El Comando Conjunto Central (CCC) de las extintas FARC fue una máquina de secuestros. Entre el 2000 y 2012 -periodo en el que este crimen de lesa humanidad y de guerra se disparó en Colombia- esa guerrilla secuestró a 853 personas en Tolima, según datos del Ministerio de Defensa.
Entre los frentes 17, 21 (el más secuestrador en el Tolima, con el 38% de los casos atribuidos), 25 y 66; y las columnas móviles Jacobo Prías, Daniel Aldana y Héroes de Marquetalia, las FARC tuvieron prevalencia en control territorial y razones financieras para su grupo armado mediante secuestros sistemáticos.
Si bien en el Tolima, cuna de las FARC, no hubo discriminación hacia los municipios para efectuar secuestros, la mayoría de las víctimas se concentraron en Chaparral, Ortega, Líbano, Ibagué, Planadas, Natagaima, Ataco, Rioblanco y Flandes, de acuerdo con el Grupo de Análisis de la Información de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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Debido a esto, la semana pasada la JEP imputó a 10 exmandos guerrilleros que operaron en esa zona del país, a quienes se les atribuyeron responsabilidades penales como toma de rehenes, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y asesinatos selectivos (todo esto dentro de la baraja de crímenes de guerra). Además, se les endilgó responsabilidad por desapariciones forzadas, esclavitud, violencia sexual y tortura (crímenes de lesa humanidad).
En Tolima, según la magistrada Julieta Lemaitre -relatora del caso 01 de la JEP- la mayoría de las prácticas relacionadas con el secuestro iban dirigidas hacia la financiación de la guerrilla. De hecho, como señaló en la audiencia, el Comando Central Conjunto fue de las estructuras armadas de ese grupo que más cercanía tuvo con la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, instancia para el manejo de dineros de la guerrilla creada por el abatido comandante de las FARC, Guillermo León Sáenz (Alfonso Cano). Esto a pesar de ser un brazo armado que en cuantía era mucho más pequeño que el Bloque Caribe o el Bloque Magdalena Medio, por ejemplo.
Financiar sus filas a costa de todo era la premura. Las FARC cumplieron con ese objetivo durante varios años y a su paso dejaron una variedad de casos, algunos de ellos de difícil recordación, los cuales fueron reseñados por el Auto 01 de 2023 y abordan escenarios abominables de muchos años en cautiverio, muertes en la privación de libertad, consecuencias económicas graves para las familias de los secuestrados, persecución por estigmatización o secuestro de niños.
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Algunos de los secuestrados por las FARC
La estrategia geográfica siempre le importó a la extinta guerrilla. La conquista por el Cañón de las Hermosas, para moverse entre el centro y el suroccidente del país, fue una obsesión que tuvieron las FARC y excusa recurrente para perpetrar secuestros aledaños a ese paraíso natural.
En esas selvas, las FARC le ocasionaron innumerables dolores a la familia Mahecha, Perdomo, oriunda de Chaparral. Como relata el auto de la JEP, el 4 de junio de 2004 el comerciante Héctor Horacio Mahecha Medina fue secuestrado por el frente 21 de las FARC. Por su liberación, “la guerrilla exigía 300 millones de pesos de la época, de los cuales fueron cancelados 140 millones al tiempo que fue canjeado por su hijo Héctor Horacio Mahecha Perdomo, quien permaneció secuestrado hasta el 23 de noviembre de 2004 cuando los familiares pagaron la suma de 60 millones adicionales”, se puede leer.
Por si ese flagelo hubiese sido poco, las extorsiones de la guerrilla a los Mahecha siguieron siendo una constante (como lo fueron desde 1995). Tras cinco años de un “periodo de gracia” otorgado por la guerrilla, esta familia dejó de realizar esos pagos forzosos y a raíz de eso “el extinto grupo armado les puso una bomba en su lugar de trabajo y otra bomba en la casa, donde la menor de 15 años, Nicole Mahecha Restrepo, nieta del señor Mahecha Medina, resultó herida. Nicole tuvo que ser operada en múltiples ocasiones”, documenta el auto de la JEP.
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Ese hecho fue narrado por los comparecientes imputados John Jairo Oliveros y Raúl Agudelo, quienes dejaron constancia testimonial de que para el frente 21 de las FARC “era una práctica común usar bombas como método para presionar los pagos”, dijeron ante la justicia transicional.
Otro agravante a este caso lo sumó el mismo Héctor Mahecha Medina, quien al momento de acreditarse como víctima del frente 21 de las FARC comentó que en un intento de rescate que el Ejército hizo para dar con su paradero, la orden de la guerrilla era asesinarlo antes de “dejárselo quitar”. “Esa es la orden que se da sencilla y llanamente, no tienen que dejárselo quitar (…) pues no le dicen a uno fusílenlo, asesínenlo, mátelo, pero sí dan a entender eso”, agregó.
Primer caso de secuestro de niños en Tolima
Darío Alejandro y Óscar Andrés Varón Herrán tenían 13 y 11 años respectivamente en agosto del 2000, cuando las FARC los secuestraron en la vía Guamo-Espinal, lugar en el que estaban en un taxi que los llevaría a su colegio.
Si bien durante las primeras semanas de la desaparición de los niños se desconocía su paradero y los responsables, las semanas arrojaron que había sido el frente 21 el perpetrador de es hecho. El caso aparece en el Auto 01 del 2023 de la JEP, aunque los detalles están en folios d la Fiscalía General de la Nación.
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Sobre los hechos que rodearon esas privaciones de libertad se sabe que al taxi en el que iban los hermanos Varón se subieron dos hombres de la guerrilla, quienes desviaron el taxi y pusieron rumbo hacia Ibagué. Allí los recibió Enoc Capera Trujillo -uno de los 10 mandos imputados, quien en la guerra era conocido como Giovanni-.
Poco o nada se supo del destino de los niños. Como reza un documento de la Fiscalía, los hermanos “fueron liberados en Montefrío en marzo de 2001 luego de una negociación”. Capera Trujillo nunca dijo en audiencia cuál fue el monto de negociación. Se limitó a decir que buscaba dinero de los padres de los dos menores de edad para la época y que los rubros eran para financiar las operaciones del frente 21 en el noroccidente del Tolima.
El caso de los Varón Herrán fue el primer episodio de secuestro de las FARC en Tolima dirigido y analizado desde inteligencia hacia niños. A nivel nacional, según el GRAI de la JEP, las FARC comenzaron a secuestrar menores de edad desde 1996. Desde ese año hasta la firma del Acuerdo de Paz esa cifra ascendió a 300 casos individuales.
Comerciantes, otro blanco de la extinta guerrilla
El 9 de agosto de 2008, en la finca Siberia (vía Chaparral - Ortega) fue secuestrado Samuel Rada Prieto, un hombre de 77 años. Según un documento de la Secretaría Judicial de la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, desde el momento de su rapto, la guerrilla de las FARC se comunicó con su familia para exigir un pago extorsivo por su liberación.
El 16 de agosto de 2008 su hija, Norma Rada, fue contactada por las FARC y le exigieron 20 millones de pesos para tener de nuevo a su padre. Como se lee en el documento de la JEP en el que compareció el exguerrillero condenado en justicia ordinaria Ricaurte Moreno Ospina, conocido en la guerra como Alfonso Pocho, ese día Norma “envió el dinero exigido a las 6:00 a.m. con el conductor de la ruta Velotax. Finalmente le confirmaron telefónicamente que habían recibido el dinero asegurándole que encontraría a su padre en el puente de Cucuana […]”.
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Don Samuel nunca apareció. El 2 de julio de 2009, su cuerpo fue encontrado sin vida en la vereda Libertad, jurisdicción de Ortega. Según los estudios forenses que le realizó el Gaula y la Dijín, “la causa de muerte fue herida en la cabeza por proyectil de arma de fuego de carga única y baja velocidad”.
La investigación de este caso arrojó responsabilidad directa a Ricaurte Moreno Ospina y José Miller Bernal, guerrilleros desmovilizados de las FARC, quienes no están dentro de los 10 imputados por la JEP en el Auto 01 de 2023, pues su participación en este crimen de lesa humanidad no fue bajo la figura de mando medio o alto mando de la exguerrilla.
Los hechos del caso de Samuel Rada fueron atribuidos por completo a las filas del Comando Conjunto Central que operaban en el municipio de Ortega.
El caso de Rada se volvió emblemático entre el gremio de comerciantes en Tolima, pues fue de los pocos episodios de secuestro en el sur de Tolima en el que una persona cuya familia pagó la fianza extorsiva en el departamento fue asesinada en cautiverio.
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Otro de los casos recordados por secuestro del extinto CCC en Tolima fue el de Dilma Liliana Castillo, quien se ofreció como canje de su padre en cautiverio y falleció estando en poder de las antiguas FARC.
Sobre este caso, sumado al de los esposos Charry Durán, el secuestro de Jairo Acosta Enríquez y el caso de los hermanos Varón Herrán, la JEP determinó que las FARC actuaban en Tolima con la intención de presionar empresas para realizar pagos extorsivos y que hubo condiciones diferenciadas de maltrato.
El Comando Conjunto Central se financiaba con secuestros extorsivos “pues a diferencia de los demás Bloques, en el área del Comando las estructuras no contaban con ingresos estables producto de economías ilegales, pues la bonanza de la amapola como ya se describió fue breve”, como dicta el Auto 01 de 2023 de la JEP.
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A través de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz entraron dineros como los que operaron en los canjes de Dilma Liliana Castillo y su padre. Si bien el caso específico de los Castillo no está plenamente documentado en la JEP, su referencia es importante pues a partir de este tipo de extorsiones fue que la justicia transicional encontró patrones criminales del CCC, mediante los cuales las tomas a poblaciones en Tolima, las extorsiones anónimas y atribuidas y los engaños a los familiares de los privados en libertad eran una constante.
Así se financiaron las FARC en Tolima. La JEP dio una frase lapidaria de lo que representaban estos escenarios para sus finanzas: “los comandantes le reportaban al Secretariado que su principal fuente de ingresos eran los secuestros, al representar un 60% de sus ingresos, seguidos por “las recuperaciones de dinero a entidades bancarias” que realizaban en el marco de tomas y ataques a poblados”.