Durante la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU del miércoles, dedicada a la presentación del más reciente Informe Trimestral de la Misión de Verificación en Colombia, el canciller, Álvaro Leyva, le hizo dos llamados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la apertura del macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en el conflicto armado en Colombia y que se amplíe el acceso a otros actores como los paramilitares.
Según Leyva, tanto el Estado como las FARC pueden usar instrumentos del Derechos Internacional Humanitario para “acelerar procedimientos” en pro de la implementación del Acuerdo de Paz. “Es el caso, por ejemplo, el quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna; la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión”, afirmó.
El canciller también afirmó que se puede “perfeccionar el mecanismo de selección de nuevos magistrados que deje de lado figura de la cooptación”.
Leyva ya se había referido al ingreso de paramilitares a la JEP. En 2019, a través de sus redes sociales informó Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’ y que el exjefe paramilitar le había expresado su deseo de entrar en el sistema integral de justicia. “Estuve con Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’. Quiere entrar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Léase JEP y Comisión de la Verdad. Buena noticia para el país y las víctimas. Se aproxima la hora de la verdad. Destaparía muchas ollas sin importar quien tiemble”, dijo.
En 2020 tanto ‘Macaco’ como Héctor German Buitrago (Martín Llanos) y Carlos Antonio Moreno Tuberquia le enviaron una carta a Leyva diciéndole que están dispuestos a hablar en la Comisión de la Verdad sobre “los secretos” que no alcanzaron a entregar tras su desmovilización en 2006.
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Ese mismo año, Leyva organizó una reunión entre al exjefe de las Farc Rodrigo Londoño (Timochenko) y a su antiguo enemigo en la guerra, Salvatore Mancuso, jefe paramilitar de las AUC, a quienes instó a contar cuanto antes sus versiones de la verdad del conflicto armado en el país.
“Me tomo la libertad de pedirles a ustedes, y a otros exintegrantes de las AUC, que así hayan sido enemigos encarnizados de todas las horas, se pongan de acuerdo para dar prontamente los pasos pertinentes con el propósito de que las víctimas y la opinión nacional conozcan de manera directa la verdad que está por relatarse. Sugiero, con la mayor consideración, que, con la aquiescencia de la Comisión de la Verdad, se recurra a medios de difusión que permitan que quienes quieran escucharlos lo puedan hacer”.
Ese encuentro se materializó un año más tarde ante la Comisión de la Verdad y se trató de la definición de una ruta del proceso de contribución al reconocimiento de responsabilidades de Londoño y de Mancuso, como líderes de los bandos armados: paramilitares y guerrilla de las Farc.
Mancuso, por su parte, está aspirando a ser compareciente de la JEP y en mayo pasado tuvo la Audiencia Única de Aporte a la Verdad. Ahora, está a la espera de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, resuelve la solicitud de sometimiento.
En varias ocasiones el canciller Leyva ha hecho peticiones de la apertura de ese macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en el conflicto. En enero pasado, a través de su cuenta de Twitter también había hecho la misma solicitud y había puesto como ejemplo el exterminio de la Unión Patriótica.
“Solicito una vez más que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abra el macrocaso de la responsabilidad del Estado. Jurídicamente posible, políticamente necesario. Es un imperativo categórico. Piensen no más en los muertos de la Unión Patriórica. ¿Y desde entonces? Miles más”., dijo en su trino.
En enero de 2022 también se había pronunciado sobre el tema. “Borrar el pasado amargo requiere un paso fundamental: que se conozca la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? (…) Es imperante que hable Macaco, Llanos, Jorge 40, Otoniel y otros, que repita Mancuso si es necesario y exfuncionarios públicos que se sabe quiénes son, políticos, civiles del campo y la ciudad, alcahuetas varios, financiadores, miembros de la Fuerza Pública, que conocen la letra menuda, necesitamos un destape general. Vayamos más allá del caso FARC”, dijo entonces.
Y agregó: “Para esto necesitamos que la JEP abra el macrocaso de la responsabilidad del Estado”.
Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el canciller llamó la atención sobre otros temas como la relación entre la implementación del Acuerdo y las demás iniciativas de diálogo que actualmente tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Como bien lo resalta el informe de la Misión de Verificación, hemos trabajado en una serie de iniciativas institucionales y legislativas que nos permiten avanzar en este propósito. Ejemplos de esto son el Plan Nacional de Desarrollo y la nueva política de seguridad y defensa con énfasis en seguridad humana, el fortalecimiento del control territorial y el desmantelamiento de estructuras criminales”, señaló el Ministro Leyva durante su intervención. Indicó, además, que se ha incentivado la participación de miembros de la sociedad civil.
De igual forma, se hizo hincapié en el desarrollo de una política exterior con enfoque de género en la que la paz sea construida “con las mujeres en todas sus diversidades, con la población LGTBIQ+ y reconociendo los retos que impone la interseccionalidad”.
El informe trimestral de la Misión de la ONU en Colombia, que abarca el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2023, expone los principales progresos en la implementación de los puntos del Acuerdo Final relativos a la reforma rural integral y el capítulo étnico, así como en materia de reintegración, garantías de seguridad y sentencias restaurativas, entre otros. También hace énfasis sobre los retos de los ceses al fuego y los necesarios protocolos para su cumplimiento.
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Entrampamiento a la JEP
No es la primera vez que Leyva hace peticiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU. De hecho en abril pasado, el canciller le pidió a ese organismo la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de ONU para Colombia.
Leyva no indicó cuál sería el objeto de esa comisión, pero dijo que se ha estado afectando el proceso de paz “mediante el entrampamiento realizado por extraños” y que por ello se hacía “necesaria” la creación de esa comsión o de un “Grupo de Expertos con el acompañamiento del secretario general de la ONU”.
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“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como obligación llamar la atención sobre el Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz. De allí, después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas”, afirmó el canciller ante ese organismo.
Sobre los entrampamientos, el canciller hizo referencia a uno de los puntos de ese informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que da cuenta de la denuncia que la JEP le hizo a antiguos funcionarios de la Fiscalía General el pasado 6 de marzo por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018 por el caso de Jesús Santrich. Por eso para muchos la petición de Leyva al Consejo de Seguridad iba en ese sentido.
El Consejo de Seguridad aún no responde a esa solicitud.
