Claves para enderezar la Justicia Especial para la Paz

Un llamado a la grandeza para entender el momento histórico que vive Colombia se hizo ayer a los políticos y magistrados de la Corte Constitucional que tienen la responsabilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se establezca conforme a los estándares internacionales. Esa fue una de las principales conclusiones del evento nacional de Justicia para la Paz, el capítulo del proyecto Colombia 2020 de El Espectador que se realizó ayer.

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El encuentro abordó las lecciones y experiencias internacionales, especialmente de Kosovo y Bosnia, para instalar esta jurisdicción especial, pero no pudo escapar a las preocupaciones que existen hoy sobre cómo se viene reglamentando la JEP en Colombia.

En ese sentido, el profesor alemán Kai Ambos, doctor en derecho de la Universidad de Múnich y una de las voces más autorizadas en temas de justicia transicional en el mundo, criticó el régimen de inhabilidades que aprobó el Congreso y hoy estudia la Corte Constitucional. De acuerdo con la ley estatutaria, los magistrados de la JEP que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos deberán declararse impedidos. “Las inhabilidades que aprobaron para los magistrados son el fin de la JEP si no se declaran inexequibles”, dijo Ambos al respecto, porque en la práctica esto quiere decir que casi la mitad de los magistrados escogidos no pueden serlo.

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Además dijo que este régimen “discrimina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quienes hayan litigado en este escenario no podrán ser magistrados. Eso es el colmo”. Por eso espera que la Corte Constitucional declare inconstitucional este punto de la ley estatutaria que reglamenta este sistema especial de justicia.

Lo mismo espera Patricia Linares, presidenta de la JEP, quien lamentó el régimen de inhabilidades aprobado y señaló que es contrario a la Constitución Política. Linares aseguró que la JEP será de paz y para la paz, “no para juzgar ideologías”.

“Necesitamos el poder del derecho, pero estamos viendo la lucha del poder sobre el derecho y esto tiene que cambiar”, dijo en este mismo escenario el embajador de Alemania en Colombia, Michael Bock.

Otro de los puntos de la JEP más polémicos y que generaron mayor preocupación durante el encuentro fue la decisión de la Corte Constitucional de sustraer la competencia de los terceros civiles a la JEP, al volver voluntaria su comparecencia ante este sistema especial. Esto deja por fuera a empresarios, políticos y funcionarios.

Una decisión “muy discutible”, según María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional de Justicia.

A su modo de ver, este argumento de la Corte es al menos “contrafáctico”, porque la justicia ordinaria ha dado muy pocos resultados como para ser realmente la salida de justicia y sanción de los delitos de civiles. “¿Cuántas imputaciones existen hoy que hacen parte de las compulsas de copias de Justicia y Paz en los últimos dos años en contra de financiadores del conflicto? (Al menos 15.000). ¿Cuántas condenas hay? (Ninguna)”.

En ese sentido, según Moreno, esto abre la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Moreno, la preocupación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, es pertinente, porque “nos podríamos enfrentar a que la justicia ordinaria se configure como un escenario de impunidad y a la JEP lleguen muy pocos civiles de manera voluntaria”. Esa decisión debilita profundamente el modelo mismo, según Moreno, porque su valor agregado era que iba a hacerse cargo de todos los hechos del conflicto y de todos los actores que hicieron parte.

La expectativa de las víctimas

Pastora Mira, quien vio caer asesinados a su padre, un esposo y dos de sus hijos, también estuvo en este encuentro y pidió, de cara a la Jurisdicción Especial para la Paz, que quienes padecieron directamente la guerra puedan participar y conozcan la verdad. “Necesitamos que se nos garantice un escenario de participación a través de diálogos amplios para participar efectivamente en los procesos judiciales”, afirmó.

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También recordó la experiencia de la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se llevó a cabo la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en medio de la cual las víctimas tuvieron muchos problemas logísticos y económicos para llegar a las audiencias en las que eran juzgados los comandantes de las Auc. Luego de insistir, lograron que las audiencias de los jefes paramilitares se retransmitieran por medios electrónicos a los que tenían acceso las víctimas.

La participación y representación que deben tener las víctimas en los procesos de justicia transicional, la divulgación de lo que pasa en los juicios y la forma como deben seleccionarse los casos victimizantes para que vayan a juicio fueron también algunos de los temas centrales que trató durante el conversatorio Fidelma Donlon, secretaria ejecutiva de las Salas Especiales del Tribunal de Kosovo.

Ante la pregunta de cómo encontrar equilibrio entre las necesidades que tienen las víctimas de ser escuchadas y reparadas y las limitaciones que tienen las cortes de justicia transicional para escucharlas a todas, Donlon resaltó que, por ejemplo, en el Tribunal de Kosovo se eligieron abogados que fueron defensores legítimos de grupos de víctimas. Estos abogados tenían que ir a la región y sentarse a hablar realmente con las víctimas. Esa fue la manera en la que en ese país se intentó escuchar todas las voces perjudicadas por la guerra.

“La corte debe ser clara: no seremos capaces de escuchar y remediar a todos, pero sí estamos comprometidos a trabajar con las víctimas para hacerlas sentir que estamos ahí por ellas y para ellas”, resaltó esta abogada irlandesa que desde 1999 ha estado vinculada a los tribunales internacionales de Bosnia, la antigua Yugoslavia y Sierra Leona.

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Un llamado a la grandeza para entender el momento histórico que vive Colombia se hizo ayer a los políticos y magistrados de la Corte Constitucional que tienen la responsabilidad de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se establezca conforme a los estándares internacionales. Esa fue una de las principales conclusiones del evento nacional de Justicia para la Paz, el capítulo del proyecto Colombia 2020 de El Espectador que se realizó ayer.

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El encuentro abordó las lecciones y experiencias internacionales, especialmente de Kosovo y Bosnia, para instalar esta jurisdicción especial, pero no pudo escapar a las preocupaciones que existen hoy sobre cómo se viene reglamentando la JEP en Colombia.

En ese sentido, el profesor alemán Kai Ambos, doctor en derecho de la Universidad de Múnich y una de las voces más autorizadas en temas de justicia transicional en el mundo, criticó el régimen de inhabilidades que aprobó el Congreso y hoy estudia la Corte Constitucional. De acuerdo con la ley estatutaria, los magistrados de la JEP que durante los últimos cinco años hayan litigado en contra de los intereses del Estado o hayan representado a grupos de derechos humanos deberán declararse impedidos. “Las inhabilidades que aprobaron para los magistrados son el fin de la JEP si no se declaran inexequibles”, dijo Ambos al respecto, porque en la práctica esto quiere decir que casi la mitad de los magistrados escogidos no pueden serlo.

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Además dijo que este régimen “discrimina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque quienes hayan litigado en este escenario no podrán ser magistrados. Eso es el colmo”. Por eso espera que la Corte Constitucional declare inconstitucional este punto de la ley estatutaria que reglamenta este sistema especial de justicia.

Lo mismo espera Patricia Linares, presidenta de la JEP, quien lamentó el régimen de inhabilidades aprobado y señaló que es contrario a la Constitución Política. Linares aseguró que la JEP será de paz y para la paz, “no para juzgar ideologías”.

“Necesitamos el poder del derecho, pero estamos viendo la lucha del poder sobre el derecho y esto tiene que cambiar”, dijo en este mismo escenario el embajador de Alemania en Colombia, Michael Bock.

Otro de los puntos de la JEP más polémicos y que generaron mayor preocupación durante el encuentro fue la decisión de la Corte Constitucional de sustraer la competencia de los terceros civiles a la JEP, al volver voluntaria su comparecencia ante este sistema especial. Esto deja por fuera a empresarios, políticos y funcionarios.

Una decisión “muy discutible”, según María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional de Justicia.

A su modo de ver, este argumento de la Corte es al menos “contrafáctico”, porque la justicia ordinaria ha dado muy pocos resultados como para ser realmente la salida de justicia y sanción de los delitos de civiles. “¿Cuántas imputaciones existen hoy que hacen parte de las compulsas de copias de Justicia y Paz en los últimos dos años en contra de financiadores del conflicto? (Al menos 15.000). ¿Cuántas condenas hay? (Ninguna)”.

En ese sentido, según Moreno, esto abre la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Moreno, la preocupación de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, es pertinente, porque “nos podríamos enfrentar a que la justicia ordinaria se configure como un escenario de impunidad y a la JEP lleguen muy pocos civiles de manera voluntaria”. Esa decisión debilita profundamente el modelo mismo, según Moreno, porque su valor agregado era que iba a hacerse cargo de todos los hechos del conflicto y de todos los actores que hicieron parte.

La expectativa de las víctimas

Pastora Mira, quien vio caer asesinados a su padre, un esposo y dos de sus hijos, también estuvo en este encuentro y pidió, de cara a la Jurisdicción Especial para la Paz, que quienes padecieron directamente la guerra puedan participar y conozcan la verdad. “Necesitamos que se nos garantice un escenario de participación a través de diálogos amplios para participar efectivamente en los procesos judiciales”, afirmó.

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También recordó la experiencia de la Ley de Justicia y Paz, mediante la cual se llevó a cabo la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en medio de la cual las víctimas tuvieron muchos problemas logísticos y económicos para llegar a las audiencias en las que eran juzgados los comandantes de las Auc. Luego de insistir, lograron que las audiencias de los jefes paramilitares se retransmitieran por medios electrónicos a los que tenían acceso las víctimas.

La participación y representación que deben tener las víctimas en los procesos de justicia transicional, la divulgación de lo que pasa en los juicios y la forma como deben seleccionarse los casos victimizantes para que vayan a juicio fueron también algunos de los temas centrales que trató durante el conversatorio Fidelma Donlon, secretaria ejecutiva de las Salas Especiales del Tribunal de Kosovo.

Ante la pregunta de cómo encontrar equilibrio entre las necesidades que tienen las víctimas de ser escuchadas y reparadas y las limitaciones que tienen las cortes de justicia transicional para escucharlas a todas, Donlon resaltó que, por ejemplo, en el Tribunal de Kosovo se eligieron abogados que fueron defensores legítimos de grupos de víctimas. Estos abogados tenían que ir a la región y sentarse a hablar realmente con las víctimas. Esa fue la manera en la que en ese país se intentó escuchar todas las voces perjudicadas por la guerra.

“La corte debe ser clara: no seremos capaces de escuchar y remediar a todos, pero sí estamos comprometidos a trabajar con las víctimas para hacerlas sentir que estamos ahí por ellas y para ellas”, resaltó esta abogada irlandesa que desde 1999 ha estado vinculada a los tribunales internacionales de Bosnia, la antigua Yugoslavia y Sierra Leona.

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