Las familias que siguen buscando a sus desaparecidos en la frontera con Venezuela
La Fundación Progresar ha documentado más de 710 casos de desaparición forzada en Norte de Santander y acompaña a 150 de ellos ocurridos en territorio binacional. En el día internacional de la desaparición forzada, los familiares de las víctimas exigen verdad y que se tengan en cuenta los casos ocurridos después de 2016.
Silvia Corredor Rodríguez
Mery Martínez lleva 22 años buscando a su esposo Efraín Arévalo Ascanio, quien fue desaparecido en zona rural de La Gabarra en Tibú (Norte de Santander), hacia la frontera con Venezuela. Después de 16 años de matrimonio y con tres hijos menores de edad, Mery sacó adelante a su familia en medio de la búsqueda.
“La búsqueda ha sido incansable, un proceso largo y duro, siempre esperando. Poquito a poco he ido sanando con eventos a los que me invitan, amigos que he hecho y el pasar del tiempo. Nunca se olvida, pero siempre está la esperanza de que algún día pueda recuperar los restos”, explicó a esta redacción Martínez.
Su caso es uno de los 710 que lleva la Fundación Progresar sobre población desaparecida en Norte de Santander y que hacen parte de la conmemoración este miércoles en el día internacional de desaparición forzada. Tras 22 años de búsqueda, Martínez y demás familiares de víctimas de desaparición esperan recibir respuestas del nuevo gobierno y la dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
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Otro caso es el de Joe Walter Guiza Malpica fue desaparecido el 29 de diciembre del 2018 en el barrio Escobal de Cúcuta, ubicado muy cerca del Puente Francisco de Paula Santander, que colinda con Ureña (Venezuela). Desde entonces, su mamá y hermanas lo han buscado sin respuestas.
“No sabemos con exactitud qué pasó, siempre guardamos esperanzas de recibir buenas noticias. Han pasado 5 años desde que lo desaparecieron, es el menor de tres hermanos. Queremos saber la verdad de qué pasó, cómo fueron los hechos y por qué lo hicieron. Si él falleció, queremos darle cristiana sepultura y poder descansar mi hermana, mi mamá y yo”, comentó a Colombia +20 Ángela Guiza, hermana de Joe Walter.
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La Fundación Progresar, que lleva más de 30 años trabajando por los derechos humanos en Norte de Santander, acompaña a la familia Guiza, quienes también afrontan las dificultades de llevar el caso por la Fiscalía General de la Nación, pues la UBPD no puede tomarlo, pues su rango de búsqueda va hasta el 1 de diciembre de 2016.
Joe Walter es una de las 221 personas desaparecidas forzosamente después de 2016, según registros del Observatorio de Memoria y Conflicto. A pesar de la firma de paz con las FARC, la desaparición forzada en Colombia sigue afectando a la población civil.
“Espero más solidaridad, hay muchas madres y abuelas que están esperando saber de sus hijos y llevan muchos años en esto. Es muy triste que sean tan indiferentes, ojalá haya más humanidad, que se pongan la mano en el corazón y entiendan la situación que ha vivido por años el país y que aún sigue”, señaló Guiza.
Aún no se ha resuelto cómo se acompañará a los familiares de víctimas de desaparición forzada después de 2016 y el tratamiento de los casos. Desde la Fundación Progresar manifestaron su preocupación ante esto y el llamado a revisar las modificaciones correspondientes para dar respuesta oportuna y garantías de reparación para estas familias.
La persistencia de la desaparición forzada en Colombia
La UBPD fue creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, y desde su entrada en vigencia en 2018 han recibido más de 28.000 solicitudes de búsqueda, han recuperado 929 cuerpos, realizado 196 entregas dignas y encontrado con vida a 16 personas. Aún faltan por encontrar a más de 89.700 personas en el país, sumando a la población que se encuentra desaparecida en zona de frontera.
“Buscamos en todo el país, cruzando fronteras, recorremos ríos, mares y montañas para encontrar sin prejuicios, ni etiquetas a todas las personas que nos arrebató el conflicto armado. Todas las personas dadas por desaparecidas nos hacen faltan y seguiremos buscando hasta encontrarlas y develar la verdad reparadora sobre lo ocurrido”, señaló la directora de la UBPD Luz Janeth Forero durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Los esfuerzos se volcaron hacia zona de frontera, especialmente en Norte de Santander, luego de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 9 de mayo. El exjefe paramilitar del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le pidió a la JEP medidas cautelares sobre los hornos crematorios de Juan Frío, los cuales fueron utilizados para desaparecer a la población civil durante su presencia en el territorio (1999-2004).
En contexto: Mancuso pedirá a JEP medidas para proteger hornos donde desaparecían a víctimas
En ese espacio virtual, Mancuso también manifestó su compromiso con las víctimas de apoyar personalmente a la búsqueda de desaparecidos en esta zona. La UBPD también manifestó que se han avanzado en las comunicaciones con embajadas y consulados de Venezuela, donde se identifica voluntad y disponibilidad, para avanzar en la búsqueda.
Dos meses después de esta comunicación, el presidente Gustavo Petro nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz, y aunque el nombramiento generó revuelo entre las víctimas y organizaciones sociales, esperan mayores resultados en la entrega de información para la búsqueda de desaparecidos.
Mery Martínez lleva 22 años buscando a su esposo Efraín Arévalo Ascanio, quien fue desaparecido en zona rural de La Gabarra en Tibú (Norte de Santander), hacia la frontera con Venezuela. Después de 16 años de matrimonio y con tres hijos menores de edad, Mery sacó adelante a su familia en medio de la búsqueda.
“La búsqueda ha sido incansable, un proceso largo y duro, siempre esperando. Poquito a poco he ido sanando con eventos a los que me invitan, amigos que he hecho y el pasar del tiempo. Nunca se olvida, pero siempre está la esperanza de que algún día pueda recuperar los restos”, explicó a esta redacción Martínez.
Su caso es uno de los 710 que lleva la Fundación Progresar sobre población desaparecida en Norte de Santander y que hacen parte de la conmemoración este miércoles en el día internacional de desaparición forzada. Tras 22 años de búsqueda, Martínez y demás familiares de víctimas de desaparición esperan recibir respuestas del nuevo gobierno y la dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
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Otro caso es el de Joe Walter Guiza Malpica fue desaparecido el 29 de diciembre del 2018 en el barrio Escobal de Cúcuta, ubicado muy cerca del Puente Francisco de Paula Santander, que colinda con Ureña (Venezuela). Desde entonces, su mamá y hermanas lo han buscado sin respuestas.
“No sabemos con exactitud qué pasó, siempre guardamos esperanzas de recibir buenas noticias. Han pasado 5 años desde que lo desaparecieron, es el menor de tres hermanos. Queremos saber la verdad de qué pasó, cómo fueron los hechos y por qué lo hicieron. Si él falleció, queremos darle cristiana sepultura y poder descansar mi hermana, mi mamá y yo”, comentó a Colombia +20 Ángela Guiza, hermana de Joe Walter.
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La Fundación Progresar, que lleva más de 30 años trabajando por los derechos humanos en Norte de Santander, acompaña a la familia Guiza, quienes también afrontan las dificultades de llevar el caso por la Fiscalía General de la Nación, pues la UBPD no puede tomarlo, pues su rango de búsqueda va hasta el 1 de diciembre de 2016.
Joe Walter es una de las 221 personas desaparecidas forzosamente después de 2016, según registros del Observatorio de Memoria y Conflicto. A pesar de la firma de paz con las FARC, la desaparición forzada en Colombia sigue afectando a la población civil.
“Espero más solidaridad, hay muchas madres y abuelas que están esperando saber de sus hijos y llevan muchos años en esto. Es muy triste que sean tan indiferentes, ojalá haya más humanidad, que se pongan la mano en el corazón y entiendan la situación que ha vivido por años el país y que aún sigue”, señaló Guiza.
Aún no se ha resuelto cómo se acompañará a los familiares de víctimas de desaparición forzada después de 2016 y el tratamiento de los casos. Desde la Fundación Progresar manifestaron su preocupación ante esto y el llamado a revisar las modificaciones correspondientes para dar respuesta oportuna y garantías de reparación para estas familias.
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La UBPD fue creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, y desde su entrada en vigencia en 2018 han recibido más de 28.000 solicitudes de búsqueda, han recuperado 929 cuerpos, realizado 196 entregas dignas y encontrado con vida a 16 personas. Aún faltan por encontrar a más de 89.700 personas en el país, sumando a la población que se encuentra desaparecida en zona de frontera.
“Buscamos en todo el país, cruzando fronteras, recorremos ríos, mares y montañas para encontrar sin prejuicios, ni etiquetas a todas las personas que nos arrebató el conflicto armado. Todas las personas dadas por desaparecidas nos hacen faltan y seguiremos buscando hasta encontrarlas y develar la verdad reparadora sobre lo ocurrido”, señaló la directora de la UBPD Luz Janeth Forero durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Los esfuerzos se volcaron hacia zona de frontera, especialmente en Norte de Santander, luego de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 9 de mayo. El exjefe paramilitar del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le pidió a la JEP medidas cautelares sobre los hornos crematorios de Juan Frío, los cuales fueron utilizados para desaparecer a la población civil durante su presencia en el territorio (1999-2004).
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Dos meses después de esta comunicación, el presidente Gustavo Petro nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz, y aunque el nombramiento generó revuelo entre las víctimas y organizaciones sociales, esperan mayores resultados en la entrega de información para la búsqueda de desaparecidos.