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Las víctimas y sus representantes están desde las 10:00 a. m. frente a las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz para reclamar su derecho a la justicia y la verdad en lo que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por miembros del Ejército.
A través de una tutela la piden a la Sección de Revisión que ordene a la Sala de Reconocimiento la expulsión del excomandante del Ejército Mario Montoya, quien, según argumentan, negó en su versión voluntaria dada ante la JEP en febrero de este año tener algún conocimiento de esta práctica, “que ocasionó alrededor de 2.429 víctimas bajo su mando, cuando se desempeñaba como comandante del Ejército”, como señalan las víctimas en un comunicado.
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Las organizaciones sostienen, a través del mismo documento, que en doce versiones rendidas por subalternos, incluidos dos coroneles y un mayor, los militares aseguran que Montoya presionaba para tener bajas en combate, más no capturas, a través de expresiones como “las bajas no son lo más importante, son lo único” y “la guerra se mide en litros de sangre”.
“El conocimiento de irregularidades se obtuvo mucho tiempo después de la ocurrencia de los hechos y en ese momento se tomaron las medidas para que se investigaran las acciones y no se repitieran”, aseguró Montoya en su única versión.
“La administración de justicia no puede permitir que quienes han desconocido sus deberes y compromisos, sigan gozando de beneficios como rebajas de penas y no privación de la libertad. Como víctimas demandamos que quienes han pretendido hacer un fraude a la verdad plena, como Mario Montoya Uribe, sean objeto de exclusión y de un procesamiento en la justicia ordinaria o en la justicia internacional, que garantice la plena vigencia de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”, sostienen en la comunicación.
No es la primera vez que distintas organizaciones y víctimas piden la exclusión de Montoya de la JEP. Desde el momento mismo de su versión voluntaria, las víctimas hicieron una primera solicitud. Luego, el pasado 30 de septiembre, la reiteraron sin que hasta el momento hayan tenido respuesta alguna por parte de los magistrados de esta justicia transicional. Para esta petición se basan en que, además de la negación de Montoya de esos casos en la JEP, tampoco ha dado ningún aporte en la Comisión de la Verdad ni en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Dentro de las organizaciones solicitantes están las Madres de Soacha, el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Yira Castro, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, la Asociación Minga, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Tejiendo Memorias, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.