¿Cuánto dinero destina la JEP para la defensa de víctimas y comparecientes?

Entre sujetos colectivos e individuales, la JEP tiene a disposición abogados que representan a más de 289.000 personas víctimas del conflicto armado.

Foto: Agencia EFE

Si usted alguna vez ha oído hablar de abogados de oficio en la justicia ordinaria, seguramente sabrá que son representantes judiciales que prestan sus servicios sin cobrarle un peso a sus “clientes”. Por el contrario, su salario y sus honorarios los asume el Estado a través de la Defensoría del Pueblo. Eso, con el fin de que todo el que esté involucrado en un proceso judicial tenga derecho a la defensa, así no tenga los recursos para pagar por este servicio. Eso mismo sucede con la justicia transicional en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cuenta con un Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) que ha destinado 171 abogados para defender, tanto a las víctimas del conflicto armado, como a los que pertenecieron a la guerra.

Según la JEP, desde 2018 han sido más de 289.000 las víctimas que, a través de sus consejos comunitarios, cabildos indígenas y organizaciones campesinas colectivas han sido representadas con recursos públicos; así como 5.851 excombatientes de las antiguas Farc, 1.176 miembros de la Fuerza Pública, 86 agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública, 147 terceros civiles, es decir, personas no combatientes que de alguna forma contribuyeron al conflicto armado y 2.460 posibles comparecientes o personas que están a la espera de ser aceptadas por la Jurisdicción para su sometimiento.

Esta aclaración la hizo la JEP a propósito de las críticas que han hecho otros sectores y medios de comunicación al afirmar que son desproporcionales los recursos destinados para la defensa de las víctimas, en comparación con el que prestan para exFarc y Fuerza Pública. “La diferencia de recursos radica en que la representación de las víctimas es colectiva, mientras la de los comparecientes es individual” señala la Jurisdicción en un comunicado con el que busca aclarar que la mayoría de víctimas del conflicto armado están agrupadas en organizaciones sociales o comunitarias que se pronuncian, trabajan y son representadas de manera colectiva.

Es decir, si un resguardo indígena, que puede estar compuesto por más de 15 mil personas, fue afectado por la guerra, la totalidad de esas personas es reconocida como víctima del conflicto armado ante la JEP pero sólo el líder o la lideresa del resguardo es quien asumirá la vocería para hablar, consensuar y llegar a acuerdos judiciales que busquen la reparación integral del colectivo.

Pero ojo: eso no se lo inventó la JEP ni las víctimas son obligadas a participar colectivamente. Esta es la organización natural de muchas comunidades rurales en Colombia que han dedicado sus vidas a las luchas comunitarias y al bienestar de sus pueblos. Esto es lo que para los pueblos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes son los derechos colectivos con los que, por ejemplo, son reconocidos por el Estado como sujetos de carácter especial con acceso colectivo a la tierra y con la potestad legal de tener leyes y formas de gobierno autóctonas.

Pero claramente más de 50 años de guerra no sólo afectaron a la comunidades étnicas colectivas, sino también a sujetos individuales que vivieron el cautiverio, el reclutamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y muchos otros crímenes atroces que se están esclareciendo en la JEP. Para ellos, como personas individuales, también hay abogados y abogadas que llevan el caso a caso. De acuerdo con el Tribunal de Paz, son 3.317 víctimas individuales que están siendo representadas gracias al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa.

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Por eso, de acuerdo con cifras oficiales, la JEP ha asesorado a 3.613 víctimas (entre individuales y colectivas) y que llegan a agrupar a más de 289.000 personas. Con los comparecientes (es decir, quienes rinden cuentas ante el Tribunal de Paz por haber cometido delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra) la cosa cambia, pues ningún grupo de excombatientes de las Farc ni de militares, por ejemplo, pueden agruparse para trabajar en colectivo sino que cada uno, de manera individual, debe responder por los delitos que se les imputa. De lo contrario, incumplirían su labor como alto tribunal, pues no podría acusar y luego sancionar individualmente a los máximos responsables de la guerra.

Haciendo cuentas rápidas. La justicia especial tiene convenio con 80 abogados para representar a 3.613 víctimas y 91 abogados para asesorar y representar a 7.492 miembros de la Fuerza Pública, excombatientes de las Farc y terceros civiles. Pero para hablar en plata blanca, según la JEP, hay un presupuesto para invertir alrededor de $ 6.400 millones para la defensa de los comparecientes (que son 3.800 personas más que las víctimas) y $ 6.500 millones para la defensa de las víctimas.

Con este balance, la JEP busca responder a las críticas de quienes aseguraron que había un desbalance entre los rubros asignados para representar a las partes. Pero sobre este punto vale la pena hacer otra claridad: los comparecientes no son únicamente exguerrilleros, como ya explicamos, también hay militares, exmilitares y funcionarios públicos involucrados que se benefician del servicio de abogados públicos, sin pagar un peso.

“Quiero recordar que el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa quedó pactado en el acuerdo de paz y desarrollado en la ley estatutaria, que reglamentó la JEP. Además, se pueden representar de manera individual o colectiva. La jurisdicción a través de la Secretaria Ejecutiva al interior de su estructura tiene dos dependencias. Uno para comparecientes y otro para víctimas, se contratan abogados en algunas oportunidades de manera directa y en asocio con organismos de cooperación internacional. Es un servicio que se presta por demanda. Importante decir que este sistema está dirigido a todos los comparecientes, que han sido miembros de las extintas Farc y miembros de la Fuerza Pública y los agentes de Estado. Hay que tener en cuenta que la Fuerza Pública también recibe apoyo en defensa del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec) que también se paga con recursos públicos”, dijo en rueda de prensa sobre el tema la secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), María del Pilar Bahamón.

Para ser más exactos son 1.176 miembros de la Fuerza Pública y 86 agentes del Estado los que son representados judicialmente gracias a este Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa. Ahora bien, si los militares tienen su propio sistema de Defensoría Militar y los miembros de la Fuerza Pública retirados cuentan con Fondetec (Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública) que se especializa en brindar seguridad jurídica a todos el personal activo o retirado que tengan procesos judiciales en su contra. Entonces, ¿por qué no acuden a estos dos recursos para su representación?

De acuerdo con la JEP, cada compareciente es independiente de decidir cómo quiere ser representado y, no por el hecho de tener dos organismos estatales a disposición de la Fuerza Pública para procesos judiciales, están eximidos de beneficiarse de los abogados públicos que pone la JEP. Por el contrario, todas las personas vinculadas a un proceso en la justicia transicional y que demuestren no tener recursos para pagar un abogado particular, pueden acceder a este Sistema, si así lo requieren. Fondetec, por ejemplo, representa judicialmente a 3.387 miembros de la Fuerza Pública ante la JEP, pero el resto puede elegir entre pagar un abogado particular o hacer uso de la defensa pública.

En este punto es preciso aclarar que los abogados que prestan este servicio no trabajan para la Jurisdicción Especial para la Paz sino que son organizaciones sociales con décadas de trayectoria en conflicto armado y que han demostrado tener la experiencia suficiente para representar jurídicamente, tanto a las víctimas, como a los responsables de la guerra y que son elegidas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). De hecho, son las víctimas y los comparecientes quienes deciden con qué organización desean ser representados, según sus intereses.

Algunas de esas organizaciones son: Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género (Humanas), Comisión Colombiana de Juristas, Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Corporación Agencia Afrocolombiana-Hileros, Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL), Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Organización Indígena de Colombia (ONIC), Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, entre otras.

Lo diferente de este sistema de defensoría pública al que presta la justicia ordinaria es que más allá de asesorar y representar legalmente a una persona o un conjunto de personas, también prestan el servicio de atención psicosocial, tanto a las víctimas, como a los máximos responsables del conflicto armado. Para eso, por ejemplo, está vigente un convenio con la Fundación IPS de Psicólogos Interdisciplinarios para el Desarrollo Humano Integral.

De acuerdo con la JEP, 5.611 comparecientes, entre exguerrilleros y miembros de la Fuerza Pública, y 2.349 víctimas el conflicto armado han sido beneficiados con este servicio de acompañamiento psicológico en medio del proceso judicial. Esto, con el propósito de entender que la guerra ha dejado secuelas psicológicas que van mucho más allá de la justicia y de las que es importante hablar.