Con desaparición forzada despojaron a los sucreños de sus tierras

A los Causado Márquez les asesinaron y desaparecieron tres hijos entre 1994 y 2002. Álvaro José, Róviro y Walter de Jesús eran campesinos integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en Sucre y líderes de la vida social y política del departamento. El 24 de febrero de 2003, Cristóbal Manuel Paternina Hernández, residente del corregimiento La Libertad (San Onofre), fue desaparecido. Su familia relata que desde su finca se podía ver cómo al puesto de Infantería llegaban con frecuencia paramilitares pertenecientes al Bloque Héroes de los Montes de María y cómo varios de los oficiales sostenían relaciones con miembros de esta estructura paramilitar. Meses después, a Edualdo León Díaz, alcalde de El Roble, lo asesinaron y desaparecieron en abril de 2003 después de denunciar que el entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, era paramilitar.

Así fue Sucre entre finales de los 80 y la primera década de los 2000. El paramilitarismo se alió con las esferas sociales, políticas y económicas del departamento, y mientras avanzaba el Bloque Héroes de los Montes de María, cometiendo masacres, asesinatos selectivos, violencia sexual y desapariciones, iban desplazando y despojando a la gente. A la par, empresas y políticos adquirían tierras. Esto lo detalla el informe Exhumando Justicia y Verdad, que elaboró el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) que hoy entregan a las entidades del sistema de justicia transicional.

En este documento se explican las alianzas con políticos locales, que terminaron siendo determinadores de hechos violentos. Están los ya conocidos y condenados Salvador Arana Sus, que recientemente se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz, y Miguel Nule Amín y Álvaro García Romero, responsables de la masacre de Macayepo. Y menciona a otros 39 funcionarios públicos y empleados del sector privado vinculados por la Fiscalía en investigaciones por su relación con grupos paramilitares en 12 municipios de Sucre.

Pero más allá de las responsabilidades, este informe avanza en “la reconstrucción del perfil y de las circunstancias de la desaparición de 259 víctimas agrupadas en 222 casos de desaparición forzada en Sucre, durante los años 1988 y 2008, y se realizó un análisis de los casos documentados para identificar la dimensión global de este fenómeno, así como sus intencionalidades, víctimas, responsables, modus operandi, beneficiarios y principales patrones”, dice el documento.

En este análisis, las organizaciones concluyeron que la desaparición forzada fue “una práctica que se cometió en Sucre de manera generalizada y sistemática, que les sirvió como estrategia para materializar el despojo de tierras, como mecanismo de exterminio en contra de grupos poblacionales que ejercían algún tipo de liderazgo social y político y que efectuaban denuncias sobre los hechos victimizantes y/o conductas de distinta naturaleza que atentaban contra la colectividad, y como un mecanismo para propagar el terror y ejercer el control territorial de una zona estratégica a nivel político y económico y, así, imponer un modelo social favorable a los intereses de las personas que propiciaron y se beneficiaron de esta violencia paramilitar. Su relación de alianza con el Estado les permitió realizar esta práctica en completa impunidad”.

De este universo de casos solo 17 cuerpos han sido encontrados. El resto, y otros, se presume que pueden estar en 15 fincas y 18 cementerios del departamento.

¿Cómo lograron los paramilitares que las fincas se convirtieran en fosas comunes? El informe dice que si bien en un principio, cuando el ejército paramilitar se conformó con apoyo de los políticos en fincas como Las Canarias, Carare (propiedad de Miguel Nule Amín) y Las Melenas (administrada por el comandante paramilitar “Diego Vecino”), una vez consolidados “se valieron del control territorial que ejercían para realizar inhumaciones clandestinas para desaparecer estos cuerpos y que para ello utilizaron las fincas y haciendas del departamento que fueron despojadas para ser utilizadas como centros de operación paramilitar, a donde llevaban a las víctimas para torturarlas, asesinarlas y enterrar sus cuerpos en los predios”.

Aparece entonces el ejemplo del comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, conocido como “Cadena”, quien “dio la orden de que sus hombres desaparecieran y desplazaran a personas de la región para apropiarse de sus tierras y convertir las fincas y haciendas del departamento en centros de operación paramilitar. En estas fincas se realizaban los entrenamientos militares de los integrantes del grupo, y allí se concentraban, organizaban y alistaban antes de salir a realizar las operaciones”.

A partir de estos hallazgos, las organizaciones solicitaron a la JEP que abra el macrocaso de desaparición forzada; a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos le piden elaborar planes de búsqueda locales para recuperar al menos 84 personas de las que se conoce el posible lugar de inhumación. Y a la Comisión de la Verdad le piden que investigue la responsabilidad estatal en estos casos y que declare sitios de memoria las 15 fincas en las que cientos de familias esperan encontrar a sus seres queridos.

A los Causado Márquez les asesinaron y desaparecieron tres hijos entre 1994 y 2002. Álvaro José, Róviro y Walter de Jesús eran campesinos integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en Sucre y líderes de la vida social y política del departamento. El 24 de febrero de 2003, Cristóbal Manuel Paternina Hernández, residente del corregimiento La Libertad (San Onofre), fue desaparecido. Su familia relata que desde su finca se podía ver cómo al puesto de Infantería llegaban con frecuencia paramilitares pertenecientes al Bloque Héroes de los Montes de María y cómo varios de los oficiales sostenían relaciones con miembros de esta estructura paramilitar. Meses después, a Edualdo León Díaz, alcalde de El Roble, lo asesinaron y desaparecieron en abril de 2003 después de denunciar que el entonces gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, era paramilitar.

Así fue Sucre entre finales de los 80 y la primera década de los 2000. El paramilitarismo se alió con las esferas sociales, políticas y económicas del departamento, y mientras avanzaba el Bloque Héroes de los Montes de María, cometiendo masacres, asesinatos selectivos, violencia sexual y desapariciones, iban desplazando y despojando a la gente. A la par, empresas y políticos adquirían tierras. Esto lo detalla el informe Exhumando Justicia y Verdad, que elaboró el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) que hoy entregan a las entidades del sistema de justicia transicional.

En este documento se explican las alianzas con políticos locales, que terminaron siendo determinadores de hechos violentos. Están los ya conocidos y condenados Salvador Arana Sus, que recientemente se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz, y Miguel Nule Amín y Álvaro García Romero, responsables de la masacre de Macayepo. Y menciona a otros 39 funcionarios públicos y empleados del sector privado vinculados por la Fiscalía en investigaciones por su relación con grupos paramilitares en 12 municipios de Sucre.

Pero más allá de las responsabilidades, este informe avanza en “la reconstrucción del perfil y de las circunstancias de la desaparición de 259 víctimas agrupadas en 222 casos de desaparición forzada en Sucre, durante los años 1988 y 2008, y se realizó un análisis de los casos documentados para identificar la dimensión global de este fenómeno, así como sus intencionalidades, víctimas, responsables, modus operandi, beneficiarios y principales patrones”, dice el documento.

En este análisis, las organizaciones concluyeron que la desaparición forzada fue “una práctica que se cometió en Sucre de manera generalizada y sistemática, que les sirvió como estrategia para materializar el despojo de tierras, como mecanismo de exterminio en contra de grupos poblacionales que ejercían algún tipo de liderazgo social y político y que efectuaban denuncias sobre los hechos victimizantes y/o conductas de distinta naturaleza que atentaban contra la colectividad, y como un mecanismo para propagar el terror y ejercer el control territorial de una zona estratégica a nivel político y económico y, así, imponer un modelo social favorable a los intereses de las personas que propiciaron y se beneficiaron de esta violencia paramilitar. Su relación de alianza con el Estado les permitió realizar esta práctica en completa impunidad”.

De este universo de casos solo 17 cuerpos han sido encontrados. El resto, y otros, se presume que pueden estar en 15 fincas y 18 cementerios del departamento.

¿Cómo lograron los paramilitares que las fincas se convirtieran en fosas comunes? El informe dice que si bien en un principio, cuando el ejército paramilitar se conformó con apoyo de los políticos en fincas como Las Canarias, Carare (propiedad de Miguel Nule Amín) y Las Melenas (administrada por el comandante paramilitar “Diego Vecino”), una vez consolidados “se valieron del control territorial que ejercían para realizar inhumaciones clandestinas para desaparecer estos cuerpos y que para ello utilizaron las fincas y haciendas del departamento que fueron despojadas para ser utilizadas como centros de operación paramilitar, a donde llevaban a las víctimas para torturarlas, asesinarlas y enterrar sus cuerpos en los predios”.

Aparece entonces el ejemplo del comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, conocido como “Cadena”, quien “dio la orden de que sus hombres desaparecieran y desplazaran a personas de la región para apropiarse de sus tierras y convertir las fincas y haciendas del departamento en centros de operación paramilitar. En estas fincas se realizaban los entrenamientos militares de los integrantes del grupo, y allí se concentraban, organizaban y alistaban antes de salir a realizar las operaciones”.

A partir de estos hallazgos, las organizaciones solicitaron a la JEP que abra el macrocaso de desaparición forzada; a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos le piden elaborar planes de búsqueda locales para recuperar al menos 84 personas de las que se conoce el posible lugar de inhumación. Y a la Comisión de la Verdad le piden que investigue la responsabilidad estatal en estos casos y que declare sitios de memoria las 15 fincas en las que cientos de familias esperan encontrar a sus seres queridos.