Víctimas reclaman a UBPD por contratar a funcionario que niega el Acuerdo de Paz
A través de una carta dirigida a la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero, organizaciones de víctimas rechazaron la vinculación de Jairo Corzo como Experto Técnico en Magdalena Medio. Piden que salga del cargo.
Paulina Mesa Loaiza
Como una ofensa hacia la paz organizaciones de víctimas señalaron la más reciente contratación que hizo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) luego de conocer la resolución 088 de 2024, en la que queda en firme la designación del abogado Jairo Corzo como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio.
En el documento, con fecha del pasado 1 de febrero, quedaron registradas las responsabilidades del nuevo funcionario, entre ellas, la implementación del Plan Regional de Búsqueda en los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Nare y Cimitarra, donde la guerra entre grupos guerrilleros y paramilitares dejó cientos de víctimas.
Sin embargo, las funciones de Corzo despertaron críticas entre los movimientos de víctimas, puesto que Corzo habría publicado en sus redes sociales contenidos en contra del acuerdo de paz y mensajes de rechazo a los diálogos que se adelantan desde el Gobierno Nacional.
En ese contexto, por medio de una carta dirigida a la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, las organizaciones de víctimas expresaron su rechazo a la contratación y pidieron remover del cargo a Corzo bajo los argumentos de que el “exmiembro de las fuerzas de seguridad del Estado alardea en sus redes sociales de su anterior desempeño como “intendente de la gloriosa familia verde oliva en Policía Nacional de los Colombianos” (sic)”. Además, lo señalan de divulgar en sus redes sociales imágenes para denigrar a quienes fueron firmantes de la paz.
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La preocupación de las víctimas se centra en que justo los municipios en los que tendría injerencia el funcionario Corzo fueron objeto de múltiples violencias por agentes del Estado y grupos paramilitares.
Dentro de los casos más recordados está el exterminio de organizaciones sociales, sindicales, campesinas y políticas como el Partido Comunista (PCC), la Unión Patriótica (UP), la Unión Nacional de Oposición (UNO) y miles de militantes y activistas perseguidos.
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Para las víctimas hay desconfianza porque Corzo no representa para ellos unos ideales acordes a la búsqueda de los desaparecidos, sino todo lo contrario. Según el comunicado, Corzo “exalta posiciones de reconocidos voceros de enemigos públicos de los procesos de paz pactados (...) no parece desligarse de la furia anticomunista que llevó a la desaparición de cientos de militantes políticos”.
¿Qué responde la Unidad de Búsqueda?
Por su parte, la UBPD expidió un comunicado en el que se pronuncia sobre la contratación y el pedido de las víctimas. En el documento aseguran que van a revisar los procesos de contratación con el motivo de mantener el compromiso ético.
“Se revisará con rigurosidad, en el marco de su autonomía, los procesos de selección y vinculación de personal, respecto de lo cual se tomarán las medidas a que haya lugar, conforme a su mandato legal y constitucional”, se lee en el comunicado.
Hasta el momento las víctimas expresan que solo les enviaron ese documento, pero siguen esperando una respuesta formal y específica sobre la vinculación del abogado Corzo a los procesos de búsqueda específicamente en el Magdalena Medio.
“Las víctimas pierden la confianza”
“Sentimos una agresión por parte de la Unidad al nombrar una persona que en sus redes sociales ha demostrado que no gusta del Acuerdo de Paz que, precisamente, dio surgimiento a la UBPD. Las víctimas en el Magdalena Medio pierden la confianza que se ha ido construyendo con la unidad y asignan a Corzo justo en un cargo que tiene que ver con la búsqueda”, explicó Luz Marina Hache, vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
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Así mismo, desde la Mesa Autónoma de Reincorporación cuestionaron la idoneidad del abogado Corzo para el cargo que le fue designado por la UBPD y en un comunicado pusieron de manifiesto por lo menos cuatro publicaciones relacionadas con ataques al proceso de paz y a los firmantes del Acuerdo.
“Es preocupante como ese mandato de extrajudicialidad, confidencialidad y carácter humanitario de la UBPD se sigue deteriorando. Alertamos a la población civil, a las víctimas, a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, que no es confiable aportar verdad en el Magdalena Medio con personajes como estos de posiciones contrarias a la Paz.”, apuntaron.
Ese ambiente de desconfianza también quedó plasmado en el documento suscrito por las organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos y el Movice, que apuntan a que es apenas entendible que se frenen los procesos de búsqueda en esa región del país, por lo que piden la remoción del funcionario Corzo.
“Le hemos exigido desde reiteradas ocasiones a la UBPD que las personas que se contraten deben cumplir el perfil profesional, deben tener una parte ética que vaya vinculada a la defensa de los derechos humanos, reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada. Es inaudito que en la Unidad contraten a estas personas que no reconocen el flagelo y ponen en tela de juicio el proceso de paz. Eso deja en entredicho la parte humanitaria que la Unidad ha desarrollado”, concluyó Leo Ricardo García, vocero nacional de la estrategia de desaparición forzada del Movice.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a estos correos: cmorales@elespectador.com; jrios@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
Como una ofensa hacia la paz organizaciones de víctimas señalaron la más reciente contratación que hizo la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) luego de conocer la resolución 088 de 2024, en la que queda en firme la designación del abogado Jairo Corzo como Experto Técnico para la Territorial del Magdalena Medio.
En el documento, con fecha del pasado 1 de febrero, quedaron registradas las responsabilidades del nuevo funcionario, entre ellas, la implementación del Plan Regional de Búsqueda en los municipios de Puerto Boyacá, Puerto Berrío, Puerto Salgar, Puerto Nare y Cimitarra, donde la guerra entre grupos guerrilleros y paramilitares dejó cientos de víctimas.
Sin embargo, las funciones de Corzo despertaron críticas entre los movimientos de víctimas, puesto que Corzo habría publicado en sus redes sociales contenidos en contra del acuerdo de paz y mensajes de rechazo a los diálogos que se adelantan desde el Gobierno Nacional.
En ese contexto, por medio de una carta dirigida a la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, las organizaciones de víctimas expresaron su rechazo a la contratación y pidieron remover del cargo a Corzo bajo los argumentos de que el “exmiembro de las fuerzas de seguridad del Estado alardea en sus redes sociales de su anterior desempeño como “intendente de la gloriosa familia verde oliva en Policía Nacional de los Colombianos” (sic)”. Además, lo señalan de divulgar en sus redes sociales imágenes para denigrar a quienes fueron firmantes de la paz.
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La preocupación de las víctimas se centra en que justo los municipios en los que tendría injerencia el funcionario Corzo fueron objeto de múltiples violencias por agentes del Estado y grupos paramilitares.
Dentro de los casos más recordados está el exterminio de organizaciones sociales, sindicales, campesinas y políticas como el Partido Comunista (PCC), la Unión Patriótica (UP), la Unión Nacional de Oposición (UNO) y miles de militantes y activistas perseguidos.
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Para las víctimas hay desconfianza porque Corzo no representa para ellos unos ideales acordes a la búsqueda de los desaparecidos, sino todo lo contrario. Según el comunicado, Corzo “exalta posiciones de reconocidos voceros de enemigos públicos de los procesos de paz pactados (...) no parece desligarse de la furia anticomunista que llevó a la desaparición de cientos de militantes políticos”.
¿Qué responde la Unidad de Búsqueda?
Por su parte, la UBPD expidió un comunicado en el que se pronuncia sobre la contratación y el pedido de las víctimas. En el documento aseguran que van a revisar los procesos de contratación con el motivo de mantener el compromiso ético.
“Se revisará con rigurosidad, en el marco de su autonomía, los procesos de selección y vinculación de personal, respecto de lo cual se tomarán las medidas a que haya lugar, conforme a su mandato legal y constitucional”, se lee en el comunicado.
Hasta el momento las víctimas expresan que solo les enviaron ese documento, pero siguen esperando una respuesta formal y específica sobre la vinculación del abogado Corzo a los procesos de búsqueda específicamente en el Magdalena Medio.
“Las víctimas pierden la confianza”
“Sentimos una agresión por parte de la Unidad al nombrar una persona que en sus redes sociales ha demostrado que no gusta del Acuerdo de Paz que, precisamente, dio surgimiento a la UBPD. Las víctimas en el Magdalena Medio pierden la confianza que se ha ido construyendo con la unidad y asignan a Corzo justo en un cargo que tiene que ver con la búsqueda”, explicó Luz Marina Hache, vocera nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
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Así mismo, desde la Mesa Autónoma de Reincorporación cuestionaron la idoneidad del abogado Corzo para el cargo que le fue designado por la UBPD y en un comunicado pusieron de manifiesto por lo menos cuatro publicaciones relacionadas con ataques al proceso de paz y a los firmantes del Acuerdo.
“Es preocupante como ese mandato de extrajudicialidad, confidencialidad y carácter humanitario de la UBPD se sigue deteriorando. Alertamos a la población civil, a las víctimas, a los firmantes del Acuerdo Final de Paz, que no es confiable aportar verdad en el Magdalena Medio con personajes como estos de posiciones contrarias a la Paz.”, apuntaron.
Ese ambiente de desconfianza también quedó plasmado en el documento suscrito por las organizaciones de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos y el Movice, que apuntan a que es apenas entendible que se frenen los procesos de búsqueda en esa región del país, por lo que piden la remoción del funcionario Corzo.
“Le hemos exigido desde reiteradas ocasiones a la UBPD que las personas que se contraten deben cumplir el perfil profesional, deben tener una parte ética que vaya vinculada a la defensa de los derechos humanos, reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada. Es inaudito que en la Unidad contraten a estas personas que no reconocen el flagelo y ponen en tela de juicio el proceso de paz. Eso deja en entredicho la parte humanitaria que la Unidad ha desarrollado”, concluyó Leo Ricardo García, vocero nacional de la estrategia de desaparición forzada del Movice.
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