Bienes de las Farc, el objetivo del fiscal

Una nueva borrasca desató el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al afirmar que con el Decreto-ley 903, que dicta las disposiciones del inventario de los bienes de las Farc, el Gobierno dejó abierta la puerta para lavar los activos de la guerrilla. El jefe del ente acusador afirmó que en dicho instrumento normativo quedó planteado que los bienes ilícitos que la insurgencia entregue podrán ser utilizados para beneficiar a los excombatientes, en actividades como el impulso a su partido político.

Martínez informó, además, que con el trabajo de 300 investigadores que escrutaron cinco millones y medio de archivos de inteligencia, establecieron un listado de activos de esa guerrilla. Según dijo, la Fiscalía pudo identificar “3.389 bienes de propiedad de las Farc, en un valor aproximado a $1.107.130 billones”, que supuestamente constan de “bienes inmuebles urbanos, rurales, establecimientos de comercio, empresas, cooperativas, dinero efectivos y automotores”.

Las afirmaciones del fiscal produjeron la respuesta de las Farc, que a través de distintos voceros reafirmaron que entregarán hasta el último peso en su poder para reparar a las víctimas y financiar los planes de reincorporación de los guerrilleros que dejen las armas. Eso sí, los jefes insurgentes no desaprovecharon la oportunidad para calificar a Martínez como “enemigo” del Acuerdo de Paz. Incluso, el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, escribió en Twitter: “Sospechosamente el fiscal investiga a las Farc como único actor del conflicto, pero nada dice sobre el rol de “paras” y agentes del Estado”.

Incluso, los jefes de la guerrilla fueron más allá y sostuvieron que Martínez ha sido el palo en la rueda para la creación de la unidad especial para el desmonte de las bandas criminales y grupos sucesores del paramilitarismo. Lo expresó Carlos Antonio Lozada, miembro del Secretariado, quien además fue tajante al señalar que “Martínez tiene la idea de convertir a la Fiscalía en un instrumento para seguir incentivando los odios entre los colombianos”.

Desde la orilla del Gobierno, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, les salió al paso a las acusaciones del fiscal y explicó que el decreto-ley sobre los bienes de las Farc crea un fondo fiduciario al que pasarán los activos de esa organización con el fin de reparar a las víctimas del conflicto armado y contribuir al tránsito de los excombatientes a la vida política y económica de la nación. Eso sí, Gil descartó que este instrumento permita legalizar los recursos acopiados por la guerrilla, dado que es claro que tendrán que entregar todos los bienes que tengan en su poder para ponerlos al servicio de la paz.

Las declaraciones del ministro de Justicia fueron respaldadas por el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, quien aclaró que ni el decreto ni el Acuerdo de Paz permiten blanquear dineros provenientes de actividades ilícitas. “Nada en el Acuerdo, nada, impide que se ejerzan las acciones de extinción de dominio, testaferrato, enriquecimiento ilícito (...) si el fiscal no ha hecho ninguna acción de esas no es por el Acuerdo, ni por ese decreto, las ha podido hacer el año pasado, el antepasado, las puede hacer ahora, las puede hacer dentro de un mes o dentro de un año. No hay ninguna restricción a ese tipo de acciones”, enfatizó.

Al respecto, el fiscal Martínez agregó a esta controversia que había conversado con Pardo y que se había comprometido a impulsar un nuevo decreto para acotar el margen de utilización de los recursos del fondo fiduciaro: “Mucho me complace manifestar que he conversado con el ministro Rafael Pardo y me ha manifestado que el Gobierno ha tomado la decisión de acotar los fines de este fondo. Y que lo que tiene que ver con recursos de programas de los que puedan ser beneficiarios las Farc, serían exclusivamente para programas de atención de liciados del movimiento que se han reinsertado. Es una muy buena noticia, porque se estarían acotando a través de un decreto que próximamente se expedirá, con lo cual el país despejaría las dudas con respecto al decreto-ley”.

El decreto-ley, firmado por el presidente Santos el 29 de mayo, establece que el 1° de agosto, fecha en que las zonas veredales de normalización y transición dejarán de funcionar, las Farc deberán haber entregado el listado de todos sus bienes para que entren a formar parte del mencionado fondo fiduciario. Asimismo, que dicho fondo será administrado por el Gobierno, según las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), en donde tienen asiento los delegados del Ejecutivo y de las Farc.

Una nueva borrasca desató el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al afirmar que con el Decreto-ley 903, que dicta las disposiciones del inventario de los bienes de las Farc, el Gobierno dejó abierta la puerta para lavar los activos de la guerrilla. El jefe del ente acusador afirmó que en dicho instrumento normativo quedó planteado que los bienes ilícitos que la insurgencia entregue podrán ser utilizados para beneficiar a los excombatientes, en actividades como el impulso a su partido político.

Martínez informó, además, que con el trabajo de 300 investigadores que escrutaron cinco millones y medio de archivos de inteligencia, establecieron un listado de activos de esa guerrilla. Según dijo, la Fiscalía pudo identificar “3.389 bienes de propiedad de las Farc, en un valor aproximado a $1.107.130 billones”, que supuestamente constan de “bienes inmuebles urbanos, rurales, establecimientos de comercio, empresas, cooperativas, dinero efectivos y automotores”.

Las afirmaciones del fiscal produjeron la respuesta de las Farc, que a través de distintos voceros reafirmaron que entregarán hasta el último peso en su poder para reparar a las víctimas y financiar los planes de reincorporación de los guerrilleros que dejen las armas. Eso sí, los jefes insurgentes no desaprovecharon la oportunidad para calificar a Martínez como “enemigo” del Acuerdo de Paz. Incluso, el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, escribió en Twitter: “Sospechosamente el fiscal investiga a las Farc como único actor del conflicto, pero nada dice sobre el rol de “paras” y agentes del Estado”.

Incluso, los jefes de la guerrilla fueron más allá y sostuvieron que Martínez ha sido el palo en la rueda para la creación de la unidad especial para el desmonte de las bandas criminales y grupos sucesores del paramilitarismo. Lo expresó Carlos Antonio Lozada, miembro del Secretariado, quien además fue tajante al señalar que “Martínez tiene la idea de convertir a la Fiscalía en un instrumento para seguir incentivando los odios entre los colombianos”.

Desde la orilla del Gobierno, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, les salió al paso a las acusaciones del fiscal y explicó que el decreto-ley sobre los bienes de las Farc crea un fondo fiduciario al que pasarán los activos de esa organización con el fin de reparar a las víctimas del conflicto armado y contribuir al tránsito de los excombatientes a la vida política y económica de la nación. Eso sí, Gil descartó que este instrumento permita legalizar los recursos acopiados por la guerrilla, dado que es claro que tendrán que entregar todos los bienes que tengan en su poder para ponerlos al servicio de la paz.

Las declaraciones del ministro de Justicia fueron respaldadas por el ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, quien aclaró que ni el decreto ni el Acuerdo de Paz permiten blanquear dineros provenientes de actividades ilícitas. “Nada en el Acuerdo, nada, impide que se ejerzan las acciones de extinción de dominio, testaferrato, enriquecimiento ilícito (...) si el fiscal no ha hecho ninguna acción de esas no es por el Acuerdo, ni por ese decreto, las ha podido hacer el año pasado, el antepasado, las puede hacer ahora, las puede hacer dentro de un mes o dentro de un año. No hay ninguna restricción a ese tipo de acciones”, enfatizó.

Al respecto, el fiscal Martínez agregó a esta controversia que había conversado con Pardo y que se había comprometido a impulsar un nuevo decreto para acotar el margen de utilización de los recursos del fondo fiduciaro: “Mucho me complace manifestar que he conversado con el ministro Rafael Pardo y me ha manifestado que el Gobierno ha tomado la decisión de acotar los fines de este fondo. Y que lo que tiene que ver con recursos de programas de los que puedan ser beneficiarios las Farc, serían exclusivamente para programas de atención de liciados del movimiento que se han reinsertado. Es una muy buena noticia, porque se estarían acotando a través de un decreto que próximamente se expedirá, con lo cual el país despejaría las dudas con respecto al decreto-ley”.

El decreto-ley, firmado por el presidente Santos el 29 de mayo, establece que el 1° de agosto, fecha en que las zonas veredales de normalización y transición dejarán de funcionar, las Farc deberán haber entregado el listado de todos sus bienes para que entren a formar parte del mencionado fondo fiduciario. Asimismo, que dicho fondo será administrado por el Gobierno, según las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), en donde tienen asiento los delegados del Ejecutivo y de las Farc.