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De acuerdo con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el crimen de desaparición forzada es una práctica pluriofensiva y perjudicial para los procesos sociales de las personas. La angustia de desconocer el paradero de un ser querido, que sobre ese hecho haya verdades a medias o que desde el mismo Estado exista negligencia para indagar qué pasó o cómo se pueden encontrar personas blanco de estos vejámenes de la guerra, habla de un dolor indescriptible que seguramente ni con los años se podrá sanar por completo.
En Colombia, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), hay más de 85.000 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado interno. Una cifra escalofriante, internacionalmente pocas veces vista y que con el paso del tiempo se resiste a reducirse de forma considerable. La década de los ochenta -escenario de la complejización de la guerra en nuestro país, por la consolidación y expansión de grandes actores armados, entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado al servicio de la criminalidad- vio cómo esa práctica se hizo mayor.
Diferentes informaciones sobre esas conductas se almacenaron en archivos militares clasificados que llevan siendo un tabú por más de 40 años. Algo que resulta escandaloso en un Estado social de Derecho, donde la transparencia en el acceso a este tipo de información debería ser siempre libre y sin ningún tipo de barrera burocrática.
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En esa línea, con esos interrogantes y haciendo una convocatoria a distintos expertos en la materia -entre funcionarios del gobierno, organizaciones sociales, tribunales y académicos- fue que la Fundación Hasta Encontrarlos organizó un foro para discutir sobre la necesidad que impera en Colombia de desclasificar archivos militares de los 80, con el ánimo de encontrar verdades sobre personas dadas por desaparecidas en ese periodo.
De acuerdo con Helena Urán, funcionaria de la Cancillería y cercana a procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, este tipo de documentos no hay que entenderlos como “restos del pasado, sino producto de la sociedad que los hizo. Nos hablan de prácticas que seres humanos cometieron y que nos llevaron a momentos de incertidumbre que siguen vigentes. Los archivos militares no buscan dar respuestas puntuales, pero sí modos de operar”.
Urán insistió también en que si de una vez por todas se van a desclasificar esos documentos -ocultos por diferentes intereses privados a lo largo de décadas- hay que salvaguardar más que nunca la Ley General de Archivos para así “fortalecer garantías de no repetición”.
A su turno, Alexandra González, secretaria de gabinete del Ministerio de Defensa y una representación del Ministerio de Justicia, aseguraron que Colombia no puede olvidar una gran premisa para abordar y tratar esa información documental: “esos datos e informes son públicos por naturaleza. Se hicieron en su momento con recursos públicos, cometidos por funcionarios públicos y con intereses de índole público. Esas informaciones no son ministeriales sino de todo el país y no debería haber argumentos normativos o barreras para que no haya acceso a ellos”.
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No bastan sólo los archivos
En el panel se plantearon distintos caminos para darle un trámite eficaz y célere a esa información que pueda dar con personas dadas por desaparecidas. Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que lo primero es consolidar comités técnicos de acceso a la información para proteger el contenido de los archivos y que puedan ser de difusión cercana a la gente y de alto impacto para dar con los desaparecidos.
Link de la transmisión:
A su vez, como otra vía, se planteó que sea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la instancia que siga manteniendo medidas cautelares sobre esos archivos y sobre lugares estratégicos de búsquedas forenses, como cementerios.
Es más, la magistrada de la JEP Nadiezhda Henríquez -presente en el conversatorio dirigido por Pablo Cala, de Hasta Encontrarlos- fue una de las personas más insistentes en que los archivos deben ser utilizados, pero sin ser el eje de todo para las búsquedas.
“Los archivos son sólo una parte. Por ejemplo hemos visto en la JEP cómo en el cementerio de Las Mercedes (Dabeiba) hemos encontrado cuestiones que no son nuevas como la verdad de los victimarios. El testimonio de personas vivas para dar con el paradero de quienes en su momento conocieron o fueron sus víctimas. Hay que acudir a fuentes directas vivas y rastrear la historia… ¿cuándo comenzaron las desapariciones en cementerios? Tendríamos que irnos al 9 de abril de 1948 (Bogotazo) y así ver más patrones”, explicó.
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La documentación histórica es crucial para cotejar datos y encontrar pistas de desaparecidos. Pero no es, ni mucho menos, el único método a tener en cuenta. En octubre de 2022, por ejemplo, colectivos de defensa de derechos humanos y familiares de personas dadas por desaparecidas llegaron a salas de la JEP para solicitar que se desclasifiquen archivos militares que servirían como insumo para ver cómo sus seres queridos habrían sido blanco de ese crimen a manos de fuerzas del Estado, como policías o militares, y por qué en una lógica belicista de “enemigo interno” fueron perseguidos hasta que sus rastros estuvieran perdidos.
Y al mismo tiempo, esa gente pidió justicia y verdad para tener acceso libre a testimonios y más fuentes de información que dieran con respuestas que llevan buscando por décadas.
Janeth Bautista, de la Fundación Nydia Érika Bautista, también habló en el conversatorio sobre los archivos militares y dijo que desde su organización tendrían un pedido adicional (que parece improbable por las directrices de la justicia transicional): “Necesitamos más verdad. Si existiera un macrocaso en la JEP sobre desaparición forzada muchas más cosas sobre esto se podrían resolver”, sentenció.
Una de las grandes reflexiones de este evento es que no basta con dar con el paradero de las personas, sino que es indispensable generar indicios que den con el esclarecimiento de los hechos. Seguramente varios de esos archivos conducirán a eso al ser desclasificados y abrirán verdades tan esquivas como muchos de los perpetradores de estos crímenes.
Por lo pronto las campañas de búsqueda continuarán bajo el liderazgo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y se espera que en la jornada de este miércoles 6 de diciembre, esta institución extrajudicial anuncie un convenio con MinDefensa para avanzar con más actividades de este tipo de forma efectiva.
“Estos archivos no pueden ser de interés cultural. Son públicos y así deben ser respetados y abiertos”, concluyó Pablo Cala.