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El 20 de febrero de 2020, el Sistema Integral para la Paz recibió un informe que detalla parte de los horrores que sufrió una subregión del Eje Cafetero durante el conflicto armado: más de 2.000 personas desaparecieron a lo largo de la guerra en el Magdalena caldense, de las cuales poco o nada saben la mayoría de sus seres queridos en los municipios de La Dorada, Norcasia, Victoria y Samaná.
El documento “En búsqueda de las víctimas desaparecidas de la región del Magdalena caldense” es un estudio interdisciplinario detallado sobre el fenómeno de desaparición forzada en el oriente de Caldas, a cargo del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos) y el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas. Esta investigación logró recopilar información sin precedentes sobre casos de desaparición forzada, reclutamiento ilícito, secuestro, ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) y masacres en uno de los lugares del país con mayor interés forense en el posconflicto.
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En concreto, esas páginas detallan 187 casos documentados de personas dadas por desaparecidas, con informaciones geográficas sobre su identificación, los presuntos perpetradores de estos crímenes, los años de las desapariciones, pormenores en la información genealógica de las víctimas, las necesidades jurídicas que las familias le han planteado al Estado colombiano por varios años y un apartado de los impactos psicosociales de quienes no se han cansado de buscar a sus seres queridos. Sin duda, un trabajo que se ha afianzado como referente internacional en materia de recopilación forense y trabajo antropológico y humanitario.
De acuerdo con Diana Arango, directora de Equitas, ese documento con información relevante para describir centenares de patrones criminales durante el conflicto armado colombiano es apenas una parte de los aportes que quieren dar para comprender lo que la violencia irracional y desproporcionada significó en el Magdalena caldense por más de medio siglo. Un tema que vuelve ahora a la agenda nacional.
“Más de la mitad de los 187 casos descritos allí no tenían registro de personas desaparecidas y varios de los que la tenían era con información errónea. Parte del objetivo era no permitir que ese flagelo quedara en sombras y con más dudas para sus familias. La intención siempre fue generar aportes para buscarlos, identificarlos y entregarlos. La comunidad fue clave, porque cerca de 200 habitantes de la subregión fueron parte del trabajo y con las familias pudimos realizar talleres de cartografía para poder llegar a identificar sitios en los que podrían estar sus seres queridos”, le dijo Arango a Colombia+20.
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La pandemia detuvo las labores a campo abierto, incluyendo exhumaciones y demás actividades en terreno, pero ningún esfuerzo en el Magdalena caldense fue en vano. Ante las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz quedó un precedente de que en sitios estratégicos como cementerios, ríos y montañas hay respuestas para dar con personas no identificadas que la guerra se llevó.
Nuestro proceso fue largo y tortuoso, pero imposible si no hubiera sido por la ayuda de tantos interesados en encontrar desaparecidos tal vez no hubiéramos dado con mis hermanitos.
Poco a poco todo esto fue teniendo frutos y en 2021, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ofrecieron apoyo técnico y económico a Equitas, Fundecos y Cedat para darles continuidad a varios procesos de búsqueda que quedaron en vilo por causa del covid-19. Tras esas labores fueron hallados, a lo largo del Magdalena caldense, 80 cuerpos no identificados, identificados ocho de ellos y entregados dignamente siete.
“En el cementerio San Agustín, de Samaná, encontramos mucha información, al igual que en otros sitios de interés forense. Ahora queremos decirles a las familias que finalizamos una fase con distintas etapas de exhumaciones, identificaciones y entregas en la superficie y en espacios subacuáticos, siendo pioneros a nivel mundial, y que ahora queremos replicar esfuerzos para conseguir muchos más datos como los que conseguimos con los 187 casos que le llevamos al Sistema Integral para la Paz”, precisó Diana Arango.
Justamente, este lunes la unión de Equitas, Fundecos y Cedat anunciará una nueva fase de trabajo interdisciplinario para realizar trabajos de búsqueda de desaparecidos en parte de la zona cafetera del país. Ya se trabajó en lugares específicos del Magdalena caldense y, además de continuar con búsquedas e identificaciones allí, la idea será hacer lo propio en municipios del alto oriente caldense como Marquetalia, Pensilvania y Manzanares, sitios que en las décadas de los 80 y 90 también tuvieron innumerables afectaciones producto de la violencia paramilitar y guerrillera.
De acuerdo con Equitas y Fundecos, uno de los objetivos a corto plazo, cuando el invierno lo permita, será reanudar tareas de buceo arqueológico con fines forenses, como una muestra más de que a las labores de búsqueda subacuáticas hay que darles una alta relevancia en el hallazgo de personas dadas por desaparecidas.
Tareas reiterativas como las que en su momento hizo Equitas en el río La Miel, en Samaná, demostrando que en esas aguas había un sitio de disposición de cuerpos relevante para seguir buscando pistas que dieran con el paradero de personas desaparecidas por las Farc o por los paramilitares del frente Ómar Isaza.
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“El próximo año queremos darle la buena noticia al país de que la búsqueda en ríos da resultados y que hay otras formas de dar con desaparecidos, que no solo van hacia el objetivo de esclarecimiento y de interés forense, sino que no están en contravía del desarrollo del país. Debemos encontrar antes de que nuestro trabajo se interrumpa con proyectos productivos y de desarrollo nacional”, concordó Diana Arango con Lorena Echeverry, investigadora de Fundecos.
Sin espacio para el olvido
El Magdalena caldense fue la región de ese departamento más afectada por los crímenes asociados con la desaparición forzada. Allí, con cartografías participativas realizadas entre organizaciones humanitarias, instituciones del Sistema Integral para la Paz y comunidades se ha intentado entender el fenómeno, que desde 2018 también ha contado con medidas cautelares en puntos de interés forense para no perderles el rastro a hallazgos que pueden dar con personas que la guerra se llevó.
También allí pervive un sueño latente de los familiares de los desaparecidos: la construcción de una base de datos con muestras de ADN, que pueda poner cifras certeras sobre la desaparición forzada, que aterricen la alta cantidad de subregistros.
Por supuesto, la tarea no es sencilla. El Plan Regional Integral de Búsqueda de las Personas Desaparecidas del Magdalena Caldense (Pribmc) acotó que en esta zona del país hay 1.163 sitios de interés forense. Sin duda, un mar de incertidumbres, que poco a poco van teniendo respuestas para que centenares de familias cafeteras encuentren y despidan dignamente a los suyos.
Aracelly Hincapié Ospina, hermana de Ricardo Antonio y Luz Enith Hincapié —víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparecidos en Samaná por miembros del Ejército Nacional hace 17 años—, es una viva muestra de que, si bien los procesos forenses de búsqueda de desaparecidos en el Magdalena caldense han sido lentos, cada esfuerzo ha valido la pena.
A sus hermanos los entregaron dignamente hace dos semanas, siendo ellos la séptima y octava personas, respectivamente, en ser identificadas en el universo de desaparición forzada en Samaná.
“Nuestro proceso fue largo y tortuoso, pero imposible si no hubiera sido por la ayuda de tantos interesados en encontrar desaparecidos tal vez no hubiéramos dado con mis hermanitos. Nos faltan cosas por saber sobre los responsables, pero queremos que más personas en Caldas y en Colombia puedan despedir a los suyos como nosotros lo hicimos. Acá ya no hay espacio para el olvido y entre todos nos encargaremos de eso”, dijo.
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Desde este 5 de diciembre Equitas, Fundecos y Cedat comenzarán una nueva fase de búsqueda de desaparecidos en Caldas. Los pilotajes sobre búsquedas subacuáticas, en cementerios y fosas comunes en otros lugares donde la guerra dejó rastros imborrables.
Mientras que esto sucede, en el mismo departamento, la Jurisdicción Especial para la Paz —por medio de su Sección de Ausencia de Reconocimiento— iniciará una intervención en el cementerio El Carmen, en el municipio de Riosucio, donde se presume podría haber cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado y, por qué no, tengan alguna relación con los hallazgos que tienen lugar en el Magdalena caldense.