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Con cuatro jornadas de concentración para que se rindan las versiones voluntarias por parte de antiguos miembros del Bloque Oriental de las extintas FARC, la Justicia Especial para la Paz (JEP) busca avanzar en el esclarecimiento y juzgamiento del denominado macrocaso 01, que determina las responsabilidades de antiguos miembros de esa organización en casos de secuestros cometidos durante el conflicto armado, en este caso concreto para “dar cuenta de las diferentes modalidades de privaciones de la libertad cometidas por parte de los Frentes del Bloque Oriental”, según el auto No. 2 de 2023 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.
Las jornadas serán presenciales y se llevarán a cabo en cuatro semanas establecidas de la siguiente manera: del 27 al 28 de julio, cuando se instalará la diligencia, del 31 de julio al 4 de agosto cuando se abordarán versiones de Arauca, Cundinamarca y la región del Sumapaz, del 14 al 18 de agosto de 2023 con las versiones de la región del Ariari, el Guayabero y el sur del Meta, y del 22 al 25 de agosto de 2023 para analizar los hechos ocurridos en Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.
Entre los convocados se encuentra Bernardo Mosquera Machado, conocido como El Negro Antonio, a quien se le atribuyen hasta un centenar de secuestros, también mandos medios como Víctor Tirado, quien fue comandante además en la región del Urabá, Kunta Kinte, Albeiro Córdoba, entre otros.
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Otros comparecientes, exmiembros del Bloque Oriental y que habían sido convocados anteriormente en el macrocaso No. 01, también tendrán que acudir a la jornada, entre ellos Wílmer Antonio Marín Cano, conocido en la guerra como Hugo 22, y quien fue jefe del frente que lleva ese mismo número. Entre 1998 y 2003, esa estructura llegó a captar hasta 500 millones de pesos al mes, lo que la convirtió en la que más recursos acumulaba especialmente producto de los secuestros, según documentó la Comisión de la Verdad (CEV) en el caso sobre las FARC.
El informe agrega que, de acuerdo con datos de la Fundación País Libre, solo en 2003 ese frente perpetró 21 secuestros en Cundinamarca, además de extorsiones permanentes a ganadores y comerciantes, empresarios e incluso a periodistas como Guillermo La Chiva Cortés.
En los autos proferidos por las magistradas de la JEP, Belkis Izquierdo y Julieta Lemaitre, quedó establecido que algunos de los exguerrilleros comparecerán con versiones escritas, esto ocurre en medio de reparos y solicitudes de los abogados de los excombatientes, quienes alegaron problemas de seguridad y riesgos para su vida si se trasladaban a rendir sus versiones.
Entre otros riesgos, los abogados argumentaron que el asesinato sistemático de excombatientes de las antiguas FARC y las amenazas persistentes contra ellos en todo el país suponían un riesgo para los comparecientes, hecho que la JEP reconoció como cierto, aunque consideró que aquello no era un motivo fundado para que las diligencias no se realizaran.
“La magistratura no puede suspender el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales que deben garantizar los derechos y garantías de víctimas, comparecientes y sociedad en general, con fundamento en el lamentable contexto de seguridad puesto de presente por los comparecientes”, argumentaron las magistradas, que además apuntaron que comparecer ante esta jurisdicción contribuía para garantizar el derecho de los propios comparecientes, es decir los exguerrilleros, a la reincorporación.
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Como señala el auto, es tarea de dicha jurisdicción “adelantar sesiones colectivas junto con otros comparecientes para responder a demandas de verdad de estructuras guerrilleras que concentraron un mayor número de hechos victimizantes”.
Al menos 28 mandos medios de los diferentes frentes y estructuras del antiguo Bloque Oriental de las FARC deberán acudir ante la JEP en las jornadas previstas para dar su versión sobre hechos de secuestro de los que fueron responsables, información que será contrastada con múltiples expedientes judiciales de la Fiscalía y también con 11 memoriales aportados por las víctimas en donde hay una relación de más de 200 hechos victimizantes que deberán ser aclaradas. En palabras del auto que convoca a las versiones, los hechos relacionados “deben ser abordadas por cada compareciente en la versión voluntaria a la que acuda”.
Como ya lo ha señalado antes la Justicia Especial para la Paz en otros autos emitidos este año, “el antiguo Bloque Oriental, la estructura con mayor número de demandas de verdad y de reconocimiento de las víctimas”. Los casos a esclarecer y juzgar con relación al Bloque Oriental tienen que ver con secuestros cometidos por frentes y estructuras que operaron en Meta, Guaviare, Vichada, Casanare, Arauca, Boyacá y Cundinamarca.
Algunas de las estructuras citadas por la jurisdicción 1, 2, 7,10, 16, 26, 27, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 54, 55, Policarpa Salavarrieta, Manuela Beltrán, Esteban Ramírez, Abelardo Romero, Compañía-Frente Reinaldo Cuéllar, Combatientes del Yarí, Camilo Tabaco, Urías Rondón, Columna Juan José Rondón y el Frente Acacio Medina.
Muchas de las llamadas “pescas milagrosas”, así como los secuestros de personalidades importantes en la capital del país y el oriente del país, son atribuidos a varias de estas estructuras.
De acuerdo con el auto firmado por las magistradas Izquierdo y Lemaitre, “la Sala primero determinó quiénes eran los máximos responsables de los hechos que sucedieron de manera repetida y similar en todo el territorio nacional, y ahora identifica y profundiza en los máximos responsables de los niveles inferiores de la organización armada, en la escala de Bloque de Frentes”.
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Hay que recordar que, como lo hemos contado antes en Colombia+20, la JEP ya ha avanzado significativamente en el macrocaso 01 determinando las responsabilidades de los máximos comandantes de las FARC, también de otras estructuras diferentes al Bloque Oriental, como lo fue el Comando Conjunto de Occidente, contra cuyos jefes y mandos medios ya se imputaron varios delitos.
Ahora esta jurisdicción avanza para esclarecer la responsabilidad de mandos medios y comandantes de frentes del Bloque Oriental, sin tanta relevancia en los máximos órganos de dirección de la extinta guerrilla, pero con gran conocimiento operativo en las regiones. Este es el tercer aplazamiento de la diligencia, después de que hubiera sido programada en diciembre de 2022 y luego en mayo de este año.
La JEP además anotó que “la jornada convocada hace parte de las actividades que realiza la Sala de Reconocimiento para garantizar los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad y la garantía de reincorporación a la vida civil de los comparecientes”.