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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le abrió las puertas al coronel del Ejército Gabriel Carvajal, quien en la justicia ordinaria fue condenado a 48 años de prisión por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo; homicidio en persona protegida o mal llamados falsos positivos; fabricación, receptación, tráfico o porte de estupefacientes agravado y ocultamiento, y alteración o destrucción de material probatorio.
La justicia transicional consideró que los hechos o las conductas por los cuales fue condenado o procesado fueron cometidos “por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”. También, le dieron el beneficio de libertad condicionada, sin embargo, no se hizo efectiva porque el uniformado también ha sido procesado por hechos que tienen que ver con el narcotráfico y la receptación, que no son competencia de la JEP.
El coronel Carvajal es conocido porque fue uno de los responsables de la masacre de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, ocurrido el 22 de mayo de 2006, cuando miembros de la tercera brigada del Ejército, Batallón de Alta Montaña, se enfrentaron y causaron la muerte de 10 policías y un civil.
También por el crimen de Leonardo Fabio Ordeñez, quien fue presentado como una baja en combate por el Batallón de Alta Montaña N°3, que comandaba Carvajal. Según el informe del Ejército, la víctima se resistió e intentó huir, dejando herido a un agente del Gaula. Sin embargo, la Fiscalía comprobó que fue asesinado con seis impactos de bala, que demuestran que “lo pretendido era no dejarlo vivo”. Además, no era guerrillero.
La JEP le ordenó al coronel Carvajal “presentar un programa aceptable de participación ante la justicia transicional, sus órganos, que ha de contener como mínimo una relación de las condiciones de tiempo (cuándo), modo (cómo o con qué medios de prueba o mecanismo de revelación de la verdad) y lugar (dónde), en las cuales harán contribuciones materiales efectivas a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Ante el sometimiento en la JEP, el senador Roy Barreras, negociador del acuerdo de paz, aseguró que rechaza esta decisión y está del lado de las víctimas de la masacre de policiales en Jamundí por la que fue condenado el coronel Carvajal: “Los familiares de las víctimas, los policiales, agentes y oficiales de Colombia y los vallecaucanos saben, que esa masacre atroz nada tuvo que ver con el conflicto armado y se perpetró por asuntos oscuros ligados directamente al narcotráfico. Así lo probó la justicia”. El congresista le pidió a la Procuraduría apelas esta decisión.