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El canciller, Álvaro Leyva, afirmó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Colombia que la Jurisdicción Especial para la Paz “se está descarrilando” del trabajo para el que fue creado ese tribunal de paz.
Las declaraciones las dio durante la presentación ante ese organismo del informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país.
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“La institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la paz, se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, dijo Leyva.
Leyva también indicó que se debería “revisar” la actuación de la JEP para “perfeccionarlo”. Y agregó que no ha tenido en cuenta otras voces para ampliar los relatos de verdad. “Se ha limitado la comparecencia de quienes tienen derecho a esta justicia especial (...) se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general”, indicó.
Durante la presentación del anterior informe de la Misión de la ONU el pasado 13 de julio, Leyva ha pedido que la JEP debería admitir a paramilitares.
Según Leyva, tanto el Estado como las FARC pueden usar instrumentos del Derechos Internacional Humanitario para “acelerar procedimientos” en pro de la implementación del Acuerdo de Paz. “Es el caso, por ejemplo, el quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna; la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión”, afirmó entonces.
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Leyva ya se había referido al ingreso de paramilitares a la JEP. En 2019, a través de sus redes sociales informó Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’ y que el exjefe paramilitar le había expresado su deseo de entrar en el sistema integral de justicia. “Estuve con Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’. Quiere entrar al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Léase JEP y Comisión de la Verdad. Buena noticia para el país y las víctimas. Se aproxima la hora de la verdad. Destaparía muchas ollas sin importar quien tiemble”, dijo ese 13 de julio.
Así mismo, detalló que con este actuar de la entidad “se ha condicionado el relato de la verdad, cerrando e impidiendo el paso a que esta, la verdad, llegue plenamente a la JEP y a conocimiento de las víctimas y de la opinión pública en general”.
“Muy a pesar de cientos de colombianos, la Jurisdicción Especial para la Paz ha dejado de lado los anteriores mandatos atenientes a su competencia personal”, dijo el Ministro Leyva Durán y enfatizó en que la JEP no puede condicionar o limitar a quienes quieran relatar la verdad si tienen el derecho a comparecer ante la jurisdicción especial en razón de la competencia personal derivada de sus normas constitutivas.
¿Qué decía el informe de la Misión de Verificación de la ONU?
Abarcando los seis puntos del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las extintas FARC, el informe de la ONU mostró desarrollos entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2023 que dejaron una primera gran conclusión, según el secretario de la ONU, António Guterres: “Se deben cumplir los compromisos del Estado con las víctimas y las comunidades vulnerables y trabajar para aumentar la presencia del Estado en todos los territorios es una profunda responsabilidad y una forma inigualable de demostrar voluntad política y fortalecer la legitimidad del Estado”.
Comenzando por la Reforma Rural Integral, el gran hito que identificó la ONU fue la puesta en marcha del Sistema Nacional de Reforma Agraria, que entre otras cosas va a posibilitar mayores accesos a la tierra y a los usos del suelo que le puedan dar los campesinos en las regiones.
A propósito de las próximas elecciones regionales del 29 de octubre, el informe también muestra algunos avances y retos en la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo. Según la Misión, de las 299 candidaturas que el partido Comunes tendrá para las contiendas regionales del próximo 29 de octubre, 128 son de mujeres.
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Sobre la reincorporación, el documento también señaló que la principal falla son las pocas garantías de seguridad. Desde el inicio del gobierno Petro han sido asesinados 15 excombatientes, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Huila, Meta, Nariño y Tolima. “Cuatro excombatientes sobrevivieron a intentos de homicidio y otros tres fueron reportados como desaparecidos”, dice el informe. Desde el 2016 hasta septiembre pasado, 394 excombatientes han sido asesinados.