Frente al museo Nacional, en plena carrera séptima, y afuera del edificio de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), un grupo de funcionarios rodeaba a Gloria Cecilia Gil. Ella, a sus 87 años, estaba sentada en una banca de concreto; miraba al horizonte como si estuviera imaginando el relato que contaba, una vez más, su hija Gladis.
Los funcionarios escuchaban atentos el día en que Henry Umaña desapareció, 7 de marzo de 1981. Gladis dijo que desde entonces lo busca en el viento, en las nubes o en la tierra, cree que ahí puede encontrar un pedacito de él.
Gloria no pudo hablar mucho, las lágrimas que bajaban por sus mejillas marcadas por el tiempo no se lo permitieron. Solo le alcanzó para decir que lo único que quiere saber es la verdad de lo que le pasó a su hijo mayor, el primero de seis hermanos. Los funcionarios le tomaron la mano y le prometieron que iban a hacer lo posible para encontrarlo a él y a las otras 38 personas víctimas de desaparición forzada a manos de miembros de las Fuerzas Militares.
Ese compromiso se pactó luego de que desde la Fundación Hasta Encontrarlos radicaran formalmente la solicitud ante la UBPD para acceder a archivos militares en casos de desapariciones forzadas en el marco de los años 80. De manera simbólica, en una calle que tenía de tapete una bandera de Colombia y las fotos de los desaparecidos, Pablo Cala, director de la fundación, junto a Gloria y Gladis, entregaron un informe al que denominan “PRESENTE” en el que reúnen, caso por caso, la dimensión de la desaparición forzada para esa época.
El documento, que además contiene datos precisos e información complementaria para guiar la búsqueda en cada caso relacionada con el acceso a archivos y expedientes militares, ya había sido entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz el pasado 17 de febrero de 2022, pero al no recibir respuesta sobre avances, la Fundación decidió remitir toda la investigación a la UBPD.
“A través de esta entrega, solicitamos a la Dirección General de la UBPD que nos reciba directamente, de manera física y digital los siguientes medios de prueba que sustentan la solicitud de acceso a los archivos militares de casos específicos de personas desaparecidas en la década de los años 80”, se lee en la solicitud formal.
Al recibir el informe, el subdirector de la Unidad, Carlos Marín, señaló que ese listado es un paso inicial para iniciar la investigación, sin embargo, reconoció que “es un escenario complejo porque son desapariciones de la época de los 80, son más de 40 años de desaparición. Es todo un desafío porque no solo es buscar la información relacionada sino un posible cuerpo y sería difícil por el paso del tiempo llegar a su identificación. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar y darle a las familias alguna razón de sus familiares desaparecidos”.
Como antesala a la solicitud para la UBPD, la Fundación presentó a la JEP la nulidad del proceso, señalando inacción y falta de respuesta ante el pedido de acceso a los archivos militares. La carta fue enviada a ocho magistrados, incluyendo al presidente de ese tribunal, el magistrado Roberto Vidal.
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“Con la censura pública y nulidad de la solicitud, damos cierre a este relacionamiento con la JEP, y haremos pública esta decisión a quienes han estado informados de la existencia de la solicitud de Medidas Cautelares a Archivos Militares en casos de desapariciones forzadas de los años 80″, dice la solicitud.
Entre esas entidades informadas está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de Seguridad de la ONU, Misión de Verificación de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, entre otras.
Cala explicó por qué ya no seguirán con esa petición ante la JEP. “Nunca nos respondieron, no han hecho nada. Más allá de una audiencia en la que todo el mundo opinó cómo se cuida un archivo. Dijimos que no íbamos a actuar más con la JEP porque es una instancia que tiene inacción y se está construyendo como un escenario de impunidad. Este un llamado a la justicia y la verdad. Todas las personas tienen derecho a saber dónde está su ser querido desaparecido por el Estado”, aseguró.
En ese contexto, la esperanza de las familias que hacen parte de la Fundación y que buscan a sus seres queridos desaparecidos en la época de los años 80 a manos de agentes del Estado, es que se abra una nueva puerta por la que puedan encontrar respuestas a un dolor de no cesa por más que pase el tiempo. “Esto es una búsqueda con grito al universo. Al principio nos callamos, pero ya no tenemos miedo, no tenemos nada que perder. Queremos saber qué fue lo que pasó”, dijo Gladis.
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Aviones de papel con los nombre de desaparecidos
Como parte de las actividades de la semana del detenido desaparecido, la Fundación y varias víctimas se reunieron en un edificio del centro-oriente de Bogotá para lanzar desde lo alto aviones de papel con los nombres de:
José Alberto Navarrete, Baltazar Barrera, William Jiménez, Hugo Núñez, Iván Espinosa, José García, John Villanueva, Mabeline Muñóz, Ricaurte Zapata, Pedro Figueroa, Mario Antonio Bovea, Wilson Naranjo, Rubén Vásquez, Carlos Pérez, Ariel Ariza, Claver Martínez, Luis Carlos Ortiz, Jaiden Mahecha, Luis Carlos González, Oscar Espinosa, Blanca Carnielys, José Delgado, José Pinto, Eduardo de la Torre, Héctor Delgado, Abelardo Baron, Silvio Portillo, Álvaro Barreto, Nelson Murillo, Roberto Cantillo, Luis Garay, Iber Fragozo, Ramiro Lozada, Rafael Mercado, Oscar Gregorio Murillo, Jairo Alberto Valero, Urbano Calon y Willington Martínez, por un día, se convirtieron en aviones de papel que volaron en el aire.
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