Señalan a mandos militares como coautores de 10 masacres en suroccidente del país
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, mandos de la Tercera Brigada y la Tercera División cometieron supuesta connivencia con el bloque Calima de las Autodefensas en diez masacres ocurridas en Cauca y Valle, entre 1999 y 2001.
El 21 de agosto de 1999, un comando paramilitar perteneciente al bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, conducido por un informante apodado Tatabro, asesinó a los hermanos Diego y Óscar Pérez en un paraje a media hora de Buga.
Este caso llamó la atención porque los vehículos en los que se movilizaban los paramilitares fueron vistos en las instalaciones del batallón Palacé. Además, Tatabro, un desertor de la guerrilla que era menor de edad y para la fecha fungía como informante del Ejército, vivía dentro del batallón.
Los hechos motivaron en su momento una denuncia de la organización Human Rights Watch contra la Tercera Brigada del Ejército con jurisdicción en la zona. La ONG internacional acusó a esa brigada de brindar “inteligencia y apoyo logístico” a los grupos de autodefensas recién llegados a la región.
(Lea también: Eln opera en conjunto con militares venezolanos en la frontera, denuncia informe)
“Fuentes afirmaron que organismos investigadores de la zona tenían pruebas de que los paramilitares se estuvieron comunicando, desde teléfonos de la zona, con el comando del batallón Palacé”, puede leerse en un informe que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) entregó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que desde hoy estará disponible al público.
El informe llamado “Silbidos del horror: masacres en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca y Cauca (1999-2001)”, hace el recuento de diez masacres cometidas por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia en esos departamentos, con supuesta colaboración de altos mandos militares de la Tercera Brigada y la Tercera División del Ejército, ambas con jurisdicción en las zonas donde ocurrieron los crímenes.
El Cajar entregó este documento a la JEP como insumo para los nuevos macrocasos que la Jurisdicción abrirá este año, en especial el que se encargará de juzgar crímenes del conflicto cometidos por agentes estatales y terceros vinculados al paramilitarismo.
“Sostenemos la hipótesis de que el paramilitarismo no es un tercer actor aislado, sino la expresión de una estrategia del Estado”, asegura Sebastián Escobar, integrante del Colectivo, quien agrega que las diez masacres documentadas no son hechos aislados, sino que contaron con un patrón de macrocriminalidad que permite señalar la responsabilidad oficial en ellos.
“El paramilitarismo no fue un actor independiente de la Fuerza Pública, actuaron de manera conjunta o bien se permitió su actuación de forma deliberada”.
“Aspiramos a que el fenómeno del paramilitarismo pueda abordarse más allá de la lógica del tercer actor, no fue un actor independiente de la Fuerza Pública, actuaron de manera conjunta o bien se permitió su actuación de forma deliberada”, indica Escobar.
Basándose en testimonios que los mismos paramilitares rindieron ante el Centro Nacional de Memoria Histórica y en versiones libres y sentencias de Justicia y Paz, el documento señala, por ejemplo, al capitán Mauricio Zambrano, que “fue el enlace para comerciar armas con los paramilitares del bloque Calima”. Asimismo, se afirma que el entonces coronel Tony Alberto Vargas Patecúa, del batallón Pichincha, asistió a un encuentro en Santander de Quilichao con el célebre comandante paramilitar Elkin Casarrubia, conocido como el Cura. Según las versiones ante tribunales de Justicia y Paz, fue una “reunión mediante la cual se acordó trabajar mancomunadamente para el pase de tropas y materiales, así como se concretó la masacre de San Pedro”.
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Otro testimonio del paramilitar Armando Lugo, Cabezón, salpica al coronel Vargas. En la declaración, Lugo afirmó que acordó una acción armada con Vargas, y que este la autorizó siempre y cuando no hubiera “muchos muertos”.
Sebastián Escobar dice que crímenes como estos nunca fueron juzgados por las autoridades competentes, pues Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía y otras instituciones que no avanzaron en las investigaciones sobre la responsabilidad de los altos oficiales. “Se abordó la responsabilidad de los paramilitares, pero no la de la Fuerza Pública”, explica Escobar.
“Los movimientos campesinos y comunidades indígenas de la región quedaron significativamente debilitados como consecuencia de esta violencia sistemática”.
Las masacres documentadas por el informe suman un total de 93 víctimas directas y también detallan delitos como amenazas, torturas, intimidaciones, robos de ganado, desplazamientos forzados y en general una estrategia de “tierra arrasada” que tenía como propósito “secarle el agua al pez”. En la lógica contrainsurgente se considera a la población campesina como base natural de las guerrillas: “Los movimientos campesinos y comunidades indígenas de la región (...) quedaron significativamente debilitados como consecuencia de esta violencia sistemática”, dice el documento.
Como agravante, el informe asegura que el Ejército intentó culpar a las Farc de las masacres a sabiendas de que fueron cometidas por los paramilitares. Además, cita las pruebas de varias amenazas que los propios militares habían hecho a la población de los caseríos Alaska, Monteloro y El Placer en 1998, mucho antes de la llegada del bloque Calima, que fue propiciada por narcotraficantes y poderosos empresarios del Valle del Cauca. En las intimidaciones les decían que si no colaboraban con el Ejército, los paramilitares llegarían para tomar represalias, lo que en efecto ocurrió meses más tarde.
Para el Cajar son claras las similitudes entre las diez masacres que comparten un mismo modus operandi, lo que permite, según el informe, inferir “un patrón que igualmente evidencia la existencia de una política del Estado colombiano”, que usa paramilitares para “someter a la población campesina e indígena” de la región, con el pretexto de atacar a las guerrillas.
El informe hace énfasis en que la Corte Penal Internacional ha sentado como precedente que una política de Estado no necesita documentos, planeaciones ni órdenes oficiales, sino que puede inferirse de las circunstancias, omisión y connivencia por parte de la Fuerza Pública, como en este caso.
Otra solicitud a la JEP es vincular a los comandantes de la época: Marino Escobar, de la Policía del Valle; el general Jaime Humberto Cortez, de la Tercera División, y el coronel Julio Acosta Garay, de la Tercera Brigada, señalados como máximos responsables de estos hechos.
La masacre de Barragán en el Valle del Cauca
Uno de los casos más conocidos ocurrió en zona rural de Buga el 19 de diciembre de 2000. Tres días antes un grupo de las Autodefensas ingresó a la zona por carretera con apoyo de militares en “logística, inteligencia y transporte”.
Entraron al corregimiento a las cinco de la madrugada, sacando a los pobladores de sus casas con una lista de presuntos colaboradores de la guerrilla. A ellos los apartaron de los demás y los masacraron a unos 400 metros del pueblo, donde el resto de la gente permanecía detenida en la iglesia. Los propios paramilitares contaron en sus testimonios que uno apodado el Cabo hizo una competencia con otro llamado el Gringo para ver cuál degollaba más campesinos. Diez personas fueron las víctimas fatales de ese hecho.
A la población la amenazaron “diciéndonos que éramos guerrilleros y estábamos buenos para meternos una bomba y acabar con todos”, según narró una sobreviviente.
Estos hechos fueron reconstruidos por la Fiscalía 53 de Justicia y Paz.
El 21 de agosto de 1999, un comando paramilitar perteneciente al bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, conducido por un informante apodado Tatabro, asesinó a los hermanos Diego y Óscar Pérez en un paraje a media hora de Buga.
Este caso llamó la atención porque los vehículos en los que se movilizaban los paramilitares fueron vistos en las instalaciones del batallón Palacé. Además, Tatabro, un desertor de la guerrilla que era menor de edad y para la fecha fungía como informante del Ejército, vivía dentro del batallón.
Los hechos motivaron en su momento una denuncia de la organización Human Rights Watch contra la Tercera Brigada del Ejército con jurisdicción en la zona. La ONG internacional acusó a esa brigada de brindar “inteligencia y apoyo logístico” a los grupos de autodefensas recién llegados a la región.
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“Fuentes afirmaron que organismos investigadores de la zona tenían pruebas de que los paramilitares se estuvieron comunicando, desde teléfonos de la zona, con el comando del batallón Palacé”, puede leerse en un informe que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) entregó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que desde hoy estará disponible al público.
El informe llamado “Silbidos del horror: masacres en el suroccidente colombiano, Valle del Cauca y Cauca (1999-2001)”, hace el recuento de diez masacres cometidas por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia en esos departamentos, con supuesta colaboración de altos mandos militares de la Tercera Brigada y la Tercera División del Ejército, ambas con jurisdicción en las zonas donde ocurrieron los crímenes.
El Cajar entregó este documento a la JEP como insumo para los nuevos macrocasos que la Jurisdicción abrirá este año, en especial el que se encargará de juzgar crímenes del conflicto cometidos por agentes estatales y terceros vinculados al paramilitarismo.
“Sostenemos la hipótesis de que el paramilitarismo no es un tercer actor aislado, sino la expresión de una estrategia del Estado”, asegura Sebastián Escobar, integrante del Colectivo, quien agrega que las diez masacres documentadas no son hechos aislados, sino que contaron con un patrón de macrocriminalidad que permite señalar la responsabilidad oficial en ellos.
“El paramilitarismo no fue un actor independiente de la Fuerza Pública, actuaron de manera conjunta o bien se permitió su actuación de forma deliberada”.
“Aspiramos a que el fenómeno del paramilitarismo pueda abordarse más allá de la lógica del tercer actor, no fue un actor independiente de la Fuerza Pública, actuaron de manera conjunta o bien se permitió su actuación de forma deliberada”, indica Escobar.
Basándose en testimonios que los mismos paramilitares rindieron ante el Centro Nacional de Memoria Histórica y en versiones libres y sentencias de Justicia y Paz, el documento señala, por ejemplo, al capitán Mauricio Zambrano, que “fue el enlace para comerciar armas con los paramilitares del bloque Calima”. Asimismo, se afirma que el entonces coronel Tony Alberto Vargas Patecúa, del batallón Pichincha, asistió a un encuentro en Santander de Quilichao con el célebre comandante paramilitar Elkin Casarrubia, conocido como el Cura. Según las versiones ante tribunales de Justicia y Paz, fue una “reunión mediante la cual se acordó trabajar mancomunadamente para el pase de tropas y materiales, así como se concretó la masacre de San Pedro”.
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Otro testimonio del paramilitar Armando Lugo, Cabezón, salpica al coronel Vargas. En la declaración, Lugo afirmó que acordó una acción armada con Vargas, y que este la autorizó siempre y cuando no hubiera “muchos muertos”.
Sebastián Escobar dice que crímenes como estos nunca fueron juzgados por las autoridades competentes, pues Justicia y Paz compulsó copias a la Fiscalía y otras instituciones que no avanzaron en las investigaciones sobre la responsabilidad de los altos oficiales. “Se abordó la responsabilidad de los paramilitares, pero no la de la Fuerza Pública”, explica Escobar.
“Los movimientos campesinos y comunidades indígenas de la región quedaron significativamente debilitados como consecuencia de esta violencia sistemática”.
Las masacres documentadas por el informe suman un total de 93 víctimas directas y también detallan delitos como amenazas, torturas, intimidaciones, robos de ganado, desplazamientos forzados y en general una estrategia de “tierra arrasada” que tenía como propósito “secarle el agua al pez”. En la lógica contrainsurgente se considera a la población campesina como base natural de las guerrillas: “Los movimientos campesinos y comunidades indígenas de la región (...) quedaron significativamente debilitados como consecuencia de esta violencia sistemática”, dice el documento.
Como agravante, el informe asegura que el Ejército intentó culpar a las Farc de las masacres a sabiendas de que fueron cometidas por los paramilitares. Además, cita las pruebas de varias amenazas que los propios militares habían hecho a la población de los caseríos Alaska, Monteloro y El Placer en 1998, mucho antes de la llegada del bloque Calima, que fue propiciada por narcotraficantes y poderosos empresarios del Valle del Cauca. En las intimidaciones les decían que si no colaboraban con el Ejército, los paramilitares llegarían para tomar represalias, lo que en efecto ocurrió meses más tarde.
Para el Cajar son claras las similitudes entre las diez masacres que comparten un mismo modus operandi, lo que permite, según el informe, inferir “un patrón que igualmente evidencia la existencia de una política del Estado colombiano”, que usa paramilitares para “someter a la población campesina e indígena” de la región, con el pretexto de atacar a las guerrillas.
El informe hace énfasis en que la Corte Penal Internacional ha sentado como precedente que una política de Estado no necesita documentos, planeaciones ni órdenes oficiales, sino que puede inferirse de las circunstancias, omisión y connivencia por parte de la Fuerza Pública, como en este caso.
Otra solicitud a la JEP es vincular a los comandantes de la época: Marino Escobar, de la Policía del Valle; el general Jaime Humberto Cortez, de la Tercera División, y el coronel Julio Acosta Garay, de la Tercera Brigada, señalados como máximos responsables de estos hechos.
La masacre de Barragán en el Valle del Cauca
Uno de los casos más conocidos ocurrió en zona rural de Buga el 19 de diciembre de 2000. Tres días antes un grupo de las Autodefensas ingresó a la zona por carretera con apoyo de militares en “logística, inteligencia y transporte”.
Entraron al corregimiento a las cinco de la madrugada, sacando a los pobladores de sus casas con una lista de presuntos colaboradores de la guerrilla. A ellos los apartaron de los demás y los masacraron a unos 400 metros del pueblo, donde el resto de la gente permanecía detenida en la iglesia. Los propios paramilitares contaron en sus testimonios que uno apodado el Cabo hizo una competencia con otro llamado el Gringo para ver cuál degollaba más campesinos. Diez personas fueron las víctimas fatales de ese hecho.
A la población la amenazaron “diciéndonos que éramos guerrilleros y estábamos buenos para meternos una bomba y acabar con todos”, según narró una sobreviviente.
Estos hechos fueron reconstruidos por la Fiscalía 53 de Justicia y Paz.