JEP suspende audiencia sobre viabilidad de buscar desaparecidos en HidroItuango

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP determinó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en nueve municipios de la zona de influencia de Hidroituango. En 2020 dictó medidas cautelares sobre este megaproyecto.

Foto: Silvia Corredor Rodríguez

La organización forense Equitas afirmó este miércoles en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que sí es posible realizar la búsqueda de desaparecidos en Hidroituango. “Desde el punto de vista técnico, es viable intervenir áreas sumergidas con potencial forense en donde se pueden establecer unidades mínimas de interés”, expuso Luz Adriana Pérez, investigadora forense sénior de Equitas.

La diligencia se dio en el marco de las medidas cautelares que ese tribunal de justicia tiene sobre Hidroituango, y apenas un día después de que el megaproyecto hidroeléctrico entrara en operaciones comerciales.

Aunque la audiencia tenía como objetivo la presentación del informe y una decisión de la JEP para empezar las labores de prospección, terminó suspendida tras la recusación del abogado de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el proceso hacia Equitas por presunta relación con las víctimas.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP determinó en 2020 que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en nueve de los 12 municipios de influencia de Hidroituango. Un universo de 269 personas desaparecidas estarían en las zonas identificadas y priorizadas por Equitas, debido a su viabilidad para la búsqueda.

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En esta audiencia estuvieron presentes el Movimiento Ríos Vivos, conformado por 15 organizaciones sociales antioqueñas que denuncian y se oponen a las afectaciones sociales y ambientales de los megaproyectos a orillas del río Cauca; y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) quienes han acompañado al Movimiento en acciones jurídicas sobre la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

En vivo de la audiencia aquí:

El magistrado de la JEP Gustavo Salazar suspendió la diligencia por la recusación de EPM y estableció que se coordinará otra fecha de encuentro para emitir una declaración. Sin embargo, se dictaron órdenes a la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué se acordó en la audiencia?

La Procuraduría tiene 10 días para entregar un informe que determine si se cometieron irregularidades que constituyan delitos o faltas disciplinarias por parte de la antropóloga forense Timisay Monsalve, quien fue directora del Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia. Este lugar tuvo medidas cautelares de la JEP en 2019 para proteger los cuerpos provenientes de los cementerios de Orobajo (Sabanalarha), Barbacoas (Peque) y la Fortuna, en zona de influencia de Hidroituango.

Durante la audiencia, Carlos Antonio Murillo de la subdirección de servicios forenses de Medicina Legal presentó un informe preliminar de 14 cuerpos de personas no identificadas del sector de Orobajo, que se encontraban en el laboratorio de la Universidad de Antioquia. Medicina Legal identificó que los cuerpos analizados tenían rasgos de muertes violentas que pueden corresponder a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en la zona.

Los cuerpos ubicados en los cementerios de Orobajo, Barbacoas y La Fortuna fueron movidos por el laboratorio de la Universidad de Antioquia como acciones previas a las inundaciones de EPM durante la construcción de la hidroeléctrica. El laboratorio terminó con restos de 394 cuerpos sin identificar, acciones que han sido investigadas desde 2019 por la JEP porque presuntamente no se siguieron los protocolos indicados para el traslado de restos óseos y porque “no se puede permitir que colecciones de cuerpos de personas dadas por desaparecidas estén en universidades o cualquier otro tipo de institución”, expresó el magistrado Salazar en la diligencia del 1 de junio del 2021 cuando se presentó un informe sobre los hallazgos encontrados en dicho laboratorio.

Las objeciones de EPM

El abogado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) a su turno hizo una serie de preguntas sobre la relación de Equitas con el proceso y algunos movimientos de víctimas que dejo ver que es posible que EPM podría abrir un incidente de recusación contra Equitas.

“Tenemos una serie de objeciones de parte de Empresas Públicas de Medellín que de tramitará como incidente (…) Los peritos estarán impedidos y son recusables como los funcionarios judiciales de acuerdo con el numeral 4 del artículo 99 de la ley 600 por haber sido apoderado o defensor de uno de los sujetos procesales o que haya sido contraparte o haya dado consejo o dado su opinión sobre el proceso. Su señoría para este representante existe ese requisito para solicitarlo y tenerlo en cuento por parte de la magistratura”, dijo el abogado de EPM en el proceso, Pedro Steve Páez.

Luego Páez hizo una serie de preguntas sobre la relación de Equitas con el Movice, el Movimiento Ríos Vivos, entrevistas en prensa, entre otras. También hizo unas preguntas sobre el informe presentado en la audiencia del que dijo que no conoció todo el material.

Así lo afirmó Luz Adriana Pérez de Equitas, quien referenció un caso que tuvo lugar en Bosnia y otro en la selva amazónica como casos exitosos de recuperación de información en procesos de búsqueda.

Para esto, también se debe tener en cuenta protocolos de conservación e intervención para preservar el material que se encuentre.

“Nosotros hemos determinado que podemos desarrollar en un lapso de 60 días un protocolo de intervención que nos permita acotar la propuesta e incluir la posibilidad de tener en cuenta el protocolo de conservación de los cuerpos. Lo ideal es que todo esto esté listo antes de iniciar cualquier intervención para disminuir el riesgo de tomar decisiones en campos, con aspectos no previstos, y un par de meses es un tiempo prudencial para acotar y mejorar la propuesta que presentamos”, explicó la antropóloga de Equitas Ana Carolina Guatame.

Ante la presentación de resultados de Equitas, el público conformado por organizaciones sociales de la región, instituciones del Estado y la JEP formularon preguntas ante la investigación. Una de las principales preocupaciones de la población es que solo dos lugares de 280 son los que son viables para entrar a labores de prospección.

“No estamos descartando 280 sitios de interés, estamos diciendo que las autoridades deben mejorar la investigación para tener calidad de información sobre los sitios y así mejorar la prospeccción” Luz Adriana Pérez, investigadora Forense Senior de Equitas.

Ana Carolina Guatame, antropóloga de Equitas, señaló la importancia de entender los retos de los procesos de búsqueda en agua porque los grados de complejidad aumentan por visibilidad, profundidades y objetos que se mueven bajo el agua; por lo que no es posible encontrar cuerpos completos, solo fragmentos de hueso.

“Hay que poner en la balanza si el propósito es recuperar cuerpos completos porque nuestra evaluación en este caso es que no sería posible en estos dos casos no”, explicó Guatame.

La organización forense colombiana también señaló que es irremediable la degradación de los materiales y la pérdida de elementos como árboles, que sirven de referencia para identificar las áreas de búsqueda, o muros de los cementerios donde también podrían obtenerse material para analizar.

Tras un breve receso, la audiencia se retomó con la intervención de Carlos Antonio Murillo, subdirector de servicios forenses de Medicina Legal, quien dio algunas cifras sobre desaparecidos en la región y de cuerpos que han sido encontrados.

De acuerdo con Murillo, el laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia tuvo para la región de Orobajo 14 casos abordados de cuerpos no identificados y 29 muestras óseas. Los 14 casos corresponden a 7 hombres, 3 mujeres, 2 indeterminados y 1 que posiblemente sería de mujer y otro posible de hombre.

En los municipios de Briceño, Ituango, Peque, Sabanalarga, Toledo y Valdivia hay un total de 62 cuerpos de personas desaparecidas, 39 de estos corresponden a hombres, 2 mujeres y 21 indeterminados. Además, 60 de ellas están sin identificar, 1 identificado y 1 identificado con entrega pendiente.

Sobre las personas desaparecidas en los municipios de Antioquia cerca del río Cauca, Medicina Legal tiene 620 reportes, 546 de hombres y 74 de mujeres. Al menos 333 fueron por desapariciones forzadas, 271 sin información de la causa de su desaparición, seis por presunto reclutamiento ilícito, cinco por desastre natural, 4 para verificar su identidad, 1 presunto secuestro. 519 personas siguen desaparecidad, según ese instituto.

La investigadora Luz Adriana Pérez también señaló que identificaron 282 sitios asociados a contextos acuáticos para el estudio, ubicados en Valdivia, Toledo, Sabanalarga, Peque, Ituango-Toledo, Ituango, Briceño. De estos, tres sectores cumplen con las condiciones mínimas para adelantar el ejercicio de prospección: Orobajo (Sabanalarga), Pescadero (Ituango) y Barbacoas (Peque). Es decir, son áreas libres o con poca vegetación para la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas, donde la población afirmó haber enterrado cuerpos y se recuperaron algunos cuerpos.

Barbacoas es el sector que tiene mayor viabilidad, según los investigadores de Equitas, porque es un área libre de vegetación, con suelos blandos, de la que se tiene información sobre número de cuerpos en condiciones de recuperación y más superficial, porque son 43 mts de profundidad.

El sector de Pescadero es más profundo, 105 metros, y tiene condiciones más difíciles como suelo posiblemente rocoso. Ana Carolina Guatame, antropóloga de Equitas, afirmó en su presentación que para este tipo de áreas se requieren equipos y procedimientos más tecnológicos.

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La audiencia inició con la intervención de Luz Adriana Pérez, investigadora Forense Senior de Equitas, quien dio una explicación sobre cómo se dio la investigación sobre el reporte que le entrega hoy a la JEP. De acuerdo con Pérez, “desde el punto de vista técnico es viable intervenir áreas sumergidas con algo potencial forense en donde se puedan establecer unidades mínimas de interés”, expuso.

La organización forense basó su investigación en bases de datos de violaciones a los DD.HH., talleres de cartografía participativa; información entregada por EPM (que opera la hidroeléctrica), la JEP, intervención de cementerios realizada por la Universidad de Antioquia, Socya -consultor y operador socioambiental- y diligencias de exhumación y prospección de la Fiscalía.

En contexto

Equitas ingresó al proceso en 2021, tras una solicitud del Movimiento Ríos Vivos y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para apoyar las labores de búsqueda en esta zona del país que fue inundada para la realización de este megaproyecto y que en 2018 generó una catástrofe en los municipios aguas abajo.

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El 6 de abril de este año, la JEP emitió el Auto AT 071 de 2022 donde autoriza las labores de investigación acuátivas de Equitas. La audiencia estaba programada inicialmente el 6 de diciembre, sin embargo, por solicitud de EPM, fue aplazada porque el abogado de la empresa no se encontraba en el país para esas fechas, según lo expuesto en el Auto AT 270 de 2022.

En 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que 2.094 personas fueron víctimas de desaparición forzada en los municipios antioqueños de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia. Esto llevó a declarar medidas cautelares sobre esta zona de influencia del megaproyecto de Hidroituango en 2020.

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Este megaproyecto hace parte de los 16 lugares que el Movice presentó en 2018, ante la JEP, como lugares claves para preservar mediante medidas cautelares para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el país.

Las evacuaciones por Hidroituango

En rueda de prensa este martes 14 de diciembre, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Javier Pava Sánchez, aseguró que la entrada en operación de las dos turbinas del proyecto de Hidroituango “nos lleva a advertir que esos hechos pueden poner en riesgo a la población que está aguas abajo”. El director de la entidad pidió la “evacuación inmediata” de las poblaciones de Puerto Valdivia y hasta el kilómetro 12 de Tarazá. Aseguró que los procesos de vibración que genera la operación de las turbinas podrían causar efectos graves en esas áreas.

Advirtió también que el riesgo no es a corto plazo únicamente, sino que las consecuencias de la operación podrían verse a mediano y largo plazo. “Acá nos debe primar la protección de la vida antes que el proyecto, pero allá hay un interés primero por el proyecto y después por la vida”, dijo tajantemente. El director de esa entidad aseguró que en varios informes realizados por expertos del servicio geológico identificaron inestabilidad en el área de la presa y problemas erosivos subterráneos que generan inestabilidad en el macizo de la hidroeléctrica.

Ante esas declaraciones, el alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, le dijo a Noticias Caracol que tienen varios informes de expertos que dicen que “lo más seguro para poblaciones aguas abajo es que el agua no pase por el vertedero, sino que se disipe la energía por las turbinas”. El mandatario contradijo al director de la UNGRD y dijo que ha sido errático en muchas de sus decisiones. “Hay algunas personas que quisieran es que se acabe Hidroituango”.