Caso 002 en la JEP: por la verdad de lo ocurrido en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte
La Jurisdicción Especial para la Paz se enfocará en la situación de los tres municipios de Nariño, en donde hubo alrededor de 1.000 hechos victimizantes durante el conflicto, principalmente, contra pueblos indígenas
Juan David Moreno Barreto / @judamoba
La Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para La Paz dio inicio al caso 002 que corresponde a los hechos victimizantes que sufrieron los habitantes los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y el 1 de diciembre de 2016. Por casos de desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, así como demás violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, la sala decidió priorizar esta situación.
La JEP ha logrado identificar alrededor de 1.000 hechos, principalmente, contra la población indígena (pueblo awá) e integrantes de Consejos Comunitarios (Río Chagüí, Alto Mira y Frontera). Esta justicia priorizó este caso debido a la vulnerabilidad de las víctimas, la representatividad de los hechos, la presencia de múltiples actores armados, la importancia económica y estratégica de las regiones en donde están asentados los pueblos étnicos.
Los hechos por los cuales inicia la etapa de reconocimientos estarían involucrados miembros de la fuerza pública, así como e integrantes de la antigua guerrilla de las Farc.
La Sala de Reconocimiento tuvo como base el inventario de la Fiscalía, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, expedientes judiciales y sentencias condenatorias.
Con esta priorización se da inicio al llamado a versiones voluntarias de quienes podrían estar involucrados en estos hechos. “La magistratura va a llegar a la verdad de lo ocurrido en estos territorios”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada indígena de la JEP.
La Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para La Paz dio inicio al caso 002 que corresponde a los hechos victimizantes que sufrieron los habitantes los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño) entre 1990 y el 1 de diciembre de 2016. Por casos de desplazamiento forzado, confinamiento, minas antipersonal, así como demás violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH, la sala decidió priorizar esta situación.
La JEP ha logrado identificar alrededor de 1.000 hechos, principalmente, contra la población indígena (pueblo awá) e integrantes de Consejos Comunitarios (Río Chagüí, Alto Mira y Frontera). Esta justicia priorizó este caso debido a la vulnerabilidad de las víctimas, la representatividad de los hechos, la presencia de múltiples actores armados, la importancia económica y estratégica de las regiones en donde están asentados los pueblos étnicos.
Los hechos por los cuales inicia la etapa de reconocimientos estarían involucrados miembros de la fuerza pública, así como e integrantes de la antigua guerrilla de las Farc.
La Sala de Reconocimiento tuvo como base el inventario de la Fiscalía, los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, expedientes judiciales y sentencias condenatorias.
Con esta priorización se da inicio al llamado a versiones voluntarias de quienes podrían estar involucrados en estos hechos. “La magistratura va a llegar a la verdad de lo ocurrido en estos territorios”, aseguró Belkis Izquierdo, magistrada indígena de la JEP.