“Bajo mi mando sí hubo menores de 15 años”: dijo Joaquín Gómez a la JEP
A pesar de que durante su versión voluntaria en el Tribunal de Paz el excomandante del Bloque Sur de las extintas Farc negó que el reclutamiento de menores de edad se cometiera de manera sistemática, al final reconoció que sí había sucedido.
El excomandante del Bloque Sur de la antigua guerrilla de las Farc, Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido en la guerra como Joaquín Gómez, asistió este martes 6 de octubre, en Riohacha (La Guajira), a la versión voluntaria por el caso de reclutamiento de menores de edad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La diligencia, a grandes rasgos, tuvo grandes contradicciones. Si bien en una primera parte, el excombatiente aceptó que pudieron existir casos, pero no se endilgó la responsabilidad del delito ni habló de sistematicidad; al final decidió leer una carta en la que reconocía que la lucha revolucionaria de las extintas Farc sí se vio empañada por hechos que nunca debieron ocurrir, como el reclutamiento de menores de edad.
Antes de comenzar la versión, Gómez pidió un espacio para manifestar su compromiso con la verdad en el marco del Acuerdo de Paz. “No he venido a utilizar este espacio para culpar a los mandos medios que murieron por esta lucha, ateniéndose a las órdenes que dimos nosotros los superiores. Mi compromiso con las víctimas es decir toda la verdad”, comentó.
A la diligencia asistieron, de manera presencial, el exguerrillero y sus abogadas e Iván González, magistrado de la JEP. De manera remota estuvo la defensa de las víctimas de las organizaciones Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y de la Fundación Paz Colombia. También participó un delegado de la Procuraduría.
Ante la pregunta del magistrado Iván González sobre si tuvo menores de 15 años bajo su mando mientras comandó el Bloque Sur, Toncel aseguró: “Bajo mi mando sí hubo menores de 15 años, pero bajo circunstancias específicas”. Comentó dos casos de niños que, siendo comandante, llegaron a las filas guerrilleras porque “decían que querían estar ahí”.
Según el exguerrillero, aunque en algunos casos “devolvíamos a los niños a sus casas con sus padres”, se presentó la situación con un menor de edad a quien “los paramilitares le mataron al papá y a la mamá y quedó en completa orfandad y nosotros, lógicamente, nos lo trajimos".
(Lea también: “El reclutamiento de menores no era un delito en las Farc”: Carlos Antonio Lozada)
El excombatiente señaló que no fueron más de tres menores de edad que estuvieron a su cargo durante los 24 años de comandancia y negó que esos niños y jóvenes hayan estado, intencionalmente, en operativos o combates. “A ellos no se les daba entrenamiento militar porque ellos no podían cargar ni un fusil entonces se les ponían a pelar papa y a hacer cosas de niños”.
También negó que se hubiera dado entrenamiento de artefactos explosivos como bombas, granadas o minas antipersonales a jóvenes menores de edad por la “responsabilidad que eso representaba”.
Aunque Toncel Redondo afirmó que para ingresar a las Farc se llenaban tres documentos: el pre-ingreso, que era una lista con datos personales básicos; el ingreso, que era el papel con el que se verificaban los datos que registraban las personas y, finalmente, la “hoja de vida”, que debía entregar cada aspirante. Sin embargo, el excombatiente le aclaró al magistrado de la JEP que “no se pedían documentos de identidad para verificar la edad de las personas que entraban”.
Al igual que la versión que entregó Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada el mes pasado, comentó que los documentos y papeles físicos en los que se consignaba el registro y control de los guerrilleros se perdieron años atrás. Incluso, dijo que como exmiembro del secretariado nunca tuvo relación con los ingresos "porque como nosotros éramos los mandos altos, no podíamos exponernos al enemigo como para salir a reclutar”.
En medio de la diligencia aseguró que la única forma de saber, con certeza, la edad de los guerrilleros era cuando “eran personas de la zona y se conocía a las familias”, pero explicó que “en la mayoría de casos mentían en su edad”. Sobre este aspecto, fue enfático en que, al interior de las Farc, incumplir las normas de reclutamiento por parte de los distintos frentes no era un delito sino que era una falta, afirmación que también replicó Lozada.
(Le puede interesar: Lo que dicen los otros excomandantes de Farc que han ido a la JEP por reclutamiento)
En la diligencia judicial también se hizo hincapié en la formación militar que recibían los guerrilleros que apenas se enfilaban. Joaquín Gómez explicó que en la comandancia se dedicó a dictar clases de filosofía y economía política, aunque desconocía la edad de los muchachos. De hecho, se refirió a la Escuela Isaías Pardo, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), creada por Jorge Briceño (El Mono Jojoy) para que los excombatientes recibieran clases y mencionó que “podían llegar muchachos de 15 o 16 años pero que han mostrado todo el crecimiento como su tuvieran 24 o 20 años”.
A la pregunta de si en esa escuela de El Caguán se llegaron a formar menores de edad para la guerra, el exguerrilleros dijo que “es posible que haya habido menores de edad, pero no le puedo decir con certeza porque, en ese entonces, uno tampoco tenía esa visión de estar pendiente de eso”.
Uno de los asuntos sobre los que se detuvo la magistratura para indagar más fue sobre la Comisión de Reclutamiento que, según han revelado, tenía cada uno de los frentes de las Farc con el fin de ampliar su número de combatientes en determinados momentos. El exjefe guerrillero afirmó que no recuerda quiénes eran los miembros de la Comisión que integraron su bloque y sobre sus modos de operar, señaló que “ellos salían y encontraban muchachos por ahí en el territorio, la mayoría eran campesinos y ellos expresaban de pronto que querían venir a la guerrilla. Cuando se reunían unos 12 o 15, se planeaba el curso militar”.
No obstante, negó que la Comisión haya reclutado de manera forzosa a los jóvenes: "Nosotros a nadie nos lo llevábamos a la fuerza porque eso comprende unos aspectos físicos, pero sobre todo psicológicos por ser menores de edad que no está en condición de discernir”.
Cuando los exguerrilleros cometían el delito de deserción, Joaquín Gómez afirmó que dependiendo el tiempo que llevaran al interior de las filas se determinaba la gravedad del asunto y si se requería un consejo de guerra. En el peor de los escenarios, se hacían fusilamientos. No obstante, esclareció que si era un menor de edad no se consideraba traición la deserción: “Cuando era adulto era distinto, además el comandante no era quien fusilaba sino que era al interior de los frentes y a mí solo me informaban”. Pese a lo anterior, reconoció que “es posible que se hayan presentado fusilamientos a menores de 18 años”, aunque no tenía conocimientos de casos.
Sobre las sanciones que debían recibir los exFarc que incumplieran las normas de ingreso a las filas guerrilleras, aseguró que lo debía determinar el comandante de cada frente y que no era canalizado a través de la cabeza del Bloque.
(Vea: ¿Puede la JEP expulsar a los exguerrilleros que no reconozcan el reclutamiento?)
Una de las declaraciones que más llamó la atención de la versión fue su denuncia acerca de cómo el Ejército reclutaba menores de edad y los entrenaban para “infiltrarse” a las filas guerrilleras. “Cuando eso se detectaba y se investigaba, lo que hacíamos era grabarlo y mostrárselo a la familia para que se dieran cuenta de lo que habían hecho (...) sabíamos que el Ejército lo que buscaba era que los fusiláramos y así generar un conflicto entre la familia y las Farc, pero eso no sucedió porque los entregábamos a su familia y les decíamos lo que habían hecho".
También habló sobre casos de jóvenes que llegaban de otras regiones del país con la intención de unirse a la guerrilla y habían sido entrenados por otras personas para generar daño. "Envenenaban las comidas, fabricaban explosivos, nos ponían cartuchos o llegaban a hacer el mal”, según el excombatiente. Desde entonces no recibieron más personas ajenas a las regiones en las que operaban.
Seis horas después de que comenzara la diligencia judicial, las abogadas de víctimas Erika Gómez Ardila, de Coalico y Mariana Pachón, de la Fundación Paz Colombia, tuvieron un espacio para plantear sus preguntas al compareciente sobre casos específicos de víctimas de reclutamiento forzado del Bloque Sur. A través de lecturas de algunos tramos de informes entregados a la JEP y luego de mencionar algunos nombres y seudónimos, le cuestionaron si conocía a los guerrilleros mencionados y le preguntaron sobre su paradero.
Pese a que en la versión Joaquín Gómez no tenía la obligación de reconocer que cometió o fue cómplice de algún delito, la defensa de las víctimas le preguntó, directamente, si consideraba que tenía algún tipo de responsabilidad por acción u omisión por el reclutamiento de menores de edad.
La abogada de Gómez recordó que, por la naturaleza de la diligencia, no debía plantear la pregunta y el compareciente se negó a responderla. Sin embargo, contrariando esta postura, en la carta que se difundió este mismo día sí mencionó que “estoy dispuesto a reconocer, sin ambigüedad y sin eufemismos, el reclutamiento forzado, delito por el que como organización política surgida del acuerdo de paz, estamos y estoy dispuestos a rendir cuentas pidiendo perdón a las víctimas y a la sociedad. Reconozco el horror y el dolor que han sufrido cientos de familias colombianas por la ausencia de sus hijos”.
Aunque no hizo un reconocimiento personal del delito porque, según él, “era impensable que saliera de la selva” por ser un alto mando; fue insistente en que “sería iluso pensar en que esos casos no se dieron". Y es que las normas internas de reclutamiento que, hasta 2015, estipulaba que era prohibido ingresar a menores de 15 años sólo cambiaron en diálogos en La Habana (Cuba), cuando se recalcó que la edad mínima de ingreso eran los 18 años.
Sorpresivamente, para quienes estaba viendo la audiencia, el alto mando de las extintas Farc leyó una carta que, de alguna manera, iba en contravía de lo que afirmó durante las seis horas de versión: “Tras cuatro años de la firma del Acuerdo Final, y mirando en retrospectiva lo ocurrido, puedo afirmar que nuestra lucha revolucionaria por un país incluyente, justo y equitativo, lamentablemente se vió empañada en muchos momentos, durante los 50 años de confrontación armada, por decisiones y hechos que nunca debieron ocurrir y que han causado profundo dolor: Ese es el caso de la presencia de menores de edad en nuestras filas. Estoy plenamente convencido de que en Colombia la paz se verá materializada cuando ningún niño, niña o adolescente se vea obligado a empuñar un fusil y seguidamente ir a la Escuela”.
Además, aseguró: "No podemos devolverle a los niños y niñas que reclutamos e incorporamos el tiempo en la guerra. No podemos sanar las profundas heridas que ocasionamos en los adultos que hoy nos reclaman, justamente, haberlos despojado a la fuerza de su niñez. Esperamos que la verdad y la explicación de lo ocurrido, sin buscar justificaciones, sea un paso para poder resarcir el daño causado”.
Esta diligencia es una de las 14 que fueron programadas por la JEP, en el marco del caso 07 sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Hasta ahora, por este delito, se han acreditado 90 víctimas.
El excomandante del Bloque Sur de la antigua guerrilla de las Farc, Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido en la guerra como Joaquín Gómez, asistió este martes 6 de octubre, en Riohacha (La Guajira), a la versión voluntaria por el caso de reclutamiento de menores de edad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La diligencia, a grandes rasgos, tuvo grandes contradicciones. Si bien en una primera parte, el excombatiente aceptó que pudieron existir casos, pero no se endilgó la responsabilidad del delito ni habló de sistematicidad; al final decidió leer una carta en la que reconocía que la lucha revolucionaria de las extintas Farc sí se vio empañada por hechos que nunca debieron ocurrir, como el reclutamiento de menores de edad.
Antes de comenzar la versión, Gómez pidió un espacio para manifestar su compromiso con la verdad en el marco del Acuerdo de Paz. “No he venido a utilizar este espacio para culpar a los mandos medios que murieron por esta lucha, ateniéndose a las órdenes que dimos nosotros los superiores. Mi compromiso con las víctimas es decir toda la verdad”, comentó.
A la diligencia asistieron, de manera presencial, el exguerrillero y sus abogadas e Iván González, magistrado de la JEP. De manera remota estuvo la defensa de las víctimas de las organizaciones Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) y de la Fundación Paz Colombia. También participó un delegado de la Procuraduría.
Ante la pregunta del magistrado Iván González sobre si tuvo menores de 15 años bajo su mando mientras comandó el Bloque Sur, Toncel aseguró: “Bajo mi mando sí hubo menores de 15 años, pero bajo circunstancias específicas”. Comentó dos casos de niños que, siendo comandante, llegaron a las filas guerrilleras porque “decían que querían estar ahí”.
Según el exguerrillero, aunque en algunos casos “devolvíamos a los niños a sus casas con sus padres”, se presentó la situación con un menor de edad a quien “los paramilitares le mataron al papá y a la mamá y quedó en completa orfandad y nosotros, lógicamente, nos lo trajimos".
(Lea también: “El reclutamiento de menores no era un delito en las Farc”: Carlos Antonio Lozada)
El excombatiente señaló que no fueron más de tres menores de edad que estuvieron a su cargo durante los 24 años de comandancia y negó que esos niños y jóvenes hayan estado, intencionalmente, en operativos o combates. “A ellos no se les daba entrenamiento militar porque ellos no podían cargar ni un fusil entonces se les ponían a pelar papa y a hacer cosas de niños”.
También negó que se hubiera dado entrenamiento de artefactos explosivos como bombas, granadas o minas antipersonales a jóvenes menores de edad por la “responsabilidad que eso representaba”.
Aunque Toncel Redondo afirmó que para ingresar a las Farc se llenaban tres documentos: el pre-ingreso, que era una lista con datos personales básicos; el ingreso, que era el papel con el que se verificaban los datos que registraban las personas y, finalmente, la “hoja de vida”, que debía entregar cada aspirante. Sin embargo, el excombatiente le aclaró al magistrado de la JEP que “no se pedían documentos de identidad para verificar la edad de las personas que entraban”.
Al igual que la versión que entregó Julián Gallo Cubillos o Carlos Antonio Lozada el mes pasado, comentó que los documentos y papeles físicos en los que se consignaba el registro y control de los guerrilleros se perdieron años atrás. Incluso, dijo que como exmiembro del secretariado nunca tuvo relación con los ingresos "porque como nosotros éramos los mandos altos, no podíamos exponernos al enemigo como para salir a reclutar”.
En medio de la diligencia aseguró que la única forma de saber, con certeza, la edad de los guerrilleros era cuando “eran personas de la zona y se conocía a las familias”, pero explicó que “en la mayoría de casos mentían en su edad”. Sobre este aspecto, fue enfático en que, al interior de las Farc, incumplir las normas de reclutamiento por parte de los distintos frentes no era un delito sino que era una falta, afirmación que también replicó Lozada.
(Le puede interesar: Lo que dicen los otros excomandantes de Farc que han ido a la JEP por reclutamiento)
En la diligencia judicial también se hizo hincapié en la formación militar que recibían los guerrilleros que apenas se enfilaban. Joaquín Gómez explicó que en la comandancia se dedicó a dictar clases de filosofía y economía política, aunque desconocía la edad de los muchachos. De hecho, se refirió a la Escuela Isaías Pardo, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), creada por Jorge Briceño (El Mono Jojoy) para que los excombatientes recibieran clases y mencionó que “podían llegar muchachos de 15 o 16 años pero que han mostrado todo el crecimiento como su tuvieran 24 o 20 años”.
A la pregunta de si en esa escuela de El Caguán se llegaron a formar menores de edad para la guerra, el exguerrilleros dijo que “es posible que haya habido menores de edad, pero no le puedo decir con certeza porque, en ese entonces, uno tampoco tenía esa visión de estar pendiente de eso”.
Uno de los asuntos sobre los que se detuvo la magistratura para indagar más fue sobre la Comisión de Reclutamiento que, según han revelado, tenía cada uno de los frentes de las Farc con el fin de ampliar su número de combatientes en determinados momentos. El exjefe guerrillero afirmó que no recuerda quiénes eran los miembros de la Comisión que integraron su bloque y sobre sus modos de operar, señaló que “ellos salían y encontraban muchachos por ahí en el territorio, la mayoría eran campesinos y ellos expresaban de pronto que querían venir a la guerrilla. Cuando se reunían unos 12 o 15, se planeaba el curso militar”.
No obstante, negó que la Comisión haya reclutado de manera forzosa a los jóvenes: "Nosotros a nadie nos lo llevábamos a la fuerza porque eso comprende unos aspectos físicos, pero sobre todo psicológicos por ser menores de edad que no está en condición de discernir”.
Cuando los exguerrilleros cometían el delito de deserción, Joaquín Gómez afirmó que dependiendo el tiempo que llevaran al interior de las filas se determinaba la gravedad del asunto y si se requería un consejo de guerra. En el peor de los escenarios, se hacían fusilamientos. No obstante, esclareció que si era un menor de edad no se consideraba traición la deserción: “Cuando era adulto era distinto, además el comandante no era quien fusilaba sino que era al interior de los frentes y a mí solo me informaban”. Pese a lo anterior, reconoció que “es posible que se hayan presentado fusilamientos a menores de 18 años”, aunque no tenía conocimientos de casos.
Sobre las sanciones que debían recibir los exFarc que incumplieran las normas de ingreso a las filas guerrilleras, aseguró que lo debía determinar el comandante de cada frente y que no era canalizado a través de la cabeza del Bloque.
(Vea: ¿Puede la JEP expulsar a los exguerrilleros que no reconozcan el reclutamiento?)
Una de las declaraciones que más llamó la atención de la versión fue su denuncia acerca de cómo el Ejército reclutaba menores de edad y los entrenaban para “infiltrarse” a las filas guerrilleras. “Cuando eso se detectaba y se investigaba, lo que hacíamos era grabarlo y mostrárselo a la familia para que se dieran cuenta de lo que habían hecho (...) sabíamos que el Ejército lo que buscaba era que los fusiláramos y así generar un conflicto entre la familia y las Farc, pero eso no sucedió porque los entregábamos a su familia y les decíamos lo que habían hecho".
También habló sobre casos de jóvenes que llegaban de otras regiones del país con la intención de unirse a la guerrilla y habían sido entrenados por otras personas para generar daño. "Envenenaban las comidas, fabricaban explosivos, nos ponían cartuchos o llegaban a hacer el mal”, según el excombatiente. Desde entonces no recibieron más personas ajenas a las regiones en las que operaban.
Seis horas después de que comenzara la diligencia judicial, las abogadas de víctimas Erika Gómez Ardila, de Coalico y Mariana Pachón, de la Fundación Paz Colombia, tuvieron un espacio para plantear sus preguntas al compareciente sobre casos específicos de víctimas de reclutamiento forzado del Bloque Sur. A través de lecturas de algunos tramos de informes entregados a la JEP y luego de mencionar algunos nombres y seudónimos, le cuestionaron si conocía a los guerrilleros mencionados y le preguntaron sobre su paradero.
Pese a que en la versión Joaquín Gómez no tenía la obligación de reconocer que cometió o fue cómplice de algún delito, la defensa de las víctimas le preguntó, directamente, si consideraba que tenía algún tipo de responsabilidad por acción u omisión por el reclutamiento de menores de edad.
La abogada de Gómez recordó que, por la naturaleza de la diligencia, no debía plantear la pregunta y el compareciente se negó a responderla. Sin embargo, contrariando esta postura, en la carta que se difundió este mismo día sí mencionó que “estoy dispuesto a reconocer, sin ambigüedad y sin eufemismos, el reclutamiento forzado, delito por el que como organización política surgida del acuerdo de paz, estamos y estoy dispuestos a rendir cuentas pidiendo perdón a las víctimas y a la sociedad. Reconozco el horror y el dolor que han sufrido cientos de familias colombianas por la ausencia de sus hijos”.
Aunque no hizo un reconocimiento personal del delito porque, según él, “era impensable que saliera de la selva” por ser un alto mando; fue insistente en que “sería iluso pensar en que esos casos no se dieron". Y es que las normas internas de reclutamiento que, hasta 2015, estipulaba que era prohibido ingresar a menores de 15 años sólo cambiaron en diálogos en La Habana (Cuba), cuando se recalcó que la edad mínima de ingreso eran los 18 años.
Sorpresivamente, para quienes estaba viendo la audiencia, el alto mando de las extintas Farc leyó una carta que, de alguna manera, iba en contravía de lo que afirmó durante las seis horas de versión: “Tras cuatro años de la firma del Acuerdo Final, y mirando en retrospectiva lo ocurrido, puedo afirmar que nuestra lucha revolucionaria por un país incluyente, justo y equitativo, lamentablemente se vió empañada en muchos momentos, durante los 50 años de confrontación armada, por decisiones y hechos que nunca debieron ocurrir y que han causado profundo dolor: Ese es el caso de la presencia de menores de edad en nuestras filas. Estoy plenamente convencido de que en Colombia la paz se verá materializada cuando ningún niño, niña o adolescente se vea obligado a empuñar un fusil y seguidamente ir a la Escuela”.
Además, aseguró: "No podemos devolverle a los niños y niñas que reclutamos e incorporamos el tiempo en la guerra. No podemos sanar las profundas heridas que ocasionamos en los adultos que hoy nos reclaman, justamente, haberlos despojado a la fuerza de su niñez. Esperamos que la verdad y la explicación de lo ocurrido, sin buscar justificaciones, sea un paso para poder resarcir el daño causado”.
Esta diligencia es una de las 14 que fueron programadas por la JEP, en el marco del caso 07 sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Hasta ahora, por este delito, se han acreditado 90 víctimas.