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El lío actual en el que está envuelto el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, se puede resumir en una frase que condensa un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitido el pasado 9 de febrero: el funcionario ha incumplido injustificadamente con la entrega de unos cronogramas que le pidió la justicia transicional para garantizar la protección y tareas de búsqueda de cuerpos de personas que habrían desaparecido durante el conflicto armado en su municipio.
La JEP lleva casi tres años ‘jalándole las orejas’ a la alcaldía de Aguachica por ese motivo. La Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) ha sido la instancia al frente del caso y el magistrado Raúl Sánchez, cabeza de ese despacho, lo explica así: “La sección ha venido solicitando al citado ente territorial (Aguachica) el cumplimiento de su deber en punto del traslado de los cuerpos al cementerio Católico Central, pues de esa manera se logrará asegurar y proteger la integridad de todos los cuerpos que fueron inhumados en ese lugar (cementerio de San Martín), entre ellos, los cuerpos no identificados que posiblemente correspondan a víctimas de desaparición forzada en desarrollo del conflicto armado, delito de competencia de esta jurisdicción”.
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Desde mediados de 2022, el alcalde Manosalva y su secretaría de Gobierno se habían comprometido ante la JEP que el 22 de septiembre del año pasado iban a entregar un cronograma, que entre otras cosas detallaría los traslados de cuerpos desde San Martín hacia el Católico Central, como lo pidió la SAR.
Hubo un segundo incumplimiento que explica por qué la JEP le abrió un proceso sancionatorio al alcalde de Aguachica. En la entrega de cronogramas que no se cumplieron quedó el compromiso de realizar exhumaciones en San Martín durante la jornada del 20 de octubre de 2022. Además de que eso no sucedió, la justicia transicional alega que desde el despacho de Manosalva no respondieron a los requerimientos enviados desde la Sección de Ausencia de Reconocimiento.
Ahora, casi que con el agua al cuello, el alcalde Manosalva tendrá hasta el próximo 16 de febrero para dar respuestas por la omisión de sus acciones o, por el contrario, podrá ser blanco de multas o de una pena de prisión por cinco días.
Los desaparecidos de Aguachica: una historia de irregularidades
A inicios de 2020, organizaciones defensoras de derechos humanos en el Cesar y familiares de personas dadas por desaparecidas en Aguachica denunciaron que en ese municipio había irregularidades con el rastreo y realización de actividades con interés forense en los dos cementerios locales. Las acciones humanitarias apremiaban para dar con sus seres queridos, pero tanto en el cementerio San Martín (popularmente conocido cono el “cementerio de los pobres”), como en el cementerio Católico Central, los procesos de búsqueda eran nulos o, en el mejor de los casos, con avances muy lentos.
Esto, a sabiendas que el Sistema Integral para la Paz confirmó en 2019 que en esta zona del país había al menos 200 víctimas de desaparición forzada, cálculo que salió de exhumaciones en las que se encontraron 28 cuerpos.
En abril de 2020, tantos reclamos tuvieron una respuesta concreta: la JEP decretó medidas cautelares sobre el cementerio San Martín para evitar que los cuerpos que pudieran estar allí no fueran protegidos o, en su defecto, trasladados irregularmente y sin rigor técnico al cementerio Católico Central.
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Desde ese entonces, a la jurisdicción también le preocupó que en Aguachica se construyeran camposantos clandestinos, como sucedió en la finca Los Mangos, predio donde pobladores de la zona sin licencia para tratar con cuerpos de forma digna adecuaron fosas comunes como extensión al “cementerio de los pobres”. Motivo que llevó a una tutela para proteger el predio y consecuentemente impedir que esa actividad se repitiera en ese o en otro lugar del municipio.
Las medidas cautelares de la JEP tuvieron sus primeros problemas en noviembre de 2021. En ese mes, la justicia transicional fue notificada por parte de la Fiscalía en Valledupar que desde la alcaldía de Aguachica se incumplieron los plazos para emitir informes relacionados con pormenores de los cuerpos encontrados en San Martín y en el cementerio Central.
Lo más grave en este caso es que la ausencia de esos informes no permitía acceder a información certera y en tiempo real de si en esos sitios había estructuras óseas de personas desaparecidas durante la guerra, que fueran sujeto de verificación y protección. Sobre la emisión de estos documentos y la elaboración de una serie de cronogramas de trabajo para cumplir con las solicitudes de la JEP, persisten problemas, lo cual es lo que tiene hoy en aprietos al alcalde Manosalva.
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El testimonio de Mariana*, vocera de víctimas del conflicto armado en Aguachica y familiar de desaparecidos por los paramilitares en ese municipio, es el de varias personas desesperadas allí por no tener respuestas ni una hoja de ruta clara de cómo procederán para encontrar a sus familiares.
“Cada vez pareciera que el proceso para encontrar a nuestros seres queridos es más lento. El alcalde se ha negado a cumplir con lo que le ordena la ley y la misma JEP se ha demorado en sancionarlo. Se nota que él no ha sufrido la desaparición de ningún ser querido o que al menos le doliera lo que nosotros vivimos, porque no se empeña para nada en cumplirnos. Y eso, lamentablemente, fue una de las varias cosas que nos aseguró en campaña”, denunció.
De acuerdo con la agenda de la JEP, la próxima vez que se retomará el caso de los desaparecidos en Aguachica desde el territorio, en audiencia pública, será los próximos 26 y 27 de abril, pero los incumplimientos de la Alcaldía han adelantado parte del debate que va a suceder allí sobre los desaparecidos.
La meta para la SAR sigue siendo la misma: “Esta jurisdicción sigue atenta a que la medida cautelar tenga plena efectividad en cuanto a la protección de los cuerpos que reposan en el citado camposanto, algunos de los cuales, como ya se indicó, pueden corresponder a víctimas del conflicto armado.”, como se lee en un cuestionario que le respondieron a Colombia+20.
A la audiencia de finales de abril, la Sección de Ausencia de Reconocimiento convocará a la alcaldía, la Procuraduría, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, a Medicina Legal y a la funeraria local Luz Divina (empresa encargada de trámites fúnebres en Aguachica). Se espera que para ese entonces ya haya más claridad sobre cómo van a proceder desde la administración local para trabajar en favor de los desaparecidos y sus familiares.
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Un miembro de la funeraria Luz Divina que habló con este diario pidiendo reserva de identidad aseguró que a parte de su equipo de sepultureros y personas de apoyo en cuestiones de logística y técnica forense les informaron desde la Alcaldía sobre esas actividades, pero “no les resultaron saliendo con nada”. Y agregó: “desde hace años saben todas las alcaldías que el conocimiento de los camposantos lo tenemos nosotros. Lo que ha hecho esta administración, las pocas veces que ha pasado, es que cuando acuden a nosotros para algún trámite forense que tenga a la justicia de por medio, nos lo dicen a última hora y sin detalles que permitan hacer trabajos serios. Sabemos de la audiencia que citó la JEP y seguramente allí aclararemos más cosas en detalle”.
Otro detalle a tener en cuenta es que esta funeraria no se ha articulado ni con la JEP ni con la Unidad de Búsqueda en sus labores. Es más, desde la SAR le aseguraron a este medio que Luz Divina fue la ”contratista inicial que adelantó en principio el traslado de cuerpos entre los citados cementerios, labor que no se desarrolló de manera técnica, lo cual dio lugar a la medida cautelar de suspensión del traslado impuesta en 2020″.
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Según los plazos de la JEP, como lo detalló el magistrado Sánchez luego de emitir el Auto SAR del 9 de febrero de 2023, “al alcalde Manosalva se le ha dado la oportunidad para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la providencia (es decir, hasta el próximo jueves 16 de febrero), explique las razones de su negativa a dar respuesta a los múltiples requerimientos que la Sección de Ausencia de Reconocimiento le ha hecho para que remita el cronograma de actividades correspondientes al traslado administrativo de los cuerpos inhumados en el “cementerio de los pobres” al camposanto Católico Central, ambos ubicados en Aguachica. Recibida su respuesta o pasado dicho término en silencio, se procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda, la cual puede, eventualmente, corresponder a una multa o a arresto hasta por cinco días”.
Aguachica no es el único caso en el Cesar con problemas operacionales y técnicos para la búsqueda plena de desaparecidos. En municipios como El Copey, los cementerios alternos han dado pistas sobre la desaparición forzada allí, pues en el camposanto central no había abasto para más restos óseos; situación que dificultó labores forenses y que en noviembre de 2021 fue una práctica denunciada por la JEP, temiendo que se podrían perder rastros claves de personas en proceso de búsqueda.
Este medio intentó contactarse con la alcaldía de Aguachica, pero no se obtuvieron respuestas.
*Cambio en el nombre de la fuente