Unidad de Búsqueda aceptó renuncia de funcionario señalado de negar el Acuerdo de Paz
Organizaciones de víctimas habían reclamado a la entidad la vinculación del abogado Jairo Corzo como Experto Técnico en Magdalena Medio. En un escueto comunicado, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas anunció su salida.
Paulina Mesa Loaiza
Luego de que organizaciones de víctimas rechazaron la contratación del abogado Jairo Corzo como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó detalles sobre su salida de la entidad.
Por medio de un escueto comunicado de prensa, la Unidad informó que revisaron en detalle el caso de la contratación de Corzo y aceptaron su renuncia. “Una vez recibida la queja por parte de algunas organizaciones, con relación a la vinculación de un colaborador en el Magdalena Medio, la Entidad procedió a revisar el caso concreto en el marco de su autonomía y aceptó la renuncia del servidor”, dice el documento.
Precisamente, uno de los compromisos previos que había suscrito la entidad al momento de recibir las críticas tras la designación del abogado fue una rigurosa revisión a los procesos de selección y vinculación del personal con el motivo de mantener el compromiso ético. “La UBPD reitera su compromiso con la paz y con las organizaciones en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, al igual que su autonomía en los procesos de selección, los cuales han sido revisados y optimizados para tal efecto”, se lee en la misiva.
¿Cuál fue la crítica de las víctimas por la contratación de Corzo?
La petición de la remoción del funcionario quedó plasmada en un documento con más de 70 firmas entre organizaciones de víctimas, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desaparición forzada bajo el argumento de que el señor Corzo no representaba los intereses de la UBPD y no era confiable para los procesos que se adelantan desde la entidad debido a sus publicaciones en redes sociales contra el acuerdo de paz y en rechazo a los diálogos que se adelantan con el Gobierno actual.
“Nos preocupa la reciente vinculación del señor Jairo Corzo Gómez, como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio y con responsabilidad en la implementación del Plan Regional de Búsqueda de los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Nare y Cimitarra”, se lee en la carta que fue enviada a la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero.
Precisamente, esos territorios en los que iba a tener injerencia el señor Corzo, fueron objeto de múltiples violencias por grupos paramilitares, guerrilla y agentes del Estado. Y según las organizaciones de víctimas, Corzo “exalta posiciones de reconocidos voceros de enemigos públicos de los procesos de paz pactados (...) no parece desligarse de la furia anticomunista que llevó a la desaparición de cientos de militantes políticos”.
Víctimas exigían la salida de Corzo
Mientras la UBPD entregaba una respuesta concisa y directa sobre la reciente vinculación, las víctimas sentían un ambiente de desconfianza que podía frenar los procesos de búsqueda en el Magdalena Medio. De ahí que expresaran la necesidad de que Corzo se apartara del cargo.
“Estamos exigiendo que la Unidad tome una decisión frente a Corzo. No consideramos que sea nombrando enemigos de la paz, que la Unidad de Búsqueda va a cumplir su misión”, dijo Luz Marina Hache, vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
La petición finalmente fue atendida por la UBPD. “Una vez recibida la queja por parte de algunas organizaciones, con relación a la vinculación de un colaborador en el Magdalena Medio, la Entidad procedió a revisar el caso concreto en el marco de su autonomía y aceptó la renuncia del servidor”, concluyeron.
La decisión fue aceptada entre las organizaciones de víctimas, quienes esperan que se revisen las contrataciones y vinculaciones a la entidad con el fin de cumplir con los compromisos pactados. “El hecho no es sacar una persona por sacarla sino porque se deben cumplir unos criterios profesionales, éticos y humanos para que las víctimas no sientan que se está minando la confianza y deslegitimando los procesos”, explicó Leo Ricardo García, vocero nacional de la estrategia de desaparición forzada del Movice.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a estos correos: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
Luego de que organizaciones de víctimas rechazaron la contratación del abogado Jairo Corzo como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó detalles sobre su salida de la entidad.
Por medio de un escueto comunicado de prensa, la Unidad informó que revisaron en detalle el caso de la contratación de Corzo y aceptaron su renuncia. “Una vez recibida la queja por parte de algunas organizaciones, con relación a la vinculación de un colaborador en el Magdalena Medio, la Entidad procedió a revisar el caso concreto en el marco de su autonomía y aceptó la renuncia del servidor”, dice el documento.
Precisamente, uno de los compromisos previos que había suscrito la entidad al momento de recibir las críticas tras la designación del abogado fue una rigurosa revisión a los procesos de selección y vinculación del personal con el motivo de mantener el compromiso ético. “La UBPD reitera su compromiso con la paz y con las organizaciones en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, al igual que su autonomía en los procesos de selección, los cuales han sido revisados y optimizados para tal efecto”, se lee en la misiva.
¿Cuál fue la crítica de las víctimas por la contratación de Corzo?
La petición de la remoción del funcionario quedó plasmada en un documento con más de 70 firmas entre organizaciones de víctimas, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desaparición forzada bajo el argumento de que el señor Corzo no representaba los intereses de la UBPD y no era confiable para los procesos que se adelantan desde la entidad debido a sus publicaciones en redes sociales contra el acuerdo de paz y en rechazo a los diálogos que se adelantan con el Gobierno actual.
“Nos preocupa la reciente vinculación del señor Jairo Corzo Gómez, como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio y con responsabilidad en la implementación del Plan Regional de Búsqueda de los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Nare y Cimitarra”, se lee en la carta que fue enviada a la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero.
Precisamente, esos territorios en los que iba a tener injerencia el señor Corzo, fueron objeto de múltiples violencias por grupos paramilitares, guerrilla y agentes del Estado. Y según las organizaciones de víctimas, Corzo “exalta posiciones de reconocidos voceros de enemigos públicos de los procesos de paz pactados (...) no parece desligarse de la furia anticomunista que llevó a la desaparición de cientos de militantes políticos”.
Víctimas exigían la salida de Corzo
Mientras la UBPD entregaba una respuesta concisa y directa sobre la reciente vinculación, las víctimas sentían un ambiente de desconfianza que podía frenar los procesos de búsqueda en el Magdalena Medio. De ahí que expresaran la necesidad de que Corzo se apartara del cargo.
“Estamos exigiendo que la Unidad tome una decisión frente a Corzo. No consideramos que sea nombrando enemigos de la paz, que la Unidad de Búsqueda va a cumplir su misión”, dijo Luz Marina Hache, vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
La petición finalmente fue atendida por la UBPD. “Una vez recibida la queja por parte de algunas organizaciones, con relación a la vinculación de un colaborador en el Magdalena Medio, la Entidad procedió a revisar el caso concreto en el marco de su autonomía y aceptó la renuncia del servidor”, concluyeron.
La decisión fue aceptada entre las organizaciones de víctimas, quienes esperan que se revisen las contrataciones y vinculaciones a la entidad con el fin de cumplir con los compromisos pactados. “El hecho no es sacar una persona por sacarla sino porque se deben cumplir unos criterios profesionales, éticos y humanos para que las víctimas no sientan que se está minando la confianza y deslegitimando los procesos”, explicó Leo Ricardo García, vocero nacional de la estrategia de desaparición forzada del Movice.
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