De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, entre 2002 y 2003, las fuerzas militares reportaron 4.142 personas dadas de baja en combate. En ese entonces, se decía que los cuerpos pertenecían a guerrilleros muertos en enfrentamientos. Justamente, la IV Brigada del Ejército fue una de las unidades tácticas que resaltó por su ofensiva, siendo la que mayor número de muertes en combate presentó en esta época. Tanto así que fue conocida como “la más efectiva” y en ella se invirtieron una gran parte de los recursos del Plan Colombia, en el gobierno de Andrés Pastrana, y más adelante en la política de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez.
Eso dice el informe titulado La brigada “más efectiva”: crímenes de la Cuarta Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia (2002-2003), que fue entregado este jueves a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y que conoció Colombia2020. En el documento, nueve organizaciones de derechos humanos denunciaron 111 casos de ejecuciones extrajudiciales, en las que habrían asesinado a 232 civiles desarmados que no tenían que ver con la guerra. Estos asesinatos en persona protegida, como se llama técnicamente el delito, los habrían cometido militares adscritos a 12 batallones de esta brigada, encargada de velar por la seguridad de 127 municipios de Chocó y Antioquia, entre 2002 y 2003.
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Coordinación Colombia- Estados Unidos, esta Brigada ejecutó el 21,8% de los casos de los mal llamados “falsos positivos” cometidos en todo el país. Por eso, el prestigio de esta unidad militar empezó su declive en 2007, cuando aparecieron las denuncias de familias campesinas que advertían que sus seres queridos fueron presentados erróneamente como bajas en combate, tildándolos de guerrilleros. Las organizaciones sociales comenzaron indagar desde esa fecha hasta 2015 para esclarecer qué pasaba, sobre todo porque los homicidios contra campesinos en zonas rurales de Antioquia, principalmente en el oriente del departamento, no cesaron.
El observatorio de derechos humanos, que fue citado en el informe, asegura que la IV Brigada fue la unidad militar que más crímenes de este tipo cometió entre 2002 y 2007 en esos dos departamentos del país. Y no sólo en las zonas rurales, sino también los cascos urbanos. En los barrios populares de Medellín, por ejemplo, el informe documentó el homicidio de jóvenes que luego fueron presentados como milicianos o colaboradores de la guerrilla.
(Puede interesarle: Organizaciones de víctimas insisten a la JEP que expulse al general Mario Montoya)
En los dos primeros años de la Seguridad Democrática, denunciaron los colectivos, fueron ejecutadas 59 personas por los batallones de la IV Brigada, bajo el mando del general Mario Montoya, quien hoy está rindiendo cuentas ante la JEP en el marco del caso 03 que adelanta esta justicia, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Los altos mandos militares, en ese entonces, para evaluar el desempeño de sus tropas habrían perfilado las unidades en un top 10 acorde al número de muertes que estas presentaban como bajas en combate.
¿Qué representación tienen los casos de la IV Brigada en las cifras nacionales? ¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales de los 4.142 denunciaron fueron bajas en combate? ¿Quiénes y de dónde eran las víctimas? Estas son algunas de las preguntas que el Colectivo Tejiendo Memorias y el Espacio de Litigio Estratégico* formulan e intentar resolver en el informe.
Los hallazgos
De acuerdo con la investigación, de los 232 civiles que fueron presentados como bajas en combate, 20 eran mujeres y 195 hombres. “Hay por lo menos 40 menores que fueron ejecutados a manos del Ejército y 32 de las víctimas aún se encuentran sin identificar", dice el documento. Algunos de estos casos fueron los de Erika Viviana Castañeda, de 13 años, y Deisy Johana Carmona Usme, de 16, a quienes invitaron a una fiesta en la vereda El Silencio del municipio de San Rafael. Quien se ofreció a llevarlas hasta el lugar ese 9 de marzo de 2002 fue Parmenio de Jesús Usme García, un paramilitar perteneciente al Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien se transportaba en una volqueta.
Parmenio recogió a tres hombres más: Nelson Alfredo López Hernández, de 21 años, Jhon Jairo Hincapié Ciro, de 25, y Yobani Uribe Noreña, de 19. Cuando pasaban a la altura del puente de Las Balsas, cerca de la vereda El Jordán, alrededor de las 5 p.m., un grupo de militares adscritos al Batallón de Artillería Número 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, conocido como BAJES, dispararon indiscriminadamente al vehículo. Los impactos le ocasionaron la muerte a los ocupantes, menos a Parmenio.
“Los castrenses vistieron a los occisos con uniformes camuflados y les plantaron material de guerra para presentarlos ante la prensa el 10 de marzo de 2002 como miembros del Noveno Frente de las FARC-EP abatidos en combate en el marco de la orden de operaciones Minerva Número 033 del 8 de marzo de 2002 suscrita por el coronel Julio Alberto Novoa Ruiz, comandante de la Unidad Táctica", reza el informe. Años después, el exparamilitar, en versión rendida ante la Fiscalía de Justicia y Paz en Medellín, dijo que eran civiles.
El BAJES hace parte los cinco batallones que más casos de ejecuciones extrajudiciales reportan dentro de la IV Brigada, según la investigación de las organizaciones sociales. El primer puesto es, precisamente, el BAJES, que está ubicado en Medellín, con 69 víctimas; el segundo es el Grupo de Caballería Mecanizada Número 4 Juan del Corral, con sede en zona rural de Rionegro, con 20 víctimas; el tercero es el Batallón de Contraguerrillas Número 4 Granaderos, con 13 víctimas; el cuarto es el Batallón de Infantería Número 10 Coronel Atanasio Girardot, ubicado en el Barrio Vista Hermosa en Medellín, con 11 Víctimas, y el quinto es el Batallón de Infantería Número 32 General Pedro Justo Berrio, conocido como BIPEB y ubicado en el municipio de Bello.
“Es necesario resaltar que desde el año 2000 hasta el 2007, la Cuarta Brigada se mantuvo en el primer lugar en el reporte de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Desde 1997 se han formulado numerosas denuncias contra esta guarnición que la colocaban ya entre una de las más destacadas por la vulneración del derecho a la vida... La implementación de la Política de Seguridad Democrática representa un punto ascendente en las cifras de víctimas. A partir del año 2002, el índice de ejecuciones extrajudiciales aumentó en un 138% en relación al año inmediatamente anterior, siendo Antioquia el departamento con mayor porcentaje de casos con el 26,15% de las ejecuciones cometidas por el Ejército en el territorio Nacional”, señala la investigación.
En por lo menos 35 casos, manifiestan las organizaciones, se halla un patrón sobre la retención de las víctimas de manera arbitraria por las tropas del Ejército Nacional, “ya fuere en su lugar de residencia, en la casa de un familiar o vecino(a), trabajando, realizando oficios o en medio del desplazamiento hacia otro lugar”.
En el informe se ubicaron diferentes modalidades de selección de las víctimas. En algunas se utilizó, advierte el informe, la modalidad de selección. En un caso, por ejemplo, se evidencia la selección de la víctima a través de un informante. También estaba la modalidad de reclutamiento. “Es importante resaltar que el uso de los reclutadores en la práctica de las ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional no era reiterado en los años 2002 y 2003, solo en años posteriores es donde se comenzó a evidenciar reiteradamente la aplicación de esta modalidad, resultando posible pionera la Cuarta Brigada en esta modalidad criminal”, aclara el documento.
(Puede interesarle: Nuevo mural “¿Quién dio la orden?” fue instalado al lado de la JEP)
El reclutador se conoce como la persona que habría sido contratada por el personal del Ejército Nacional para cooptar personas a través del ofrecimiento engañoso de oportunidades laborales y salarios altos en lugares apartados, para luego ser ejecutadas extrajudicialmente y presentadas como guerrilleros dados de baja en combate". Este papel fue conocido sobre todo en los mal llamados positivos de Soacha (Cundinamarca).
“Para la comisión de ejecuciones extrajudiciales, los militares trasladaban a sus víctimas antes y después de quitarles la vida. 49 víctimas fueron llevadas a lugares diferentes al de su retención para evitar testigos de la muerte y facilitar la simulación del combate. El cuerpo sin vida de las víctimas fue trasladado a otra zona del mismo municipio o a otro municipio. En al menos 77 víctimas”, se lee en la información entregada a la JEP.
Uno de los casos ocurrió el 19 de agosto de 2002. John Alexander Oliveros Marín, de 20 años, se encontraba en una fiesta con sus amigos en el sector de la Torre del barrio Olaya Herrera de la comuna 7-Robledo de Medellín. Al lugar llegaron militares del pelotón Halcón, al mando de CT. Julián Ernesto Cadena Castillo, adscrito a la AFEUR 5, quienes comenzaron a pedir los documentos de identidad a las personas que asistían a la fiesta.
Los militares retuvieron a varias personas entre las cuales se encontraba John Alexander. Algunas fueron liberadas, pero él no corrió con la misma suerte. El joven fue llevado un terreno despoblado del sector conocido como Las dos Torres, donde le ocasionaron la muerte de manera arbitraria. Luego fue presentado por el comandante de patrulla Cadena Castillo mediante informe de patrullaje como una persona no identificada.
Para trasladar a las víctimas a los supuestos lugares de combate, se habrían utilizado semoviente, vehículos de servicio público y hasta helicópteros militares (nueve casos corroborarían el traslado aéreo). Y para ocultar su identidad y que no fueran reconocidas por sus familiares o pobladores del sector, como ocurrió con John Alexánder, las organizaciones advierten que “los militares reportaron a los civiles como Personas No Identificadas (PNI) y así muchos de ellos fueron inhumados”. Al menos el 115 víctimas habrían sido presentadas como PNI, 32 de estas aún se encuentran sin identificar.
¿Quiénes eran las víctimas? El documento revela que los civiles en su mayoría eran campesinos, aunque también hubo un número importante de jóvenes de Medellín: “dentro de los casos analizados en el presente informe, el oriente de Antioquia es la subregión con más víctimas reportadas con 97 personas. En segunda posición se encuentra Medellín con 47 personas.
Los militares los habrían reportado como integrantes de grupos insurgentes. “45 personas fueron señaladas de pertenecer a las FARC, 23 al ELN y 20 corresponde a supuestas muertes de integrantes de las AUC. Adicionalmente 6 de las víctimas fueron presentadas como bandoleros y 1 como guerrillero sin identificar”.
Las víctimas fueron vestidas con prendas camufladas y les colocaron material de guerra e intendencia reportándolo como incautado. “49 personas fueron vestidas con prendas de uso militar y en el homicidio de 80 personas los militares sembraron material de guerra e intendencia en la escena del crimen”.
En el relato llama la atención que muchos de estos casos se pudieron haber dado en el marco de la operación Marcial o Marcial Norte, ordenada el 8 de marzo de 2003 por parte del Comandante de la IV Brigada Mario Montoya Uribe, para desplegar tropas en el Oriente antioqueño a partir del 10 de marzo y así combatir los grupos insurgentes. Quien encabezó esta despliegue fue el teniente coronel Humberto Sánchez Rey, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Número 4 Juan del Corral.
Según reportó la misma brigada a la Procuraduría, en 19 municipios del Oriente se registraron “163 combates, la muerte de 212 personas hasta el 9 de enero de 2004, de estas 6 fueron reportados como bajas de integrantes de grupos paramilitares en tres hechos”. Las organizaciones e incluso la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron que en esta época se vivieron las peores violaciones de derechos humanos en Antioquia, a causa del Ejército pero también de su relación con los paramilitares. En el informe entregado a la JEP se documenta que en esta operación se presentaron 27 víctimas de ejecuciones extrajudiciales como resultados.
Los casos también se presentaron con la militarización de Medellín en 2002. Gran parte de esta operación urbana se presentó en el centro occidente de la ciudad, concretamente a los barrios ubicados en la comuna 7 -Robledo y la comuna 13 -San Javier. Aunque también hubo presencia de uniformados en el oriente, específicamente, en los barrios de la comuna 1- Popular, la comuna 3-Manrique, la comuna 2- Santa Cruz y la comuna 9-Buenos Aires. El país conoció varias de esas operaciones, como Orión, en la que desaparecieron 95 personas.
El departamento de Chocó también vivió estos hechos. Los colectivos denuncian que se registraron 12 casos de ejecuciones extrajudiciales en el periodo que abarca el informe. Estos casos están ubicados la región del Atrato y la Región del San Juan.
(Lea más: En busca de los 45 falsos positivos en el cementerio de Dabeiba (Antioquia))
A cambio de las ejecuciones extrajudiciales, los soldados habrían obtenido más permisos y reconocimientos, los oficiales contaban con más ascensos y condecoraciones, y a las unidades militares les llegaban "mensajes dirigidos ante la opinión pública sobre una fuerza efectiva que se encontraba ganando la guerra”.
Las organizaciones están convencidas de que para que las órdenes fueran desdobladas a las tropas, era necesario que las mismas fueran trasladadas por parte de los oficiales que componían las diferentes secciones de las Unidades Tácticas y la Cuarta Brigada, es decir, de los Estados Mayores de las Unidades Militares: “Las planas mayores de cada Batallón se encargan de desdoblar las órdenes de operaciones emitidas por la Brigada a las compañías y estas a su vez a los pelotones”.
Para recaudar toda la información del informe, los colectivos consultaron sentencias de procesos penales, incluidos fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; sentencias emitidas en procesos contencioso administrativos, incluidos fallos emitidos por el Consejo de Estado; pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); fallos del Consejo Superior de la Judicatura que dirimieron conflictos de competencias; fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación; informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia; investigaciones en curso en la Fiscalía General de la Nación; informes emitidos por Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales; información de prensa y medios de comunicación, entre otros.
Hasta ahora, de acuerdo con esa revisión, del universo de casos solamente cuentan con sentencia penal condenatoria nueve, en los cuales se causó la muerte a 16 víctimas: “Ello significa que sólo en el 9,46% de la totalidad de homicidios que comprenden este informe se han sancionado a los autores materiales”.
Ahora las víctimas y sus representantes ante la JEP quieren saber la verdad que han escudriñado por parte de quienes cometieron estos delitos y que los responsables respondan. Por eso le piden a la JEP que sean llamados los integrantes de los batallones adscritos a la Cuarta Brigada en el periodo materia de este informe, y los integrantes de cada una de las patrullas, pelotones y suboficiales que participaron en los hechos narrados. La gran mayoría fue identificada por las organizaciones.
Finalmente, quieren que se reconozcan que la Cuarta Brigada, esa misma que se posicionó como la unidad militar más eficiente de todo el país reportando resultados año a año, que representaban el 20% de los presentados por todas las tropas del territorio nacional, en realidad no fue “modelo a seguir” sino uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano. Y si sus miembros no dicen la verdad de los delitos, esperan que la JEP los expulse.
*El Litigio Estratégico que construyó este informe está conformado por: la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) , Humanidad Vigente Corporación Jurídica(HVCJ), la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Asociación Minga, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Comisión Colombiana de Jurista (CCJ), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y el Colectivo Sociojurídico Fals Borda (COFB), Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).