera que, internamente, haya formatos y protocolos precisos para, por ejemplo, recibir testimonios.
3. Organizar la información de acuerdo a las regiones. Hobeth Martínez, abogado experto en justicia transicional de Dejusticia, piensa que la forma actual “está muy centrada en temas de victimización y esto debe ser flexible de acuerdo a lo que más afectó a cada región. Por ejemplo, si el narcotráfico marcó a un departamento y ocasionó otras victimizaciones”.
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2. La comunicación con las víctimas. “Se debe explicar de manera clara, no solamente qué es la JEP, sino cuáles son los diferentes pasos”, dice María Camila Moreno, del Ictj. Juan Carlos Ospina apoya este reto, pues identifica que esto fue lo que sucedió en la audiencia de sometimiento del general Mario Montoya, que no hubo claridad sobre los alcances de lo que se iba a hacer y cómo.
3. El procesamiento de la información. Para analizar, contrastar informes con versiones voluntarias y versiones de las víctimas debe haber un sistema para procesar la información y debe estar basado en herramientas tecnológicas. “Los delitos que está recibiendo la JEP tienen un alto grado de masividad y organización. No se trata de quién mató a quién, sino de políticas generales de una organización o de un grupo o contra un grupo de personas y quiénes fueron los responsables”, dicen los abogados e investigadores de Dejusticia Hobeth.
Después de varios meses de luchar por la expedición de los decretos que le daban vida a la Unidad, por la aprobación de su estructura y finalmente por la asignación del presupuesto, esta entidad está funcionando. Ya se ha reunido con familiares de víctimas y organizaciones de desaparición forzada y está trabajando en los lineamientos de la búsqueda, pero este problema no aparece en la agenda nacional con la magnitud que le corresponde. Estos son los tres retos.
1. Fortalecer los canales de comunicación. “Debe explicar cuál ha sido su plan de acción, cómo se proyecta, por qué así y no de otra manera”, dice Juan Carlos Ospina, de la Comisión Colombiana de Juristas. Los demás investigadores están de acuerdo en que debe hacer visible su trabajo.
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3. Transparencia y rendición de cuentas. “Esto le permite blindarse frente a las dificultades que pueda tener, pero también logra que la ciudadanía pueda ver realmente la utilidad e importancia de la Unidad”, dice Ospina.
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